El Senado ya dio media sanción a la ley de movilidad jubilatoria. Un verdadero robo. Una fórmula que no resolverá sus problemas, los profundizará. Para repudiarla, el FIT Unidad marchará al Congreso el 22 de diciembre.

Escribe Claudio Funes

Mientras la marea verde llegaba al Congreso para imponer la legalización del aborto que se debatía en Diputados, la Cámara de Senadores daba media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, con algunas modificaciones.
Tras el escándalo que desató el anuncio de que el miserable 5% de incremento para diciembre sería tomado a cuenta del aumento de marzo de 2021, los senadores maquillaron el ajuste exigido por el FMI.

Derogaron el artículo 6°, de esta manera en marzo se cobrará el aumento correspondiente con el 5% incluido. El proyecto enviado por Alberto Fernández contemplaba dos aumentos por año, ahora serán trimestrales. Por último, de los dos índices, el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que realiza el Ministerio de Trabajo y el Índice Salarial del Indec, se tomará el mejor.

¿Con estas modificaciones la nueva fórmula será favorable a los jubilados? Afirmamos que no. Veamos por qué.

Para calcular los aumentos de marzo, junio y septiembre se suman el 50% de los aumentos salariales y el 50% de la recaudación de la Anses. Pero en el incremento de diciembre el cálculo cambia. Aparece la recaudación total anual de la Anses incrementada en un 3%, que actúa como límite o techo. Si los salarios de los trabajadores en actividad aumentan más que la recaudación de la Anses, siempre descontados los aumentos de marzo, junio y septiembre, los jubilados cobrarán según la recaudación. Si la recaudación anual aumenta más que los salarios, cobrarán el porcentual de incremento de estos últimos.  

La fórmula está diseñada para que los jubilados no participen de la mejora de los salarios ni de la mejora del crecimiento de la recaudación de la Anses. Al final de cada año siempre perderán en relación con alguna de estas variables, porque se toma la peor. Así, los jubilados solo participarán de las pérdidas de la recaudación o de la pérdida de valor de los salarios, nunca de sus incrementos. La nueva ley no resolverá sus problemas, los profundizará.

Agreguemos dos cuestiones que no son menores. La recaudación de la Anses será un dato poco transparente, informado por la peronista kirchnerista Fernanda Raverta, y los aumentos salariales, negociados por la burocracia sindical peronista, serán a la baja. Tienen los flancos cubiertos.

Ya vimos cómo la fórmula, aun con sus cambios cosméticos, es un engaño, pero no es el único. ¡La nueva ley de movilidad no toma en cuenta la inflación! Un verdadero flagelo para el pueblo trabajador y los sectores populares.
Según se desprende del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de octubre, elaborado por el Banco Central, el “mercado” espera una inflación de 48,9% en 2021. El ingreso de los jubilados estará muy por detrás del costo de vida.
A pedido del FMI, el gobierno de Alberto Fernández no resuelve el problema de fondo, la jubilación mínima, ni la recuperación del 40% perdido en los últimos tres años.

Con el incremento de 5% otorgado en diciembre por decreto de Alberto Fernández, la mínima pasa de 18.128 pesos a 19.035 pesos, ¡907 pesos de aumento, 30 pesos por día! Menos que una limosna.
Son 4.4 millones los jubilados que cobran esta miseria que solo cubre el 38% del valor de la canasta básica del jubilado, que en noviembre ya estaba en 49.000 pesos.

Para los jubilados no hay mejoras, hay ajuste. Con los aumentos por decreto el gobierno ahorró 100.000 millones de pesos y en esto todos están de acuerdo, incluso la oposición patronal.
Debemos enfrentar este nuevo saqueo con acciones de repudio, como la radio abierta que el viernes 11 de diciembre llevaron adelante, frente al Senado, distintas agrupaciones de jubilados, entre las que estaban nuestros compañeros de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel)

Solo la izquierda apoya el genuino reclamo de los abuelos y se opone a esta ley. Así lo expresarán en la Cámara de Diputados nuestro compañero Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS). Por ello el día 22 de diciembre a las 17.30 el FIT Unidad realizará una concentración y acto en el Congreso para rechazar este robo.
Invitamos a las organizaciones de jubilados y a los trabajadores activos a dar juntos la pelea.

