Escribe Fernanda Giriborne

La situación en Jujuy es apremiante. Aunque la provincia permaneció casi dos meses sin casos, el rebrote de mediados de junio dejó al sistema de salud colapsado. Hospitales y centros de salud se encuentran sin terapias intensivas y rechazan pacientes.

La explosión sanitaria que los jujeños atravesamos hoy en la pandemia del Covid-19 no es casual. Tiene su explicación en el desfinanciamiento de la salud pública, que si bien es de larga data, se agravó en los últimos años a partir del proceso de privatización puesto en marcha por el ministro de Salud Gustavo Bouhid, con su Plan Estratégico de Salud. En este marco, y con una curva de contagios que parece imparable, el gobernador Gerardo Morales prioriza las ganancias de sus socios y amigos y liberó una gran cantidad de actividades económicas fomentando la circulación.

El brutal incremento de contagios hoy ubica a Jujuy entre las tres provincias con mayor cantidad de positivos, detrás de Buenos Aires y CABA. La cuarentena es un saludo a la bandera, no protege a la gran mayoría de la población. El sistema de salud está colapsado, y aunque el gobierno diga que las camas de terapia intensiva están en un 93%, la realidad es que no hay cupo para internación y la gente que pide derivación a hospitales es ignorada.

El Estado incurre en el abandono de personas por la saturación del sistema de salud. Los cementerios tampoco dan abasto. Muchas personas que presentan síntomas y que son tomadas como positivas, porque ya no se testea, se encuentran aisladas en sus hogares sin acceso a atención médica alguna.

Resulta imposible comunicarse con el Comité Operativo de Emergencia (COE) por teléfono o videollamada. El SAME tampoco responde las llamadas. Hay personas que mueren tratando de llegar por sus propios medios a hospitales y otras fallecen en sus casas. En departamentos como Ledesma y San Pedro esta situación se agrava y se ve, por las denuncias de medios locales y redes sociales, el colapso absoluto.

La liberación de actividades económicas en pleno rebrote y la falta de un plan sanitario (el único que implementa el gobierno es la represión) hicieron que los contagios ya pasaron de la “primera línea de exposición” (personal de salud y seguridad), a los trabajadores del sector privado. 

Cuando los casos comenzaron a dispararse de manera irremediable en julio, claramente se identificaban unos pocos focos de contagio, confirmando que la circulación del virus sucedía principalmente en los lugares de trabajo. Por ejemplo, cuando la minera multinacional Exar alcanzó los doscientos casos, solo esta empresa contaba con el 20% del total de positivos de la provincia. Otro tanto se concentraba en personal de salud y otro en el de seguridad. Lamentablemente, el desinterés por la salud de los trabajadores hizo que las empresas y el Estado no tomaran las medidas necesarias para frenar la propagación del virus.

A pesar de esta incontrastable evidencia, el gobernador Gerardo Morales, de Cambiemos, y el COE, literalmente se lavan las manos y acusan al pueblo trabajador por no hacer “lo necesario” para no contagiarse. Han decretado, para las cámaras de televisión, la etapa de la “responsabilidad social individual”, y con ello trasladaron todas las culpas a las personas, las “juntadas” con amigos y los días festivos.

Estos argumentos no son exclusivos del mandatario jujeño, ya que el gobierno peronista de Alberto Fernández sostiene también que los contagios no se generan en los trabajos sino en las reuniones sociales y los asados. Cuando los casos parecen no encontrar su pico en la CABA y el AMBA y empiezan a aparecer rebrotes en distintas provincias del país, el gobierno demuestra no estar dispuesto a hacer algo mejor que culpar a la gente y lavarle la cara a los empresarios.

En Jujuy, la minería y el azúcar, baluartes económicos, continuaron funcionando con normalidad a pesar de los reiterados reclamos y denuncias de casos positivos entre sus trabajadores y por el incumplimiento de los protocolos. Estas patronales explotadoras se negaron a bajar el ritmo de producción o la cantidad de operarios para evitar los contagios. La minera Exar acumuló no menos de 260 contagios, hasta donde informaron, y la azucarera Ledesma, de la familia Blaquier, acumula 343 casos y doce fallecidos.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) denuncia que la empresa se ha convertido en un foco de contagio para toda la comunidad. Por ello reclaman la realización masiva de testeos a los trabajadores, cambios en el departamento de medicina laboral, el control estricto de los protocolos, el licenciamiento de los empleados mayores de 60 años y el respeto del salario de los trabajadores que se encuentran en aislamiento. Por supuesto, la patronal sigue sin cumplir con estos reclamos.

