*Foto de portada: Las y los vecinos se organizaron por sus propios medios

El país volvió a conmocionarse por una nueva catástrofe climática que dejó a miles de familias trabajadoras sin nada. Una vez más, fue la solidaridad del pueblo la que permitió empezar a dar respuesta frente a la emergencia social. Transcribimos el relato de  Sergio “Bonu” Bonuccelli, dirigente de Izquierda Socialista y del FITU en Zárate y Campana, quien alertó y denunció desde hace tiempo los riesgos que podían derivar en una tragedia como esta.

El viernes al mediodía fui a buscar a mi nieta a la escuela y de pronto se largó a llover con todo. Enseguida, las principales calles ya estaban inundadas. Tuvimos que dar muchas vueltas por donde todavía se podía circular, lentamente, para poder llegar a casa. En el barrio, el agua entraba en las casas que no están elevadas. En la nuestra, y en la de algunos vecinos que las tenemos un poco más altas, por suerte no se arruinó nada. Igual, la lluvia fue tan fuerte que entraba agua por los techos.

La lluvia no paraba y no podíamos salir. Empezamos a ver por los medios de comunicación lo que había pasado en toda la provincia: Avellaneda, Quilmes, Berisso, La Plata, La Matanza, Moreno. Barrios enteros inundados. En Zárate y Campana, centenares de casas están completamente tapadas. Autos, heladeras, camas, todo arrastrado por el agua. Gente subida a los techos. Fue terrible.

Recién el sábado a la tarde pudimos empezar a salir. Nos organizamos entre vecinos para ver cómo estaban todos, qué necesitaban. En mi barrio y en los que no se habían inundado tanto, empezamos a juntar cosas para ayudar, cocinar, y ver cómo llegar a los barrios más afectados. Ahí vimos que en todos lados las y los trabajadores hacían lo mismo: iban a las sociedades de fomento, a organizaciones sociales, a iglesias o a casas de vecinos, y desde ahí se repartía ropa, comida, lo que hubiera. La gente pedía que la rescataran. Aparecieron botes improvisados que ayudaban a sacar a los vecinos y a las pocas cosas que se podían salvar.

También vimos que el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin (hombre de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich), y el de Campana, Sebastián Abella (del PRO y amigo de ex ministro de Economía, Sergio Massa), no aparecían por ningún lado, aunque sí los veíamos en los noticieros. Publicaban comunicados y habilitaron apenas dos o tres centros para recibir donaciones. Hoy debía llegar un tren solidario desde Retiro, con ayuda reunida por vecinos de Buenos Aires. Pero, por la inundación en parte de las vías, no pudo llegar. Lo indignante es que los vecinos ya se habían organizado para recibir las donaciones directamente, porque se enteraron de que primero iban a pasar por el municipio, y temían que no las repartieran. ¡La gente no confía en los intendentes!

Ahora el agua bajó, pero hay decenas de barrios que siguen inundados. Esto no se termina: es una verdadera catástrofe. Los intendentes y el gobernador Axel Kicillof dicen que con 400 milímetros en un día no se podía hacer nada. Javier Milei, que ya aprendió del repudio en Bahía Blanca, no apareció. Festejaba las elecciones en CABA como si nada. Ni una palabra para las miles de familias que perdieron todo. Las únicas que ese día nos mencionaron fueron las candidatas del FITU.

Hace dos meses, con mucha menos lluvia, ya se habían inundado varios barrios de Zárate. Ahora fueron muchos más. Desde que asumieron, los intendentes no hicieron ni una sola obra. Tampoco la provincia. Ni hablar del presidente Milei, que frenó lo poco que había en marcha.

En cambio, sí se construyen barrios privados, levantados sobre antiguas cuencas hídricas que desembocaban en el Paraná. Así, el agua de lluvia, en vez de drenar hacia los brazos del río, queda estancada. Y la que cae sobre los countries también se desborda, agravando las inundaciones en las barriadas populares. Basta con mirar la televisión: al lado de casas bajo el agua, hay countries completamente secos. ¡Y muchos ni siquiera tienen habilitación municipal!

Lo más vergonzoso es que un brazo del Paraná, el arroyo de La Cruz (principal desagüe de la cuenca hídrica) fue directamente taponado por Paolo Rocca, el dueño de Siderca (Grupo Techint). Construyó un lecho de 1.200 metros de largo, 14 de profundidad y 80 de ancho, y rellenó todo el terreno para extender su planta. ¡Por eso ahora, con 400 milímetros de lluvia, se inundó todo!