Después de trabajar toda su vida, es de estricta justicia que un trabajador pasivo tenga garantizado un ingreso que le permita adquirir la canasta básica del  jubilado. La Defensoría de la Tercera Edad la calcula hoy en 49.000 pesos. Ningún jubilado debería estar por debajo de este monto. Con él se fija el piso ¿y de ahí para arriba? La respuesta es sencilla, el 82% de su salario en actividad, “móvil”, es decir actualizándose acorde con los incrementos que perciben los trabajadores activos y a la inflación.
Mientras tanto, la realidad es que en nuestro país el 70% de los jubilados cobra la mínima, muy por debajo de la línea de pobreza y cercano a la de indigencia.

El robo permanente

El gran argumento, en la Argentina y en el mundo, es que no hay plata para otorgarle a los jubilados lo que les corresponde. El problema sería que “la gente hoy vive más que antes”. Una gran mentira. Lo que sucede es que, década tras década, se le fue robando al sistema de seguridad social. Y hoy se sigue haciendo lo mismo.

Las jubilaciones se generalizaron en nuestro país como un derecho para todos los trabajadores con el primer gobierno peronista. El 82% móvil se estableció en 1958, durante el gobierno de Frondizi. Las cajas previsionales fueron claramente superavitarias hasta los primeros años de la década del ’60. Hasta ese entonces era mucho más lo que ingresaba a las cajas que lo que se pagaba, dada la poca cantidad de jubilados. Sin embargo, ya en esas primeras décadas comenzó una costumbre sostenida hasta hoy: los distintos gobiernos patronales se apropiaban del dinero que entraba en las cajas para financiarse.

Con Videla y Martínez de Hoz se incorporó por primera vez otra práctica, reducir los aportes patronales y utilizar los fondos previsionales para pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero el salto cualitativo se produjo en la década del ’90. Menem y Cavallo hicieron una reducción sustancial y generalizada a los aportes patronales, que ya nunca serán restituidos.
En 1993 se crearon las AFJP. La inmensa mayoría de los descuentos a los trabajadores y de los ya reducidos aportes patronales ingresaban a esas empresas privadas, mientras al Estado le quedaba la tarea de pagar las jubilaciones que alcanzaron niveles de miseria nunca vistos.

Durante el peronismo kirchnerista se acható terriblemente la pirámide jubilatoria. Millones fueron jubilados con la mínima o con valores muy cercanos. En esos doce años de kirchnerismo nunca se subieron los aportes patronales, lo que hubiese permitido incrementar las jubilaciones.

La reestatización de las jubilaciones durante el kirchnerismo brindó la posibilidad de que existiera un fondo, constituido por todo lo acumulado por las AFJP, que prácticamente no habían pagado jubilación alguna. Se trataba de más de 75.000 millones de dólares. Se lo bautizó pomposamente con el nombre de Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Era, teóricamente, el dinero existente para pagar juicios que pertenecía a los jubilados y pensionados. Sin embargo, ese fondo fue utilizado para otros fines. En particular para pagar deuda externa, y reemplazarlo por más “papelitos”, bonos y letras del Tesoro. También para otros usos muy alejados de las necesidades de nuestros abuelos. Macri profundizó esta política, hasta llegar a la actualidad, en que quedan apenas 24.000 millones de dólares, la mitad en bonos públicos.

