No por repetido deja de ser dramático: la plata no alcanza. Eso está en todas las conversaciones de las y los trabajadores y demás sectores populares. Los salarios, las jubilaciones, cualquier ingreso se diluye como arena entre las manos frente a la inflación. Al mismo tiempo se incrementan la pobreza y la indigencia. Al drama de los que no tienen trabajo, se suman los millones que sí lo tienen, pero están precarizados, tercerizados o en negro, cobrando salarios por debajo de la canasta de pobreza. Esta semana decenas de miles se están movilizando en todo el país con la Marcha Federal Piquetera, reclamando contra el congelamiento de los planes sociales y por trabajo genuino.

La imágen que da el gobierno es de estar absolutamente en otra cosa. Muy lejos de las reales preocupaciones del pueblo trabajador. El Frente de Todos sigue inmerso en una crisis política cada vez más profunda. Alberto Fernández trata de alejarse del “fuego amigo” que le lanza Cristina desde su propio espacio, poniendo distancia, y viajando a Europa en una gira improvisada y armada en un par de días. En el país queda el ministro de Economía Martín Guzmán, cuyas tareas en los últimos días consisten en hacer un raid, recorriendo todos los foros empresarios. Si la semana pasada, el dato estrella fue su presencia en la cumbre del Llao Llao, esta vez se destacó en su reunión con la Amcham (Cámara de Comercio de Argentina y Estados Unidos). A esto se le sumó otra tarea: atender a la primera visita de inspección del FMI sobre los números de nuestro país. Para que no se notara tanto la entrega, Guzmán negoció que la misión del Fondo no venga presencialmente a nuestro país y se haga virtualmente.

El otro componente del Frente de Todos, el peronismo kirchnerista, dio un nuevo salto en su “crítica” retórica contra el gobierno con el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández al recibir el título de doctora honoris causa en la Universidad del Chaco Austral. A ello se sumaron Máximo y los bloques de diputados y senadores kirchneristas, con una andanada de medidas supuestamente “progresistas” (aunque luego cuando las desmenuzamos nos damos cuenta que no lo son). Pero la realidad es que el kirchnerismo, más allá del palabrerío, no está dispuesto ni a organizar la lucha contra el ajuste, ni a presentar una alternativa política distinta al peronismo gobernante.

Juntos por el Cambio, por su parte, sigue inmerso en su interna. Continúan las disputas de cartel, y las peleas por el posicionamiento de los que aspiran a ser candidatos el año que viene. Pero, más allá de que esto da lugar a roces y matices políticos, hay algo en lo que todos, sin excepción, están de acuerdo: se autocritican de haber gobernado en 2015 sin avanzar con más profundidad y velocidad en aplicar el ajuste que planteaban. Lo sintetizó Horacio Rodríguez Larreta: “cuando ganemos hay que aplicar todas las medidas no en 100 días, sino en 100 horas”. Los libertarios de Milei y Espert le agregaron esta semana una marca más a su perfil de ultra reaccionarios: votaron en contra nada más ni nada menos que la ley de atención de VIH y otras enfermedades, que obtuvo media sanción debido a la movilización tenaz del movimiento de mujeres y disidencias.

Cristina dijo en su discurso en el Chaco que crece la “insatisfacción democrática”. Sin duda, pero lo que no dijo la vicepresidenta fue que ella, que gobernó, colaboró para que millones de pobres y marginados se “desencanten” de la democracia. Lo que Cristina llama la insatisfacción democrática no es otra cosa que la justa reacción popular ante decenas de años de gobiernos que suben al poder llenos de promesas, para dedicarse luego a administrar los respectivos ajustes.

Ni el Frente de Todos en el gobierno, en sus dos vertientes, “albertistas” o “cristinistas”, ni la oposición patronal de Juntos por el Cambio con su larga lista de candidatos, ni mucho menos la ultraderecha libertaria de Milei y Espert, ofrecen la más mínima solución ni perspectivas al drama que azota al pueblo trabajador. Hace falta algo totalmente distinto, un plan económico alternativo, obrero y popular, que ponga en marcha las medidas que se necesitan para resolver las más urgentes necesidades populares.

