Escribe Joel Rojo

El gobierno de Schiaretti igual que el de Fernández, busca renegociar una deuda externa provincial impagable de 172.000 millones de pesos, 95% de la cual está en dólares. Hay vencimientos en 2021 por mil millones de dólares. Por eso ajustan a trabajadores activos y a jubilados, obligándolos a romper la cuarentena, que cínicamente dicen que hay que cuidar. 

El pasado miércoles, luego de retroceder el aislamiento de la fase 4 a la 3, entre gallos y medianoche, y rodeando la legislatura con un gran operativo policial, le hizo votar en soledad al PJ, otra reforma por la cual los próximos jubilados cobrarán el 67% del sueldo de un activo. Así “armonizó” la caja de jubilaciones provincial con la nacional. Pero el ajuste empezó antes, con la suspensión sin pago de 27.000 trabajadores precarizados de los planes de empleo, como “Primer Paso” y otros. Avaló la rebaja salarial de municipales capitalinos, de Jesús María y otras localidades. Y ahora en cuarentena obliga a los estatales a tomarse vacaciones y francos que en su momento les negó. Una verdadera estafa.

Además, mientras en tiempo record resolvió y pagó el 50% del sueldo a los empleados de los grandes empresarios, todavía no les pagó a los trabajadores de salud los 5.000 pesos anunciados hace dos meses. Así podríamos seguir relatando hechos de este ajuste, que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical.

Empezó la resistencia

Lo más importante de esta situación, es que los trabajadores comienzan a presionar a sus dirigentes obligándolos a movilizar. Hubo marchas de municipales en dos oportunidades por rebaja de salarios y de los choferes de UTA, en huelga desde hace casi un mes, por falta de pago. Los de media distancia hace dos meses que paran por lo mismo. Los docentes hicieron un “apagón” de computadoras por 24 horas y ese día se movilizaron agrupaciones de oposición como Docentes en Marcha y otras. El 25 de mayo hubo una enorme caravana de autos a lo largo de 30 cuadras, de los equipos autoconvocados de salud, que se repitieron en muchas ciudades del interior. El día del Cordobazo hubo otra gran caravana de docentes, que también se replicó en otras ciudades, otra de Luz y Fuerza y una concentración frente a la Caja de todas las agrupaciones de jubilados. Hubo paro de 24 horas de bancarios y de 48 de judiciales. El domingo 31 una enorme caravana con casi 250 autos de docentes, bancarios y el equipo de salud, concretó un bocinazo en Villa Dolores exigiendo la derogación de la reforma previsional, cosa que en general hicieron todas las luchas posteriores a su aprobación. Esto muestra que en la base hay disposición para luchar. Pero los dirigentes de los sindicatos, de las dos CGT y las dos CTA, hacen todo lo posible para no movilizar, y cuando son obligados a hacerlo, las dividen como hasta ahora, movilizando por gremio y en días distinto, o peor aún, saliendo el mismo día pero a horas y lugares diferentes. Son los cómplices fundamentales de este ajuste. Ahora más que nunca hay que obligarlos a convocar a un paro provincial y a un plan de lucha, tomando todos los recaudos de bioseguridad. Por la derogación de la nueva ley jubilatoria para recuperar el 82% para los jubilados, por un inmediato aumento salarial de emergencia, por la reincorporación de los despedidos en pandemia. Ninguna rebaja salarial. Subsidio de 30 mil pesos a toda familia que lo necesite y por créditos a tasa cero para los pequeños talleres y comercios. El dinero para todo esto debe salir del no pago de la deuda provincial y de un impuesto a los ricos y a las grandes empresas de Córdoba.

Escribe Carlos Coudet

Los conductores del transporte marcharon desde la sede del gremio para reclamar el pago total de sus salarios. Llevaban dieciocho días de huelga consecutivos e hicieron sentir sus voces tanto en el municipio como en la sede de la gobernación, en lo que fue una movilización sin antecedentes en los últimos años por la cantidad de trabajadores que ocuparon las calles.

Los colectiveros nucleados en las tres empresas que conectan la ciudad y el Gran Rosario dejaron bien en claro que sin salarios pagos no hay cuarentena. Rechazan cualquier intento de rebaja salarial por los servicios que ya prestaron durante todo el mes de abril, por los que ahora les quieren pagar el 70 por ciento. Al reclamar el total del pago de los haberes están luchando también contra el pacto de la burocracia sindical con el gobierno nacional.