Las dos últimas estafas: Macri en 2017, y ahora Alberto Fernández

El gobierno de Macri, en diciembre de 2017, cambió la fórmula de reajuste haciendo que se perdiera más de 25% del poder adquisitivo de los haberes al día de hoy.
Alberto Fernández eliminó esa fórmula el año pasado y la sustituyó por aumentos discrecionales por decreto, justamente en el momento que los jubilados iban a “ganar” algo con ese cálculo mientras echó mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para sostener el dólar

Luego viene la ley que hoy estamos denunciando.
¿Cómo modificar esta historia? Haciendo lo que nadie propone.
Hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y profundizaron legislaciones posteriores.
Se debe realizar un masivo blanqueo de los trabajadores en negro.A lo propuesto se debe agregar la creación de un impuesto a las grandes fortunas, empresas y multinacionales que, junto con el no pago de la deuda externa, permitirán financiar el sistema jubilatorio.

Por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡La Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no deben usarse nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!
¡El sistema no está quebrado ni es inviable! Lo están desfinanciando desde hace décadas. La prioridad, de una vez por todas, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, los capitalistas y el FMI.                                        C.F.

Desde que se supo el mes pasado que el gobernador Arcioni le prometió al gobierno nacional de Fernández habilitar la megaminería en Chubut, se redobló la movilización en todas las ciudades y pueblos provinciales.

Escribe Agustín Gigli

Arcioni presentó en la legislatura un proyecto de ley firmado por todos sus ministros y escrito para la Panamerican Silver, la empresa canadiense que hoy saquea el petróleo y quiere la plata del “Proyecto Navidad”. El proyecto pretende apoyarse en la Ley 5001 que habilitaba una zonificación provincial para la actividad minera. Pero como viene pasando desde que se presentó la minera en Esquel, hace 20 años, todo el discurso y los argumentos mineros del gobierno y las empresas se van descascarando al ser estudiados por los vecinos de las asambleas ambientalistas. A diferencia de lo que sucedía años atrás, cuando se frenó el proyecto del Cordón Esquel, hoy está toda la provincia movilizada y con la conciencia que, si entra una, el saqueo y la contaminación no se detendrán.

Arcioni ahoga salarial y económicamente a los trabajadores estatales y a los pobladores de la meseta (zona central de la provincia), planteando que la única solución económica para la provincia es que aceptemos la megaminería. Actualmente está debiendo dos meses de salario y el aguinaldo de junio. Dice que su gobierno va a poder controlar la contaminación del río Chubut como ninguna provincia lo ha hecho, río del que se proveen los productores del valle y da agua potable a las ciudades de Rawson, Trelew, Madryn, entre otras.

El proyecto de Arcioni zonifica la provincia, creando una “zona de sacrificio” en los departamentos de Gastre y Telsen. Pero el artículo 7 dice que “en caso que se determine la necesidad de actualizar o ampliar la zonificación minera […] dicha propuesta será elevada a la Legislatura para su tratamiento”, confirmando que, una vez que se instale, la megaminería se seguirá desarrollando.

Sabemos que el negocio megaminero deja saqueo y contaminación en la provincia. Pero a algunos les significa un negocio redondo. Por el Proyecto Navidad se obtendrían 6.000 millones de dólares. Y por regalías quedarían en la provincia sólo 170 millones en los 17 años de explotación. Con la diferencia, pueden pagar muchas voluntades. Así, se conoció el audio de una diputada del oficialismo que dice que se pagaron 10 millones de pesos a cada diputado para que vote por la zonificación y un video de un diputado del PRO que solicita a una empresa minera 100 mil pesos para su empresa Bridges. A estos se suma el audio del gerente minero y conductor de radio de Esquel, Bustos, que pide se presione a la presidenta de la UCR para que sus dos diputados voten por la zonificación. Es la contaminación institucional que generan los capitalistas mineros que salen a luz desde el interior mismo del peronismo y Cambiemos.

Ante esto, Arcioni dio una conferencia de prensa diciendo que no va a retirar el proyecto de la legislatura, porque es lo único que “salvará” a los chubutenses. Está asustado, viendo que el pueblo de Chubut está dispuesto a enfrentar en la calle a la megaminería y no dejarla entrar a la provincia.

Para frenar el saqueo y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, nacionalizando aún más la lucha. Hay que lograr la derogación del código minero, aprobado durante el menemismo y aún vigente. Es el saqueo de las multinacionales a nuestras riquezas naturales, dejando miseria y destrucción ambiental.

