Nuestra posición ante las elecciones presidenciales en los Estados Unidos

Por Socialist Core-Núcleo Socialista (UIT-CI)

Las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos tendrán lugar en un momento crucial de la historia. El sistema económico capitalista se enfrenta actualmente a una de sus peores crisis. La crisis ecológica de nuestro planeta ha ido de mal en peor, ya que el capitalismo resulta incompatible con la sostenibilidad social o ambiental. La pandemia Covid-19 está teniendo un impacto masivo en los pobres y los millones de marginados que tienen un acceso limitado a la atención de la salud, están perdiendo sus empleos y están expuestos a los mayores riesgos. La crisis de la salud lleva años gestándose y, como resultado de la respuesta tan deficiente del gobierno a la pandemia, más de 8,7 millones de personas se han infectado y 225.000 han muerto en los Estados Unidos.

La elección de Donald Trump en 2016 fue un punto de inflexión en la política estadounidense, ya que reflejó un proceso de creciente polarización. Envalentonó a la derecha y a los fascistas, pero no impidió el contraataque de la clase trabajadora y las comunidades negra, latina e inmigrante. El movimiento Black Lives Matter y millones de personas respondieron al brutal asesinato de George Floyd con el mayor movimiento de masas desde la década de 1960. Un amplio movimiento desafió el racismo y la brutalidad policial a pesar de la represión, exigiendo que se desfinanciara a la policía y cárcel para los policías asesinos.

Tanto el movimiento Black Lives Matter, como el feminista, señalan el camino a seguir. También muestran la necesidad de construir una organización política que encarne esas luchas, así como las de la clase trabajadora, que a pesar de los obstáculos que interpone la burocracia sindical ha participado en cientos de huelgas este año, muchas de ellas en solidaridad con el BLM. La rebelión antirracista debilitó la apuesta de Trump por la reelección.

Una reelección de Trump seguiría siendo una amenaza para los trabajadores de este país, envalentonando a los supremacistas blancos y a la extrema derecha, dando continuidad a los ataques contra los derechos democráticos. La mayoría de la gente en los Estados Unidos quiere poner fin a la presidencia de Trump, que ha sido especialmente beneficiosa para las multinacionales. Al igual que esa mayoría, reconocemos que el presidente Trump se ha apoyado en el racismo para sembrar divisiones en la sociedad y marginar aún más a los afroamericanos y a los inmigrantes. Trump y sus aliados ultraconservadores también han impulsado políticas antiaborto, lo que supone un revés para los derechos reproductivos de las mujeres. Nosotros también queremos derrotar a Trump y su derechismo populista. Pero creemos que sustituir a un político reaccionario recalcitrante por un político como Joe Biden no es la solución. Como socialistas revolucionarios somos transparentes y advertimos a la gente que Joe Biden no permitirá avances significativos contra la explotación capitalista, el racismo y todas las formas de opresión, ya que representa al Partido Demócrata, el otro partido capitalista. De hecho, los demócratas han fracasado a la hora de ejercer una oposición coherente a la presidencia de Trump. La verdadera oposición ha venido de las masas movilizadas en las calles y ahí es donde una alternativa política real está en forma embrionaria.

Como Trump ha prometido no ceder si pierde las elecciones, llamamos a los trabajadores que exijan a sus sindicatos planes de huelga si hay algún intento de fraude por parte del gobierno y que todos los activistas se preparen para salir a las calles. Algunos sindicatos, por ejemplo en Seattle, se están pronunciando en este sentido, e incluso están considerando la posibilidad de una huelga general, lo cual es muy positivo, pero es su responsabilidad ir más allá de las palabras y organizarse. En los Estados Unidos, los dos partidos del capitalismo, el republicano y el demócrata respectivamente, siguen sirviendo a los intereses de los ricos y en el mundo practican políticas imperialistas. Tal como están las cosas, para la clase trabajadora las elecciones presidenciales de los Estados Unidos no ofrecen ninguna alternativa política para atender sus necesidades cotidianas. Por ejemplo, desde el comienzo de la pandemia, los activistas de la vivienda en todo el país han exigido la cancelación del alquiler. Pero la demanda de cancelar el alquiler para las personas que perdieron sus trabajos e ingresos durante la pandemia ha enfrentado la resistencia, tanto del presidente Trump como de los demócratas. Si hay una moratoria de desalojo vigente es por la presión desde abajo.

