Escribe Martín Fú

En medio de la pandemia, el frigorífico Penta anunció el despido masivo de 240 trabajadores. Una empresa que se dedica a producir masivamente alimentos decide cerrar y dejar a todos sus empleados en la calle. Una rama estratégica, como es la alimentación, en un abierto lockout desafía a los trabajadores y a sectores populares.

Esto desató la natural pelea de los trabajadores en defensa de su fuente de trabajo. Que había tenido como respuesta, la semana pasada, una feroz represión desatada por la policía bonaerense a los trabajadores que querían ingresar a la planta a trabajar y exigir el pago de los salarios adeudados. Hubo veinte heridos, uno de gravedad e internado. El “delito”, según palabras de Sergio Berni, responsable de la policía bonaerense, fue el reclamo de 240 trabajadores que solo pedían poder ingresar a la planta, teniendo dictada la conciliación obligatoria y que, sin embargo, fue incumplida por medio de un lockout.

El conflicto se originó por el manejo irregular del dueño de la empresa Ricardo Bruzzese que no tomó las medidas preventivas y de seguridad para el personal durante la faena, se atrasó en el pago de las quincenas y además se dedicó a perseguir a la organización gremial elegida por los trabajadores.

En solidaridad, y en repudio a la represión, el pasado lunes 13 se concretó el primer paro nacional en medio de la pandemia convocado por la Federación de la Carne. El mismo día, a la espera de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, el empresario peronista Bruzzese volvió a la ofensiva enviando cartas documento a los delegados “cuestionados” por la patronal.

Infinidad de muestras de solidaridad y apoyo han rodeado a los trabajadores de Penta, que no están solos.  Entre ellas la del Pollo Sobrero, en representación del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento y de Izquierda Socialista, que llevó el acompañamiento y la solidaridad poniéndose a disposición de esta lucha. Esta pelea abre un nuevo capítulo, invisibilizado muchas veces, en medio de la pandemia y la cuarentena, que pone a los trabajadores y su organización gremial de base como protagonistas y punta de lanza a la hora de enfrentar los atropellos de las patronales en medio de una crisis nacional y mundial sin precedentes.

Desde Izquierda Socialista exigimos la reincorporación inmediata de todos los trabajadores, el pago de los jornales caídos y que se pongan en marcha todas las medidas necesarias para que los operarios puedan trabajar sin riesgo de contagio. De no hacerlo, es necesaria la estatización inmediata del frigorífico y que rápidamente vuelva a la producción por ser una rama estratégica y esencial para el pueblo trabajador a la hora de enfrentar esta pandemia.

Escribe Martín Fú

Ricardo Bruzzese, millonario con oficinas en Puerto Madero, artífice del programa “Carne para todos” durante el gobierno peronista kirchnerista, es el responsable principal y gerenciador del frigorífico Penta. Amigo de Guillermo Moreno y ex titular de la cámara que nuclea a los matarifes, fue miembro del Consejo Argentino de Productores, un club de amigos del ex secretario de Comercio que funcionaba en el Mercado Central. A Bruzzese se lo conoce también por operar férreamente para desarticular las comisiones gremiales de los frigoríficos que maneja. La precarización laboral y el manejo informal de su negocio es un sello indisoluble. Está relacionado hace décadas con el negocio de la carne y paralelamente en su incursión en la política. Se ha valido de la política para acomodarse en el mundo de los negocios y tiene fama de fundir cada frigorífico del que se hace cargo. Es un hombre ligado al peronismo de La Matanza y desde hace más de una década se jacta de su cercanía con Cristina Kirchner. 

En 2011 fue uno de los precandidatos kirchneristas a intendente de La Matanza, en donde dirimió a los tiros su candidatura frente a Fernando Espinoza. A pedido de la misma Cristina Fernández, se bajó y le dejó terreno libre a quien fue reelecto intendente. También tiene un largo e histórico entrevero con Alberto Samid, un “gordo” de la carne y del peronismo. A Bruzzese se lo asocia con las prácticas mafiosas, los trajes de seda caros que se ve en las películas sobre la temática y los autos exclusivos. Probablemente fruto de las casualidades, su carnicería se llama “Don Corleone”.

Neuquén: paro de colectiveros

El segundo paro en dos semanas llevaron adelante, este martes, los choferes del transporte público en la ciudad de Neuquén. La empresa Indalo-Autotransporte Neuquén, ha pagado parcialmente los sueldos. Desde Izquierda Socialista respaldamos la medida de acción directa que tomaron los trabajadores para exigir el cumplimiento de un vital ingreso de carácter alimentario como lo es el salario. Una vez más la empresa, que cobra subsidios millonarios esconde la plata. Basta de sufrir tantos atropellos como trabajadores y como usuarios. La Municipalidad debería cancelar inmediatamente esos salarios dado su responsabilidad subsidiaria como poder concedente y terminar de una vez con este flagelo de Indalo, incautando todas sus unidades (como lo autoriza la ordenanza municipal)  y garantizando la prestación del servicio bajo administración pública en medio de una situación extrema como lo es la pandemia. Entre las varias muestras de solidaridad de comisiones internas y cuerpos de delegados se destacó la de los choferes de la L540 de Lomas de Zamora, Buenos Aires. Por lo que fue agradecido públicamente en una asamblea de los choferes por el secretario adjunto de la UTA Neuquén Claudio Coronel.

