Escribe Ana Valverde, dirigenta de Utjel

La situación actual de las y los jubilados es dramática. Desde que asumió, el gobierno ultraderechista de Javier Milei ataca sistemáticamente a nuestro sector. No sólo redujo el poder adquisitivo de nuestros haberes a niveles de miseria, sino que nos ha recortado la lista de medicamentos a los que teníamos acceso con descuentos e instrumenta mecanismos para retirarnos la cobertura del 100% de los mismos.

Estas políticas atentan contra la calidad de vida de un sector social especialmente vulnerable. Como expresó nuestra diputada nacional Mónica Schlottahuer, Izquierda Socialista/FIT Unidad: “Las medidas del gobierno representan un gerontocidio, no sólo porque lo que pagan no alcanza para comer, sino porque le quieren sacar los medicamentos”. Tiene razón, la crueldad del gobierno no tiene límites. Mientras ajusta a las y los jubilados hasta un nivel insoportable, otorga inmensos beneficios a los grandes empresarios y paga puntualmente los intereses de una deuda fraudulenta al FMI. Sólo Mercado Libre, del empresario amigo de Javier Milei, Marcos Galperín, recibió en un año más de 100 millones de dólares en subsidios impositivos del Estado argentino.

Los cambios exigidos por PAMI para acceder a los medicamentos gratuitos o con descuentos tienen como objetivo generar trabas y dificultades para reducir gastos. Muchos no podrán cumplir con los requisitos exigidos y perderán el subsidio y los descuentos, generando un grave problema de salud pública. Un sector peligra quedarse, temporaria o definitivamente, sin sus medicamentos para enfermedades crónicas. Pero a Milei le importa “un carajo”. Él gobierna para los dueños de los laboratorios. Hasta octubre de este año, los medicamentos que utilizan habitualmente los adultos mayores, suman en promedio una inflación acumulada del 206,7%, superando a la ya elevada inflación de ese mismo período que fue de 195,0% (Fuente CEPA).

Palos a las y los jubilados, beneficios a los laboratorios

Repudiamos las políticas de este gobierno ultraderechista que para avanzar en su plan de ajuste reprime violentamente a las y los jubilados que nos manifestamos. La aplicación, sin contemplaciones, del antidemocrático protocolo de la ministra Patricia Bullrich ha dejado decenas de compañeras y compañeros mayores heridos de consideración. Mientras tanto, garantiza las súper ganancias a los dueños de laboratorios, facilita el blanqueo de capitales a quienes fugaron divisas y evadieron impuestos y paga una deuda externa fraudulenta. Además recorta la entrega de remedios a quienes más lo necesitan. Sólo podrán acceder a los medicamentos quienes se vuelvan a empadronar y ganen menos de 388.500 pesos.

En respuesta a ese ataque, la bancada de diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, además de apoyar y participar de nuestros actos, presentó un proyecto de Ley de Emergencia para garantizar el acceso gratuito a los medicamentos, sueros, vacunas, prótesis y demás insumos médicos para nuestras y nuestros jubilados. Exige que la entrega sea efectuada con la sola prescripción médica.

Pero el avance de Milei contra las y los jubilados y la retirada de derechos no hubiera sido posible sin la complicidad de la dirigencia sindical y los partidos patronales que actúan en el Congreso. Es vergonzoso el papel que viene cumpliendo la burocracia de la CGT, pactando con el gobierno para que no les toquen las cajas de las obras sociales, mientras abandona a su propia suerte a las y los jubilados. Desde Unión de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel), en el AMBA y Jubilados en Marcha de Córdoba, junto a las demás agrupaciones de jubiladas y jubilados, como lo hemos hecho durante todo el 2024, seguiremos luchando, organizando nuestras rondas, manifestaciones y protestas frente al PAMI, a la Casa Rosada o al propio Congreso de la Nación. Seguimos exigiendo a los dirigentes de la CGT un verdadero plan de lucha y un paro general que incorpore al programa un aumento jubilatorio inmediato y la entrega de medicamentos gratuitos.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El primer año del gobierno ultraderechista de Javier Milei significó un tremendo golpe a la atención de la salud del pueblo trabajador. Desde una suba desmesurada de los precios de los medicamentos, el desborde de las cuotas de las prepagas, hasta la saturación de los turnos médicos de sanatorios privados y hospitales públicos se unieron a la reducción a la mitad el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Las y los jubilados, para quienes los remedios son artículos esenciales, fueron particularmente perjudicados. Vieron aumentados dos veces el precio: una, por la inflación y la otra por la quita de los descuentos. Por esa razón, comenzaron sus protestas semanales. También castigó a las personas con discapacidad: el gobierno nacional acaba de hacerle recortes en el transporte a las escuelas y actividades terapéuticas como también la cobertura de maestros integradores. Por eso hubo una marcha de personas afectadas, sus familias y sus prestadores a la Quinta de Olivos.

