Escribe Silvio Schachter – publicado originalmente en http://silvioschachter.blogspot.com/

“Los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos”. Eduardo Galeano

Durante el gobierno Carlos Saúl Menem en la década de 1990, se  generaron las condiciones legales, institucionales, económicas y productivas para avanzar fuertemente en lo que hoy entendemos como agronegocios y megaminería.

Fue en su  gobierno  que otorgó a las provincias el control de los bienes comunes.  Es este desplazamiento  uno de los pilares de la expansión reciente del extractivismo. El boom minero argentino, relacionado con la falta de limitación para explotar a cielo abierto, tuvo su expresión legal en la Reforma de la Constitución de 1994 dónde se estableció para la minería, al igual que con los hidrocarburos (ley Nº 24.145/91), que las provincias eran propietarias de todos los recursos del subsuelo “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Art. 124).

Tambien durante el menenmismo, el  25 de marzo de 1996, y solo a través de una resolución interna, Nº 167/96, del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Argentina, Ing. Agr. Felipe Solá, se aprobaba la liberación comercial de la soja HB4, genéticamente modificada por Monsanto, resistente al herbicida glifosato, Round-up.  El campo argentino comenzó a sustentarse en la soja y en el paquete tecnológico que la acompaña, a costa de la ganadería y la producción de otros cereales tradicionales.

Se trata de bienes que tienen nulo o escaso valor agregado y que son considerados materias primas. Se los convierte así en  “mercancías” o “recursos” que se venden al exterior del país a muy bajo precio. Usualmente se los denomina commodities.

La historia del saqueo colonial de nuestra tierra, se actualiza hoy con los nuevos métodos  de  producción y explotación. La  criminal conquista de América tuvo  esa impronta expoliadora básicamente oro y plata y luego tierras fértiles, estuvo amparada en el racismo europeo con su relato de superioridad, de progreso civilizatorio y evangelización cristiana. Hoy son  las corporaciones internacionales y nacionales y sus referentes políticos y mediáticos, los que   reproducen la racionalidad neocolonial, que nos habla de desarrollo, trabajo y bienestar.

Entre el glifosato y el cianuro, envenenando la tierra, el aire y el agua

La sojización ha transformado a nuestra producción agropecuaria en un monocultivo, hecho peligroso desde el punto de vista ambiental, económico y estratégico respecto de la estructura productiva del país. Con alrededor de 35 millones de hectáreas sembradas, que representan el 15 % de la superficie global de transgénicos, Argentina está posicionada como el tercer productor mundial de cultivos genéticamente modificados (GM), después de Estados Unidos y Brasil.

El objeto de nuestra producción agrícola no es producir alimentos para el consumo de nuestra población, exportando el remanente, sino que todo el sistema agrícola del país está puesto al servicio de producir materias primas para la exportación a los países industrializados.

La superficie sojizada crece año a año a costa de otras producciones de alimentos. De tal forma, entre 2002-2004 la superficie agrícola total era de 27 millones de has., hoy ya alcanza los  35 millones de has, equivalente al 12.5% de la superficie total del país. Mayor que el total de la superficie sembrada con todos los cultivos juntos en 1995, antes de la aprobación de la soja transgénica

Esto implica que para llegar al monocultivo de soja, de  los 35 millones de hectáreas actuales, se debió ocupar una enorme cantidad de tierras históricamente destinadas a la ganadería, a la lechería, al monte frutal, a la horticultura, al monte virgen, a la apicultura, a la producción familiar, y a otros cultivos que fueron desplazados por la soja como el girasol, el maíz, la batata y el algodón. El aumento del precio de los alimentos de primera necesidad como las hortalizas, las frutas, los lácteos y los diferentes productos cárnicos, tiene relación directa con la disminución constante del área destinada a su producción, ante el avance arrollador de la soja forrajera.

El uso masivo de agrotóxicos –principalmente herbicidas– en forma permanente, y no sólo glifosato, sino una larga lista de productos de altísima toxicidad, algunos prohibidos en los países centrales, como el  endosulfán, el diquat y el paraquat,  son productos altamente cancerígenos. Estudios del Instituto Curie francés confirman que el glifosato en su forma comercial más habitual, el Round-up, es disparador de los mecanismos formadores del cáncer. Hechos confirmados en múltiples zonas del país, entre los más conocidos el  caso del barrio Ituzaingó de Córdoba o el de Loma Sene en Formosa.