Tenemos que continuar con la solidaridad, como lo están haciendo tantas organizaciones y compañeras y compañeros de Izquierda Socialista, que colaboran desinteresadamente. Porque esta catástrofe no desaparecerá sola con la bajada del agua. Los intendentes, Kicillof y Milei seguirán mirando para otro lado.

Es fundamental organizar a los vecinos para exigir a los gobiernos que entreguen toda la ayuda necesaria, que se reconstruyan las casas y se recupere lo que el agua se llevó. ¡Hay mucha gente que literalmente perdió todo! Además, deben realizarse las obras necesarias: eliminar los muros de los barrios privados que bloquean el desagüe natural y levantar el terreno que Rocca instaló sobre el río.

Hay que reconocer que el cambio climático existe y que este tipo de eventos serán cada vez más frecuentes. Si no se llevan a cabo las obras correspondientes, tendremos más muertos, víctimas y damnificados. La plata que se le entrega al FMI debe usarse para obras públicas, para atender las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

*foto de portada: Las y los migrantes son un sector perseguido por la nueva ultraderecha mundial

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció un decreto para modificar el régimen migratorio siguiendo los pasos del ultraderechista Donald Trump. Una reforma que busca utilizar de chivo expiatorio a las y los migrantes frente a la crisis, además de alentar el odio y el racismo.

El nuevo decreto del facho de Javier Milei busca endurecer el régimen migratorio e instaurar un mecanismo represivo que facilite la expulsión de migrantes y restrinja las residencias, en particular de quienes provienen de países limítrofes. Al igual que Donald Trump, que desde que asumió en enero impulsa un paquete de leyes para expulsar migrantes y alimentar el odio racial, el gobierno intenta seguir el libreto de la extrema derecha mundial, para señalar a los migrantes como responsables de los problemas sociales. Milei quiere instalar la idea de que las y los migrantes son una amenaza y los presenta como “criminales” extranjeros, vinculándolos con el narcotráfico, la inseguridad y el “aprovechamiento” de recursos públicos como la educación y la salud. No debemos olvidar que, como consecuencia de ese odio racial, el año pasado la Gendarmería de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich asesinó en Salta a Fernando Gómez, trabajador bagayero, acusado injustamente de “narco”.

Los falsos mitos de un relato racista

La medida del gobierno es un claro ataque xenófobo, basado en falsos mitos sobre los migrantes de países limítrofes. Manuel Adorni afirmó, sin aportar fuentes, que en los últimos veinte años ingresaron a Argentina 1.7 millones de migrantes ilegales. Sin embargo, según el Censo de 2022, la población migrante en el país representa el 4,2% (es decir, 2 millones de personas), cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años debido a la crisis económica.

Milei y Adorni impulsan una campaña de odio que criminaliza a todo migrante. Sin embargo, la supuesta “alta criminalidad” de los migrantes es un mito que no se sostiene con los datos oficiales. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2022, los migrantes representan apenas el 6% de la población carcelaria. La mayoría no tiene condena firme y están detenidos por delitos vinculados a las drogas, ya que, debido a su vulnerabilidad, muchas veces son usados como mulas o eslabones débiles, mientras que los verdaderos narcotraficantes permanecen impunes.

El vocero, entonces, anunció el pago de los servicios de salud para migrantes, afirmando que “durante 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos”, cifra que resulta completamente exagerada. Datos de la provincia de Buenos Aires indican que la población migrante representa apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones. En Córdoba, menos del 1,2% de los pacientes son extranjeros.

El año pasado, el gobierno ya había anunciado su intento de arancelar las universidades para residentes migrantes. Las históricas marchas en defensa de la educación pública repudiaron esta medida. Si falta presupuesto para la educación, no es por la presencia de migrantes (que representan apenas el 4,5% del total de estudiantes), sino porque este gobierno quiere terminar con todos nuestros derechos conquistados, junto con la salud y la educación pública.

Migrar no es delito

El gobierno pretende usar esta medida para alimentar la xenofobia, desviando la bronca del pueblo trabajador frente al ajuste y la crisis hacia las y los migrantes, y así dividir a la clase trabajadora por nacionalidades.

Como ocurre en muchos países, muchas personas se ven obligadas a emigrar por causas económicas y terminan siendo mano de obra barata. En Argentina, la mayoría de la población migrante proviene de países hermanos como Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela y Brasil.
En muchos casos, son quienes ocupan los puestos más precarizados: la construcción, los talleres textiles clandestinos o el empleo doméstico. Es decir, el sistema capitalista se aprovecha de su condición de migrantes para someterlos a la informalidad y la superexplotación.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos cualquier cambio reaccionario en el régimen migrante, cuando este gobierno, con su motosierra y el acuerdo con el FMI, profundiza el saqueo y la dependencia, llevando a millones a la pobreza, decimos bien claro: migrar no es delito, es un derecho.