El gobernador Gerardo Morales permite que las patronales no cumplan con los protocolos, lo que termina generando estas muertes, absolutamente evitables. El presidente Fernández, por su parte, tampoco los sanciona, y hay que decir que en las múltiples oportunidades en las que se ha referido a la realidad de nuestra provincia ni siquiera menciona a los Blaquier. Antes con la dictadura, y hoy con la pandemia, se perpetúa la impunidad.

En síntesis, ni el gobernador radical Morales ni el presidente peronista Alberto Fernández ofrecen política alguna para resolver la crisis sanitaria y social. 

Escribe Adolfo Santos

Como si no hubiera gravísimos problemas sociales y económicos para resolver, el gobierno peronista está colocando gran parte de sus esfuerzos en el debate sobre la reforma judicial. Según el gobierno la ley sería un avance en la democratización del sistema judicial, ampliando la justicia federal y creando nuevos juzgados y cargos. De ninguna manera estos cambios implican una mayor democratización. Implican avanzar en una justicia maniatada al gobierno y garantizar la impunidad de Cristina y algunos de sus funcionarios. Por eso el apuro del gobierno que cuenta con los votos necesarios para que el proyecto sea aprobado en senadores, pero no en diputados, donde busca obtener los votos necesarios repartiendo con los gobernadores los nuevos cargos judiciales que el proyecto supone en las provincias. La propia vicepresidenta entró en escena para acelerar los trámites de un proyecto que hasta creó un “consejo de notables” para asesorar al congreso. “Notables” como Carlos Beraldi, hombre de confianza y abogado de la vicepresidenta en las causas en que está imputada. El peronismo kirchnerista también actúa para remover jueces contrarios en las causas en las que está imputada con el fin de poner jueces afines.

Tanto interés existe en la reforma judicial, que desde el Instituto Patria, que responde al peronismo kirchnerista, salieron a cobrarle con dureza a la ministra de Justicia Marcela Losardo la poca aplicación de la funcionaria en la defensa del proyecto. ¡Imaginen todo ese esfuerzo colocado al servicio de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras! Por ejemplo, para aplicar un impuesto a las grandes fortunas, resolver los graves problemas de la salud pública o enfrentar a las patronales que suspenden, despiden o cierran empresas tranquilamente.

No nos sorprende. Todos los gobiernos patronales tratan de controlar la Justicia, no para hacerla imparcial y transparente, sino para garantizar su impunidad. La oposición del macrismo a la reforma no tiene que ver con que este quiere avanzar hacia una justicia independiente, sino que responde a pujas de poder por el control del sistema judicial. Cuando Macri era presidente nombró jueces leales que le permitieron zafar de las 214 causas que tenía al comenzar su gobierno. Ahora lo mismo hace Alberto Fernandez. Impulsa una  reforma, que le permitirá controlar el Consejo de la Magistratura, que es el que nombra y remueve jueces o amplía su número para tenerlos de aliados. Muchas veces esos mismos jueces juegan para uno u otro gobierno patronal a fin de protegerse de denuncias y mantener sus privilegios, como hacía el tristemente célebre Norberto Oyarbide.

Una Justicia al servicio de los ricos y poderosos

Nada de lo que se está debatiendo en relación con esta reforma es para favorecer a los trabajadores y los sectores populares. Por eso nos oponemos al proyecto presentado por el gobierno. En este sistema capitalista, la Justicia es un instrumento al servicio de los grandes empresarios. Basta ver cómo actúa con Vicentin, protegiendo a una patronal que estafó a millares de pequeños productores sin sufrir puniciones. Tampoco hizo nada frente al vaciamiento de Latam, que pretende dejar 1.700 trabajadores en la calle, como no se inmutó cuando la multinacional Techint despidió a 1.450 obreros de la construcción en plena pandemia, o cuando la Defensoría de la Tercera Edad denunció el robo a los jubilados.

