El Socialista entrevistó a Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad sobre los cambios en la ley de movilidad jubilatoria.

–¿Qué opina del nuevo mecanismo de movilidad que el gobierno está proponiendo votar en el Congreso?

–Son tantos los porcentajes que pone el gobierno que a veces se vuelve confuso, pero la gente percibe claramente que los jubilados en la Argentina vienen mal desde hace muchos años y ahora están mucho peor. Los políticos no registran que es un problema gravísimo desde el punto de vista social. Entre 2018 y 2019, con una inflación de 50% y 53% respectivamente, los jubilados perdieron 20 puntos. El propio presidente Alberto Fernández dijo en la época que era candidato que no bien asumiera iba a recomponer estos 20 puntos vendiendo las Leliq*. Pero no lo hizo, los argentinos estamos pagando los intereses de las Leliq y a los jubilados encima se les suspendió la ley de movilidad y los tres reajustes fueron a la baja respecto de lo que correspondía por ley. Desde enero hasta ahora el gobierno se “ahorró” 70.000 millones de pesos de jubilaciones y pensiones; quiere decir que se les pagó 70.000 millones de pesos menos a los jubilados. Esa es la verdad.

–O sea que el problema no es solo la movilidad, sino el manejo discrecional que se hace con los jubilados.

–En mi opinión, la comisión que discute la movilidad está discutiendo el sexo de los ángeles, y yo se los dije personalmente cuando fui consultado. El problema central no es la movilidad sino recomponer el haber jubilatorio. En estos tres años se perdió 40% del poder adquisitivo, entonces cualquier fórmula va a mantener el statu quo de la miseria que hoy representan las jubilaciones y las pensiones. Hay cuatro millones que cobran 18.000 pesos, dos millones más que cobran una media de 26.000 pesos y 1,3 millones de discapacitados que cobran 13.000 pesos. En este contexto están discutiendo la movilidad cuando deberían pensar cómo hacer para cubrir la canasta familiar del jubilado. El reajuste que el gobierno piensa hacer por decreto en diciembre, antes de que empiece a regir el nuevo mecanismo de movilidad, va a ser de 6 puntos. Sobre 18.000 pesos son 1.000 pesos, o sea 33 pesos por día, menos que el precio de un alfajor. Esta es la tragedia. El reclamo correcto es llevar la jubilación mínima al costo de la canasta del jubilado. Nosotros hace once años la venimos calculando. Hoy en las grandes ciudades está en torno de los 49.000 pesos. Eso es lo que tendría que pagar el gobierno.

–Además, en un país como el nuestro no considerar la inflación como índice de reajuste es fatal.

–El valor de los haberes jubilatorios en el mundo se reajusta según la variación del salario del trabajador activo porque la jubilación es una continuidad de eso. En la Argentina tenemos una inflación altísima, que no es un fenómeno mundial, es un fenómeno de algunos países como Sudán, Venezuela, países que están mal, como nosotros. En la mayoría de los países la inflación es de 2% o 3%, a veces de cero por ciento. En caso de que haya inflación se aplica una cláusula gatillo como garantía y se completa ese 2% o 3% que puedan perder. Aquí, si aparte de no recomponer las pérdidas de los últimos años no consideramos la inflación, la pérdida va a ser enorme.

–¿El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no podría recomponer las pérdidas?

–La rueda de auxilio del sistema debería haber sido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que para eso fue creado, pero ninguna administración usó un solo peso de ese fondo para los jubilados, se usa para financiar deudas del Estado. Por eso lo que queda, que son unos 20.000 millones de dólares, ya deberían ponerse en el bolsillo del jubilado. Pero el gobierno no tiene ninguna intención de hacer eso. Si recordamos el día que apareció en pantalla el “porno diputado”, en ese momento, mientras todos hablaban de eso, se estaba tratando el manejo del fondo por parte de Hacienda, donde un banquero explicaba que para garantizar que no se liquidara el Fondo “se lo iban a llevar”, y esto pasó a la semana siguiente, lo ratificó el Senado, nadie se enteró, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, usó el fondo para bajar el dólar blue. Así gasta el gobierno el dinero de los jubilados.