El sistema electoral de los Estados Unidos está diseñado para evitar que las fuerzas políticas emergentes que representan los intereses de la clase trabajadora logren representación en el Congreso y en el Senado, ya que no hay representación proporcional y se impone una hegemonía bipartidista. La elección presidencial de segundo grado, a través del colegio electoral, viola el principio de “una persona, un voto”. Además, hay prácticas de supresión de votantes utilizadas por los republicanos dirigidas específicamente contra los afroamericanos, nativos americanos y otras comunidades oprimidas. Necesitamos luchar para poner fin a estas características antidemocráticas del sistema electoral de los Estados Unidos.

Vivimos en un país rico que tiene suficientes recursos para proporcionar servicios básicos como la vivienda y la atención sanitaria gratuita y universal para todos, así como el acceso a la educación pública gratuita en todos los niveles. Para lograr un verdadero cambio económico y social, que ponga las necesidades de la clase trabajadora, la juventud, los sectores populares y marginados por encima de las ganancias y para acabar con el racismo y la represión, es necesario luchar por un gobierno de la clase trabajadora. En esa perspectiva debemos situar todas nuestras actuales luchas democráticas y sociales, destacando la necesidad de organizar y luchar en las calles, más allá del ámbito electoral, y organizarnos en una nueva alternativa política, un nuevo partido o movimiento de izquierda independiente que represente verdaderamente los intereses de la clase trabajadora, la juventud y el movimiento antirracista. Un paso importante en esa dirección sería un frente unido de la izquierda socialista. La unidad en la acción y la realización de los debates necesarios ayudarían a construir esa alternativa política para las millones de personas que se han movilizado este año y lo seguirán haciendo en el futuro contra la austeridad, la pérdida de puestos de trabajo, por el derecho a la salud, contra el racismo y en defensa de los derechos democráticos. Entendemos y respetamos que millones de votantes usarán la boleta de Biden-Harris a regañadientes como un voto contra Trump. Por nuestra parte, no votaremos por Trump ni por Biden, llamamos a un voto crítico para cualquiera de los candidatos presidenciales de la izquierda independiente. También apoyamos el voto para los candidatos de la izquierda independiente a nivel local.

Más allá de quién gane las elecciones, la lucha continuará.

Socialist Core-Núcleo Socialista (UIT-CI)

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional

www.uit-ci.org

Nueva York,

28 de octubre de 2020

Declaración de Uníos, sección peruana de la UIT-CI

El partido Frente Amplio (FA), como fenómeno progresivo que surgió al calor de las luchas ambientalistas y la defensa de los territorios, poniendo su inscripción electoral al servicio de las y los luchadores y los pueblos, no existe más, se ha convertido en un sello vacío y de brutal e irreversible adaptación al régimen democrático burgués.

Como Uníos participamos, desde las bases, primero en la construcción del Frente Amplio y luego como invitados del partido FAJVL, pero siempre conservando una política independiente de clase para empalmar con miles de luchadores y luchadoras con el objetivo de construir el partido de los trabajadores. Esta es una aclaración necesaria porque no somos parte de esa pelea fratricida entre caudillos que se viene desarrollando al interior del FA, sin un programa político y económico de fondo para salir de la crisis y cada vez más alejado de las bases y las luchas en curso. 

En ese sentido, en el pronunciamiento de saludo a ambos congresos del FA que enviamos a fines de septiembre, llamamos a poner por delante la discusión de un programa de fondo para salir de la crisis, para unir las luchas y a los luchadores contra la criminal reactivación económica del gobierno y la Confiep, pero lamentablemente nuestro llamado a la unidad no fue escuchado por las fracciones en pugna. Pusieron por delante la disputa por el aparato burocrático en el marco de una angurria electoral que llevó a un sector a buscar alianzas con la izquierda reformista y al otro sector a imponer métodos de suspensiones y expulsiones. No somos parte de eso, rechazamos tanto el giro oportunista como el método burocrático de purgas, ambas variantes de la apolillada política estalinista.  

