El gobierno de Vidal profundiza su ajuste a los terciarios. Los profesorados venimos padeciendo la falta de presupuesto como el conjunto de la educación pública. La mayoría de los ISFD no contamos con edificios propios y, donde sí, están en pésimas condiciones. Ahora Vidal pretende cerrar carreras y comisiones.
Ante este ataque, los estudiantes respondimos con organización y lucha. Desarrollando asambleas autoconvocadas, movilizaciones a las jefaturas zonales y cortes de calles en muchos distritos de la provincia. Incluso rápidamente coordinamos una movilización provincial a la DES (Dirección de Educación Superior) en La Plata, exigiendo la anulación del recorte.

Luego de las grandes movilizaciones en contra de la ley aprobada en Capital que niega el carácter profesional a la enfermería y otras disciplinas de la salud, los trabajadores de los hospitales avanzan en su organización independiente.
La gran “marea blanca” inició la construcción de una coordinación de gran importancia para el desarrollo del conflicto y la lucha contra la reforma sanitaria del FMI.
La gran rebelión espontánea de la enfermería porteña desbordó a la dirigencia sindical de Sutecba, el sindicato mayoritario, y a otros como UPCN y ATE, generando un vacío de dirección que empezó a ser llenado en las distintas reuniones de coordinación realizadas en las últimas semanas. En la última se votó la siguiente resolución: “Constituir una coordinadora genuina conformada por dos representantes de cada hospital público, privado, escuelas y universidades y asociaciones con voz y voto y la participación con voz y sin voto de los sindicatos que apoyen”. Categóricamente, se abrió la posibilidad de construcción de una coordinadora que pueda convertirse en una nueva dirección combativa y elegida en las asambleas de los hospitales.

Escribe Graciela Calderón
Secretaria adjunta Suteba La Matanza

Estamos en diciembre y el circo de la paritaria montada por Vidal sigue su curso. Comenzó en febrero de 2018 con la oferta salarial de 15% en cuotas, sin cláusula gatillo ni recomposición del 12% perdido en 2017. Luego incorporó una “revisión” en octubre, si la inflación superaba el 15%... La inflación ya pasó el 45% anual, mostrando la tomada de pelo de Vidal a la docencia y a la sociedad, a quien quiso poner en contra de los reclamos docentes.
Ante el repudio de la docencia y la masividad de cada paro, Vidal incorporó unilateralmente “bonificaciones a cuenta de futuros aumentos” cada dos meses, una miseria y sin que nadie comprendiera qué cobraba. ¡Y hasta llegó a cerrar paritarias por decreto en octubre! Más paros obligaron a reabrirlas y llevar a un 31% de aumento anualizado, a 15 puntos de la inflación real.

Escribe Malena Zetnik

Ante el fallo misógino en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez, el movimiento de mujeres prepara acciones de repudio contra la impunidad de los responsables y contra la justicia patriarcal.

Lucía Pérez tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 fue drogada, violada y asesinada por Matías Farías y Pablo Offidani en la zona de la playa La Serena, en Mar del Plata. Luego de su femicidio, su cuerpo fue lavado por los victimarios y tirado con ayuda de Alejandro Maciel en la puerta del hospital de la zona. La aberrante noticia del caso suscitó indignación social y miles de mujeres en la Argentina realizaron el primer paro con una gran movilización el 19 de octubre de ese año. En el Estado Español, Chile, México y en otros países, las mujeres también se movilizaron ese día para reclamar justicia y exigir que se cumpla con el #NiUnaMenos #VivasNosQueremos, bandera de la lucha del movimiento de mujeres a nivel mundial. Pero a dos años, la justicia patriarcal marplatense pretende dejar impune el caso.

Escribe Martín Fú

Ana María Martínez era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST, antecesor de Izquierda Socialista), secuestrada y asesinada por la dictadura en febrero de 1982. Luego de 36 años de su brutal asesinato, el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín fallará el próximo 6 de diciembre, a favor o en contra del general (R) Norberto Apa, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201, y del coronel (R) Pascual Muñoz, ex jefe del Departamento de Personal, ambos con sede en Campo de Mayo, quienes son acusados de proveer logística y personal para concretar el secuestro y posterior asesinato de nuestra compañera Ana María. Las querellas, conformadas por el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos y el equipo de Pablo Llonto han pedido perpetua e inhabilitación absoluta con cárcel común para los militares. El pasado jueves fue el turno de los alegatos de los defensores, a cargo de María Laura Olea -hija del múltiple condenado genocida Enrique Olea- y Gerardo Ibáñez, que en defensa de Apa descargaron una artillería de lugares comunes que en cada juicio de lesa humanidad los genocidas esgrimen como estrategia, negar el genocidio, que no fue un crimen cometido por el terrorismo de Estado, que por ende debería considerarse prescripto y que los testimonios aportados por los testigos estaban cargados de “subjetividades” y que se “habían deformado después de tanto tiempo transcurrido el crimen”.