El otro gran sector atacado por el gobierno ultraderechista es el de las y los trabajadores de salud que han visto pulverizados sus ingresos (como el resto de la clase trabajadora) y han debido defender sus puestos de trabajo. Con luchas y algunos logros importantes. Las más resonantes fueron en el Garrahan, Bonaparte, Residentes, por el reconocimiento de enfermería CABA y otras.

Milei y los gobernadores preparan nuevos ataques contra la salud del pueblo trabajador

El presupuesto nacional para salud propuesto por Milei para 2025 (a valores corregidos por inflación) es 18,2% menor que el de este año. Los recortes son leoninos: el programa de acceso a medicamentos gratuitos se reduce un 14% comparado con el 2023. La asignación al Hospital Bonaparte se recorta en un 29,6% y al Instituto Nacional del Cáncer se le quita el 47,5% de su presupuesto, comparados ambos con 2023 y corregidos por inflación. Se calcula que la quita (consentida por gobernadores e intendentes) que el gobierno de Milei ha hecho a provincias y municipios es de 5.000 millones de dólares, lo que obviamente repercute primero en los fondos para salud (La Política Online, 7/10/2024).
Sin abandonar la estrategia de privatización de la salud y la precarización de los trabajadores del sector, el ministro de Salud Mario Lugones quiere en lo inmediato traspasar a las provincias los hospitales que la Nación mantiene o hace aportes, claro que sin los fondos correspondientes. Si no lo logra, pretende establecer la “participación público-privada” (PPP) en esos establecimientos, especialmente el Hospital Posadas (La Nación, 20/11/2024). Un sistema que da fáciles ganancias a las empresas concesionarias y grandes pérdidas al Estado sin mejorar la atención de las y los pacientes y perjudicando a las y los trabajadores porque, como en cualquier negocio, lo que se busca es la ganancia. Así se lo ha estudiado en España y el Reino Unido donde se publicó una investigación en la prestigiosa revista médica Lancet (Gaceta Sanitaria de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, vol. 38, enero 2024).

Por un sistema de salud gratuito y de excelencia con salarios dignos para sus trabajadores

La salud es un derecho que debe llegar a todo el pueblo trabajador. No es una mercancía que se obtiene de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno. El Estado debe garantizarla y financiarla. La política de este gobierno de ultraderecha es negar presupuesto, pagar salarios de hambre a las y los trabajadores del sistema de salud, convertir a la salud en un negocio, perdonar los impuestos a los empresarios que fugan capitales y pagar puntualmente la deuda externa a los banqueros internacionales. La movilización de trabajadores de salud  debe ampliarse para derrotar esta política de destrucción de la salud pública e imponer un sistema nacional único de salud, de propiedad estatal, gratuito, controlado por sus trabajadores y las organizaciones barriales, y financiado por impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe Guido Poletti

Un nuevo escándalo de los políticos patronales: al senador Edgardo Kueider “lo agarraron” con 200 mil dólares no declarados en su auto, mientras intentaba cruzar la frontera entre Brasil y Paraguay, junto con su secretaria. Hasta aquí, una mancha más al tigre de la corrupción, como los bolsos de José López, la obra pública de Santa Cruz (hechos que le corresponden a Cristina Fernández), el escándalo de los seguros (de Alberto Fernández), Ángelo Calcaterra o el Correo (de Mauricio Macri) y un larguísimo etcétera que nos podría llevar a Alfredo Yabrán y la corrupción menemista, o el tráfico de armas que se pretendió ocultar con la voladura de Río Tercero.