Escribe Pilar Barbas, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista y de Ambiente en Lucha

Entre el 8 y el 13 de diciembre la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones impulsó acciones en todo el país contra las políticas de saqueo y depredación del ambiente, que el gobierno de Alberto Fernandez, con apoyo de los gobiernos provinciales, llevan a fondo, para las ganancias de las multinacionales, las grandes corporaciones del agronegocio, y para juntar dólares para pagar la deuda. En toda la Argentina se escucharon los reclamos contra la megaminería y el fracking, contra el acuerdo porcino con China y la quema de los humedales y bosques nativos y el conjunto de los reclamos del movimiento socioambiental. Desde Ambiente en Lucha participamos activamente de las acciones en Rosario, Santa Cruz, La Plata y el festival y acampe impulsado en Plaza de Mayo desde el 11 al 13 de diciembre.

La Coordinadora demostró que sigue avanzando en la unidad y coordinación de organizaciones ambientalistas, antiespecistas, de pueblos originarios y partidos de izquierda. Cada vez más se busca expresar con una extensión plurinacional, la coordinación de activistas y colectivos que históricamente se unían en las calles, pero que no tenían un espacio para la discusión de un plan de lucha a lo largo del tiempo, que tome  los reclamos y las luchas específicas del territorio y las extienda en todo el país, como hicimos rodeando de solidaridad la lucha del pueblo de Chubut contra la megaminería.
 
Más doble discurso

El domingo 13, tras la convocatoria de la Coordinadora, “casualmente”, se hizo pública una reunión del 25 de noviembre en la que Liz Solari (modelo y referente vegana) le entregó al presidente más de medio millón de firmas en contra del acuerdo porcino con China. El gobierno intentó posar como “abierto al diálogo”, y circuló un comunicado en el que Fernández afirmaría que “no impulsan modelos industriales de producción de ganado porcino que pueda poner en riesgo la salud pública”. Pero rápidamente, tuvieron que salir a aclarar a través del ministro de Producción, Matías Kulfas, que el proyecto sigue en pie. Las declaraciones de Alberto, sin embargo, afirmando que “no se iban a autorizar” desde el gobierno nacional instalaciones “contaminantes para el ambiente”, lo han comprometido ahora políticamente, dado que su ministro Cabandié venía lavándose las manos diciendo que cada provincia contaba con autonomía para firmar lo que quiera. La Coordinadora redoblará esfuerzos para lograr que se frenen estos proyectos devastadores en todo el país.

El año que viene tendremos que seguir luchando y denunciando que en este sistema capitalista y con sus gobiernos, no hay soluciones para ninguno de los dramas ambientales y sanitarios que amenazan al planeta entero. Tenemos que seguir organizándonos contra las políticas extractivistas y contaminantes, y para esta pelea fundamental te invitamos a organizarte con Ambiente en Lucha y la Coordinadora BFS.

Esta multinacional suiza, con un doble discurso de cuidar el ambiente en su país de origen, traslada la contaminación a la planta que se encuentra en una zona postergada de La Matanza, arroja al ambiente sus desechos, causando enfermedades y en más de cien casos, la muerte. El propio organismo provincial que debería que controlar la polución le da una categoría 3, por lo tanto es una industria que no puede estar a menos de 8 kilómetros de cualquier zona urbana. Es por esto que los vecinos del barrio aledaño a  la fábrica, hace más de 11 años que vienen peleando por la reubicación de Sika-Klaukol. Pero en el municipio de La Matanza que gobierna el peronista Fernando Espinoza ignoran sus planteos  al punto de decri que la empresa no contamina. La justicia no hace más que responder al poder político y la causa no avanza. Los medios de comunicación también lo ocultan. Por esta razón desde Ambiente en Lucha venimos acompañando a Susana Aranda referente de esta lucha para visibilizar el conflicto y sumar más protagonistas, para que la multinacional se vaya, porque como dicen los vecinos #klaukolnosmata.

Corresponsal