La primera acción, básica y fundamental, es dejar ya mismo de pagar la deuda externa y romper con el Fondo Monetario Internacional y su plan de ajuste. Esto, junto con imponer fuertes impuestos de verdad a las grandes riquezas, permitirá que exista el dinero que debe aplicarse a generar trabajo genuino, mediante un gran plan de construcción de viviendas populares; a aumentar los salarios y a mejorar la salud y la educación públicas. Ante el flagelo de la inflación hay que defender el poder adquisitivo del pueblo trabajador, otorgando un aumento para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos, actualizado mensualmente por la inflación. Contra la realidad de las actuales jubilaciones de miseria, hay que dar un aumento para que ningún jubilado cobre menos que el valor de la canasta de la tercera edad (hoy en 92.000 pesos). Frente a la amenaza de nuevos tarifazos, hay que reestatizar las privatizadas, bajo gestión de trabajadores y usuarios. Ante la crisis energética que se viene para este invierno, la salida es una YPF 100% estatal y la recreación de una Gas del Estado que concentre la totalidad de ambos negocios, el gasífero y el petrolero. Ante la fuga de capitales y las maniobras con el dólar, se impone la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Todas estas medidas solo las plantea Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, que se postula para llevarlas adelante con un gobierno de los que nunca gobernaron, las y los trabajadores.

Escribe José Castillo

Los precios siguen subiendo, comiéndose a los salarios. Los últimos acuerdos paritarios, que se presentan como de 60% anual, son en cómodas cuotas, no recuperan lo perdido y ni siquiera garantizan empatar en el porcentaje a una inflación anual que va a camino a terminar en el 65%.

Los números de la inflación son aterradores. El último registro oficial, del mes de marzo dio 6,7%, el mayor de los últimos veinte años. Se nos vendió que se trataba de apenas un pico, y que en abril habría un sustancial descenso. ¡Mentira! Este jueves conoceremos el número oficial, pero todos los pronósticos anuncian que terminará cerca del 6%. Y, como vino pasando los últimos meses, el valor será peor aún si focalizamos en cuánto subieron los alimentos y otros productos esenciales de la canasta familiar.

Encima, esto recién empieza. En los primeros días de mayo ya tenemos un nuevo salto en el precio de los combustibles, que acumulan en el año un alza del 30%. Vale detenerse en el detalle de cómo se dio esta vez la suba. Salieron primero las transnacionales Axion y Shell, subiendo un 12%. YPF, la petrolera con mayoría estatal, tendría que haber aprovechado para “disciplinarlas”, manteniendo el valor del combustible como estaba, y forzando, vendiendo más barato, a que las dos multinacionales tuvieran que retroceder. Hizo lo contrario: siguió el tren de Axion y Shell y acompañó aumentando también un 12%.

Este es un pequeño ejemplo de cómo el propio gobierno del Frente de Todos, en su afán de “hacer los deberes con el FMI”, es el que termina fogoneando o convalidando aumentos de precios, que luego son utilizados por las propias patronales como excusa de que “le subieron los costos” para aumentar sus propias listas de productos. Y así realimentar la inflación. Esto también se dará con el tarifazo en puerta de la luz y el gas (tal como explicamos en Audiencias públicas de la luz y el gas / Se vienen los tarifazos).

La pasividad del gobierno ante los aumentos de precios es atroz. Ninguna de las medidas anunciadas con toda la pompa hace un par de meses funciona (relanzamiento de precios cuidados, acuerdos de la carne, fideicomiso para garantizar el precio de la harina). El incumplimiento empresario de lo que ellos mismos firmaron es gigantesco: en las góndolas cada vez es más difícil encontrar los productos acordados. En algunos casos, como el aceite, es casi un milagro. Por supuesto, no existe una sola empresa sancionada.

¿Es que el gobierno “quiere pero no puede” controlar? ¿Es acaso como dice la oposición patronal, que sostiene que los controles de precios no sirven? Nada de eso. Digámoslo con todas las letras: al gobierno le conviene que siga la inflación, ya que es la manera más sencilla de licuar los salarios estatales, las jubilaciones y los gastos sociales en general. Para así cumplir con el ajuste exigido por el FMI.

¿Qué pasa con los aumentos de salarios?

Hace apenas un par de meses, la pauta de negociación paritaria para 2022 se venía proyectando en el 40% anual (por supuesto en cómodas cuotas). La burocracia sindical de la CGT y las CTA, en un apoyo desvergonzado al gobierno, ni mencionaba recuperar lo perdido en los últimos años. Luego, ante el desmadre inflacionario y la bronca creciente, tuvieron que empezar a hablar del 50%. Ahora con estos números récord de inflación, algunos gremios empiezan a cerrar en valores cercanos al 60%. Siempre, por supuesto, en cuotas que se terminan completando a fin de año o incluso en los primeros meses de 2023. El primer gremio que cerró con estos valores fue la Asociación Bancaria, que de esa forma desactivó un conflicto que se venía incubando por la bronca de las bases. La vicepresidente Cristina Fernández, aprovechando que el secretario general de dicho sindicato, Sergio Palazzo, pertenece a su sector interno, se apresuró a felicitar y celebrar el acuerdo. En los días sucesivos, algunos otros gremios firmaron por porcentajes similares.