El otro aspecto de gravedad ambiental inusitada que alienta la sojización, es la selección de malezas resistentes y contaminaciones genéticas verticales y horizontales irreversibles, a través de transgenes y uso masivo de herbicidas, con efectos futuros apenas entrevistos.

Cada 500 has de soja RR se genera un solo puesto de trabajo, destruyendo 9 de cada 10 puestos de trabajo efectivo. Por el contrario 100 has destinadas a la agricultura familiar producen 35 puestos de trabajo reales, sin contaminación ambiental alguna y sin costos sociales. Este último proceso está vinculado también a uno de los efectos más graves producidos por la sojización, como es el arrasamiento del monte nativo, hasta prácticamente su eliminación total.

La megaminería es una explotación químico extractiva de los recursos minerales a gran escala. Consiste en dinamitar la corteza terrestre, amontonarla en pilas de tierra para echarle toneladas de químicos, como el cianuro, que facilitan la extracción del oro y otros minerales de la roca.

Utiliza toneladas de sustancias contaminantes, requiere una elevada cantidad de energía eléctrica y combustibles fósiles, utiliza grandes volúmenes de agua por largos períodos de tiempo, genera drenaje ácido,  y metales pesados que contaminan las aguas superficiales y subterráneas y todo lo que rieguen a su paso.

Una mina a cielo abierto, puede utilizar al día 9 toneladas de explosivos y 5 millones (5.000.000) de litros de agua. La cantidad de agua que necesita una familia por 20 años, la empresa minera la gasta en 1 hora. Se producen 18 toneladas de desechos tóxicos para extraer un solo anillo de oro.

Destruye completamente grandes extensiones de bosque con toda la biodiversidad de flora y fauna que en ellos habitaba. Destruye completamente grandes extensiones de bosque con toda la biodiversidad de flora y fauna que en ellos habitaba. Contamina el aire emitiendo miles de toneladas diarias de elementos químicos tóxicos, contaminantes y de polvo; y genera la lluvia ácida. Contribuye al cambio climático provocando el calentamiento del planeta.

 En todos los territorios donde avanza el extractivismo se vuelve imposible la vida,  allí no hay relación de lo humano  con la naturaleza solo el extractivismo depredador. Hay una relación directa de este cuadro con la distribución de la tierra cada vez más concentrada  y el hacinamiento en asentamientos pobres en las grandes ciudades.

Todos juntos para que nada cambie

Así lo expreso Alejandra Cardona,  directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM)  “Es la primera vez que pasa,  la minería se impuso en los discursos de los principales partidos políticos de cara a una elección presidencial. Todos hablan de minería, y ese es el dato que nosotros tomamos. Los candidatos de los  principales espacios hablaron a favor” y continuo  “Bolivia y Chile tienen un fuerte componente de presencia del Gobierno y ciertas normativas que vuelven menos atractivo el destino para el inversor, aun cuando las condiciones económicas puedan ser un poco mejores”  ”

Ningún gobierno desde la dictadura a esta fecha, cualquiera fuera su color, hizo nada para revertir esta situación de  expoliación de la naturaleza y sus consecuencias sobre la vida humana. Todos los candidatos presidenciables y quienes los sustentan,  Milei, Bullrich y Massa,  apuestan a  desarrollar aún  más la megaminería, el agronegocio y la extracción petrolera a base de fraking , entre otras explotaciones de la naturaleza. Un modelo que asegura violación de derechos humanos, autoritarismos, y más pobreza y dependencia.

El yacimiento Bajo la Alumbrera consume más del 80% de la energía que consume toda la provincia de Catamarca. Si prosperan los proyectos Agua Rica y Pascua Lama, como quiere el gobierno, entre los tres van a consumir el equivalente a toda la energía que genera la central nuclear Atucha. Mientras se llama a ahorrar energía y suben las tarifas,

Como señala  Guadalupe Oliviero:“ Entregamos todo: agua, petróleo, minerales, humedales, bosques (estamos entre los 10 países del mundo con más deforestación), gas, soja, animales…  sin embargo, tenemos el 43% de pobres y 8% de indigentes”

Son 87 los proyectos mineros en distintos estados de avance. Se destacan 17 minas en producción, 3 en etapa de construcción o ampliación. Los proyectos principales son 19, hay de litio, oro, plata, plomo, zinc, borato, carbón y canteras a lo largo de todo el país. Y después un listado de unos 30 con un grado de maduración avanzado. Los proyectos de litio en las provincias del norte son los que más están avanzando y hay muchos que para 2025 estarán en producción porque ya cerraron sus condiciones legales.