Pero cuando se trata de denuncias contra los trabajadores, la Justicia actúa con celeridad. Hasta movilizó a Interpol para buscar a Sebastián Romero por protestar contra el robo jubilatorio perpetrado por el gobierno de Macri. Lo mismo hicieron con el Pollo Sobrero cuando Anibal Fernández, sin ninguna prueba, lo acusó de quemar trenes y fue encarcelado. Permanentemente la Justicia moviliza tropas para reprimir las protestas, como hicieron con los trabajadores del frigorífico Penta o los mineros de Andacollo. Solo se consigue avanzar sobre la Justicia cuando es presionada por una poderosa movilización, como la que protagonizaron las mujeres en favor de sus derechos.

Por eso también repudiamos a las manifestaciones de la oposición patronal que, de forma hipócrita, se oponen a esta reforma. Ellos son parte de los que sostienen este sistema judicial injusto, corrupto y desigual. Esta Justicia es la Justicia de los peronistas, de los radicales y de PRO. Un sistema ordenado para castigar al pueblo pobre y trabajador y proteger a los grandes empresarios y a los que se alternan en el poder. Las protestas de la oposición patronal de derecha son una postura falsa. No son para mejorar la justicia, responden a una disputa en las alturas por el control del Poder Judicial. Es por eso que el gobierno negocia con los gobernadores el reparto de los nuevos cargos judiciales que se crearían con la reforma. Por eso afirmamos que ni las propuestas del gobierno ni de la oposición patronal son para mejorarlo, sino para colocarlo a su servicio.

Las cárceles están llenas de presos por pequeñas causas, como el caso emblemático del joven cordobés Jorge Ariel Wayar, condenado a cinco años de prisión en 1997 por “robar un peso”. Sin embargo, es difícil explicar que Carlos Menem, condenado por la venta ilegal de armas de guerra, que luego derivó en el juicio por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, con un saldo de siete muertos, no solo goce de libertad, sino que ocupe el cargo de senador con todos los privilegios.

La izquierda tiene una propuesta para la Justicia

El único cambio de fondo en la Justicia para colocarla a favor de los trabajadores sería posible con un gobierno obrero y popular. Mientras tanto luchamos por cambios inmediatos. Los jueces no pueden continuar siendo elegidos por la UCR, PRO, el peronismo y los grandes empresarios. Deben ser elegidos por el voto popular, con revocación de mandato, cuando se aparten de la imparcialidad o cometan ilícitos. Tampoco el cargo de juez puede ser vitalicio, ni puede tener sueldos millonarios o beneficios que otros sectores de trabajadores no gozan, tanto a nivel jubilatorio como impositivo. Hay que implementar juicios por jurados, que ya son parte de la Constitución, para que sea la propia comunidad la que juzgue la culpabilidad o inocencia de los delitos denunciados. De esta forma también se reducen los márgenes de ilícitos, coimas y recursos leguleyos que son utilizados para condenar a los trabajadores y los sectores populares.

 Escribe José Castillo

¿Se puede llamar “ajuste” a la política que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández? Esta duda, que la puede tener algún compañero de trabajo, estudio o vecino, se basa en que bajo este gobierno hay algunas medidas paliativas, como el IFE, o esta semana el anuncio del congelamiento de tarifas para la telefonía, el cable o internet. Sin embargo, seguramente este mismo compañero reconocerá el crecimiento de la miseria, el hambre, la desocupación o las bajas salariales. El gobierno insiste: “nosotros no hacemos ajuste”, o “ajuste es lo que realizaba Macri”. Es algo que aparece todos los días en el discurso del actual gobierno y sus periodistas amigos.

Sin embargo, tal como explicaremos a continuación, sí hay un ajuste en curso. Que no es menor, que se realiza con el acuerdo y la complicidad de las burocracias sindicales de todo pelaje (CGT y las CTA). Y se viene uno peor aún, ya esbozado por el gobierno, y que se agudizará cuando se cruce con las exigencias que va a plantear el Fondo Monetario Internacional en la negociación que se abrirá en lo inmediato.