Las empresas, por su lado, venían acostumbradas a conseguir subsidios jugosos para llenarse los bolsillos. Ahora argumentan que no tienen plata y se niegan a pagar los salarios. Otra extorsión más, como cuando  piden aumento del boleto utilizando las justas exigencias de los trabajadores como excusa.

Queda claro una vez más que para los distintos gobiernos el transporte público no es un servicio esencial, sino un negocio que pueden administrar empresarios para llenarse los bolsillos a expensas de los usuarios.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad exigimos que se termine con los concesionarios privados del transporte público y se estatice todo el sistema, garantizando un servicio acorde a las necesidades de la cuarentena y sin afectar el salario de los trabajadores. Nos solidarizamos con la lucha de los choferes y junto a ellos exigimos el inmediato pago los salarios adeudados.

El lunes 1 de Junio desde Izquierda Socialista volvimos a acompañar la movilización de los chóferes de media y larga distancia de la empresa Plusmar. Entrevistamos a Horacio, Gustavo y Fabián, referentes del reclamo por el pago de sus salarios adeudados.

¿Por qué reclaman?

"Desde marzo no nos pagan los salarios a los 850 trabajadores, nos deben horas extras y todo el sueldo de abril y mayo. Tenemos compañeros que no tienen plata para comer, para sus familias, ni para pagar los medicamentos. No hay ninguna respuesta de la empresa, ni siquiera pagaron el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) que prometió el gobierno.”

¿Y la UTA no los apoya?

“Nuestro cuerpo de delegados de la UTA está borrado, incluso un delegado Oscar Paolina integra la comisión directiva nacional en 'ética gremial' y ni apareció. Por eso decidimos autoconvocarnos para reclamar".

¿Qué les dijeron en el Ministerio de Trabajo?

"El 19 de Mayo cuando nos movilizamos al Ministerio presentamos un petitorio y nos dijeron que íbamos a cobrar 32.000 pesos por mes del ATP desde la Anses, y tampoco lo depositaron, no hay ninguna respuesta".

¿Cómo se están organizando?

"Es la segunda movilización que hacemos en Barracas, hoy marchamos al Obelisco, nos autoconvocamos para protestar y si no nos pagan vamos a endurecer las medidas. Nos estamos uniendo a los chóferes de otras empresas de media y larga distancia que tampoco han cobrado, ni siquiera el ATP, como Urquiza, Chevallier, Tata, Vosa y otras líneas que nos acompañaron hoy con delegaciones. La UTA no informa nada, negocian nacionalmente por arriba, se manejan solo por teleconferencia, pero no se hacen presentes. Así que nosotros vamos a seguir protestando hasta que aparezca la plata".

Entrevistó: Javier Leonforte

Escribe Gastón Godoy

El pasado 29 de mayo se llevó adelante el tercer paro mundial de repartidores en medio de la pandemia. En la Argentina y varios países se desarrollaron acciones de visibilización de las pésimas condiciones de trabajo que sufren quienes desde el primer día fueron considerados “trabajadores esenciales”. Pero esta categoría no influyó en ningún aumento salarial ni en medidas de protección e higiene. Más bien lo contrario, incrementaron la exigencia y el control y se produjeron despidos. Ocurrieron también asesinatos laborales, como los de Emma, Miguel Ángel y Franco.

La acción en nuestro país tuvo epicentro en el Obelisco de Buenos Aires, desde donde se marchó hasta el Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni. La movilización se enmarca en un plan de lucha que vienen desarrollando con más fuerza desde que comenzó la cuarentena. El primer paro, también mundial, fue el 22 de abril, luego se realizó otro el 8 de mayo. La organización todavía es incipiente porque las empresas Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats están vinculadas al Estado y tienen el aval gubernamental para no dar ningún beneficio laboral (vacaciones, aguinaldo, salario mínimo) y despedir a quien proteste.

Los principales reclamos son: aumento de 100% de pago por envío (hoy es de 55 pesos), elementos de seguridad e higiene, que la ART esté a cargo de las empresas y la reincorporación de quienes fueron echados por haberse organizado. Uno de los pedidos más sentidos es también el que tiene que ver con los asesinatos laborales, que siguen impunes porque las empresas se desligan totalmente. Para eso cuentan con la complicidad del gobierno y de los sindicatos dirigidos por las burocracias de APP, Asimm y la ACRI.