La presentación de la plancha presidencial y sus listas al Congreso, por su composición y su construcción sin un debate programático y sin una perspectiva de independencia de clase, demuestra la cristalización burocrática y desviaciones políticas que liquidaron al FA. Han privilegiado las candidaturas al servicio de la interna fratricida que no representan al pueblo en lucha. Solo es un paso más hacia la descomposición, por lo que desde Uníos no participaremos en el presente proceso electoral, apostando a la construcción de un nuevo proyecto político.

Desde Uníos llamamos a los miles de luchadores y luchadoras que se ven defraudados ante el fracaso del FA a seguir organizados, a evitar la desmoralización y construir juntos una nueva alternativa política del pueblo trabajador con un programa político consecuentemente anticapitalista. Reafirmando nuestra identidad y trayectoria política, pongamos en marcha de manera unitaria, consecuente y democrática el reagrupamiento de quienes nos negamos a ser comparsa de un régimen que nos explota, oprime y nos hunde en la miseria y destruye nuestro medio ambiente de la mano del saqueo capitalista de nuestros recursos naturales.

Es en esa perspectiva que ponemos a disposición nuestra inscripción electoral en trámite  “Partido de los Trabajadores Uníos” y nuestra ubicación en el Congreso, junto al compañero Enrique Fernández Chacón, para que de manera colectiva y unitaria, sin sectarismos ni oportunismos, construyamos un nuevo partido político de los trabajadores, para la lucha frontal contra todos los gobiernos capitalistas y los grandes empresarios y para la acción cotidiana junto al pueblo trabajador y no solo para las elecciones. Que con democracia obrera albergue de forma consecuente las luchas del pueblo trabajador, el movimiento obrero, los trabajadores informales, las comunidades originarias, los pequeños campesinos, las luchas de las mujeres y la juventud en el camino de la pelea por un gobierno de los trabajadores sin empresarios ni burócratas que nos permita poner a disposición todos los recursos del país con una planificación democrática de la economía para resolver las necesidades del pueblo trabajador y no de las ganancias de los grandes empresarios. ¡Manos a la obra, no hay tiempo que perder!

Lima, 2 de noviembre de 2020

La sorpresa de la semana fue la larga carta de Cristina Fernández, aparecida con la excusa del décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Todos los medios de comunicación, los analistas, e incluso los políticos de la oposición patronal, han salido a interpretar el significado y las causas de su salida. Algunos debaten si hay que creerle o no a Cristina. Muchos compañeros de trabajo, de estudio, familiares o vecinos, simpatizantes o con expectativas en el peronismo kirchnerista, por su parte, también se preguntan sobre el real significado de la carta. Por eso queremos aportar al debate nuestro análisis y una opinión.

¿Por qué sale esta carta? Porque es evidente que existe una grave crisis económica y social y un fuerte desgaste del gobierno que Cristina encabeza junto a Alberto Fernández. La vicepresidenta intenta responder a las críticas y el desencanto creciente en su propia base social. Porque millones de trabajadores votaron al Frente de Todos para terminar con el ajuste y la crisis generada por el gobierno de Macri.

Al plantear “la herencia del macrismo”, usa un argumento que cae bien entre los sectores populares, ya que evidentemente el de Cambiemos fue un gobierno de los Ceos y ajustador. Cuando Cristina suma a “los funcionarios que no funcionan” trata de salvar la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández en conjunto y la de ella misma y del sector peronista kirchnerista.

Cristina avanza también en una  explicación del porqué de la crisis. Dice que el problema más grave que tiene el país es que posee una “economía bimonetaria”, refiriéndose a que es la causa de la especulación permanente con el dólar.

A nuestro juicio, esto es equivocado. No compartimos la visión de que el problema es la “economía bimonetaria”. 