Tucumán: denunciamos persecución de la ministra de salud Chahla

Ante el justo reclamo de parte de los trabajadores, el ministerio de salud responde con persecuciones y traslados. En estos días, fue notificada nuestra compañera Angie, miembro de comisión directiva del SITE (Sindicato Tucumano de Enfermeros) y enfermera del Hospital Eva Perón, su traslado a otro establecimiento en la ciudad de Alderetes. Nuestra compañera encabezó el reclamo por elementos de protección personal. L@s Enfermer@s vamos a continuar denunciando la falta de insumos, la precarización y las malas condiciones de trabajo. Basta de persecusión y de sanciones a los que reclaman.

Denuncia de metalúrgicos de La Matanza

Trabajadores metalúrgicos de La Matanza denuncian que desde la semana pasada varias fábricas de la zona están convocando a sus empleados a volver al trabajo violando la cuarentena. Para ello se amparan en artículos del decreto presidencial en el que se abrió la actividad para ocho sectores económicos, que están formulados de forma ambigua, dando pie a que se vuelva a trabajar. En algunas empresas la base metalúrgica se organizó y logró frenar este atropello patronal. Denuncian también la complicidad de la burocracia de la UOM con las patronales.

Los compañeros, que representan a distintas empresas de la zona, escribieron una declaración que extractamos a continuación.

[…] “Hoy el dilema planteado falsamente por el empresariado, salud o economía, tiene una sola respuesta: SALUD, que no es más que CUIDAR LA VIDA. 

Desde la solidaridad y la plena conciencia exigimos continuar la cuarentena, que es el modo más efectivo de combatir el coronavirus.

Rechazamos cualquier intento o presión de los empresarios inescrupulosos y miserables para levantar la cuarentena – amparándose en los decretos – y poner en riesgo la vida de los trabajadores y nuestros seres queridos preocupados solo por sus ganancias.

Rechazamos la división de obreros de primera y de segunda que se hace con trabajadores efectivos, tercerizados, autónomos o en negro.

Rechazamos cualquier negociación entre el gremio de la UOMRA, ya sea a nivel nacional o por seccionales, que se haga a espaldas de los trabajadores y sin su aprobación.

Rechazamos toda rebaja salarial y exigimos cobrar sin ningún tipo de descuento. 

Llamamos al conjunto de los metalúrgicos, delegados, activistas y cualquier compañero a sumarse a este reclamo, a organizarnos para hacer valer nuestros derechos.”

Delegados de base metalúrgicos de La Matanza, 9 de abril de 2020 

Dánica

La empresa reabrió luego de una semana de lockout patronal, incumpliendo el pago de salarios y no acatando la conciliación obligatoria. La patronal reincorporará a los trabajadores y a cambio la provincia aceptará el Procedimiento Preventivo de Crisis, por eso le otorgará el Repro y otros beneficios. La patronal no estaba en crisis, sino que fue una maniobra que utilizó el cierre de la planta para negociar subsidios con el gobierno de Kicillof, mientras da pasos con la flexibilización laboral.

Córdoba: paran choferes de AOITA

Por retraso en el pago de sus salarios (están cobrando solo 10.000 pesos), los choferes de media distancia nucleados en Aoita decidieron, mediante una asamblea de delegados virtual, parar el día lunes pasado. El Ministerio de Trabajo declaró la conciliación obligatoria, que no acataron, y ante la ausencia de respuesta por parte de la patronal decidieron continuar el paro por tiempo indeterminado, que se cumple con gran acatamiento, con el respaldo del gremio y la solidaridad explícita de la UTA.

Grupo Jack recorta salarios

Trabajadores del Grupo Jack (red de concesionarios automotor) denuncian que la empresa no abonó la totalidad de los salarios y que los obliga a ir a trabajar tramitando permisos de circulación truchos, a pesar que dichos permisos son una declaración jurada. La patronal no le ha pagado a todos sus empleados y los pagos han sido parcializados y violando la cuarentena exponiendo a los empleados al contagio del Covid 19.

Escribe Fernanda Giriborne Stanley

Jujuy es una de las provincias más pobres del país, y por lo tanto con mayores dificultades para enfrentar la pandemia. Cerca del 50% del empleo es informal, y día a día se suman despidos, suspensiones y rebajas salariales. La situación económica se ha ido agravando y en los barrios crece la incertidumbre, el hambre se hace sentir. A la situación general se suman los efectos de las inundaciones, que ha dejado a miles de evacuados y autoevacuados la semana pasada, y a la epidemia de dengue, que tiene cerca de 900 casos.

En el plano sanitario, el estructural desfinanciamiento de la salud es brutal. Desde mucho antes de la pandemia, los trabajadores del sector denunciaban el desmantelamiento y desfinanciamiento del sistema de salud pública, la falta de recursos humanos, sobre todo en las especialidades, la tercerización de los empleos y la precariedad laboral. Sin embargo ,el gobernador radical Gerardo Morales, ha decidido suplir la imposibilidad de dar una respuesta sanitaria con encierro y represión.