¿Qué tiene de particular el caso Kueider? Que todos juegan a la mancha venenosa. Nadie se quiere hacer cargo, pero ni peronistas ni ultraderechistas de La Libertad Avanza (LLA) pueden esconder su responsabilidad.

Kueider entró al Senado en las listas del peronismo entrerriano (el mismo que tiene preso al ex gobernador Sergio Urribarri), nunca fue “trigo limpio”. Ya cuando dirigía la campaña peronista fue acusado de diversos negociados inmobiliarios en su provincia.

Sucede que este año, Kueider fue uno de los peronistas que saltaron la cerca y se pasaron a votar con el oficialismo. Más aún, su voto fue decisivo en el Senado para que, durante el tratamiento de la Ley Bases, se empatara y que la ley saliera gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Como nada es gratis, Kueider recibió de premio un nombramiento en el directorio de la Comisión Técnica Mixta de la represa de Salto Grande. Ya a principios de 2024, sus coqueteos con Milei lo habían puesto presidiendo la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Tenía además la promesa de que presidiría la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (la encargada de controlar a la Side), aunque luego eso no se hizo efectivo por la crisis que se desató con Martín Lousteau. Además, se rumorea que Santiago Caputo le habría ofrecido, como premio consuelo, la embajada en Uruguay.

Ahora nadie se hace cargo. Cristina dice que Kueider es hombre de LLA. Milei se lo endilga al kirchnerismo. Los dos tienen algo de razón. El escándalo los embarra a ambos.

Peronistas y mileístas vienen de estar sospechados de connivencia para que no saliera el proyecto de Ficha Limpia. Por abajo, siguen las negociaciones entre ambos, mientras apoyan la candidatura del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. El PRO, que viene de poner en grito en el cielo por todo esto (en realidad porque los están dejando afuera de las negociaciones) también tuvo su escándalo particular, centrado en el descubrimiento de los negocios no declarados de la esposa de Cristian Ritondo, su jefe de bancada en Diputados.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, siempre hemos denunciado todos los casos de corrupción, tanto de los políticos patronales como empresarios involucrados, coimeros y coimeadores, de todos los gobiernos. Todo esto es parte de la podredumbre de la política patronal. Exigimos que todos los corruptos vayan presos, al igual que sus cómplices y que devuelvan inmediatamente lo robado.

Escribe Fernanda Giribone

Carlos Sadir utiliza la justicia del ex gobernador Gerardo Morales para perseguir y ajustar como Javier Milei. La reciente elevación a juicio de la causa contra diecinueve luchadores populares va en consonancia con la política represiva del gobierno ultraderechista, quien ya ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión.

El ex gobernador Gerardo Morales (UCR), quien pretendía prohibir definitivamente la protesta social, llevó adelante en sus ocho años de mandato una persecución feroz a opositores políticos, echando mano a diversos “mecanismos legales” como el Código de Contravención o el uso y abuso del Ministerio Público de la Acusación.

Las causas armadas del 2022, la persecución de quienes resistieron la reforma constitucional en el 2023, y el hostigamiento a todo aquel que lo “molestara”, hasta llegar al escándalo de los “presos por tuitear” de este año, demuestran el uso maniqueo de una Justicia de Jujuy adicta al poder.
Ahora con Carlos Sadir a cargo del ejecutivo provincial y en el marco de la escalada represiva del gobierno de Milei (con el Ministerio de Seguridad y sus protocolos anti protesta) y la criminalización a las organizaciones sociales, el Poder Judicial de Jujuy avanza tranquilo en su política de criminalización y judicialización. Buscan aleccionar manifestantes elevando a juicio esta causa, que como todas las causas de la provincia, no cuenta con pruebas y se encuentra plagada de irregularidades. Las detenciones parecen estar exclusivamente relacionadas con la necesidad de impartir una política de miedo y la avidez de dinero. Se reitera también el inédito suceso de juzgar un mismo hecho por dos vías diferentes, la contravencional y la penal. Por este motivo, a quienes se manifiestan indefectiblemente se les aplican cuantiosas multas.

Las 20 detenciones (y las 19 judicializaciones) derivan de la brutal represión armada del 20 de junio del 2023, cuando se aprobó la nueva Constitución que Morales pactó a espaldas del pueblo, en acuerdo con el peronismo local.

