Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

Menem hizo un cambio estructural en el sistema educativo liquidando la nacionalización que desde la ley 1420 de Sarmiento había dado un valor y jerarquía a la escuela pública argentina. En los años ‘90 se “provincializó” el sistema. Esto quiere decir que Nación dejó de ser responsable del financiamiento. Menem lo hizo, y los radicales, el PRO y el kirchnerismo lo siguieron sosteniendo a lo largo de los años.
De esta manera la docencia dejó de cobrar el mismo salario. Hoy, por la misma tarea, hay provincias que pagan 260 mil pesos y otras 450 mil. Hay provincias con escuelas sin techos y sin baños, otras con aulas sin puertas ni vidrios, cloacas tapadas, sin internet, paredes rotas, sin ventiladores o estufas, con condiciones insalubres, ocasionando pérdida en los días de clases. Todo al servicio de que el “estado nacional” recorte el presupuesto educativo y lo use para pagar la deuda externa. Este desastre que se impuso con la Ley Federal de Educación menemista, lo sostuvieron todos los gobiernos siguientes, también el kirchnerismo, con su propia Ley Nacional de Educación que está en vigencia.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que hay que hacer lo opuesto a lo que hace Milei e implementaron los gobiernos anteriores. Hay que renacionalizar el sistema educativo, que el Estado Nacional vuelva a ser el sostenedor indelegable de todo el financiamiento, haciéndose cargo de los salarios y una infraestructura digna. Para que no haya ningún alumno sin docentes y ningún docente sin trabajo, y que por ley el presupuesto educativo sea del 25% del presupuesto nacional o el 10% del PBI, sin otorgar ningún subsidio a las escuelas privadas. Todo esto financiado con los fondos que se destinan a la estafa de la deuda externa en beneficio de los usureros y el FMI.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, dirigente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista

La conducción de Ctera estaría por decidir un paro nacional para el 26 de febrero. La conducción de Alesso y Baradel reclaman la paritaria nacional y que se envíen a las provincias el FONID y demás fondos. Es correcto, pero con eso no alcanza ni se resuelven los graves problemas de la docencia y la escuela pública. Es necesario que haya un salario inicial para todos los docentes del país y jubilaciones iguales a la canasta familiar. Fondos para infraestructura, recuperar las obras sociales y los derechos laborales estatutarios. Repudiar y desconocer los intentos de liquidar el derecho de huelga a través de la hipocresía de la “educación esencial”.

Para frenar el ajuste de Milei y lograr esto es necesario que Ctera llame a un verdadero plan de lucha con continuidad y una Marcha Federal a Plaza de Mayo. Los dirigentes y delegados de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista hemos llevado estas propuestas a las pocas asambleas y plenarios convocados por la burocracia y en donde dirige la oposición, en Ademys, UEPC Córdoba, ATEN Neuquén, SAE La Rioja, Amsafe, Suteba, Adosac, Sutef y otros. Hemos promovido y realizado la coordinación nacional de la oposición, proponiendo impulsar un paro nacional y movilización unificada de todas las provincias en lucha. No aceptamos que los gobernadores, bajo el argumento del recorte de FONID, rebajen los salarios. ¡Que no seamos la variante del ajuste! Que se cobren impuestos a las grandes riquezas de cada provincia para garantizar un aumento salarial. Llamamos a exigirle a Ctera y a las conducciones provinciales estas medidas y a apoyar y coordinar las luchas para poder triunfar.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista FITU

Distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas presentaron denuncias contra el protocolo antipiquetes y la brutal represión del gobierno y la Ministra Bullrich, con operativos repletos de violencia y abusos en Congreso ante la fallida votación de la reaccionaria Ley Ómnibus.

Desde que asumió el gobierno ultraderechista de Milei venimos advirtiendo que el plan de guerra contra las y los trabajadores, las mujeres y los sectores populares solo puede pasar con una brutal represión. Por eso, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo antipiquetes con el objetivo de atacar el derecho a la protesta y generar miedo a quienes salgan a las calles a enfrentar sus políticas de hambre y saqueo. Pero desde el 20 de diciembre la izquierda, el sindicalismo combativo, organismos de derechos humanos, asambleas barriales y sectores de la cultura, entre otros, nos encontramos en las calles enfrentando operativos represivos donde se violan los derechos humanos, como se demostró los días dónde se discutió la Ley Ómnibus.

Tan escandalosa fue la represión, que el juez Casanello tuvo que citar a la Ministra para que dé explicaciones ante el pedido de inconstitucionalidad del protocolo, pidió poner “límites al accionar policial” y que el protocolo se “adecue a derecho y a los pactos internacionales que adhiere Argentina”. Por supuesto, la Ministra defendió la represión amparada en el resultado electoral.