Escribe Adolfo Santos

El gobierno ultraderechista de Javier Milei propone el fin del régimen indemnizatorio por despidos laborales. Si se implementa, la medida representará un grave retroceso sobre un derecho conquistado tras largas luchas. Sin ningún debate previo ni acuerdos legales con ningún sindicato, el gobierno acelera sus pasos rumbo a una reforma laboral. Como parte de ese avance, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la resolución 1.066/25, mediante la cual dispone los mecanismos para avanzar en la conformación de “instrumentos financieros” destinados a la creación de “fondos de cese laboral” para casos de despidos.

Esta decisión pretende encuadrarse en el artículo 96 de la Ley Bases, aprobada en 2024, y reemplazar el modelo de indemnizaciones establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, que, entre otras cosas, exige el pago de un salario mensual por cada año trabajado al empleado despedido sin causa. La propuesta del gobierno es que la indemnización sea conformada por un depósito mensual en un “fondo de cese laboral”, cuyo valor final dependerá de los altibajos del mercado. El fondo, controlado por la CNV pero sin respaldo estatal ni garantía de que alcance para cubrir un despido, será un instrumento más de la timba financiera.

En nuestro país existe un régimen similar al que propone el gobierno: el de la construcción, donde rige un esquema diferenciado debido a que se trata de trabajos transitorios, vinculados a la duración de una obra. No se puede generalizar un régimen excepcional y discutible como si fuese la norma, en general, las relaciones laborales tienden a tener un carácter permanente. Varios gobiernos intentaron modificar este sistema con el argumento de generar más puestos de trabajo. Ya lo vivimos en la década del ‘90, con una fuerte flexibilización laboral que, lejos de aumentar el empleo (como prometía el gobierno peronista de Carlos Menem), llevó la desocupación por encima del 20%. Más adelante, el macrismo buscó implementar una reforma similar, pero las luchas lo impidieron.

Rechazamos de plano esta medida, embutida en una Ley Bases cuyo capítulo laboral se encuentra legalmente cuestionado. Sin ningún debate, quieren legitimar una decisión para profundizar la precarización laboral. El “fondo de cese laboral” elimina la negociación y el conflicto: los despidos pasarán a ser apenas un trámite de transferencia del “capital acumulado” cuando la patronal decida despedir. Es imprescindible llevar este debate a cada lugar de trabajo y organizar, desde cada sindicato, la resistencia a esta medida perversa. Exigimos a las conducciones sindicales (fundamentalmente a la CGT y las CTA) un pronunciamiento claro de rechazo a esta ofensiva contra las y los trabajadores, al servicio del sistema financiero.

Escribe José Castillo

Anunciada con bombos y platillos en los últimos días de la campaña electoral en CABA y luego frenada por obstáculos legales, Javier Milei vuelve a la carga con la idea de permitir el uso de dólares en las compras cotidianas. Lo presenta como una “panacea” para la economía argentina, pero hay que preguntarse con claridad: ¿quién gana y quién pierde con esta medida?

Para la inmensísima mayoría del pueblo trabajador, la autorización para comprar bienes en dólares tiene la misma relación con su vida cotidiana que la venta de un ticket para ir al espacio. ¿De qué se habla en las fábricas, oficinas, escuelas o barrios populares? De que la plata no alcanza ni siquiera para comprar lo básico en el almacén del barrio. De que miles “peregrinan” por los supermercados haciendo malabares para cazar ofertas y descuentos: hoy con la tarjeta de débito de tal banco, mañana con la de crédito de otro, pasado con Mercado Pago. Que todos están endeudados, pagando en cuotas hasta la comida. Que quienes tienen trabajo terminan su horario y pasan a trabajar otras tantas horas para Uber o Cabify. Que los pibes “bicicletean” desesperadamente con cajas en la espalda, rezando no lastimarse o que no les roben la bicicleta. Las y los jubilados terminan decidiendo trágicamente en la farmacia qué remedios llevan y cuáles no, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Nadie, entre todas estas realidades, tiene un solo dólar para usar en alguna transacción.

