Escribe José Castillo

El gobierno ultraderechista de Milei avanza en su nuevo acuerdo con el FMI. Como todos los anteriores, implicará más ajuste y sufrimiento para el pueblo. Lo vergonzoso es que La Libertad Avanza logró aprobar el DNU que lo autoriza a negociar con el Fondo con el apoyo de opositores patronales de todos los colores. Sólo el FIT Unidad tuvo una clara postura contra los buitres de la deuda.

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el DNU del presidente Javier Milei que lo autorizaba para llevar adelante el nuevo acuerdo con el FMI. Lo hizo gracias al vergonzoso apoyo obtenido de la llamada “oposición dialoguista”. Esto incluyó al PRO, radicales (los “con peluca” y la mayoría de los “sin peluca”), incluyendo casi la mitad del bloque de Facundo Manes, peronistas, la bancada de Miguel Ángel Pichetto, miembros de partidos provinciales, la Coalición Cívica de Lilita Carrió. Algunos votando a favor, otros “ausentándose”, todos terminaron aportando a que Milei obtenga su cheque en blanco para entregar al país de pies y manos al Fondo. Así el Gobierno logró cosechar los 129 votos a favor con que obtuvo su victoria. 39 fueron de La Libertad Avanza (LLA) y 36 del PRO. Suman 75 votos. Lejos, lejísimo de ganar.

Esto expresa algo muy claro: el profundo acuerdo de todos los partidos patronales con seguir sosteniendo el acuerdo con el FMI y los pagos de la deuda. Una mención especial para el peronismo, que posa de opositor, pero resulta que sus diputados de Catamarca, Tucumán, Misiones y Salta votan a favor del acuerdo con el Fondo. Cristina se quejó de ellos en su discurso posterior del día sábado, pero siempre hay que recordar que tanto ahora como en los acuerdos anteriores, criticó lo firmado proponiendo alternativamente, “otro que se pudiera cumplir”. Es que, como la propia actual presidenta del PJ confesó alguna vez: “somos pagadores seriales”.

¿Qué se puede esperar de los acuerdos con el Fondo Monetario?

Si se concreta, este acuerdo será el número 29. Desde 1956, cuando se firmó el primero, hasta el último, del año 2022, durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, todos sin excepción significaron feroces ajustes contra el pueblo trabajador y saqueo de nuestras riquezas. Es que esto es lo que exige, por definición,  el FMI, con recortes de partidas sociales y requerimientos de reformas estructurales como flexibilización laboral o jubilatoria. Además de comprometerse a ser sometido periódicamente a “auditorías”, donde el Fondo inspecciona si se están cumpliendo o no sus exigencias, en una virtual entrega de nuestras decisiones de política económica.

El nuevo acuerdo con el FMI, como todos los anteriores, vendrá con las exigencias de siempre, mayor ajuste, flexibilización laboral y previsional. A lo que se sumará el requerimiento de que, más temprano que tarde, la Argentina proceda a devaluar su moneda frente al dólar, lo que disparará la inflación y pulverizará más aún los salarios y las jubilaciones.

La única alternativa fue la propuesta por el FIT Unidad

Sólo la bancada del Frente de Izquierda Unidad se opuso completamente y sin fisuras. Más aún, por iniciativa de la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer, se presentó un proyecto integral que no sólo se oponía al DNU, sino que también proponía la suspensión inmediata de todo pago de deuda externa y su desconocimiento por ilegal, inmoral y usuraria, así como la ruptura todo acuerdo con el FMI, incluyendo las supuestas “obligaciones” generadas por los acuerdos firmados por Mauricio Macri en 2018 y Alberto en 2022. Este es requisito básico para, con ese dinero, poder llevar adelante un programa alternativo, de emergencia, obrero y popular, que priorice resolver las más urgentes necesidades de salario y jubilaciones dignas, trabajo genuino para todos, educación, salud y vivienda.

Reproducimos parte del discurso de la diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad en el Congreso Nacional.

“El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -usted ya sabe- desde el bloque del Frente de Izquierda lo rechazamos al cien por ciento. Y no solo lo rechazamos, sino que también presentamos un proyecto que está en las antípodas de este acuerdo y de estas políticas de Virreinato [...]
Rechazamos que se firme un cheque en blanco, un DNU para gente de este gobierno con denuncias por utilizar sus puestos en beneficio de la banca privada, empleados de la Banca Morgan, del Deutsche Bank, como el señor Luis Caputo, el presidente del Banco Central, o el señor Pablo Quirno, todos los que estuvieron ayer dándonos informes de que querían pedir un préstamo -que no se sabía de cuánto era- y también pagarlo -y no se sabía ni cómo lo iban a pagar ni cuántos intereses ni nada-.