El ministro de medio ambiente  durante el gobierno de Mauricio Macri, Sergio Bergman, en un acto de cinismo explícito, ante la pregunta  de un periodista ambientalista : ¿Podemos ponerle a la minería el adjetivo de sustentable? declaró “ No, porque es una actividad extractiva y sabemos cómo usa sus  insumos.  Decir que es sustentable  es una aspiración”. Y agregó en relación a los agrotoxicos  “Una ley que todavía está pendiente,  es la ley de fertilizantes. Al no estar regulado su uso y su aplicación, tenemos una deuda con la salud”. Por algo el  hecho más recordado de su  gestión, basada en el dejar hacer, fue su disfraz de vegetal.

Si no es sustentable, ¿qué tiene que ser? ¿Responsable? No, es otro slogan. Minería, regulada por la ley es un paraguas agujereado.  Como tantas otras leyes y reglamentaciones caen en la trampa  burocrática, recorren   instancias formales que precisan cumplirse para que los extractivismos avancen. El control está en manos de  funcionarios que son testaferros de las propias mineras.

En 2008 el entonces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, presionó para que  no se  promulgará la norma sobre glaciares que haría caer una millonaria inversión de la canadiense Barrick Gold en la provincia. Su hermano, el senador César Gioja, y al secretario de Minería Jorge Mayoral, son parte de empresas de explotación y exploración minera.

 Al llegar a la presidencia, Mauricio Macri, hizo honor a su compromiso electoral con los empresarios y  eliminó todas  las retenciones a la minería, una regalo con pocos precedentes en el mundo,  quitando  además los pocos controles existentes en una de las actividades más contaminantes y destructivas de los bienes comunes.

Entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015, se produjo la peor catástrofe ambiental por derrame de efluentes mineros de la historia argentina. Fue en la mina Veladero, en San Juan, operada por la empresa canadiense Barrick Gold(BG) y contaminó cinco ríos con cianuro y mercurio, entre otros metales pesados. Este tipo de episodios en su Proyecto Veladero no fueron aislados, sin embargo la empresa alargó el período de sus actividades extractivas por una década más, exponiendo a los habitantes de la región. A ocho años de aquel desastre, todavía nadie rindió cuentas. En su momento fueron procesados  los ex secretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso, durante el  gobierno de Crisitina Fernandez  pero ningún empresario de la BG paso por la justicia.

Derribando el mito de la megaminería como principal generadora  de trabajo, el dato  en  San Juan es que  las zonas mineras tienen las tasas de desempleo más altas de la provincia.

El maridaje  entre instituciones públicas  y empresas es ominoso. Los proyectos buscan generar mercancías para demandas privadas y el Estado es el proveedor de servicios y personas. Actualmente científicos y técnicos de YPF realizan trabajos a pedido de  las empresas que se quedarán con las concesiones.

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, de quien  aún se intenta saber qué hizo o cuál es su preparación para estar ahí, sigue en  la línea  del presidente ausente y como el rabino verde,  su política es dejar hacer. Cero controles a las mineras, ninguna política ante la deforestación, se suceden feroces incendios  en el todo el país, se multiplica el uso  de agrotoxicos, se privatizan las costas de ríos y lagos, se destruyen humedales,  aumenta la sequía y  avanza la crisis hídrica, el ministro  no sabe no responde, a pesar de las  sesiones espiritistas para invocar su presencia.

El proyecto consensuado  de la ley de Humedales, fue presentado infructuosamente  cuatro veces para su tratamiento parlamentario, por primera vez hace casi  10 años. El ministro Cabandie, que previamente a las legislativas de 2021 se había comprometido a apoyar la propuesta, presentó el 11 de julio de 2022 ante el COFEMA, un nuevo proyecto que borra las principales normas del original y tal como denuncia la Multisectorial, “es funcional a los lobbys,  del extractivismo y el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Utilizó las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de ley de humedales consensuado y busca satisfacer intereses de los poderes económicos concentrados «Todos tuvimos la sensación de que esta resolución fue la crónica de una muerte anunciada del proyecto señaló Patricia Pintos geógrafa y miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu) y agregó : “fue una gran desilusión para todo el colectivo de organizaciones socio-ambientales y referentes del mundo académico que tanto habíamos apostado por la ley.  Desde la promulgación de la ley de bosques nunca se cumplió con el presupuesto que debería ser destinado al fondo de conservación

Juan Cabandié, despegó al Gobierno nacional de la sanción de la Ley 7.722 en Mendoza, que permite el uso de sustancias químicas en la minería, y expresó su “preocupación” por los incidentes ocurridos tras las multitudinarias protestas en la provincia cuyana.