El problema de la especulación, la inestabilidad y la suba del dólar no es más que un reflejo de la estructura económica de nuestro país, dependiente de su relación con el FMI, subordinada a los infinitos pagos de deuda externa, a los privilegios otorgados a las multinacionales, a los acuerdos al estilo Chevron, en Vaca Muerta, a los enormes beneficios para el agronegocio, la megaminería y los bancos. Estructura económica que no fue modificada durante los doce años anteriores de gobiernos kirchneristas. Situaciones que se profundizaron en el gobierno de Macri y que hoy son mantenidas por Alberto Fernández sin que se haga absolutamente nada para modificar esta realidad. Ni siquiera se concretó el tantas veces prometido impuesto a la riqueza, que sigue sin llegar al debate en la Cámara de Diputados, mientras que ya se está terminando el año. Estos son los motivos reales de la caída constante del nivel de vida de la clase trabajadora y del crecimiento de la pobreza y la marginación social. Agravada, sin duda, por la propia crisis global que vive el capitalismo imperialista a escala mundial.

Tampoco es salida la que propone Cristina, “un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales”. Precisemos, está llamando a un gran pacto social con los empresarios (grandes y pequeños), con el conjunto de los políticos patronales (principalmente con Juntos por el Cambio), con los grupos monopólicos de los medios de comunicación y con la burocracia sindical. ¿Para qué? Para acordar el control del dólar realizando una devaluación pactada.

Esto significa agravar el ajuste. Porque cada devaluación es más ganancias para los de arriba y reducción de salarios e inflación para la canasta familiar. O sea, intentar resolver la crisis del gobierno y, a la vez, seguir pagando la deuda y cumpliendo con el FMI. Para esto, justamente, es que se necesita una fuerte devaluación y un mayor ajuste al pueblo trabajador. Lo que Cristina está proponiendo, en concreto, es que ese ajuste no quede exclusivamente bajo responsabilidad del gobierno, sino que sea “compartido” con empresarios, burócratas sindicales y la oposición patronal en su conjunto.

Tampoco la salida que propone Cristina Fernández sirve para resolver las dos pandemias, sin duda “agobiantes” para el pueblo trabajador, la sanitaria y la social. No se va a salir con un pacto con el agronegocio, las multinacionales, la burocracia sindical y los políticos patronales de Juntos por el Cambio.

Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que es necesario otro plan económico, obrero y popular, con medidas de emergencia. No hay solución si no empezamos por dejar de pagar la deuda externa y rompemos los lazos políticos y económicos que nos unen al FMI. Terminar con la especulación, con la perversión de una economía “bimonetaria”, solo es posible si nacionalizamos la banca y el comercio exterior. Estas son las medidas básicas para salir de esta crisis, para tener los recursos necesarios y poder aplicarlos a resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, vivienda y educación.

Imponer este programa alternativo no se logrará confiando en el gobierno del Frente de Todos, sino luchando por enfrentar el ajuste. Y, a la vez, fortaleciendo una alternativa política de los trabajadores, como la que venimos postulando desde el Frente de Izquierda Unidad. 

Izquierda Socialista pone todas sus fuerzas para desarrollar esta alternativa. Te invitamos a sumarte a la tarea.

Escribe José Castillo

Otra vez la noticia vuelve a ser la cotización del dólar. Casi todos los días nos enteramos de un nuevo récord, tanto en el valor del blue (el que venden los “arbolitos” en la calle, o en las cuevas), como en el más sofisticado “contado con liqui” (CCL), usado por los especuladores financieros para comprar y fugar “legalmente”. El pueblo trabajador, cuya inmensa mayoría no tiene la posibilidad de ahorrar un solo dólar, ve todo esto por sus consecuencias en las góndolas, aumenta todo y ya empiezan a faltar productos esenciales como la harina, el aceite o el arroz, que luego “reaparecen” con aumentos siderales. Los salarios y las jubilaciones, ya golpeadísimos, se enfrentan en estas semanas a una nueva pulverización de su poder adquisitivo.