La Comisión Provincial por la Memoria junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura realizó un informe dónde se denuncian más de 285 lesionados y heridos por balas de goma y gases tóxicos, entre ellos 35 periodistas y defensores de derechos humanos. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció que el operativo a cargo de cuatro fuerzas (gendarmería, prefectura, policía federal y de la ciudad) terminó con 23 detenciones, la mayoría de ellas realizadas en forma de casería a personas que desconcentraban o se encontraban en las zonas aledañas a Congreso. También que las fuerzas represivas disparaban balas de goma intencionalmente de la cintura para arriba, incluso a la cara de los manifestantes. Entre los heridos por esta metodología propia de los carabineros de Chile, se encuentra Matías Aufieri de CEPROH, quien podría perder la visión a causa de estas lesiones en uno de sus ojos.

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia denunció “métodos novedosos” en la represión, dónde se rociaba a los manifestantes a mansalva con un gas amarillo que tiene un químico que produce ceguera temporal, broncoespasmos y problemas respiratorios sobre sus víctimas y quemaduras y picazón en el cuerpo por horas. Este gas fue denunciado por ATE e H.I.J.O.S como OC MK-9, que según expertos es mucho más severo y potencialmente letal que el gas lacrimógeno.

Todas estas denuncias fueron parte de la audiencia pública realizada el jueves pasado por las bancas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional, de la cual participamos como Izquierda Socialista, donde estuvieron personalidades como Norita Cortiñas de Madres Línea Fundadora y organismos de derechos humanos que presentaron sus informes junto a heridos y víctimas de la represión.
Como demostró el triunfo popular contra la Ley Ómnibus, la movilización y las acciones masivas en la más amplia unidad son el camino para derrotar el protocolo antipiquetes y defender el derecho a la protesta, el DNU y el plan motosierra de Milei. Este 8M y 24M tenemos la tarea de llenar las calles por nuestros derechos.

Escribe Lautaro Tochi, dirigente procesado de JIS (Juventud Izquierda Socialista)

El viernes 16 de febrero se realizó la audiencia preliminar donde tanto la justicia a cargo de Pablo Montesi como el fiscal Maximiliano Hairabedian ratificaron la definición de darle curso al juicio contra 27 estudiantes que nos encontramos procesados por luchar desde 2018.

La audiencia se trató de un trámite express dónde resolvieron dar un plazo de diez días para la presentación formal de algunas pruebas y la ratificación de algunos pedidos de informes. También solicitaron la reducción de testigos presentados por nuestras defensas por considerarlos “excesivos”. Pese a la insistencia del fiscal, no pudieron poner fecha para dar inicio al juicio, pero se juegan a realizarlo con la mayor celeridad posible.

Mientras presenciamos estos tejes y manejes dentro de una de las salas de Tribunales Federales, escuchábamos los ecos de la manifestación de estudiantes y organizaciones que cantaban por la absolución de las y los 27 de frente al cordón policial que custodiaba la amplia fachada del edificio.

Debemos ratificar el camino de la movilización, apuntando a la más amplia unidad entre todos los sectores que rechazamos se condene el derecho a la protesta contra quienes luchamos por la defensa de la educación pública. En ese sentido, las Federaciones y conducciones estudiantiles deben salir del inmovilismo y convocar a acciones de organización y lucha para no dejar pasar este atropello a las libertades democráticas.

El gobierno de Milei ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión. A poco del comienzo de las clases el inicio es incierto porque las universidades se encuentran con el presupuesto congelado. Debemos redoblar los esfuerzos para defender la educación pública ante el vaciamiento seguido de privatización que quiere imponer la ultraderecha.

Desde esa perspectiva rechazamos todo intento por criminalizar la protesta social. Llamamos a impulsar una campaña nacional por la absolución de las y los 27 para estar en mejores condiciones de dar la pelea junto a docentes y no docentes contra el vaciamiento educativo.

Escribe Judith María Bar, abogada Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)

Acabamos de conformar el Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo. Desde nuestro partido, Izquierda Socialista, venimos participando de todas las movilizaciones y acciones en defensa de los Derechos Humanos, contra los ataques de los gobiernos y la justicia capitalista patriarcal. Ante la necesidad de fortalecer nuestra intervención, concluimos en conformar un espacio de compañeras y compañeros comprometidos en asumir la profesión con responsabilidad política y social, buscando tener un rol activo en las luchas de nuestra clase obrera y nuestro pueblo, con una perspectiva de clase en materia sindical, laboral, de género y penal.

En un contexto de avanzada represiva bajo el gobierno de Milei y Bullrich, ante la criminalización de la protesta, resulta una tarea fundamental para nosotros poner nuestro conocimiento del Derecho como herramienta al servicio de la clase trabajadora. Celebramos esta conformación, siendo parte junto a organizaciones de Derechos Humanos del Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia y la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

El día 7 de febrero presentamos una denuncia penal contra Bullrich por torturas debido al uso de químicos tóxicos durante la represión en el tratamiento de la Ley Ómnibus, con los testimonios de Mariana Scayola (Ademys), Pablo Almeida (ATE/Economía), Víctor Reyes (delegado AEJBA-FJA y abogado de FADHUS) y Franco Capone, médico de la posta sanitaria.
Invitamos a todos y todas que deseen sumarse a construir este espacio al servicio de las luchas.