Para cumplir con las metas fiscales del FMI, el Gobierno relanzó el programa Dólar Soja. Pequeños y medianos productores reiteraron sus críticas a una medida que beneficia a las empresas exportadoras y altera los precios internos. La agricultura campesina y cooperativa sigue a la espera de respuestas, con cinco proyectos de ley pendientes en el Congreso. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) cuestionó la medida y llamó al Poder Ejecutivo a dejar de fortalecer al “campo concentrado, a las multinacionales del agrotóxico y a los sectores financieros” y a apoyar, en cambio, a quienes luchan para que “el alimento sea un derecho y no una mercancía”. “El dólar soja muestra que el Gobierno piensa el campo con las patronales y quienes se beneficiaron acumulando granos, chantajeando y  especulando   con la devaluación”.

Si alguna duda queda como se piensa el medio ambiente desde el gobierno, fue l el nombramiento de  Antonio Aracre, ex CEO durante décadas  de Syngenta,  como jefe de asesores. La empresa de origen suizo es parte de un grupo  integrado por miles de empresas liderado por China con presencia en más de 100 países .Tiene en Argentina unos 389 productos registrados y unos 166  con principios activos autorizados. En 2022 el mercado más grande fue América Latina. Syngenta fue clave en la sojización transgénica que tanto daño hizo en el corrimiento de la frontera agroecológica. Es el segundo grupo que más agrotoxicos produce y  vende en el mundo,  después de Monsanto- Bayer. En pocos días se recogieron 17.000 firmas reclamando su renuncia con el encabezado “ Syngenta y el negocio de envenenar” La porosidad entre el gobierno y la oposición quedó expuesta cuando Aracre renunció como jefe de asesores del presidente y pasó a apoyar la campaña de Bullrich . En su lógica de CEO, es el pase de una empresa a otra.

Las comunidades que en estos 40 años se han manifestado de manera persistente en contra del modelo extractivista, han sido víctimas de reiteradas y diferentes formas de represión, carcel persecución. Son innumerables los incidentes y crímenes de las corporaciones y sus referentes políticos,  desde el repudio al plan Arcioni en Chubut y a su respuesta represiva,  gobernador provincial y miembro  calificado del partido Renovador de Massa, hasta la barbarie desatada por Gerardo Morales en Jujuy contra los pueblos originarios que defienden  la tierra ante la voracidad de las mineras y la corruptela política que aprobó la reforma constitucional. Su candidatura a vicepresidente junto a Rodriguez Larreta fue toda una señal avaladora. Por su parte el gobierno, Ministerio del Interior incluido, como en otros casos de violación de los DDHH, se abstuvieron intervenir. Queda claro como con el FMI, cuando  los grandes intereses se ponen en juego la mentada grieta se esfuma. Allí solo la izquierda política y social puso el cuerpo, tanto en la denuncia como acompañando el reclamo.

Sostiene Guillermo Folguera : “El extractivismo es una cosmovisión y práctica colonial vinculada con este tipo de democracia, con sus límites y características principales. Entonces, se hace imposible revertir las bases extractivistas sin cambiar las prácticas de fondo de esta democracia”.

En tiempos donde la humanidad, irracionalmente amenaza su propia existencia y la de todo el planeta, caminando inconscientemente hacia una catástrofe ecológica que ya está en curso, ignorar desde la política, quienes están a favor o en contra de defender la vida por encima del negocio, es un crimen que no deberíamos ni podemos permitir.

Agosto 2023

Escribe Clara

A un mes y una semana de su llegada a Bs As, el 3er Malón de la Paz que nuclea representantes de más de 300 comunidades indígenas, permanece en resistencia en la Plaza Lavalle frente al que bien llaman “Palacio de la Injusticia”. Vinieron desde Jujuy, donde sus hermanos y familias siguen en lucha contra la reforma inconstitucional de Cambiemos y el PJ que solo pudo ser aprobada mediante una brutal represión al pueblo.  

