En un hecho de corrupción de enorme magnitud, el gobierno ha condonado más de 70 mil millones de pesos de una deuda contraída por Franco Macro (padre del presidente) en los años que administró el Correo Argentino.
La turbia relación de la familia Macri con las arcas del estado se vio expuesta ante millones de personas con la última medida del gobierno: la quita de un 98.8% (70.000 millones de pesos) de la deuda contraída por el grupo Macri durante su administración de la concesión del Correo Argentino.
Escribe Simón Abreu
El grupo empresarial de la familia Macri, que durante las décadas del 70 y el 80 había hecho jugosos negocios con la obra pública y la estatización de deudas privadas durante la dictadura, se apoderó en 1997 del Correo Argentino en el marco de las privatizaciones realizadas por Carlos Menem. En apenas cuatro años, los Macri redujeron la nómina de trabajadores en un 40%, despidiendo a más de ocho mil empleados y acumularon una deuda con el Estado de alrededor de 300 millones de dólares, al negarse a pagar el canon de la concesión entre 1998 y 2003 mientras obtenían aumentos de tarifas, vía libre para despedir y flexibilizar trabajadores y cuantiosas ventajas comerciales.
A fines de 2003 la empresa concesionaria fue declarada en quiebra y al gobierno de Néstor Kirchner no le quedó más remedio que proceder a la reestatización del Correo Argentino. A partir de ese momento y en los doce años siguientes los gobiernos de Néstor y Cristina “congelaron” la demanda del cobro de lo adeudado por el grupo al estado. Este tratamiento benévolo tuvo sin duda mucho que ver con la virtual “alianza” que Franco Macri hizo en su momento con el gobierno kirchnerista, y que le valió ser receptor de importantes negocios en la relación de Argentina con China y en la concesión del Belgrano Cargas.
Con la llegada al gobierno de Mauricio Macri, se nombró a Jorge Alberto Irigoin a la cabeza del Correo Argentino, el mismo CEO que había ocupado esa posición durante el período en el que la empresa estuvo privatizada. El 28 de junio pasado el gobierno terminó aceptando una escandalosa “oferta de pago” realizada por el grupo Macri, según la cual pagaría apenas el 1,2% de la deuda total y en cómodas cuotas hasta el año 2033. Este acuerdo, que trató de ser mantenido en secreto hasta ahora, finalmente trascendió y generó una enorme ola de repudio, a tal punto que obligó a que terminara siendo cuestionado por el propio Ministerio Público en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
La corrupta jugada del gobierno para beneficiar al grupo empresarial de la familia del presidente ha demostrado al servicio de quién está gobernando. El macrismo ya se va acostumbrando a que se lo asocie con la corrupción. Fue señalado por su manejo de cuentas en paraísos fiscales y su aparición en los Panama Papers. La vicepresidenta Michetti se ha visto envuelta en escándalos por los manejos corruptos de la fundación SUMA. También se ha acusado al jefe de la inteligencia Gustavo Arribas, de estar vinculado con los esquemas de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Los 70 mil millones de pesos “perdonados” al grupo Macri contrastan con los tarifazos, los despidos y los ataques permanentes contra los salarios y los convenios de trabajo. Mientras el gobierno y las patronales roban impunemente, a los trabajadores se les pasa la factura mediante un ajuste.
Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, exigió en el Congreso: “embargar y expropiar ya todos los bienes de la familia Macri para que pague el total de la deuda y que el Correo Argentino se ponga bajo control de sus trabajadores, reincorporando a todos los despedidos durante la privatización bajo gestión macrista y que vayan presos todos los funcionarios corruptos que avalaron esta nueva estafa de los Macri”. El escándalo es tan grande que la justicia tuvo que imputar a Macri y a Aguad. Por supuesto, no podemos quedarnos de brazos cruzados confiando en las instancias judiciales que están estudiando el caso: debemos impulsar acciones concretas para hacer valer esta exigencia, ya que representa la única salida justa frente a esta escandalosa estafa.
¿Para que se usó la plata del blanqueo de capitales?
Escribe José Castillo
A fines del año pasado el gobierno de Macri mostró como un gran éxito el resultado parcial (el cierre final será el 31 de marzo) del llamado blanqueo de capitales. En concreto, ingresaron a la AFIP 106.760 millones de pesos producto de los bienes declarados. Recordemos que esto es el monto de las multas abonadas, en todos los casos infinitamente menores a lo que hubieran debido pagar en impuestos los que fugaron esas divisas.
Cuando se discutió la ley que dio lugar a este blanqueo se la justificó diciendo que iba a servir para financiar la “reparación histórica para los jubilados”. Era una vulgar mentira. El monto recaudado ingresó al Tesoro Nacional y fue utilizado en su totalidad para reducir el voluminoso déficit fiscal del año pasado. La famosa “plata del blanqueo” no fue a los jubilados, sino a tapar los baches que dejó en el fisco los pagos de la deuda a los buitres y la eliminación de impuestos a los más poderosos, como las retenciones a las agroexportadoras y las mineras. Una auténtica vergüenza.
