Escribe Atilio Salusso

Era “la palabra maldita”. La que todo el gobierno tenía prohibido mencionar. La que el peronismo del Frente de Todos vino asociando solo a “la derecha neoliberal”, como le dicen. Nunca en boca de gobiernos supuestamente “populares”. Pero la evidencia de los hechos traiciona hasta el más precavido. Los anuncios de Batakis ya son catalogados como un claro “ajuste”. El propio presidente cayó en la trampa. Tuvo que mencionar la palabra maldita.

“La Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana: controlar el gasto público, a seguir en el camino de disminuir el déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que dañe a la gente” (Página12 7/22, transcribiendo expresiones del primer mandatario en la TV Pública). Reconocido el hecho, vamos a las reflexiones.

¿Desde cuándo “un ajuste no daña a la gente”? Solo no dañaría al pueblo trabajador si se impusiera un ajuste a los de arriba, a los grandes empresarios y capitalistas. Pero el ajuste del que habló Batakis es contra el pueblo trabajador, achicar “gastos”, que es también una palabra que usa la derecha para referirse a la inversión en salud, educación, en viviendas populares.

Otro que pisó el palito fue el diputado nacional peronista José Luis Gioja, durante muchos años presidente del PJ. Dijo que el discurso de Batakis “fue un discurso muy sincero y peronista, con la imagen de que si hay esfuerzo va a ser para todos y si hay reparto también” (Idem). Acá Gioja se quedó con la vieja palabra, “esfuerzo”, en vez de ajuste. Para el caso es lo mismo. Aclarado esto, le podríamos preguntar a Gioja -quien estuvo en varios planes de ajuste aplicados por el PJ a lo largo de los años-: ¿cuál es el “esfuerzo para todos”? ¿Qué “esfuerzo” se le está pidiendo a los remarcadores de precios, bancos y al FMI?  ¿Al Braun de La Anónima que vive de subir los alimentos? El esfuerzo lo hace el pueblo trabajador, a quien se le roban permanentemente sus ingresos. Y otra pregunta: ¿Desde cuando “el reparto” es para todos si una minoría se queda con el 58% de la torta y el 98% de la población se tiene que conformar con el resto? El pueblo trabajador genera la riqueza que se lleva una minoría parásita.

Está claro, hay un mayor ajuste. Hagamos esta precisión. Porque el ajuste empezó desde que asumió el gobierno atacando a las y los jubilados y se vino profundizando para cumplir el pacto con el FMI. Hay un mayor ajuste que llamamos a enfrentar.

 “Santa Cruz es la provincia que más dólares produce”, dijo Cristina Fernández en su reciente discurso en El Calafate acompañado por su cuñada y gobernadora Alicia Kirchner. Y agregó: “si miro la cifra de dólares per cápita esta provincia es la primera en materia de producción de dólares”.

Si sobran dólares en Santa Cruz uno podría inferir que no hay pobreza. ¿Se han erradicado los males sociales en esa provincia? Nada que se le parezca.

Resulta ser que la mayoría de los salarios que dependen de la gobernadora santacruceña son de pobreza. Por ejemplo, los docentes con el último aumento firmado en la paritaria percibirán en diciembre 80.000 pesos el ingresante, mientras la canasta de pobreza supera los 100.000 mil pesos la cual es mayor en la Patagonia porque los alimentos y alquileres, entre otras cosas, son muchos más elevados que en el resto del país.

Si Santa Cruz genera dólares es porque desde hace dos años es la mayor exportadora de oro y plata del país y tiene megaminería desde los años ‘90, es decir, es tierra de saqueo y contaminación. Pero a los dólares se los llevan afuera.

Alicia Kirchner fue la primera en sacar las regalías mineras como lo dispuso el macrismo (lo que pagan esas multinacionales) y nunca las repuso. Será por eso que el entonces ministro Frigerio dijo que “Alicia era la mejor alumna de Macri”.

Santa Cruz produce dólares, pero se los llevan las multinacionales, mientras el “per cápita” de pobreza queda para los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Escribe Mariano Barba
 
Nuestro país cuenta con una decena de fábricas de neumáticos, aunque las más importantes son Bridgestone en Lavallol, Pirelli en Merlo y Fate en San Fernando. Estas fábricas, que dominan casi la totalidad de la producción, actúan oligopólicamente y tienen sus casas matrices en países imperialistas. Anualmente fabrican más de quince millones de cubiertas, de distintas medidas, de las que exportan unos ocho millones. Dejan una cantidad para comercializar en el mercado interno que es inferior a lo requerido, por lo tanto generan un faltante adrede y justifican de esa manera los exorbitantes incrementos de precios, que desde finales del 2021 a la fecha alcanzan el 100%. Es decir, duplicaron los precios al público, generando un extraordinario colchón de ganancias.