Claramente, es una medida que no beneficia al pueblo trabajador. Pero, ¡cuidado!, sí lo perjudica. Porque el gobierno quiere instalar que cada vez más bienes estén valuados en dólares. Se aprovecha ahora que el dólar está artificialmente quieto. Pero cualquiera sabe que esto no es para siempre: más temprano que tarde volverá a subir. ¿Qué va a pasar entonces con un pueblo trabajador enfrentando precios dolarizados, mientras salarios y jubilaciones siguen en pesos que cada vez valen menos? La respuesta es clara: más hambre, miseria y marginación social.

La clase media empobrecida

Las y los trabajadores de la vieja clase media (docentes, profesionales de la salud, trabajadoras y trabajadores del Estado, cuentapropistas) ya hace tiempo que ven cómo se achican (y en muchos casos directamente desaparecen) sus ingresos. Mes a mes, son miles los que van cayendo por debajo de la línea de pobreza. Es verdad que hay un sector que tiene ahorrado un puñadito de dólares para una emergencia. Se trata de su último seguro ante un problema de salud, un electrodoméstico que se rompe o cualquier otro imprevisto. Hace meses que miles están gastando esos ahorros para pagar gastos fijos que no se alcanzan a cubrir con salarios, jubilaciones u otros ingresos. ¿Qué quiere el gobierno? Que esos sectores “escupan” hasta el último dólar, que pasen a vivir de eso. ¿Qué va a pasar en el cortísimo plazo, cuando esos “canutos” de dólares se agoten? La caída directa en la pobreza.

Los auténticos beneficiados

Por supuesto, habrá “ganadores” con esta medida: los de siempre, es decir, los ricos, los millonarios que fugaron en pala sus dólares hacia el exterior, los empresarios que no pagaron impuestos y, por supuesto, los narcos, quienes manejan plata proveniente de la trata, la explotación sexual y cualquier otra actividad delictiva.

Se trata de un nuevo blanqueo, con condiciones aún más favorables que el que se hizo el año pasado. Será un gigantesco festival para los lavadores, que procederán a transformar su dinero sucio en inmuebles, casinos, acciones o autos de alta gama. Resulta tan escandaloso que el gobierno no pudo evitar advertir que estará violando las más elementales reglas internacionales contra el lavado de dinero, ya sea del GAFI, la OCDE o cualquier otro organismo. Por eso tuvo que demorar la puesta en marcha de las medidas, buscándole la vuelta para superar estas trabas. Mientras tanto, Milei sigue elogiando a los evasores y a los delincuentes: “Supieron cómo escaparse de la garra del Estado”, afirmó desvergonzadamente.  

Nada bueno saldrá de todo esto para el pueblo trabajador. La salida no es esta “dolarización” trucha, sino un auténtico aumento de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. A las patronales y a los ricos, por contrapartida, hay que exigirles todo lo que han fugado y cobrarles fuertes impuestos. Porque la crisis, una vez más, no la deben pagar las y los trabajadores, sino quienes la provocaron y se benefician con ella.

Escribe María Meza, Izquierda Socialista/FIT Unidad de Tierra del Fuego

Tierra del Fuego arde, literalmente. Los tachos encendidos en los portones de las fábricas, rodeados de obreras y obreros de paro, son la mejor demostración del rechazo que desató la medida económica del gobierno ultraderechista de Javier Milei, que amenaza terminar con miles de puestos de trabajo.

El vocero presidencial y legislador electo, Manuel Adorni, y luego el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron que el gobierno eliminará los aranceles de importación a productos electrónicos, así como los impuestos a los fabricados en la provincia. Presentan la medida como una forma de reducir el precio de los celulares, pero su efecto real (y perverso) será la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Las y los trabajadores organizados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) iniciaron de inmediato una gran movilización y un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas. El viernes 16 se realizó un acto frente a la empresa BGH, al que se sumaron jubilados, docentes, trabajadores textiles, estatales, entre otros. Las banderas y pancartas escritas a mano repetían la demanda: Defensa de las fuentes de trabajo. También de la soberanía. Fuera el FMI. Este miércoles 21 se llevará a cabo un paro y movilización provincial en rechazo a la medida, convocado por la CGT provincial.