La reforma fue resistida masivamente por docentes, estudiantes, trabajadores y comunidades, ya que concentra los tres poderes bajo el mando del gobernador, criminaliza la protesta prohibiendo cortes y manifestaciones, y elimina los derechos de consulta de las comunidades sobre sus tierras, estableciendo a la tierra y el agua como “bienes productivos” bajo administración del gobierno provincial. Morales y el régimen político ofrecen así a las megamineras transnacionales atractivas condiciones legales e institucionales para el desguace de las reservas de litio, el moño que completa el regalo. Lo que nos venden las campañas presidenciales como transición energética a formas de producción mas “verdes” es en verdad el colonialismo de este siglo: Desalojos, contaminación, sequía, muerte para estos territorios, en beneficio de negocios millonarios para empresas extranjeras.

Ayer, 7 de septiembre, la comunidad de Abra Pampa denunció que siguen siendo hostigados y hasta los empleados públicos son amenazados por apoyar su lucha, pretenden así aislarlos. Pero a pesar de la incesante persecución y el blindaje mediático, las comunidades no han desistido en sus reclamos. Desde su llegada se han movilizado día tras día a los tres poderes del Estado con sus reclamos que son: la derogación de la reforma jujeña, solicitando su tratamiento a la Corte Suprema, la intervención de la provincia de Jujuy por parte del congreso de la nación, el cese de la represión y persecución, y la elaboración de una Ley de propiedad Comunitaria Indígena. Se han encontrado con la indiferencia absoluta del Estado, que apuesta al desgaste de la permanencia hasta en las cosas más básicas, prohibiéndoles el armado de gazebos para protegerse de la lluvia, privándolos de baños, cortándoles el agua.

Al mes de la permanencia donde se movilizaron día tras día, lograron por fin ser recibidos por el presidente, Alberto Fernández, que se comprometió a abrir una comisión investigadora que se tomará dos meses para analizar los hechos de violencia institucional cometidos en la provincia jujeña. Los hermanos y hermanas, que han sido engañados demasiadas veces por un Estado que los incluye discursivamente mientras asiste al genocidio silencioso y el saqueo de sus tierras en beneficio del extractivismo, se encuentran exigiendo la participación de veedores indígenas en cada territorio y permanecen en lucha para asegurar que esta comisión efectivamente se concrete. Por lo pronto la presidencia se excusa en que falta la firma de su amigo el Ministro de justicia, Martin Soria, de la verdadera casta feudal que gobierna la provincia de Rio Negro hace 20 años para las transnacionales de la fruta y mineras. Juntos vienen de avalar y ejecutar la brutal represión y persecución política al pueblo mapuche.

El 3er Malón ha llamado a todas las fuerzas políticas, candidatos presidenciales que participarán de las elecciones de octubre, así como a los diputados y senadores del Congreso a pronunciarse con respecto a este conflicto. A través de la presencia de Myriam Bregman, y diputades como Juan Carlos Giordano, Romina del Plá, y Alejandro Vilca, el Frente de Izquierda Unidad ha ratificado el apoyo que viene dando a esta lucha en los territorios, denunciado la complicidad de todo el régimen político con el extractivismo.

Acompañamos al Malón en sus reclamos, convocamos a rodearlos de solidaridad y aunar las luchas junto a trabajadores, estudiantes, ambientalistas, mujeres y disidencias, entendiendo que solo en unidad y en las calles enfrentaremos el ajuste, el avance de la derecha y el saqueo. El 11/09 se realizará un festival Pluricultural en Plaza Lavalle, el 14/09 llevaran sus reivindicaciones a la marcha contra el ajuste de la Unidad Piquetera, y el 15/09 a la Marcha de los Lápices para volver a gritar fuerte NUNCA MAS. Arriba las wiphalas, los salarios y los derechos!! Abajo la reforma, el ajuste y el extractivismo!!