El gobierno en su laberinto

Alberto Fernández durante todos estos meses ajustó a los trabajadores y privilegió a los empresarios y acreedores de la deuda. Lo hizo, a pesar de que sus discursos sostenían lo opuesto. Les pagó 4.500 millones de dólares en efectivo a los usureros acreedores mientras renegociaba la deuda, que se terminó firmando con un arreglo totalmente a favor de estos pulpos. Otorgó innumerables beneficios y privilegios a las patronales, con exenciones impositivas y, sobre todo, con el pago de una parte sustancial de los salarios a través del programa ATP. La excusa era que, de esta forma, se evitarían despidos, que igual se terminaron produciendo. 

El discurso del gobierno del Frente de Todos sostenía que “una vez cerrado el acuerdo con los bonistas privados” vendrían las medidas para reactivar la economía. Nada de eso sucedió. Al contrario, ya hay un proyecto de presupuesto, acordado con el FMI, que plantea un “ajustazo” para el año próximo.

Pero eso no fue lo peor. El establishment financiero, los monopolios agroexportadores, las transnacionales del gas y el petróleo, las empresas privatizadas, todos, se han lanzado a una carrera para tratar de obtener nuevos privilegios de parte del gobierno. Que se los da, como hizo la semana pasada con las gasíferas y petroleras. O cuando se adelanta el “descongelamiento” de las tarifas el año próximo. Pero la peor exigencia apunta a una mayor devaluación. El gobierno la está realizando, pero a una velocidad menor de la que pide el establishment. Esa es la pulseada de estas semanas, con un gobierno que ensaya distintas medidas para tratar de evitar que la suba del dólar vaya “demasiado rápido”. Otorga más beneficios a distintos sectores empresarios: baja de retenciones (favorable a agroexportadores y mineras), suba de tasas de interés (para los bancos), liberalización para que los especuladores extranjeros puedan entrar a jugar en el “contado con liqui” y ahora un festival de bonos atados a la evolución del dólar (que significa más endeudamiento) y hasta una subasta de 750 millones de dólares que se les “regalarán” a los fondos Pimco y Templeton, dos de los grandes acreedores de la Argentina.

Sin embargo, hasta ahora no ha logrado garantizar que los pulpos especuladores no sigan haciendo subir el dólar. Por eso el rumor de que el presidente Fernández le habría puesto un plazo de quince días al ministro Guzmán. Mientras tanto apuesta, con este ministro o con otro, a un acuerdo rápido con el FMI, que arribará al país en noviembre para una nueva reunión. Anticipamos, cualquier plan acordado con este organismo va a significar un mayor ajuste contra el pueblo trabajador, como lo muestran todos los firmados en el pasado inmediato, incluyendo el cerrado con Ecuador hace apenas quince días.

¿Cuál es la salida?

Políticos patronales de la oposición dicen que el problema es que no hay un “plan económico” y exigen que se explicite un mayor ajuste bendecido por el FMI. El gobierno de Alberto Fernández dice que sí existe un plan económico y que se encuentra en el proyecto de presupuesto 2021, al mismo tiempo que avanza en el acuerdo con el Fondo. Unos y otros avalaron el pacto con los pulpos acreedores privados, el nuevo ajuste que se viene con el FMI y la continuidad de los pagos de la deuda externa. Con el “plan actual”, o con uno “nuevo”, con estos funcionarios a cargo del Ministerio de Economía y del Banco Central o con otros, todos los políticos patronales, sus economistas y el establishment económico acuerdan en priorizar los pagos a los acreedores, al FMI y los privilegios crecientes a las empresas y los especuladores financieros.

Nuestro planteo es exactamente el opuesto. Es necesario otro plan económico que dé vuelta las prioridades. Que defina que lo primero es resolver, ya mismo, las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, vivienda, salud y educación.