El ajuste actual

Este año ya llevamos más de 15% de inflación oficial. Pero si miramos los productos que componen la canasta familiar es mucho más. Y se acelerará en los próximos días con el aumento de los combustibles.

Los jubilados vienen perdiendo feo. Todos, incluso los de la mínima, ya cobraron menos que lo que les hubiera tocado si se respetaba el índice de aumento derogado por el gobierno apenas asumió. Los trabajadores también ven sus salarios pulverizados, como explicamos más abajo. Y para el resto solo quedó la IFE, con los 10.000 pesos por familia que se cobraron tres veces en seis meses. Lo que, como todo el mundo sabe, no alcanza ni para empezar a cubrir la canasta de alimentos. 

Algún compañero podrá preguntarse ¿pero el gobierno de Fernández acaso no lleva gastado este año un montón de plata? Sí, en subsidios a las patronales. Las subvenciones este año ya acumulan 2,2 billones de pesos, la mayoría para el sector energético, léase para los monopolios gasíferos y petroleros y para el resto de las privatizadas. A esto tenemos que sumarle los salarios que paga el Estado a las empresas con la promesa de que no despidan ni suspendan, cosa que, como sabemos, no cumplen en lo más mínimo.

El ajuste que se viene

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un informe con la firma de su presidente, Miguel Pesce, explica que, una vez terminada la pandemia, lo primero que hay que hacer es “achicar el déficit” eliminando todos los gastos sociales que se generaron en la pandemia. A esto se agrega que están dejando correr la suba del dólar que, ya sabemos, termina en más inflación y pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Ahora se viene el proyecto de presupuesto 2021. No importa el doble discurso con el que se lo va a dibujar. En las planillas “reales” tendrá que demostrar que se avanza en achicar el déficit fiscal, y por lo tanto el gasto social, porque esa será la carta de presentación para la negociación con el FMI, que sobre esa base exigirá un ajuste mayor aún.

La traición de la burocracia sindical

Todo esto está sucediendo con la absoluta complicidad de la burocracia sindical, tanto de la CGT como de las CTA. Con el argumento de “no perder” puestos de trabajo se acepta que los salarios sigan retrocediendo. En lo que va del año apenas se firmaron veintitrés acuerdos salariales, con incrementos que oscilan entre el 23% y el 30% en cuotas. O sea, no cubren ni de lejos lo que se lleva perdido entre el año pasado y este.

Mientras tanto, el 81% de los trabajadores privados sigue cobrando igual que el año pasado, lo mismo que los estatales, que siguen con la paritaria suspendida. O menos aún, ya que en muchos gremios la burocracia habilitó rebajas del 25 por ciento.

Y la excusa de “defender los puestos de trabajo” es una mentira total: ya se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales en estos meses. Que son infinitamente más, se calcula que un millón, si sumamos los informales.

La conclusión: hay que salir a enfrentarlo y oponer un programa alternativo de emergencia

Hay que salir ya mismo a luchar contra el ajuste. Pelear contra las rebajas salariales, exigir que se reabran las paritarias, por un salario igual a la canasta familiar y para que ningún compañero se quede sin trabajo. Frente a la complicidad e inacción de la burocracia hace falta una nueva dirección sindical, democrática y combativa, como la que venimos construyendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Pero a esto hay que sumarle la pelea política, por un plan económico de emergencia ante las dos pandemias.

¡Hay que bajar el gasto público, dicen a coro desde el gobierno peronista de Fernández y la oposición de Juntos por el Cambio, con Lavagna acompañando.Bajemos entonces los subsidios a las grandes empresas, los bancos y las privatizadas, respondemos nosotros. Y, por sobre todo, suspendamos los pagos de la deuda, el mayor “rubro” de ese gasto. Y pongamos un impuesto a las grandes fortunas, tal como el del proyecto que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda. Así sobraría plata, por ejemplo, para dar un subsidio real, de 30.000 pesos por mes, a cada familia que lo necesite, en vez del miserable IFE actual.