 

El ajuste que lleva adelante por exigencia del FMI el gobierno peronista de Alberto, Cristina y Sergio Massa ya se torna insoportable. La inflación de agosto fue de dos dígitos y la de septiembre viene igual. Los alimentos y otros artículos de primera necesidad son lo que más sube. Por si todo esto fuera poco, alquilar ya se tornó en una hazaña casi imposible. Salarios, jubilaciones, montos de planes sociales y partidas para salud y educación se esfuman ante el aumento de los precios. Crece la pobreza, la indigencia, la marginación social, y sus consecuencias, la inseguridad.

Sergio Massa y Unión por la Patria piden el voto “contra la derecha”, pero no pueden disimular ser los responsables de este brutal ajuste, ni siquiera cuando anuncian algunas medidas cosméticas como “paliativos” frente a la misma crisis que ellos han generado y agravado cuando, al día siguiente de las elecciones, realizaron una fuerte devaluación para cumplir con el Fondo, desatando el salto inflacionario de este mes.

Mientras tanto, el ultraderechista Milei, envalentonado por haber salido primero en las PASO, nos anticipa un mayor ajuste. Así se lo prometió al FMI (“yo voy a proponer un ajuste más grande que el que plantean ustedes”) y avanza con los anuncios de su plan “motosierra”, en concreto no dejar partida social por recortar ni derecho del pueblo trabajador por eliminar, un programa de guerra contra  contra la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y disidencias. Su propuesta de dolarización es directamente la pulverización total de salarios y jubilaciones.

Juntos por el Cambio también había salido castigado de las PASO. Es que todavía perdura el recuerdo del desastre que significó el gobierno de Macri para las y los trabajadores. Patricia Bullrich trata de retomar la iniciativa electoral trayendo a un economista para oponerlo mediáticamente a Milei. Así apareció Carlos Melconian, respetado por el establishment financiero y las grandes patronales. Su propuesta es similar a la de Milei, pero con mejores modales. Llamada “bimonetarización”, en concreto es un nuevo ajuste y cumplir con las exigencias del FMI, además de avanzar con la flexibilización laboral y la reforma previsional.

Una conclusión que tenemos que sacar es que, más allá de las diferencias de discursos y modales, y de las barbaridades ultraderechistas de Milei (entregar las Malvinas a los kelpers, negacionismo de los crímenes de la dictadura, cerrar el Conicet, anular el aborto legal), que, dicho sea de paso, sólo la izquierda sale clara y tajantemente a repudiar movilizándose contra ellas, hay algo que une a los tres candidatos. Todos proponen seguir sometidos al FMI y cumplir a rajatabla, ajustando más aún que lo actual, al pueblo trabajador.

 Ahora, ante el relanzamiento de las campañas electorales, y ya de cara a las elecciones de octubre, queda más claro que nunca que sólo hay una alternativa que se opone a las tres que enunciamos más arriba. El Frente de Izquierda Unidad es la única lista que repudia el mayor ajuste del Fondo Monetario y le opone un plan económico alternativo, obrero y popular, basado en suspender los pagos de la deuda externa, romper con el FMI, imponer fuertes impuestos a los ricos, nacionalizar la banca y el comercio exterior, con el objetivo de poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, vivienda para todas y todos, educación y salud públicas de calidad.

Pero no se trata sólo de que tenemos un programa alternativo al de las listas patronales. Además, sólo el FIT Unidad garantiza estar en todas las luchas, apoyándolas incondicionalmente. Así lo estamos planteando para este jueves 14, cuando impulsamos una gran marcha a Plaza de Mayo junto al sindicalismo combativo y otras organizaciones sociales para enfrentar el ajuste y a la vez reclamarle a la CGT y las CTA que rompan su pacto con el gobierno y llamen a un paro y plan de lucha. O como los haremos el próximo 28 de septiembre, donde nos movilizaremos con el movimiento de mujeres en el día latinoamericano por el derecho al aborto, para decirle claramente a los ultraderechistas como Milei que vamos a defender en las calles nuestros derechos.

Por todo esto hay que votar y llamar a votar al Frente de Izquierda Unidad. Con su fórmula presidencial de Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Con el “Pollo” Sobrero como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y con todas las compañeras y compañeros luchadores que integran las listas a lo largo y ancho del país. Para meter más diputadas y diputados de izquierda, porque cada banca del FIT Unidad está al servicio de las luchas, como se vio hace poco en Jujuy y tantas otras veces.  Por eso el 22 de octubre hay que fortalecer al Frente de Izquierda, para estar en mejores condiciones después de las elecciones para enfrentar el mayor ajuste que se viene, gane quien gane de los candidatos patronales. A esa pelea te convocamos.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

Desde Unión por la Patria se ha lanzado una campaña planteando que el voto al actual ministro de Economía es la única forma de enfrentar el avance de la derecha. No es así. La candidatura de Massa y el voto al peronismo en estas elecciones no es garantía en absoluto de enfrentar a Milei y Bullrich.

