Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

La periodista de C5N Mariela Fernández contó en el programa que conduce junto a Claudio Rígoli que durante su infancia había sido víctima de abuso. Rápidamente, en las redes sociales se vieron mensajes de acompañamiento y aliento a la periodista, quien relató lo que había sufrido siendo niña y que luego de años pudo poner en palabras. Ella dijo: “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí a mí me corren de ese lugar”. Y agregó: “En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo, cuando se callaba porque daba vergüenza”.

El relato de la periodista conmovió a muchas personas. Incluso se puede ver en él algo que es similar a otros y es que, luego de años de sufrir en silencio, se logra poner en palabras situaciones de abuso sexual sufridas durante la infancia o la adolescencia. Sin dudas, hay un trabajo individual y personal necesario para poder contarlo y sobre todo en un programa de TV, pero más allá de ese valioso proceso interno lo que es muy importante de destacar es el acompañamiento que hoy existe dentro del movimiento feminista y que pegó un salto en los últimos años al calor de las movilizaciones y luchas contra la violencia de género. Esto es lo que permite que muchas víctimas de abuso puedan dejar de verse como culpables y poder contar ese “secreto” guardado muchas veces bajo la amenaza del abusador. Algo que quizás era impensable años atrás, por vergüenza o por miedo, hoy empieza a ser escuchado y acompañado socialmente.  

La Justicia patriarcal garantiza la impunidad

El abuso sexual hacia las infancias y adolescencias tiene números escalofriantes. Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, se estima que por la complejidad del fenómeno, solo el 10% de los casos son denunciados y solo entre el 1% y el 2% de los casos denunciados recibe condena.

El grado de impunidad en este tipo de delitos es altísimo y se debe a la desastrosa intervención de la Justicia patriarcal que vulnera los derechos de, justamente, los más vulnerables. Ejemplo de ello es la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías derivadas como “memorias implantadas”, “sugestionabilidad” y “confabulación”, hipótesis que la comunidad científica no aprueba y que son utilizadas al servicio de desacreditar los testimonios de las víctimas. Por eso denunciamos el accionar de la Justicia patriarcal, que con estos métodos no escucha y revictimiza a niñas, niños y adolescentes.

Es esta misma Justicia la que llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. Es la que mira para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad. Es también la que condena a las mujeres que abortan. Y es la misma Justicia que les otorgó la domiciliaria a violadores y femicidas cuando comenzaron los primeros contagios de Covid-19 en nuestro país.

Con educación sexual se puede avanzar en la prevención

La pelea por la educación sexual lleva años, y más allá de las limitaciones que tiene la redacción actual de la ley 26.150, es una herramienta muy importante para abordar en todos los niveles educativos temas como el cuidado y el respeto del cuerpo, las distintas formas de violencia y maltratos, los estereotipos de género, entre tantos otros. A pesar de su escasa aplicación, es gracias a la lucha de las docentes que llevan la ESI a las aulas que se han logrado detectar varios casos de abusos en los que se logró intervenir. Por eso decimos que la Ley de Educación Sexual es una conquista del movimiento feminista y es una herramienta para la docencia pero, sobre todo, es un derecho para les estudiantes que debe ser garantizado sin obstáculos.

Por eso exigimos que se cumpla en todo el país y, a la vez, que sea laica, científica y con perspectiva de género. La educación sexual debe aplicarse en todos los niveles educativos acompañada por capacitaciones en servicio y gratuitas para el conjunto de la docencia. Exigimos a los gobiernos la creación de los dispositivos necesarios, con un plan de atención y abordaje para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos, de acompañamiento, visitas y asistencia a las familias en estas condiciones tan graves. Para todo esto se necesita presupuesto de manera urgente y ese dinero bien podría salir del no pago de la deuda externa.     

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández, muchos docentes creyeron que finalmente el gobierno podría comenzar a recuperar la vapuleada educación pública argentina. Pero, salvo en el doble discurso, nada de eso ocurrió ni ocurrirá.