Este parlamento ha sistemáticamente avalado esta deuda externa, que es una estafa. A pocos días del 24 de Marzo hay que decir que fue la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz, la que permitió bajo los fusiles que el empresariado se endeude; el empresariado nacional al que le estamos pagando esa deuda que es privada, deuda de los Macri, de los Anchorena, de los Roca, de los Bunge Born. Es la deuda de toda la gran oligarquía argentina y también de las multinacionales que tenían sucursales y le pedían plata a los bancos; y que fue Cavallo el que la estatizó.

Después vinieron los radicales, peronistas y todos los que estaban -incluidos los liberales-, quienes reconocieron esa deuda ilegal. Y fue este Congreso y los partidos presentes quienes votaron sistemáticamente que pagáramos, avalando que sea el pueblo trabajador el perjudicado, perdiendo las leyes de educación, de salud; perdiendo soberanía sobre nuestros puertos, mares y tierras, y nuevamente, también bajo el gobierno de Alberto Fernández, el último gobierno peronista, se avaló que pagáramos el curro de Caputo y los que hoy nos piden un cheque en blanco para negociar.

La deuda no es un problema del Estado nacional, es un problema de los capitalistas privados que los políticos patronales que representan sus bolsillos nos hacen pagar a nosotros. Por eso estamos en contra, no solo por una cuestión de forma, sino de fondo. La deuda es ilegal, es ilegítima, una deuda odiosa porque ningún dólar vino para hacer una escuela, autopistas, ni vino para hacer hospitales […]

Cada gobierno se endeudó más y nos dejó más miseria. No tenemos soberanía, porque los políticos que nos gobiernan desde hace 40 años, gobiernan como un Virreinato, al servicio de los capitalistas y subordinados al FMI y a todos los imperialistas del mundo”.
 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El diputado nacional Máximo Kirchner habló en la sesión donde se aprobó el DNU de la deuda, fundamentando su voto en contra. Veamos lo que dijo. Vaya como anécdota su saludo al “marco democrático en el debate que se va a dar la discusión, no como la última sesión en esta Cámara”. Al finalizar se dirigió a Javier Milei señalando: “Usted tiene una responsabilidad única hasta el 10 de diciembre de 2027, ejérzala. Esto va a fracasar”.

¿Qué es lo que va a fracasar para Máximo Kirchner? Que el nuevo acuerdo que se va a firmar con el FMI no se va a poder cumplir. De eso se lamenta, diciendo que Argentina debería firmar un acuerdo que se pueda cumplir. Nada de desconocer al FMI ni de dejar de pagar una deuda usurera y fraudulenta.

El diputado dijo textual: “Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar. Así no va a poder pagar nunca. Y mientras más tiempo transcurra sin poder pagar, más agarrados del pescuezo nos van a tener”.

Clarísimo. Es lo mismo que hizo en el 2022. El peronismo kirchnerista votó en contra del acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI reconociendo los 45.000 millones de dólares con que nos endeudaron Mauricio Macri y Luis Caputo en 2018. ¿Por qué votó en contra? ¿Porque ese acuerdo iba a traer más hambre, entrega y sometimiento? No. Lo rechazó porque según sus palabras de entonces, “no asegura la sostenibilidad del endeudamiento luego del 2025.” Es decir, Máximo está de acuerdo en que hay que llegar a una “negociación razonable”. Una voltereta para encubrir que su política no es romper con el FMI, como muchos pueden creer.

Cuando en 2022 votó en contra, en un comunicado dejó en claro que “eso no implicaba el desconocimiento de la deuda”. Por su parte, Cristina Fernández había dicho: “Vamos a tener que hacernos cargo de este muerto que nos dejaron”. A lo que Máximo reforzó señalando que “el gobierno se hará cargo de la herencia macrista porque el pueblo argentino siempre se ha hecho cargo de sus deudas”. Lo cual no es cierto, porque precisamente la rebelión popular del Argentinazo en 2001 obligó a que Argentina deje de pagar por varios años, y no fue embargada ni boicoteada por eso.

Conclusión: bajo los gobiernos peronistas kirchneristas de Néstor y Cristina Kirchner de 2003/2015, y el de Alberto y ella de 2019/2023, la deuda externa siempre se pagó y nunca se rompió con el FMI. Lo opuesto a lo que postula el Frente de Izquierda Unidad. Por eso cuando el kirchnerismo dice que lo que hace falta son más bancas peronistas, preparémonos para votar por más diputadas y diputados del Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Atilio Saluso

La ex presidenta Cristina Fernández habló el sábado pasado en un Congreso Educativo en la Facultad de Sociales de la UBA. Criticó a Javier Milei y a los diputados peronistas que le avalaron el DNU de la deuda.

Allí dijo: “Tenemos que mirar por casa cómo andamos. Sería deshonesto no decir que sin los diputados peronistas de Catamarca, Tucumán, Misiones y Salta, ese cheque en blanco no hubiera existido. Lo digo con mucha pena y dolor”.  