Ha sido el primer gobernador en declarar la suspensión de las clases, y el aislamiento, incluso antes que el gobierno nacional. Pero junto con esto, el gobierno provincial ha implementado un aceitado sistema para reprimir, ajustar y recaudar. La provincia ha sido conocida por montar “corralitos” en las plazas para aquellos que incumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se trata de un sistema de vallado desmontable para detener personas y dejarlas en un espacio público a la vista de todos, en una superficie donde no es posible mantener el distanciamiento social, ni lavarse las manos, sin agua potable o baño. Gerardo Morales también es conocido por su fuerte operativo fiscal de cobro de multas, sobre todo la que pena las salidas sin autorización o la falta de barbijo que se ha vuelto obligatoria. También como forma de “ahorro” ha rebajado el sueldo de los docentes, a quienes no se abonará el ítem “frente a alumnos” y se les reconocerá solo el 10% del presentismo.

Con el discurso de cuidar a los jujeños no ha evitado tampoco razzias y redadas con balas de goma, detenciones arbitrarias, y la expulsión de personas de la provincia. La deportación de 80 extranjeros que se encontraban ya con la cuarentena cumplida le ha costado al gobernador un pequeño escándalo de alcance internacional. Sin embargo, cuando trabajadores y estudiantes quieren regresar, se topan con las peticiones más absurdas, viéndose obligados a abonar el traslado, hotel (para la cuarentena), comida en los hoteles e incluso ahora se solicita que paguen su propio test. La realidad de los trabajadores “golondrina” jujeños se encuentra muy lejos de la de los repatriados desde Europa que han cumplido su cuarentena en hoteles de categoría, con todo incluido. En las últimas apariciones, el gobernador ha propuesto que quienes den positivo al test se mantendrán en sus casas que serán fajadas para que todos los vecinos conozcan la situación y funcionen como control social.

En nuestra provincia la pandemia no hizo más que dejar al descubierto las condiciones estructurales en la que vivimos los jujeños. En este sentido es urgente que en nuestra provincia cesen las medidas represivas y estigmatizantes, para que a los problemas sanitarios se presenten respuestas en el plano de la salud, comenzando por el aumento del presupuesto.   

Escribe Martín Fú

La semana pasada la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, informó que las fuerzas de seguridad se encontraban implementando el “ciberpatrullaje” que, según la ministra tenía como objetivo medir el “humor social”, todo esto al calor de la cuarentena obligatoria frente a la pandemia del coronavirus y la preocupación del gobierno a la reacción popular ante la emergencia social y sanitaria. Lo de Frederic no es nuevo, es la continuación de las políticas de espionaje y represión de Patricia Bullrich, anterior ministra del gobierno macrista.

Frederic no es una recién llegada a las modernas doctrinas de seguridad interior, fue funcionaria de Defensa entre 2009 y 2011, y de Seguridad entre 2012 y 2014. Ocupó el cargo de asesora en el Ministerio de Seguridad en épocas de la gestión Berni, del Proyecto X y las represiones lanzadas en la Panamericana en los conflictos obreros que se dieron en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Ante el intento de embellecer la misma y repudiable tarea que llevan adelante todos los gobiernos patronales, la inteligencia interna y la represión con el rótulo de “ciberpatrullaje”, nuevamente denunciamos cualquier acción de la ministra y el gobierno de meterse en las casas, trabajos, organizaciones sindicales, sociales o cualquier ámbito social para realizar espionaje interno. Partiendo por señalar el caso de un joven de 21 años que después de haber sido rechazado en la inscripción al subsidio de 10.000 pesos que anunció el gobierno, hizo un tweet que incluía la palabra ”saqueo”. El área de Ciberpatrullaje de la Subdirección de Delitos Informáticos y la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería intervinieron, y la policía cayó en su casa informando que la había abierto una causa por “intimidación”. Delito que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Circuló que incluso están evaluando profundizar el patrullaje real sobre las personas que interactuaron con el tweet de este joven en la red social.

En ese sentido, nos sumamos al repudio a la política de ciberpatrullaje expresada en la declaración de las organizaciones que son parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: “la política represiva del Estado que ha sido el denominador común de todos los gobiernos es desplegada ahora con el pretexto del cumplimiento del aislamiento social obligatorio. La reunión de información sin causa ni orden judicial que la disponga es inteligencia ilegal y está vedada a las fuerzas de seguridad, independientemente de que la información sea de libre acceso. Muchos de los informes de los servicios de inteligencia se arman con recortes de diarios”.*

Como firmantes de dicha declaración, le recordamos al gobierno de Alberto Fernández que “ante la emergencia social y sanitaria reclamamos que se respete el derecho al trabajo y a la salud, el acceso al salario íntegro y a la alimentación del conjunto de las y los trabajadores. Basta de medidas represivas. Para enfrentar la pandemia se requiere una cuarentena sin hambre, sin despidos, sin rebajas salariales y sin represión”.

* Ver declaración completa en: www.izquierdasocialista.org.ar