Esta semana ese doble discurso recibió un golpe importante cuando Adriana Puiggrós, pedagoga muy reivindicada por el peronismo kirchnerista y demás sectores llamados “progresistas”, decidió renunciar a su cargo de viceministra de Educación. Se dice que era crítica y tenía diferencias con Trotta, hombre que viene de ser rector de la universidad privada UMET. Seguramente algunas diferencias tenían. Puiggrós quedó golpeada cuando declaró que el gobierno de Fernández iba a dejar de realizar las “evaluaciones externas” del Operativo Aprender y las pruebas Pisa, fundamentando correctamente que eran evaluaciones que no servían para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, que se involucran con el rol docente-alumno y sus condiciones sociales específicas y que estaban al servicio de los empresarios de la educación privada.

Esta correcta denuncia, que desde hace muchos años Izquierda Socialista, la agrupación Docentes en Marcha y la oposición de los gremios docentes en general venimos alertando y polemizando con el peronismo kirchnerista, fue rechazada por Trotta y el gobierno, aclarando que van a seguir con las evaluaciones externas y el PISA. Entonces, aunque el historial político y de la función pública de Puiggrós no avalan un accionar muy diferente de lo que hace el gobierno de Fernández (recordemos que apoyó la Ley Federal de Educación de Menem, fue diputada nacional de la Alianza y funcionaria de De la Rúa, ministra de Educación del gobierno bonaerense de Felipe Solá, por ejemplo), su perfil “progresista” le daba cuerpo a la política de Trotta.

Esta semana al gobierno se le cayó una máscara más y deja a Trotta gobernando el sistema educativo con empresarios de la UIA, oligarcas de la Sociedad Rural y reaccionarios de la Iglesia Católica y el Consejo Federal de Educación, sin la imagen del doble discurso progresista. Nada, absolutamente nada bueno para la educación pública puede salir de esa yunta.

Las idas y venidas del gobierno en educación desde el inicio de la pandemia muestran a un Trotta tratando de avanzar en la aplicación de planes privatistas y retrocediendo ante el rechazo de la docencia y la comunidad educativa en general. Se negaba a suspender las clases presenciales. Improvisó mal, sin trabajar con la docencia ni las familias, las “clases virtuales”, presionando a los docentes a presentar muchísimo material a los alumnos (para “mostrar” que se estaba haciendo mucho), que ni ellos ni sus familias podían sostener. Inventó un absurdo “protocolo burbuja” para regresar a las clases presenciales, que retiró por el repudio de familias y docentes. Después largó una “prueba” de clases presenciales con el gobierno de San Juan, con menos alumnos por turno, que en menos de una semana obligó a la provincia a volver a Fase 1 de cuarentena y suspender las clases por el avance de los contagios. El intento sanjuanino animó a Larreta a improvisar las “escuelas Ciber” en CABA (que los alumnos fueran a las escuelas a usar las computadoras), pero todo indica que tendrán que retroceder también. Trotta apretó a docentes, padres y alumnos con que en julio empezarían los exámenes virtuales. Ahora dice que no habrá exámenes, que se pasará de curso directamente y que en 2021 se tomarían las evaluaciones. Nadie puede apostar qué se terminará decidiendo.

Lo único en que Fernández, Trotta y los gobernadores tienen claridad e implementan en todo el país, es en el ajuste salarial y laboral a los docentes y en sostener los subsidios a la educación privada aunque las escuelas públicas se caigan a pedazos.

Desde Izquierda Socialista seguiremos luchando para defender una escuela pública con el presupuesto necesario para salarios e infraestructura, renacionalizando el sistema educativo, donde el gobierno nacional vuelva a ser el responsable de su sostenimiento. Y que el dinero necesario salga de suspender los pagos de la deuda externa y de dejar de subsidiar a la educación privada.

Escribe Jorge Adaro, secretario general adjunto de Ademys

El pasado lunes, Ademys convocó a su séptima asamblea virtual ante el anuncio del gobierno de Larreta y su ministra Acuña del regreso a las aulas (en este caso “ciberaulas”) en CABA. De la asamblea participaron más de quinientos docentes, quienes de manera unánime votaron el rechazo a esta posibilidad, pronunciándose de manera clara que, mientras haya pandemia, a las escuelas no se vuelve. 

