Escribe Ivana Verón, Consejera Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento

La ola feminista que sacude al mundo tiene un rasgo distintivo: la lucha contra la violencia machista en todas sus formas. Después de miles de años de patriarcado las mujeres nos animamos a denunciar a los violentos y abusadores.

El #NiUnaMenos marcó el comienzo de la cuarta ola y luego el #MeToo y el #MiraComoNosPonemos visibilizaron la violencia sexual que sufrimos las mujeres. Las denuncias se extendieron de las redes sociales a todas las instituciones que transitamos y en particular las educativas.

¿Cómo funcionan los protocolos?

Los protocolos son la herramienta legal para que la Universidad tome las denuncias en caso de violencia, acoso o abuso sexual dentro de la institución y arbitre los medios para que la víctima pueda continuar con su carrera/investigación y no abandone por haber sufrido un hecho de violencia. A su vez indican que se tienen que elaborar campañas de prevención contra la violencia machista, la discriminación y el homolesbotransbiodio.

Hoy de las 53 universidades nacionales, sólo 23 cuentan con protocolos vigentes y encima no funcionan como deberían. Hay Facultades donde sólo existe una “casilla de mail” para realizar la denuncia o donde sí existe una persona física que tome la denuncia, el protocolo es una más de una larga lista de tareas. En ningún caso existe un equipo interdisciplinario de profesionales con perspectiva de género a cargo de acompañar a la víctima y que a su vez se ocupen de llevar adelante las campañas de prevención pertinentes. Donde existen consejos o espacios de toma de definiciones al respecto de los casos de violencia, estos se construyen desde la misma lógica del co-gobierno universitario, dejando por fuera de cualquier tipo de peso en la toma de definiciones al claustro estudiantil.

Es la falta de voluntad política de las autoridades de las Universidades y Facultades, sean radicales o kirchneristas por igual, la que obstaculiza la aplicación efectiva de los protocolos, lo que se traduce en el escaso o nulo presupuesto que se les asigna, además del encubrimiento de los violentos. Las conducciones de los centros de estudiantes que responden a estas autoridades no toman la posta en esta pelea. Frente a eso nosotras decimos en las universidades y en todos los niveles educativos: siempre con las pibas.

El ajuste a la educación es también ajuste a la lucha contra la violencia de genero

El ajuste creciente del gobierno de Macri y los gobernadores, pone en un mayor desamparo a las víctimas de violencia. Como pasa con las leyes para erradicar la violencia de género a nivel nacional, si los protocolos no tienen presupuesto, también se transforman en letra muerta.
En la Universidad, la pelea contra la violencia machista está íntimamente ligada a la necesidad de un aumento de presupuesto para la educación, que implique un salario digno para nuestrxs docentes, espacios de capacitación en Educación Sexual científica y laica con perspectiva de género y
presupuesto para la correcta implementación de los protocolos contra la violencia de género.
Lxs estudiantes somos protagonistas en esta ola que lo cuestiona todo, tenemos que continuar la lucha para pararle la mano a la violencia patriarcal, impulsar Comisiones de Mujeres y Disidencias para lograr los protocolos donde no los hay y pelear por presupuesto para su aplicación efectiva.