Por supuesto que preocupa el crecimiento de la extrema derecha de Milei, con su plan “motosierra” de quitar todos los derechos al pueblo trabajador, o con su propuesta de dolarización que no se trata de otra cosa que de pulverizar al extremo los salarios, las jubilaciones y cualquier otro ingreso, para que pasemos a ganar “monedas de dólar” por mes. Patricia Bullrich y su economista estrella, Carlos Melconian, no prometen nada mejor: hablan de ajuste, dicen que va a ser “doloroso” (para las y los trabajadores, ya que para ellos seguro que no) y reconocen que promueven reformas laborales y jubilatorias que, sin duda, son recortes de derechos y conquistas de décadas.

Frente a esta realidad, ¿es Sergio Massa la alternativa, como plantean desde Unión por la Patria? Empecemos por el principio. Hay un punto que une profundamente a los tres candidatos patronales, seguir cumpliendo con el ajuste del FMI y los pagos de deuda. El propio Massa lo reconoció en el acto de la semana pasada en Tucumán, una especie de “relanzamiento de campaña”, junto a gobernadores y otros dirigentes: “vamos a pagarle al FMI”. La cuestión es clara, si se va a seguir cumpliendo con el Fondo, entonces toda otra promesa de “redistribución de la riqueza”o “mejora salarial”, es sencillamente mentira, porque no hay dinero para las dos cosas. Los propios medios de comunicación hablan, sin eufemismo, de que en esta elección los tres principales candidatos son “pro mercado”, “pro FMI”. Mal se puede “enfrentar a la derecha”, si lo central del programa de los tres candidatos es el mismo. Un ejemplo de esto fue la devaluación que llevó a cabo el ministro Massa la mañana siguiente de las PASO, por exigencia del Fondo, que desató la feroz inflación que estamos sufriendo desde entonces.

Los que ya hacen guiños a Milei

El peronismo no es ninguna garantía de enfrentamiento a la derecha. La prueba más clara es que ahora mismo, con el simple resultado de las PASO, ya tenemos dirigentes que se acercan al candidato de La Libertad Avanza. El caso más patético es el del burócrata Luis Barrionuevo, que en un lapso muy breve pasó de promover la candidatura de Wado de Pedro a ser un virtual líder sindical de Milei. Otro caso es el de Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, que anunció que en una eventual segunda vuelta el “votaría Milei”. A esto le podemos sumar las reuniones de dirigentes sindicales con el líder de La Libertad Avanza, de la cual la que tuvo más repercusión fue la del burócrata de la construcción Gerardo Martínez, explicándole a Milei las bondades del modelo de la Uocra, donde los trabajadores no tienen indemnización por despidos, sino simplemente una “libreta” donde se depositan unos miserables pesos que es todo lo que recibe el operario una vez que lo dejan sin trabajo. Algo que generalizado haría las delicias de cualquier patronal y es lo que promueve Milei.

¿Qué garantías tenemos de que el peronismo enfrentará las medidas de un futuro gobierno de Milei?

El peronismo insiste en que son “ellos o la derecha”. Sin embargo durante el gobierno de Mauricio Macri, los legisladores peronistas le votaron innumerables leyes a Macri, que no tenía mayoría propia en el Congreso. La burocracia sindical de la CGT dejó pasar el ajuste hasta el extremo que tuvieron el repudio mayoritario de la clase trabajadora (recordar el acto donde se cantaba masivamente “poné la fecha…” reclamando un paro general).

Entonces, la pregunta concreta es: ante un avance de un eventual gobierno de Milei o Bullrich buscando imponer la reforma laboral o jubilatoria, ¿qué hará el peronismo? ¿La burocracia sindical llamará a movilizarse y enfrentarla? ¿Los diputados y senadores peronistas se opondrán en bloque? O, por el contrario, comenzarán los “pases” al nuevo oficialismo. Yendo a otro tópico, si Milei avanza con su planteo de derogar el aborto legal, ¿qué harán los bloques peronistas?