Los dólares de las reservas del Banco Central no alcanzan, dicen los economistas del gobierno. ¡Por supuesto! Y cada vez van a alcanzar menos, si se dedican a pagar la deuda, a garantizarles las superganancias de los bancos, o a financiar la fuga de los pulpos especuladores. Qué hacemos entonces. ¿Se devalúa y se pulverizan aún más los salarios y las jubilaciones? O se toma el toro por las astas, se deja de pagar la deuda externa, se rompe con el FMI y se vuelca toda esa plata para las más urgentes necesidades populares. De nuevo, con el proyecto presentado por nuestra diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer, que plantea dejar inmediatamente de pagar la deuda, cortamos el problema de “la falta de dólares”. Y tendremos fondos para resolver tanto la crisis sanitaria, como la emergencia social.

En síntesis, frente al ajuste del actual gobierno, disfrazado detrás de palabras bonitas y sostenido con la complicidad de las burocracias sindicales, hay que luchar para que no se imponga, como hacemos desde el sindicalismo combativo, y postular un programa alternativo de emergencia que ataque las dos pandemias, la sanitaria y la social, tal como planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. 

Escribe Mariano Barba

En medio de la incertidumbre internacional sobre el precio del petróleo, el presidente Fernández designó a Darío Martínez secretario de Energía de la Nación, área que pasó al Ministerio de Economía. Martínez es un kirchnerista que llegó, enfrentando a Oscar Parrilli, como un renovador al Frente para la Victoria durante la presidencia de Cristina. Martínez, en un reportaje al diario Río Negro el 23 de agosto, reconoció que su designación en Energía fue “a pedido de Máximo Kirchner”, y sus primeras declaraciones dejaron en claro que viene a garantizar una política que le brinde “seguridad a los inversores petroleros”, es decir, que viene a aplicar a fondo la agenda de flexibilización laboral que hoy rige en las contrataciones para la explotación del petróleo y el gas bajo el sistema de fracking. 

El MPN, partido de gobierno en Neuquén, pugnaba para que fuera un miembro de su partido el que ocupara el cargo, y desde hace años postula al ex gobernador Jorge Sapag, que cayó en desgracia cuando se ventiló que intentó depositar 5 millones de dólares en el paraíso fiscal de Andorra. De cualquier manera, Martínez es un neuquino que se lleva muy bien con el actual gobernador Gutiérrez, que a su vez fue considerado como “amigo” por el presidente en un asado en la mansión El Messidor, de Villa La Angostura. O sea, la trenza política perfecta para seguir entregando las riquezas del subsuelo. Con un agregado: prometió abrir una subsede de Energía en Neuquén.

Martínez acepta que las tarifas de los combustibles y el gas están atrasadas, por eso se comprometió a preparar “una tarifa que le dé rentabilidad a quienes los producen para que hagan las inversiones necesarias”. Traducido, acordará con multinacionales como Chevron, Total, Exxon, o Shell la fijación de una tarifa que les garantice las ganancias, jugando para ello con millonarios subsidios que ya tienen y que paga todo el pueblo. 

Mientras tanto, un número importante de obreros petroleros continúan en sus domicilios con sueldos menores al 50% y el gremio sigue sin entrar en paritarias, por eso no se descartan amenazas de medidas de fuerza. No tanto porque el burócrata Guillermo Pereyra se haya vuelto combativo, sino porque con la llegada de Martínez se habla de reactivar las operaciones de YPF y otras empresas, que quieren hacerlo con la escala salarial de hace un año.

Escribe Viviana Carranza, ex comisión directiva Foetra Buenos Aires por la minoría, Lista Roja

El viernes 21 el presidente Alberto Fernández anunció que se declaran servicios públicos a la telefonía celular, internet y el cable para “garantizar el acceso a todas y todos”. El decreto invoca “la continuidad, universalidad y accesibilidad” de estos servicios y la intención de promover planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria. Al mismo tiempo, dispone el congelamiento de tarifas hasta fin de año.

Miles de usuarios ven con alivio y simpatía estos anuncios, sobre todo en los sectores populares donde se sufre el impacto de las tarifas exorbitantes de estos servicios, indispensables en la cuarentena para trabajar, estudiar, estar conectados con familiares, y donde se nota la gran diferencia entre quienes pueden pagarlos y quiénes no.