*Letra de Liquidez del Banco Central. Es como un bono o un préstamo que toma el Banco Central (BCRA) con los bancos por una semana. Alberto Fernández, siendo precandidato presidencial por el Frente de Todos, aseguró a El Destape: “Vamos a dejar de pagar los intereses de Leliq que está pagando la Argentina todos los días”.

La propuesta del gobierno peronista

* La nueva ley de reajuste jubilatorio, tiene como objetivo reducir la masa de dinero que se pagan en jubilaciones, como parte del “ahorro fiscal” (léase ajuste) exigido por el FMI.

*No toma en cuenta la inflación y los aumentos serán semestrales, en marzo y septiembre.

*Los incrementos de las jubilaciones se calcularán por las variaciones de los salarios y la recaudación de la Anses de hasta nueve meses antes.

*De la suba de los salarios y la recaudación tributaria con destino a la Anses y la recaudación total de la Anses, incrementada 3%, se aplicará la que otorgue menos aumento.

*Si los salarios suben menos que la recaudación se reduce el aumento de las jubilaciones. Por el contrario, si los salarios suben más que la recaudación se chocará con el tope impuesto por esta. Los haberes siempre tendrán techo y estarán en su valor más bajo.

*La ley anterior del peronismo tomaba la variación del índice general de salarios establecido por el Indec y el Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social, de ambos el mejor. 

*La nueva fórmula solo toma el Ripte. Esta modificación no es menor, reduce los futuros aumentos jubilatorios porque elimina una cláusula que garantizaba el índice más favorable del componente salarial, que es responsable del 50% de la fórmula de movilidad. 

*La nueva fórmula tampoco establece una compensación por la pérdida de los haberes jubilatorios durante 2018 y 2019. Y tampoco durante 2020, que afectó a las jubilaciones medias y más altas.

La propuesta de Cambiemos

*Insiste con la fórmula macrista de 2017, 70% por inflación y 30% por Ripte.

*Durante los cuatro años de gobierno macrista, los jubilados perdieron 20% de su poder adquisitivo. El ahorro fiscal alcanzó los 100.000 millones de pesos en 2018.

*Fue parte en su momento de las recomendaciones del FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 Nuestra propuesta

*Aumento de emergencia. Elevar la jubilación mínima, hoy en 18.129 pesos, a 49.614 pesos, valor de la canasta del jubilado según la Defensoría de la Tercera Edad.

*Reimplantar el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.

*Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan, de acuerdo a la inflación mensual.

* 82% móvil del salario en actividad.

*Para financiar esta propuesta se deben suspender los pagos al FMI.

Escriben Ana Valverde, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) y Otto Giachero, Jubilados en Marcha Córdoba

Los jubilados agrupados en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) realizamos el martes 10 una reunión virtual donde charlamos sobre la nueva ley de movilidad previsional que exige el FMI y que el presidente Fernández acepta. Esta ley lo único que traerá para nosotros será una baja del haber jubilatorio ya que se toma la variación de los salarios en actividad y la recaudación de impuestos. Fernández durante este año fijó los aumentos de las jubilaciones a través de decretos. Nosotros decimos que no queremos decretos, que queremos una jubilación igual al valor de la canasta del jubilado, que es casi de 50.000 pesos.

Ya todos sabemos que día a día aumentan los alimentos, los remedios, los impuestos, etcétera. Es por esto que decimos que la ley de movilidad tiene que estar basada en la inflación y que debe ser actualizado el haber mes a mes, dado que en nuestro país tenemos una inflación altísima.

También charlamos que para luchar por nuestros derechos tenemos que organizarnos todos los jubilados y pensionados.

El miércoles 18, a las 15, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados llama a realizar un encuentro de agrupaciones de jubilados frente al Congreso. La Utjel asistirá para proponer un plan de lucha para enfrentar los planes de hambre y ajuste de Fernández y el FMI.

Los gobernadores también ajustan los salarios y las jubilaciones. Arcioni, en Chubut, va más lejos porque les está debiendo los sueldos y las jubilaciones desde hace más de dos meses y el aguinaldo de junio.

En Córdoba, el gobernador peronista Schiaretti, a través de las leyes 10.333 y 10.694, logró la armonización a la baja con las jubilaciones nacionales, del 82% sobre el mejor sueldo pasaron al 67% actualizado, del promedio de estos últimos diez años, nos cuentan nuestros compañeros de la agrupación Jubilados en Marcha de Córdoba.