Esta reforma constitucional es represiva y ajustadora, restringe el derecho a la protesta y facilita la explotación de bienes comunes sin consulta a los pueblos originarios, cercena derechos de trabajadoras y trabajadores, mujeres y diversidades y fue aprobada en una Convencional Constituyente, irregular, que la resolvió de manera express, aún a pesar del masivo rechazo popular en las calles.

La protesta social, con marchas y cortes de ruta, se multiplicaron por toda la provincia en un movimiento que reclamaba: “arriba los derechos y abajo la reforma”. Largas jornadas de protesta que luego se conocieron como el jujeñazo.

Por esos días, en camionetas sin patentes de empresas contratistas del gobierno provincial, policías sin uniformes secuestraron personas que participaron (o no) de estas manifestaciones. Por otra parte, los trabajos de inteligencia y el hostigamiento continuaron por semanas o meses en muchos casos. Todos estos hechos aberrantes, que fueron denunciados por diversos organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, nos rememoran los sucesos de las  “Noches del apagón”, el raid represivo perpetrado por la última dictadura cívico-militar en Libertador, donde desaparecieron 31 compañeros, secuestrados en camionetas del Ingenio Ledesma.

Hoy, por esta lucha están procesados cientos de personas, entre quienes se encuentra nuestro compañero docente Ivan Blacutt (ver "¿Quién es Iván Blacutt?").

Desde Izquierda Socialista rechazamos este intento de criminalizar la protesta social y exigimos que cese la persecución a quienes fueron parte del jujeñazo. Denunciamos que lo que en realidad existe es un verdadero avasallamiento de las libertades democráticas, mientras las violaciones a los derechos humanos de la policía de Morales siguen en la impunidad.

Por ello te invitamos a que te sumes a la campaña por el desprocesamiento de los 19 luchadores de Jujuy y decimos:
¡Protestar no es delito!
¡Sobreseimiento ya de todos los imputados!
¡Que se investigue y juzgue a Morales y los responsables de la brutal represión del 2023!

Escribe Fernanda Giribone

Iván Blacutt es padre de familia, docente universitario, militante de su gremio (Adiunju), de Conadu Histórica y dirigente de Izquierda Socialista. Fue, como tantas compañeras y compañeros de Jujuy, víctima de la represión y persecución que el ex gobernador Gerardo Morales llevó adelante con el objetivo de sostener su reforma constitucional represiva y ajustadora.

Tras la represión del 20 de junio (cuando se aprobó entre gallos y medianoche la nueva Constitución) de entre los miles y miles de manifestantes, veinte personas fueron acusadas y el 13 de julio de 2023, nueve de ellas fueron detenidas. Aunque se pedían 40 días de prisión preventiva, cuatro días después fueron puestos en libertad. La liberación de Iván y de todos los compañeros de esa causa, sorteando la preventiva fue un triunfo de la movilización popular y de la enorme campaña nacional e internacional que en ese momento se realizó en contra de la criminalización de la protesta.
Iván cosechó así una parte de lo que su larga militancia social y política en la provincia le permitió cultivar. Recogió la solidaridad desde pueblos originarios (a cuyo lado estuvo en horas difíciles), de sus innumerables alumnos de las colonias, del apoyo escolar de comedores, y de sus estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes no dudaron en reclamar “libertad a nuestro profe”.

Se sumó también al pedido de familiares, compañeros y alumnos las declaraciones de repudio de decenas de sindicatos a lo largo del país. También múltiples personalidades de la lucha por los Derechos Humanos se sumaron al pedido de Izquierda Socialista y la UIT-CI.
Sostenemos que la movilización que llevó adelante el pueblo jujeño respondió a una verdadera rebelión popular que, amparada en la unidad entre distintos sectores (trabajadores, gremios combativos, estudiantes, partidos políticos de izquierda y sobre todo las comunidades originarias),  plantearon el “No a la reforma” y emprendieron un plan de lucha contra el ajustador y represor gobierno de Morales.

Denunciamos una vez más que, en el marco de estas protestas, hubo violentas represiones con heridos, secuestros, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. En este contexto es que nuestro compañero se encuentra procesado también por la Justicia Penal y ha recibido una multa millonaria por ejercer su legítimo derecho a la protesta.