Desde Izquierda Socialista somos parte en algunas provincias y alentamos la formación de un espacio combativo dentro de estos sectores, donde las discusiones se den de forma democrática y en asamblea, como la última que definió participar de la movilización que el Plenario del Sindicalismo Combativo convocó para el próximo 16 de junio. En esa perspectiva acompañamos todas las acciones que se realicen y le exigimos al gobierno de Fernández que se haga cargo de la situación de precarización total y miseria que atraviesan. El gobierno debe obligar a las empresas a que contraten en blanco a sus trabajadores, dándoles todos los beneficios laborales.

En estas semanas, justo cuando el frío empezó a pegar más fuerte, se empezaron a conocer datos de varios docentes que se contagiaron coronavirus, fundamentalmente en CABA y Buenos Aires. ¿Cómo es posible si las clases están suspendidas y los docentes estamos trabajando, de manera virtual, desde nuestras casas?

Escribe Guillermo Sánchez Porta

La principal razón es que el gobierno nacional, el de Larreta, el de Kicillof y los intendentes municipales no están garantizando el reparto de comida a los sectores populares más necesitados (¡que son millones!), casa por casa, a través de sus organismos de Desarrollo Social destinados a esa tarea. Al declararse la cuarentena y suspenderse las clases, también la necesidad de garantizar la alimentación de los alumnos y sus familias, que en muchos casos no pueden salir a “buscar el mango”, se multiplicó. Pero los gobiernos no multiplicaron proporcionalmente los fondos para Desarrollo Social destinados a cubrir esas necesidades. 

En vez de nombrar a miles de personas, hoy sin trabajo, para que, con todas las medidas de seguridad necesarias, hagan el reparto de comida e insumos casa por casa en los barrios populares, decidieron utilizar a los docentes y auxiliares para ese trabajo en las escuelas. Además, a la mayoría no le garantizan todos los elementos de protección para evitar el contagio. 

Como alertamos desde Docentes en Marcha e Izquierda Socialista, esa metodología pone en riesgo la salud de docentes y de millones de familias pobres que deben hacer largas colas y retirar sus bolsones en las escuelas.

Ahora hay muchos casos de docentes contagiadas justamente en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires (Soldati, Lugano) y Gran Buenos Aires (La Matanza, Lomas de Zamora). La mayoría son compañeras que fueron voluntariamente a colaborar a sus escuelas. Automáticamente, ellas, sus familias y las demás compañeras que estuvieron en la tarea deben pasar a cuarentena, esperando no ser, también, portadoras del Covid-19. Y las familias que estuvieron en contacto con ellas también están con esa incertidumbre.

Todo esto, insistimos, podría haberse evitado. Pero los gobiernos no sólo no quisieron invertir en lo necesario para evitar estos riesgos, sino que inventan fundamentos para sostener esa política irresponsable. Por un lado dicen que en las escuelas se pueden centralizar los datos de las familias más necesitadas. ¡Pero justamente en las escuelas tenemos esos datos, con dirección de todos, y el gobierno podría organizar la entrega en las casas! 

Por otro lado, desde el gobierno aprietan a docentes para que vayan con nuevos “protocolos” diciendo que sería obligatorio asistir para no ser sancionado, como parte del “vínculo pedagógico con la comunidad”. ¡Una vergüenza! 

En realidad, ningún docente va porque tenga miedo a una sanción. Van voluntariamente porque prima la solidaridad con las familias pobres de sus alumnos y, al ver que el gobierno no lo garantiza, están dispuestos a arriesgar su salud. 

Si bien hay miles de docentes voluntarias, el propio gobierno reconoce que cada día se le hace más difícil conseguir la cantidad necesaria, porque hay razonable miedo a los contagios. Por eso los gobiernos están pensando en hacer un solo reparto por mes, de mayor cantidad de productos, y otras variantes. 

Pero la única solución para garantizar la comida e insumos para millones de familias pobres, o sin ingresos actuales por la cuarentena, sin que se expongan al contagio, es que los gobiernos inviertan el dinero para nombrar el personal de Desarrollo Social necesario para repartir, con todos los elementos de seguridad protocolares, casa por casa y con toda la comida e insumos que cada familia precise. 

Para hacer esto hay que tomar la decisión política de hacer un fondo de emergencia. Desde Izquierda Socialista y Docentes en Marcha seguiremos exigiendo al gobierno que se haga cargo y garantice sus obligaciones sin arriesgar la salud de los docentes y de las familias.