Podríamos agregar que antes ya se había dado el caso del senador Edgardo Kueider, quien fue en las listas del Frente de Todos con Alberto y Cristina Fernández en 2019, y le votó la Ley Bases a Milei, encontrado cruzando Paraguay con 200 mil dólares y esta semana apareció un video contando dólares en su oficina cuando era funcionario del ex gobernador Gustavo Bordet de Entre Ríos. ¿Eso no lo sabía Cristina?

Cristina critica, ante la evidencia de sectores peronistas que son funcionales a Milei, para llamar ahora ante el proceso electoral en curso a que hay que “votar bien”, es decir, a quien ella ponga. Alguien dijo irónicamente: “Hacele caso a Cristina. No votes a peronistas que después se van con Milei”. Tiene razón. Hay que votar al FIT Unidad para asegurarlo.
                         

Escribe Adolfo Santos

El drama de las y los jubilados no es nuevo. Por décadas, los diferentes gobiernos han aplastado el haber jubilatorio a límites insoportables. Siguiendo ese derrotero, el gobierno ultraderechista de Javier Milei redobló la apuesta y profundizó el saqueo previsional para cumplir con las exigencias
del FMI.

Cuando el gobierno de Javier Milei se jacta de haber reducido el déficit fiscal, del otro lado de la ecuación está el brutal ataque a las y los jubilados. En nombre de que el sistema es deficitario, en vez de corregir los defectos, los gobiernos lo utilizan como variable de ajuste. En enero de 2024, frente a una inflación de 20,6%, el Gobierno nacional reconoció apenas el 12,5%. Aunque se reajuste por la inflación, si no se recuperan las pérdidas anteriores, se perpetúa un mecanismo de saqueo eterno de los haberes. Más aún si se complementa con un bono congelado desde hace un año en 70 mil pesos.

Como si esto fuera poco, el Gobierno ha restringido la gratuidad de medicamentos, eliminó los créditos baratos que otorgaba la Anses y acabó con la moratoria para los que no tienen la cantidad de aportes suficientes. Esta última medida dejará a 240 mil personas sin jubilación. Le cargan a las y los trabajadores la responsabilidad por los aportes no realizados, cuando es conocida la evasión del pago por las patronales o el aumento del trabajo informal. El mismo gobierno que exige 30 años de aportes, mediante la Ley Bases eliminó las multas laborales para el empleo no registrado, alentando la informalidad.

Un problema que viene de lejos

El déficit previsional no es nuevo, y tampoco es responsabilidad de las y los trabajadores. Fueron las políticas previsionales desastrosas de todos los gobiernos las que nos llevaron a esta situación. Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL) dice que “en la década de 1950, la acumulación de títulos públicos en las cajas de previsión representaba el 47% del Producto Bruto Interno (PBI)”. Una fortuna que se licuó irresponsablemente al ser colocada en bonos de la Tesorería al 4% anual cuando la inflación llegaba hasta el 25%. Y en 1970 se dispuso el rescate de esos bonos en diez cuotas anuales sin ajuste. Un verdadero robo de las cajas previsionales.

Si le agregamos la permisividad ya citada de los gobiernos con la evasión y el trabajo no registrado, tenemos un combo perfecto para el desastre. “Entre 1974 y 2017, la informalidad ascendió desde un 24% al 33% del total del empleo. En tanto, se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. Y, con el argumento de abaratar la creación de empleo, las constantes reducciones de las contribuciones patronales que acentuaron el desfinanciamiento del sistema, agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad”, Clarín 21/03/25.
Otro capítulo de esta historia se escribió en los ‘90 cuando se crearon las AFJP. Un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) concluyó que la transferencia de recursos previsionales al sector controlado por el sistema financiero fue en torno a los 8.000 millones de dólares. Lejos de resolver el problema previsional, lo agravó, disminuyendo las coberturas y beneficios. En 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se estatizó el sistema, pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los ‘90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la Anses el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.

Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el aumento de la inflación, las jubilaciones y pensiones tuvieron un deterioro del 19,5%, lo que generó fuertes protestas frente al Congreso. En 2021, durante el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina impusieron una nueva fórmula  de movilidad desligada de la inflación, lo que mantuvo las pérdidas frente al altísimo costo de vida.

Hay una deuda ineludible de todos los que gobernaron con las y los jubilados, y que el gobierno de Milei intenta perpetuar. Según datos oficiales, desde septiembre de 2013 a la fecha, las jubilaciones mínimas incluyendo el bono cayeron un 36,3%, mientras el resto se desplomaron un 49%. Para superar este achatamiento, exigimos un haber jubilatorio que cubra el costo de la canasta básica del jubilado calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, establecido en 1.200.523 pesos para el mes de marzo. Que se restituyan los aportes patronales y el 82% móvil. Repudiamos y combatimos el “ahorro” que se hace ajustando a uno de los sectores más vulnerables para obtener un superávit que irá a parar a los cofres insaciables del FMI.