No faltan las críticas y “cacareos” de las multinacionales y del macrismo hablando de la libertad de mercado, amenazando con que “caerán las inversiones”, etcétera. Así defienden y ocultan las inmensas ganancias de Telefónica-Movistar, Telecom-Cablevisión y Claro. Hacia fines de 2019 ya habían aumentado sus tarifas 10 puntos por encima de la inflación, según el Indec, y en abril aplicaron nuevos aumentos de hasta 35 por ciento. Como si fuera poco, se triplicó el consumo de internet, celulares y cable por la cuarentena. Lejos de ser afectadas por la crisis económica, las empresas saldrán de esta pandemia multiplicando sus ganancias.

Muchos esperan que, tras el anuncio, haya un cambio en las reglas de juego. Lamentablemente eso no sucederá. Nos encontramos frente, otra vez, al doble discurso del gobierno de Fernández. 

El decreto, en lo esencial, vuelve a darle al Estado el poder de controlar las tarifas, que ya se habían regulado en 2015 con la Ley Argentina Digital. Sin embargo, tampoco esa ley del gobierno de Cristina garantizó en su momento tarifas accesibles y un mejor servicio.

Ahora el único anuncio concreto es la prórroga del congelamiento tarifario hasta diciembre, con la postergación del aumento previsto en septiembre, de 15 por ciento. Se “patea  para adelante” el tema tarifario en medio de una posible aceleración inflacionaria con el avance de la crisis económica.

Desde la escandalosa privatización de Entel, las multinacionales no han dejado de multiplicar ganancias con la ayuda, también, de los distintos gobiernos peronistas. No solo el del nefasto Menem, que regaló la Entel estatal a cambio de papeles de la deuda externa. También, mientras se promulgaba la famosa “Ley de Medios” (2009), y bajo los furiosos discursos peronistas kirchneristas “anti-Clarín”, se les abrió la puerta a las telefónicas para “agrandar” su negocio con internet y el cable, y además se quedaron con el 4G.

Pero ahora, si alguien tenía dudas sobre la intención del gobierno de Alberto Fernández, Claudio Ambrosini, titular del Enacom, organismo que regula los servicios de estas compañías, se apuró a aclarar: “La idea no es que las empresas pierdan plata… ni estatizarlas, ni nada de eso”. Por eso ni siquiera se piensa en aumentar el miserable 1% de las ganancias de las empresas que recauda el organismo.

Mientras tanto, con el título rimbombante Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicios TIC para Habitantes de Barrios Populares en el Marco de la Pandemia Covid-19, se entregarán 18.000 tarjetas telefónicas cargadas… con 250 pesos, una medida que no resuelve la falta de inversión de las empresas en los sectores menos rentables. En los barrios populares de Capital y el conurbano, y en innumerables zonas del interior del país, se multiplican los problemas de señal, incomunicación o servicios totalmente deficientes, como ya quedó demostrado con el fracaso del intento de la “educación virtual”.

¿Cuál es la solución?

El acceso a la conectividad, con servicios de calidad en internet, telefonía y cable con tarifas accesibles, es cada vez más necesario y se vuelve imprescindible, como queda demostrado en la cuarentena. Las multinacionales Telefónica-Movistar, Telecom-Cablevisión y Claro, que tienen en la mira solo sus ganancias y de acuerdo a ellas invierten o no, o directamente se llevan la plata fuera del país, no resolverán el problema de millones de argentinos.Tampoco la postergación de un aumento tarifario ni los discursos del gobierno.

Hay que garantizar el derecho al acceso real a las telecomunicaciones y a la información, otorgando un triple play (telefonía fija y celular, cable e internet) accesible y universal, con tarifas populares. Eso obviamente nunca se logrará mientras el negocio lo sigan manejando pulpos transnacionales como Telefónica, Telecom o Claro, o grupos locales como Clarín. 

Solo una empresa estatal única, que centralice la expansión de las redes, la infraestructura y las inversiones necesarias respondiendo a un plan nacional al servicio de la mayoría de los trabajadores y sectores populares, que esté orientada al desarrollo económico y social y no a las ganancias, puede ofrecer un verdadero servicio público y de calidad con tarifas accesibles. Para esto, la única salida real es la reestatización de las empresas de telecomunicaciones y su puesta en funcionamiento controladas por trabajadores y usuarios.