La conclusión a todas estas reflexiones es clara: ni en las políticas de ajuste que ha llevado adelante durante estos cuatro años el gobierno, ni en los planteos de políticas futuras hay nada que nos indique que un gobierno de Massa tomará medidas a favor del pueblo trabajador. Y, en caso de ser derrotado, tampoco hay ninguna garantía, más bien lo contrario, de que los gobernadores, diputados y senadores de Unión por la Patria, ni que hablar los burócratas sindicales, no comiencen inmediatamente a pactar con el nuevo gobierno.

Por eso decimos que la única alternativa es el Frente de Izquierda Unidad. Porque es la única lista que presenta un programa distinto, obrero y popular, que, partiendo de no pagar la deuda y romper con el FMI, plantea cómo resolver las más urgentes necesidades populares. Pero también porque es la única opción que siempre estará enfrentando cualquier política de ajuste o de intento de quitar derechos, vengan de donde vengan.

Escribe José Castillo, candidato a legislador porteño por Izquierda Socialista / FIT Unidad

La jueza Loretta Preska falló a favor del fondo buitre Burford Capital, diciendo que el estado argentino debe abonar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.
Se trata de un auténtico escándalo. Burford nunca tuvo nada que ver con YPF. Simplemente le compró el juicio que había iniciado el Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) que reclamaba que a ellos no se les había pagado nada cuando se estatizó la compañía. Precisemos: la YPF privatizada pertenecía a la multinacional española Repsol. En 2008, Néstor Kirchner, con la excusa de “argentinizarla” hizo entrar, con el 25% de la propiedad, a sus amigos del banco de Santa Cruz (los Eskenazi). Estos nunca pusieron un peso, simplemente iban a pagar su entrada en el capital de la compañía con las ganancias que se generaran. Repsol, los Eskenazi y los gobiernos de Néstor y Cristina hicieron la vista gorda durante cuatro años más, mientras Repsol vaciaba la empresa y la dejaba sin reservas. Cuando finalmente, en 2012, se produce la estatización parcial, con la retirada de Repsol, el ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, dijo que el país no iba a poner un peso, ante los pasivos ambientales y de liquidación de reservas que estaba dejando Repsol. Fue puro doble discurso, ya que al poco tiempo se aceptó pagarle a Repsol 5.000 millones de dólares. El Grupo Petersen que, como dijimos más arriba, nunca había puesto un peso, también reclamó cobrar una parte, iniciando un juicio. Pasaron los años, y los negocios de los Eskenazi se demostraron tan truchos que el Grupo entero entró en quiebra (para ese entonces se habían “mudado” de la Argentina y su domicilio estaba en el estado Español). En ese momento apareció el fondo buitre Burford, quien le compró los derechos del juicio por sólo 16 millones de euros. Ahora, gracias al fallo de la jueza, Burford cobraría 16.000 millones de dólares: ¡el negocio más grande de la historia!

Ante este increíble fallo, Milei propone pagar vendiendo YPF. Otra barbaridad: hoy la empresa cotiza en 5.000 millones de dólares, por lo que si se hace lo que propone el candidato de La Libertad Avanza, nos quedamos sin empresa estatal de gas y petróleo y con una deuda a pagarle a Burford de 11.000 millones de dólares. Patricia Bullrich, por su parte, plantea lo mismo que hizo Macri en 2016 con los fondos buitres de entonces: pagar sin chistar. O sea, avalar un nuevo escándalo (uno más) de los tantos de la deuda externa argentina.

El gobierno nacional y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, dicen que apelarán la sentencia. ¿Acaso alguien cree que si se llega a instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema de los Estados Unidos, los jueces yanquis cambiarán el fallo a favor de la Argentina? Nada de eso sucederá, al contrario, nos dirán que ahora debemos 20.000 millones de dólares (y ya no 16.000 millones) porque se habrán acumulado nuevos intereses.

La postura de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad es la única que efectivamente se enfrenta a este nuevo intento de saqueo. Hay que desconocer la sentencia por cuestiones de soberanía, no aceptando la jurisdicción de tribunales en Estados Unidos. Y hay que complementar esto terminando con la forma jurídica actual de “YPF S.A.”, estatizando el 100% de la empresa, creando una YPF sociedad del estado, que a la vez se haga cargo de la totalidad del negocio petrolero, desde la prospección, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización, gestionada por sus propios trabajadores.