Yendo a lo concreto, implementar un aumento salarial de emergencia para todos, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, estimado por los trabajadores de ATE-Indec en 73.470 pesos. La inmediata reapertura de todas las paritarias sin techo alguno. Aumentar las jubilaciones para que recuperen todo lo perdido e implementar el 82% móvil. Establecer un IFE mensual de 40.000 pesos para todo el que lo necesite. Y poner todos los recursos necesarios para la infraestructura sanitaria destinados a enfrentar la pandemia, incluyendo la incorporación de más trabajadores de la salud y aumentos de salarios de emergencia.

¿De dónde sacar los recursos para hacer todo esto? De la inmediata suspensión de los pagos de deuda externa, incluyendo la ruptura de todos los acuerdos políticos y económicos con el FMI, y de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, tal como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad. A esto tenemos que sumarle la única medida efectiva para terminar con la especulación de los pulpos financieros y de los monopolios agroexportadores, la fuga de divisas y la suba del dólar: nacionalizar la banca y el comercio exterior.

Estas son las propuestas básicas de un plan económico obrero y popular, que desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad oponemos al de la continuidad y profundización del ajuste, bendecido por el FMI, que solo nos seguirá hundiendo en más crisis, miseria y desempleo.

Escribe José Castillo

Allá lejos y hace tiempo es el título de un clásico libro autobiográfico de Guillermo Enrique Hudson. La metáfora literaria vale para tratar de recordar cuándo fue que el gobierno de Alberto Fernández, en los primeros días de la cuarentena, anunció que se implementaría un impuesto a las grandes fortunas. El anuncio surgió como respuesta a la flagrante violación por parte del Grupo Techint del decreto de necesidad y urgencia que había sido dictado en esos días y que prohibía suspensiones y despidos. El conglomerado de Paolo Rocca, haciendo caso omiso de esa disposición, despidió a 1.500 trabajadores.

¿Cómo siguió la historia? El Ministerio de Trabajo terminó avalando esos despidos. Y el “castigo”, vía un impuesto extraordinario a la riqueza, se fue deshilachando con el correr de los meses.

Repasemos. Al principio se dijo que no se iba a implementar de inmediato porque había que “compatibilizar” varios proyectos elaborados por legisladores del Frente de Todos en uno solo.

Luego, la excusa fue que todavía no se habían acordado los mecanismos de funcionamiento virtuales del Congreso y que, por tratarse de un impuesto, no se podía sacar por decreto de necesidad y urgencia.

A posteriori, y con el Congreso ya funcionando, el proyecto no ingresó. Incluso, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio votaron en contra de que se debatiera el único proyecto presentado, elaborado por el Frente de Izquierda Unidad.

Siguieron pasando los meses. Finalmente, vio la luz el tantas veces demorado proyecto oficialista. Se trata de un impuesto mínimo que ni llegaba a hacerle cosquillas a las grandes riquezas de nuestro país. No incluye empresas, solo personas. Y, a la vez, exceptúa a los que tienen domicilio en el exterior. Las alícuotas son exiguas, lo que haría que la recaudación proyectada fuera bajísima. Encima, contiene un montón de excepciones que invitan a la evasión. Y, por si todo eso fuera poco, el destino de lo recaudado no iba a ir con exclusividad a las urgencias sanitarias y sociales generadas por la pandemia, sino que una parte importante volvía a las grandes empresas bajo distintas formas de subsidios.

Pero la historia tampoco termina ahí. Aún ese exiguo proyecto sigue durmiendo en los cajones. Ahora se inventó una nueva excusa, se lo iba a tratar con el presupuesto 2021. Esta semana se fijó la fecha de la reunión en la Cámara de Diputados. Por supuesto, el proyecto de impuesto a la riqueza no figura en el temario.

Se trata del sumun del doble discurso. Desde el Frente de Izquierda Unidad lo dijimos desde el primer día, era y es urgente un impuesto de verdad a las grandes riquezas, que incluya fortunas, personas y ganancias de las más importantes patronales, con alícuotas fuertes que permitan recaudar 15.000 millones de dólares para destinar a la atención de las más urgentes necesidades sanitarias y sociales generadas por el coronavirus. Lo presentamos en el Congreso en abril, seguimos exigiendo su tratamiento.