También se expresaron los otros reclamos por los que venimos llevando adelante acciones de denuncia y movilización desde Ademys, como la situación de miles de docentes que han sido cesanteados, sin posibilidad de tomar nuevos cargos, con actos públicos sin transparencia y con ofrecimiento solamente de cargos que el gobierno considera esenciales. O el congelamiento de nuestros salarios al no pagar el porcentaje para el mes de julio que decidió Larreta en la mesa salarial de marzo.

Esta grave situación de la docencia no es exclusiva de CABA. Por ejemplo, en Córdoba la bronca crece por el incumplimiento del acuerdo salarial firmado por el gobierno de Schiaretti y la burocracia celeste de Monserrat, de UEPC. A esto se agrega otra medida del gobierno que profundiza el ajuste, ya que la cobertura de cargos vacantes en primaria la harían con docentes que trabajan en distintos programas fuera de convenio, obligados a cambiar de funciones y dejando miles de docentes sin trabajo. Por eso realizarán una movilización exigiendo actos públicos para que los cargos sean tomados por quien corresponde. 

En Santa Fe, a instancias de la oposición a la burocracia de Sonia Alesso (Amsafe-Ctera), encabezada por la dirección combativa de Amsafe Rosario, hay acciones de autoconvocados que repudian el bono de 3.000 pesos del gobierno de Perotti, mientras siguen los salarios congelados desde 2019. 

Las maestras en Neuquén se movilizan contra el ataque a las escuelas especiales, rechazando un anteproyecto oficial de educación “inclusiva” que busca liquidarlas y flexibilizar las condiciones laborales. 

En provincia de Buenos Aires hay un plan de acción con caravanas y actos, impulsado por las seccionales Multicolor de Suteba por los problemas de infraestructura, por actos públicos para la cobertura de cargos, contra la falta de pagos, mientras reclaman que Suteba Central rompa la tregua y llame a un plan de lucha. 

Como lo aprobamos en el Encuentro Nacional de Docentes en Marcha, es necesario que todas estas luchas se unifiquen en una sola pelea contra el ajuste del gobierno de Fernández y los gobernadores, por eso exigimos que Ctera llame a medidas gremiales nacionales. Y hacemos un llamado a los sindicatos, seccionales y agrupaciones opositoras a realizar una reunión nacional que permita la coordinación de todas las luchas, hoy aisladas por la burocracia de Ctera.

Escribe Javier Leonforte

El 18 de agosto, una patota atacó violentamente a las trabajadoras de Algodonera Avellaneda que defienden un piquete de huelga en la puerta de la empresa, en el parque industrial de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. Dos compañeras terminaron hospitalizadas, pero los matones no pudieron doblegar el bloqueo. 

La valiente resistencia de las compañeras y los compañeros se alimentó en la fuerza de una lucha que lleva ya varios meses reclamando aumento salarial. Hoy perciben sueldos de hambre, de solo 25.000 pesos, cuando la patronal es multimillonaria. 

La patota actuó instigada por la empresa y el abogado del Grupo Vicentin, amparada por la complicidad del gobierno peronista de Omar Perotti, de la burocracia sindical de la Asociación Obrera Textil (AOT), de la CGT, y la policía de Santa Fe, que liberó la zona. 

El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) abordó el apoyo a esta lucha en su cuarto plenario del 12 de agosto y posteriormente su mesa nacional resolvió dos declaraciones en apoyo a las obreras, impulsando una campaña de solidaridad en todo el movimiento obrero. Responsabilizamos al Grupo Vicentin, a su abogado, Héctor Vizcay, y a la policía que liberó la zona por este ataque y las secuelas que puedan tener las compañeras heridas. Luego, el juez Santiago Banegas ordenó a la policía desalojar el piquete de las trabajadoras y los trabajadores textiles, pero la huelga continúa firme. 