La Utjel y Jubilados en Marcha de Córdoba decimos que tenemos que recuperar todos los derechos y conquistas, como el 82% móvil del mejor sueldo al momento de jubilarnos, jubilación mínima no menor a la canasta del jubilado, restitución de todos los aportes patronales y medicamentos sin cargo. No al vaciamiento de la Anses y de todas las cajas previsionales. No al pago de la deuda externa. Impuesto a las grandes multinacionales y las grandes fortunas y que estos fondos sean para salarios, jubilaciones, salud, educación, planes de vivienda y para combatir la pandemia del coronavirus.

Escribe Adolfo Santos

El fracaso de las políticas públicas para enfrentar la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández está demostrado. Al limitar su acción al aislamiento social preventivo, sin desplegar otras medidas necesarias, los contagios continuaron en aumento, lo mismo que el número de muertos. El gobierno hizo caso omiso a los planteos de los profesionales de la salud como lo indicaba, entre otros, la combativa Cicop, que exigía testeos masivos, el acompañamiento de los grupos de riesgo y de los sectores infectados y el incremento del presupuesto de salud para evitar el colapso. Es que todo lo que significa gastar dinero al servicio de la salud pública es rechazado por el gobierno, que está decidido a bajar el gasto público para no contrariar al FMI.

A la hora de gestionar la vacuna, el gobierno está dispuesto a hacer grandes negocios. En octubre, el Congreso aprobó un proyecto del Frente de Todos para proteger a los laboratorios internacionales. Una ley vergonzosa que prevé “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” a los laboratorios. Todo lo que esté errado con las vacunas contra el Covid-19 no será de responsabilidad de las multinacionales, sino del Estado, que deberá asumir el perjuicio. Y garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero.

Con esta legislación, ahora se anuncian una serie de negociaciones para la compra de vacunas cuya eficacia no ha sido debidamente comprobada. Existen decenas de vacunas que están siendo investigadas en todo el mundo. Muchas en fase preclínica, que se testean en animales. De las que se testean en humanos, sólo once están en fase 3, pero sin ser aprobadas aún para uso masivo de la población. En este nivel existe una competencia feroz entre los distintos laboratorios para apoderarse de un mercado que demandará miles de millones de dosis cuando sean aprobadas.

Por eso resulta extraño que, ante este panorama, el gobierno esté anunciando con cierta euforia la compra de diez millones de dosis de la Sputnik V, de procedencia rusa, que también está en fase 3 y solo ha sido autorizada por el gobierno ruso. ¿Cuánto se ha pagado por esa vacuna a los rusos? ¿Qué sucedió con el contrato firmado con el laboratorio AstraZeneca, del empresario ligado al gobierno Hugo Sigman, que iba a producir una vacuna con la Universidad de Oxford? ¿Qué vacuna se le va a ofrecer a la población argentina, la rusa o la inglesa? ¿Con qué garantías? Son muchas las preguntas sin respuestas. Mientras tanto, los rumores hacen variar los precios de cada dosis entre 4 y 20 dólares.

Las vacunas son patrimonio de la humanidad

En este momento hay una feroz disputa entre las distintas multinacionales para quedarse con el negocio de las vacunas. No se pueden aplicar los patrones habituales de los negocios internacionales. Como estamos ante un desastre humanitario las vacunas deben ser declaradas patrimonio de la humanidad. Las multinacionales ya han recibido cuantiosas sumas de dinero de gobiernos y de organismos internacionales como la GAVI (Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización) para desarrollar sus proyectos. Solamente del gobierno de Trump, en el mes de abril, han recibido 10.000 millones de dólares, a lo que debe agregarse millonarias sumas de subsidios que han puesto gobiernos e instituciones. Por eso la vacuna tiene que ser gratuita.

A pesar de las enormes ganancias de la industria farmacéutica, existen denuncias de que un subsidio de 1.5 mil millones de dólares que se distribuyó en gran medida a Pfizer y Glaxo para asegurar el abastecimiento de vacunas contra la neumonía para los países en desarrollo, el suministro no alcanzó para la vacunación masiva. 