De la promoción al servicio de los grandes empresarios al extractivismo y la entrega de soberanía

La Ley 19.640 de 1972 estableció un régimen de promoción industrial para favorecer la radicación de población, ante el peligro de posibles conflictos de soberanía con Chile y sobre las islas del Atlántico Sur y la Antártida. En 50 años, la población aumentó quince veces, según distintas fuentes. De este régimen se beneficiaron principalmente los grandes empresarios. Nicolás Caputo, de Mirgor, y Rubén Cherñajovsky, de Newsan, concentran el 87% de la producción de la isla y son los grandes favorecidos. Se trata de multimillonarios ligados al poder político por lazos familiares (los Caputo) o por sus aportes a campañas electorales de partidos patronales. Estos megaempresarios no están muy preocupados: diversifican sus inversiones hacia otros sectores o se convierten en importadores de las mismas mercancías que hoy producen. El costo lo pagan las y los trabajadores despedidos, tal como ocurrió en el sector textil, cuando se aplicaron medidas similares.

El plan del gobierno de Javier Milei consiste en un nuevo modelo económico centrado en el extractivismo de gas y petróleo, el turismo de alta gama y la entrega a potencias extranjeras de bases militares funcionales para el control del Atlántico Sur, como demostró la reciente visita del jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey. Para ello, pueden prescindir de la permanencia de la población en la isla, en su mayoría dependiente de las fábricas que serían destruidas.

La lucha de las y los trabajadores fueguinos forma parte de la pelea nacional contra una política económica de ajuste al servicio de los grandes empresarios y del FMI. Nuestra oposición a la quita de aranceles para la importación de productos no implica un apoyo al régimen de promoción industrial vigente, que ha beneficiado a los empresarios sin generar un desarrollo económico autónomo y sustentable para la provincia. Nos posicionamos contra esta medida porque significará nuevos despidos.

Para defender nuestros puestos de trabajo, necesitamos un régimen de promoción industrial que esté al servicio y bajo el control de las y los trabajadores, para terminar con los abusos de las patronales y los gobiernos de turno.

Defendamos los puestos de trabajo y rechacemos la represión

Proponemos la realización de un gran encuentro provincial de todos los gremios, sectores sociales y políticos, para rodear de solidaridad esta lucha y derrotar el plan.

Necesitamos apoyar el paro de la UOM y exigir una medida de lucha de ese gremio a nivel nacional. Además, reforzar el paro provincial con un plan que le dé continuidad para frenar cualquier despido. Reforzar el paro provincial con un plan de lucha que le dé continuidad para frenar cualquier despido. Que la CGT y las CTA se pronuncien en apoyo a esta lucha con un paro nacional, exigiendo la anulación de la medida que pone en riesgo los puestos de trabajo y denunciando la represión que preparan la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el Presidente.

La defensa de los puestos de trabajo enfrenta hoy la amenaza del gobierno nacional, que creó un Comando Unificado entre la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura para aplicar el protocolo antipiquetes y desalojar a las y los trabajadores de las puertas de las plantas.
¡Más que nunca, necesitamos extender nuestra lucha con una campaña nacional de solidaridad!

“Pollo” Sobrero viaja a Tierra del Fuego

“Vamos a apoyar a los trabajadores en huelga”

Rubén “Pollo” Sobrero (secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, dirigente nacional de la corriente sindical A Luchar y de Izquierda Socialista), viajará este martes a Tierra del Fuego para apoyar a las y los trabajadores de la UOM y al paro general del 21 de mayo.

“Vamos a acompañar la lucha de los metalúrgicos de Tierra del Fuego contra las políticas arancelarias nefastas del gobierno nacional, que hacen peligrar miles de puestos de trabajo. La UOM está de paro por tiempo indeterminado y, este miércoles, habrá un paro total en la isla. Un ejemplo de cómo se enfrenta la motosierra de Milei y el FMI”, sostuvo Sobrero.

“La CGT, en vez de darle continuidad al paro general del 10 de abril, sigue enfrascada en la interna electoralista del PJ. Le exigimos que convoque a un nuevo paro de 36 horas y a un plan de lucha nacional para frenar las políticas antiobreras del gobierno, por un aumento salarial y jubilatorio de emergencia y para frenar los despidos”, finalizó el dirigente.

Rubén "Pollo" Sobrero en La Nación desde Tierra del Fuego, donde llevó la solidaridad de las y los ferroviarios, la corriente sindical A Luchar e Izquierda Socialista/FIT Unidad a las y los trabajadores metalúrgicos.

El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, otro de los líderes gremiales presentes en el acto en Río Grande, declaró: “No venimos al acto, venimos a ponernos a disposición para que este conflicto se nacionalice y llegue a cada rincón del país. Es una falta de respeto decir que esta provincia es un parque de diversiones. Pero esto no es un circo, estos son trabajadores que quieren trabajar y vivir dignamente de su sueldo”.

Nota completa https://izq.ar/1v0