Escribe Pili Barbas, candidata a legisladora CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En las últimas semanas han salido nuevas noticias sobre los acuerdos alcanzados por el gobernador del Frente de Todos, Jorge Capitanich, y multinacionales de capitales chinos para instalar megafábricas de cerdos en la provincia de Chaco.
Recordemos que hace solo quince días, la Cancillería de Felipe Solá había salido a desmentir que el acuerdo porcino con China, en su versión “binacional” estuviera avanzando. La estrategia que adoptó el Frente de Todos es la de descentralizar el acuerdo en las provincias, después de que la movilización instaló el rechazo en todo el país y tras de asumir que el acuerdo se habría postergado para revisar las clausulas de control ambiental. Ni el gobierno argentino ni la dictadura capitalista china quieren rubricar ningún compromiso ambiental de ningún tipo, y delegan el avance de esta industria en acuerdos secretos entre provincias y empresas.

El accionar del gobierno del Frente de Todos avanzando con esta iniciativa macrista (las negociaciones las comenzó en su momento la cancillería de Cambiemos) demuestra que son mentiras enormes no solo el discurso ambientalista que el presidente y Cabandié tiran ante eventos como el día de la primavera, sino también la idea que se trate de un gobierno que priorice “la vida por sobre la economía”.

La férrea voluntad de Fernández de importar al país las fábricas de la próxima pandemia con el solo fin de juntar dólares para pagar deuda externa, nuevamente deja descolocadxs a quienes, como lxs referentes de Jóvenes por el Clima, insisten dentro del ambientalismo con que la tarea es “ecologizar al peronismo y peronizar al ambientalismo”. Los hechos demuestran que hay que dejar de comprar el verso verde del gobierno, y sumarse al rumbo de lucha independiente de todos los gobiernos de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Así como también, de cara a los desafíos que tenemos como movimiento ambiental, es necesario apostar a una alternativa política unitaria para ponerle freno a estas políticas de saqueo y depredación alternativa que expresa la Lista 1A del Frente de Izquierda.

Escribe Malena Lenta, candidata a legisladora CABA, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El caso del cantante Chano Charpentier trajo a la luz viejos discursos represivos y el rostro oculto de la política de salud mental del gobierno de Kicillof. Necesitamos el efectivo cumplimiento de la Ley de Salud Mental.

Muchos son los problemas de las políticas de salud mental y adicciones que dejó al descubierto el caso del cantante Chano Charpentier desde que fue baleado por la policía bonaerense como respuesta a una descompensación de salud mental. En la Argentina, desde 2010 existe la ley nacional 26.657, de salud mental y adicciones, que fue conquistada tras décadas de lucha del movimiento de derechos humanos. Desde la posdictadura se pelea para que se considere como personas con derechos a quienes sufren padecimientos mentales o tienen consumos problemáticos. Y, fundamentalmente, para que el encierro y la internación involuntaria no sean el único recurso, sino el último.

Sin embargo, hasta hoy sigue vigente el estigma que ubica a las personas con padecimiento mental como peligrosas o delincuentes. Pero no se trata de una simple cuestión de miradas. Por un lado, tal como lo demostró el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, existe un sector de dirigentes que va desde el peronismo-kirchnerismo hasta Juntos por el Cambio, que cierra filas cuando se trata de reprimir y encerrar a las personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos. Son los mismos que avalan el “gatillo fácil” para los/as pibes/as de los sectores populares, más aún si se trata de consumidores de drogas ilegales como el paco, esas mismas que la maldita policía se encarga de comerciar. También son los que justificaron la represión de pacientes y trabajadores/as del hospital de Salud Mental “José T. Borda”, de la CABA, en 2013 cuando el macrismo pretendía avanzar con un negocio inmobiliario.

Por otro lado, está el progresismo K con el paradigmático caso de la provincia de Buenos Aires, donde Berni reclama mejor armamento y Kicillof se jacta de estar implementando la ley 26.657, pero de manera bastante “limitada”. La Cicop viene denunciando que la política provincial de salud mental carece de capacitación para el personal de emergencia y las fuerzas de seguridad. Tampoco hay inversión en la creación de programas. En cambio, contratan a personal de salud para que cubra turnos rotativos en las guardias de los hospitales generales, totalmente colapsadas.

Mención aparte merece el subsistema privado de salud, al que el gobierno provincial no controla y que, como en el caso de Chano, que tiene la prepaga OSDE, solo aumenta las internaciones para facturar más. Nada más alejado de una atención digna y de respeto a los derechos humanos.

Qué políticas de salud mental necesitamos

Muchas veces, cuando las familias tienen un/a miembro/a con problemas de salud mental graves o consumos problemáticos de sustancias, reclaman en primer lugar la internación, aun a costa del encierro, el estigma y el castigo. Pero para que ese no sea el único recurso posible para atender las situaciones extremas y para que no haya más “Chanos” ni pibes/as baleados por consumos problemáticos, necesitamos el efectivo cumplimiento de la ley nacional de salud mental y adicciones. Hay que lograr un aumento de emergencia del presupuesto de salud mental sobre la base del no pago de la deuda externa para crear los dispositivos intermedios en la comunidad y sustitutivos de la internación. Y hay que hacerlo sin financiar los negocios de las empresas de la medicina privada y los laboratorios. Por eso también necesitamos un sistema único de salud, público y gratuito con participación de los/as trabajadores/as y usuarios/as en la toma de decisiones. Por esto venimos peleando y es lo que proponemos desde el FIT Unidad lista 1A.