El gobierno es cómplice de estas superganancias porque no controla los precios, ni la cadena de costos, ni aplica la ley 23.546 que regula las paritarias al poder exigirse a las empresas detalles de los componentes de costos para determinar la capacidad de pago de los acuerdos. El propio gobierno colaboró con esas superganancias, ya que les facilitó a las empresas del rubro el acceso a los créditos del Bicentenario a muy baja tasa, además del ATP en la pandemia, subsidios a la energía, al gasoil, y dólares a precio diferenciado para sus compras importadas, sobre todo de caucho, que incide solo en el 4% en la composición de los costos.

Con este panorama de altos ingresos y ganancias extraordinarias están plenamente justificadas las exigencias salariales del Sutna y el cobro del bono por participación en las ganancias que está instituido desde 2001 pero nunca fue aplicado hasta este año.

Escribe Mariano Barba

Con un contragolpe judicial y persecutorio el gobierno nacional pretende acallar el reclamo de los movimientos sociales. En vez de dar trabajo genuino y mejorar sustancialmente el valor de los planes sociales y de Potenciar Trabajo, el gobierno del Frente de Todos acrecienta su política represiva. Además de las causas penales abiertas contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se realizaron varios  allanamientos a los compañeros y compañeras de la CCC y la persecución en Jujuy con una serie de allanamientos a dirigentes y locales de otros movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Frente Popular Darío Santillán - Corriente Plurinacional, el Movimiento Evita, el MTR 12 de abril, Nuestramérica y Tupac Amaru.
Esta ofensiva de criminalizar la protesta contra los movimientos piqueteros es impulsada también por los gobernadores y especialmente promovida por la propia Cristina Kirchner cuando pronunció su discurso exigiendo que los beneficiarios de los distintos planes sociales pasen a ser controlados por los intendentes peronistas y queden al servicio de su campaña electoral de cara al 2023. La denuncia con detalles de la persecución fue formulada en conferencia de prensa por las organizaciones de la Unidad Piquetera en el Obelisco el jueves 7 de julio, donde anunciaron también que volverán con los acampes en defensa de los reclamos. A su vez en el Congreso nacional hubo otra conferencia de prensa con la presencia de los diputados del FIT Unidad donde se repudió la criminalización a las organizaciones piqueteras. Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con las organizaciones piqueteras y nos sumamos a las acciones de denuncia que decidan realizar.

El pasado 2 de julio murió en cárcel común el siniestro genocida Miguel Etchecolatz, quien había sido condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.
Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Camps. Fue quien coordinó los “grupos de tareas” fascistas y los centros clandestinos de detención que tenía a su cargo concentraron la mayor parte de las y los detenidos desaparecidos. Fue condenado por el secuestro y asesinato de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil conocido como la "Noche de los Lápices", entre otros crímenes.

En los ‘80 fue beneficiado por la Ley Obediencia Debida del “demócrata” Raúl Alfonsín y luego condenado cuando la misma se anuló por la movilización popular en 2006. En 2017 fue beneficiado con la prisión domiciliaria en el Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata, y el repudio popular logró revocar la sentencia devolviendolo a la cárcel de Ezeiza.

Si Etchecolatz, al igual que Videla, pasó hasta sus últimos días de vida en cárcel común fue fruto de la lucha popular, no de los gobiernos. Si hubiera justicia, éste debería ser el destino de todos los genocidas y cómplices civiles de este capítulo nefasto en nuestra historia. Sin embargo, muchos están en libertad: siete de cada diez genocidas condenados gozan de prisiones domiciliarias; incluso el propio Etchecolatz había sido beneficiado con este recurso semanas antes de su muerte.

Murió impune por la segunda desaparición de Jorge Julio López en 2006, del cual el actual ministro peronista Aníbal Fernández afirmó que “podría estar tomando mate con su tía”, encubriendo la responsabilidad de las bandas ligadas a Etchecolatz. Esa misma impunidad de ayer y de hoy es por la que cada 24 de marzo marchamos de manera independiente con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: por cárcel común para todos los genocidas y sus cómplices civiles, grandes empresarios, multinacionales, políticos patronales, la cúpula de la Iglesia que bendecía a los genocidas; contra quienes niegan a los 30.000 y reivindican la dictadura como Milei y contra las consecuencias nefastas del plan económico que viene de la dictadura, centralmente con una deuda externa usurera y fraudulenta.
Desde Izquierda Socialista seguiremos ese camino de lucha para terminar con la impunidad,  reclamando la apertura de todos los archivos al gobierno, cárcel común a todos los genocidas y a los cómplices civiles.