Se trata de una lucha testigo contra la política de despidos, reducción de salarios y precarización laboral que el gobierno de Alberto Fernández busca imponer para continuar con el pago de la deuda externa y rescatar a empresarios corruptos y vaciadores, como los del Grupo Vicentin.

Escribe Diego Martínez

El pasado miércoles 19 se llevó adelante una reunión virtual, convocada por nuestro partido, de trabajadores del gremio de pasteleros y de la alimentación.

Participaron compañeras y compañeros de La Nirva, Noly, Lagomarsino, pizzería Cabildo, Mostaza, Nucha, Bread Real Food y Oralí, entre otros.

La reunión fue coordinada por Pablo Montenegro, del cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento.

Nuestro compañero Pollo Sobrero dio inicio al encuentro con un informe en el que hizo hincapié en este marco, dado por un ajuste en curso acordado por el gobierno junto a las patronales y la burocracia sindical, mediante el que se dejan pasar despidos, suspensiones, rebajas salariales y no se llevan adelante las paritarias en muchos gremios. Además resaltó la lucha de Latam como ejemplo a seguir para enfrentar la política del gobierno y las patronales.

El gremio de pasteleros es uno de los que tienen la paritaria congelada. Está siendo muy castigado por la crisis, que comprende no solo a empresas que elaboran productos alimenticios, como panificados y de repostería, sino también a pizzerías, confiterías y locales de comidas rápidas. Una compañera de Mostaza graficó la situación en la que están trabajando durante la pandemia, en la que ya tuvieron rebajas salariales desde el inicio de la cuarentena y sufriendo una persecución gremial de la que son objeto de forma permanente. Un compañero de la pizzería Cabildo narró la lucha que llevaron adelante frente al intento de cierre del establecimiento de parte de la patronal y cómo pelearon por reabrirla con el apoyo de los ferroviarios del Sarmiento. En Nucha también se tuvieron que organizar para cobrar salarios adeudados.

Los compañeros de La Nirva, por su parte, dieron cuenta de la lucha que comenzaron hace diez meses, cuando la patronal abandonó la fábrica. Desde entonces vienen reclamando el pago de los sueldos adeudados, sin haber tenido hasta el momento respuesta de parte de ninguna autoridad municipal ni provincial. Ante la falta de acompañamiento de la conducción del sindicato en sus reclamos se vienen apoyando en las organizaciones sociales combativas y en la izquierda para llevar adelante acciones de lucha. Actualmente se encuentran en estado de asamblea permanente.

Entre los compañeros de Noly, al igual que en muchas fábricas, ya hay numerosos casos de Covid-19. El contagio se propaga por la irresponsabilidad de la patronal, que no toma las medidas sanitarias adecuadas. Frente a esta situación, los delegados combativos le exigieron a la conducción del gremio que tome cartas en el asunto y radicaron una denuncia en la Secretaría de Trabajo del municipio, que contribuyó para que el conflicto se reflejara en varios medios de comunicación.

Los compañeros de Oralí se organizaron hace tiempo contra las rebajas salariales, y los de Bread Real Food, tercerizados del Ministerio de Economía, también vienen reclamando el pago adeudado de salarios.

En Alimentación las paritarias fueron totalmente a la baja, 6% en agosto y 0,5% en septiembre, más una suma no remunerativa a cobrar por única vez de 6.000 pesos. Una miseria. El acuerdo que firmó la conducción verde del STIA, con Daer a la cabeza, generó malestar entre la base del gremio, que también está provocado por los problemas de cobros, rebajas salariales y la propagación de contagios. Los compañeros de Lagomarsino están entre los que llevaron adelante distintas acciones de lucha en rechazo a las rebajas salariales.

Escuchar hablar sobre las experiencias y la organización de cada lugar de trabajo sirvió para que cada compañera y compañero se fortalezca y comprenda la necesidad de coordinar las luchas. En este sentido, llamamos a confluir en el Plenario Sindical Combativo y a solidarizarnos entre nosotros ante cada ataque de las patronales. Desde nuestro partido nos ponemos a completa disposición de estas peleas.