Después de 2 meses de conflicto y más de 8 jornadas de paro, la dirección del Hospital ha tenido que convocar para este jueves 5 a las y los paritarios votados por las asambleas convocadas por la junta interna de ATE. Este paso puede ser una nueva maniobra de un Consejo Directivo que ha buscado incesantemente debilitar la pelea de las y los trabajadores que reclamamos un aumento salarial del 50% en una sola cuota y el reconocimiento de la insalubridad de nuestras tareas.  Pero es una prueba contundente de la fuerza que tiene la lucha que venimos llevando adelante. Como cada semana, en asamblea hemos resuelto los pasos a seguir para seguir fortaleciendo la lucha por nuestros reclamos. Por eso este jueves acompañaremos a nuestros paritarios y paritarias con una concentración en la puerta del Hospital en las horas previas a la convocatoria del Consejo. Y ya hemos resuelto dos nuevas jornadas de paro los días viernes 12 y sábado 13 de agosto. Por este camino de organización democrática y lucha unitaria seguiremos para triunfar.  
                   

Corresponsal

La asamblea docente de Autoconvocados de la provincia se reunió con docentes de Capital, Orán, Irigoyen, Colonia Santa Rosa, Aguas Blancas, San Martín Aguaray, Tartagal, Mosconi, Cafayate, Rosario de la Frontera, Metan, La Viña, Molinos, Rivadavia Banda Norte y Sur, Rosario de Lerma, Quijano, La Silleta, Cerrillos y resolvió paro por tiempo indeterminado desde el pasado lunes 2. Reclaman un 45% de aumento salarial, sin cuotas y con cláusula gatillo con la inflación, el pago de deudas, titularizaciones y otros reclamos. Desde Docentes en Marcha e Izquierda Socialista llamamos a solidarizarnos con esta gran lucha.
      

Corresponsal

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

La semana pasada, miles de personas salieron a las calles en todas las ciudades de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Estas grandes movilizaciones encabezadas por organizaciones indígenas, estudiantiles, de personal de salud y feministas tienen una relación directa con las protestas del año pasado, que llegaron a incendiar el Parlamento.  

La indignación popular estalló esta vez por la corrupción, pero expresó también los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, de los indígenas, de las mujeres ante la violencia impune, de los estudiantes y de la población pobre en general por la desatención del Estado ante el desastre de la pandemia del Covid-19.

Hubo una convocatoria para realizar un paro nacional el jueves 29 de julio que partió de diferentes organizaciones indígenas: los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán, la Alcaldía de Sololá, el Parlamento Xinca y los pueblos kaqchikel o chortí. Un representante del Parlamento Xinca remarcó que “como pueblo de Guatemala estamos indignados por la situación que estamos viviendo y ya no queremos seguir viviendo en un Estado opresor”.

Las movilizaciones tienen un antecedente reciente. En noviembre del año pasado, otra manifestación de masas prendió fuego el Parlamento después de que se aprobara el presupuesto nacional que congeló las partidas de salud (¡en plena pandemia!) y de educación. Se suprimió la ayuda social por la pandemia, pero se aumentaron las partidas para infraestructura en concesiones, a favor de grandes empresarios, en obras que además son hechas habitualmente con sobreprecios y donde circulan coimas para los funcionarios del gobierno.

El movimiento popular en Guatemala es parte de un proceso de rebeliones en Latinoamérica desde 2019, que tuvo su expresión más importante hace unas semanas en Colombia con la lucha del pueblo contra el gobierno de Duque. En los países latinoamericanos las mayorías populares son ajustadas por gobiernos patronales, cada vez más corruptos al servicio del imperialismo, que descargan la crisis sobre el pueblo trabajador.

A la protesta masiva en Guatemala se unieron miles de mujeres que vienen denunciando los feminicidios impunes y la violencia contra la mujer; trabajadores y trabajadoras de la salud que están en la primera línea de lucha contra la pandemia atropellados en sus derechos, sin medicamentos ni vacunas; estudiantes, y otros sectores populares.

El detonante de estas masivas protestas fue la destitución y huida del país, porque temía por su vida, del fiscal Juan Francisco Sandoval, que investigaba la corrupción en el Estado. Este fiscal tenía apoyo y financiamiento de los Estados Unidos, lo que muestra divisiones entre los capitalistas por el control del Estado y las obras públicas. Pero otras fueron las motivaciones populares.

El 14 de julio el gobierno decretó el “estado de prevención”, prohibió manifestaciones callejeras y huelgas y ordenó militarizar servicios públicos y universidades, con el pretexto del Covid-19, para impedir las movilizaciones en su contra. Pero no le dio resultado.

En un país de 16 millones de habitantes, donde unos 10 millones son pobres, diez familias controlan las grandes empresas mineras, agroindustriales, comerciales y de construcción y el presidente tiene un salario de 18.000 dólares (además de lo que recibe de coimas).

Para continuar la lucha contra el gobierno corrupto antipopular de Giammattei es fundamental la unidad de las organizaciones indígenas, campesinas, obreras, estudiantiles y feministas, en forma independiente de los distintos sectores empresariales y de derecha, para levantar un programa común para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.