Diferente de la vacuna contra la poliomielitis, descubierta por Jonas Salk, que rápidamente estuvo disponible en forma gratuita, hoy la mayoría de las vacunas salen al mercado patentadas. Le debemos exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández la liberación de la patente del Covid-19. Mientras tanto, se debe apoyar en el conocimiento de los especialistas nombrados por las facultades de Medicina y Farmacia de las universidades estatales, del Conicet y otros institutos de investigación estatales para ayudar a definir los criterios para adquirir las vacunas que sean necesarias. La salud pública no es una mercadería, es un bien social que el gobierno no puede negociar. Solo la estatización de los laboratorios para la producción nacional de vacunas puede acabar con este comercio infame.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia Buenos Aires (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Finalmente se conoció el proyecto de ley denominado “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto” que propone el gobierno y que venía siendo retrasado desde el 1° de marzo. El anuncio lo hace el mismo día en que se votó en la Cámara de Diputados el presupuesto 2021 al servicio de los planes de ajuste del FMI, y el aporte solidario que pagarán por única vez los empresarios más ricos del país y que nada tiene que ver con un verdadero impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT-Unidad. 

Más allá de la fecha elegida por el presidente, lo cierto es que el anuncio venía siendo muy esperado, sobre todo porque el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto estaba al borde de caer por octava vez. Pero ahora se tratarían ambas iniciativas en las sesiones extraordinarias y tenemos que imponer con la movilización callejera que el proyecto que finalmente “gane” y se apruebe sea el de la Campaña, el que construimos con las más de setecientas organizaciones feministas y que tiene el aval de la #mareaverde. 

Son dos proyectos distintos. Estamos con el de la Campaña

Si bien el proyecto de Alberto Fernández sostiene en su artículo 4° el acceso a la IVE hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional, sigue criminalizando a quienes luego de ese período aborten por fuera de las tres causales ya establecidas en el Código Penal. Primera e importante diferencia con el proyecto de la Campaña que justamente deja explícitamente aclarado que en ningún caso se castiga o penaliza a quienes decidan interrumpir un embarazo. 

Por otro lado, en el artículo 5° del proyecto del gobierno se establece un plazo de hasta diez (10) días corridos para que se realice el aborto desde su solicitud. En cambio, en el proyecto de la Campaña el plazo máximo establecido es de cinco (5) días corridos. Esta diferencia de días no es menor ya que nuestro planteo radica en los posibles condicionantes que podría tener una persona gestante para que no ejerza su derecho. 

En el artículo 10 del proyecto del gobierno se incorpora la objeción de conciencia individual que, sin dudas, es una concesión a las iglesias que buscan obstruir nuestro derecho a decidir. Pero además, en ese artículo (ni en ningún otro) no aclara si la institución de los objetores estará obligada o no a garantizar la práctica. Alertamos que esto puede ser muy grave a la hora de la reglamentación de la ley, tal como lo vimos en protocolo ILE de la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta acordó con los antiderechos para poner más restricciones en el acceso. 

Este acuerdo con las iglesias se refleja también en que, junto con su proyecto, el gobierno presentó el proyecto de ley de “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” conocida como el plan de los 1.000 días, en el que entre otras cosas se amplían la asignación universal por hijo/a (AUH) y la asignación por embarazo. ¿Pero qué tendrán que ver las asignaciones con una decisión autónoma y el derecho a decidir interrumpir un embarazo no deseado?

No es un presidente, es la #mareaverde que no abandonó las calles

Las organizaciones de mujeres del Frente de Todos festejan y aclaman la presentación del proyecto de ley de IVE del gobierno como si fuera un gran triunfo de él mismo y esgrimen argumentos como que “Alberto nos da el aborto”, pero eso sería ningunear la lucha que dimos durante décadas y que seguimos dando las mujeres y todas las personas con posibilidad de gestar para conquistar este y cada uno de los derechos que nos faltan. Nadie puede dudar de ese potencial que tenemos cuando salimos a las calles, porque fue así como ganamos el debate y la despenalización social hace dos años. Ese es el camino que hoy tenemos que seguir y profundizar porque solo con la movilización ganaremos nuestras demandas. Desde Isadora te invitamos a que participes con nosotras este miércoles del pañuelazo frente al Congreso y que te sumes a todas las actividades que hay en el país para exigir el aborto legal, seguro y gratuito ya. Seamos miles, hagamos historia y que esta vez sí #QueSeaLey.