Sin embargo, no debemos dejarnos engañar: esos valores no alcanzan. Primero y principal, porque no se trata de un 60% real, sino de una serie de pequeños aumentos en cuotas que “al final”, a fin de año o comienzos de 2023, sumarán el 60%. O sea que los salarios seguirán corriendo de atrás a la carestía de la vida. Segundo, porque la inflación de este año va a ser incluso superior al 60%, según todos los pronósticos. Y tercero, porque ni por asomo, siquiera se acercan a recuperar lo perdido en años anteriores.

El deterioro de los salarios no se arregla con los discursos de Cristina. Mucho menos con las declaraciones de Alberto y Guzmán, que anuncian una reactivación que no se ve por ningún lado. La salida es clara: se necesita un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos a fines de marzo). A partir de allí hay que reabrir todas las paritarias para recuperar lo perdido. Y reajustar mensualmente los ingresos de acuerdo a la inflación. A todo esto hay que complementarlo con un verdadero control de precios, fijando valores máximos a todos los productos de la canasta familiar y sancionando severamente, como autoriza la Ley de Abastecimiento, a todas las patronales que la violen. Este programa, que incluye la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa para poner esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, es el que planteamos, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Hay que imponerlo con la lucha.

Escribe José Castillo

Esta semana se realizarán las audiencias públicas que exige la ley como paso previo a aumentar las tarifas eléctricas y del gas. Si esas audiencias siempre terminan siendo meramente formales (solo se cumple en convocarlas, ya que son “consultivas” y no obligan a nadie), esta vez serán más truchas que nunca. Ni siquiera se realizarán en forma presencial. Se tratará de una puesta en escena virtual, a la que el propio ministro Guzmán ni siquiera se asomará.

En concreto, se trata de cumplir con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional: la de reducir los subsidios a las privatizadas para cumplir con los pagos de deuda externa. Claro que, para cumplir con esto, ni por asomo se piensa en que las empresas reduzcan sus ganancias. Por el contrario, todo se resolverá haciendo que los usuarios paguen más.

El gobierno del Frente de Todos anunció todo un plan de “segmentación”, supuestamente para que el pueblo trabajador no sufra el tarifazo. ¡Mentira! Ahora que llegó la hora de la verdad, los números están a la vista: al 20% que ya se aumentó en marzo, hay que sumarle otro tanto para la mayoría de los usuarios. El incremento promedio será de 42%. Y, como ya se viene rumoreando, no se descartan nuevos aumentos en el año si con eso no se alcanza al ajuste requerido por el Fondo.

Obviamente que la salida es, antes que nada, romper las cadenas de ese acuerdo infame con el FMI. Pero a eso tenemos que sumarle la inmediata reestatización de todas las privatizadas bajo gestión de sus trabajadores o usuarios. Porque la alternativa no puede ser más subsidiar a los monopolios privados, o tarifazos, sino, por el contrario, servicios públicos de calidad con tarifa social para quien la necesite.

Escribe Eli Rodríguez

La Anses informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales aumentarán 15% a partir del 1° de junio.

Con este aumento, el haber mínimo de 32.630 pesos recibirá 4.894,50 pesos más por mes, pasando a 37.524,50 pesos. La Pensión Universal para Adulto Mayor (Puam) pasa de 26.104 pesos a 30.020 pesos. Las pensiones no contributivas de 22.841 pesos a 26.267 pesos. Y el haber máximo de 219.572 pesos a 252.508 pesos.

Este aumento se aplica sin tomar en cuenta el bono de 6.000 pesos de abril ni el de 12.000 pesos de mayo.

Hay que tener en cuenta que la actual fórmula de movilidad no contempla la inflación para la actualización de los haberes. En el primer trimestre de este año, el promedio de la misma fue del 16,1%. Y se estima que la del segundo trimestre será superior.

Al 1° abril, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de los Adultos Mayores valía 97.238 pesos. Con este incremento, el nuevo haber mínimo no llega cubrir el 40% de ese monto.
Hoy, son más de 4,6 millones las y los jubilados-pensionados que perciben hasta 38.630 pesos. Con el aumento no llegarán a 45 mil pesos y seguirán en condición de pobreza.

Aunque diga lo contrario, nuevamente el gobierno del Frente de Todos les roba a los jubilados.

Escribe Claudio Funes

El martes 10, decenas de columnas, de las casi cuarenta organizaciones sociales combativas que integran la Unidad Piquetera, partieron de distintas provincias para ingresar el próximo jueves 12 a la ciudad de Buenos Aires por tres puntos: por Retiro lo harán las columnas que partieron desde el noreste (NEA) y noroeste (NOA) argentino; por Once las provenientes de las provincias de Cuyo y Neuquén y por Constitución las que marcharon desde La Patagonia, el interior de la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Desde esos tres barrios convergen, alrededor del mediodía, en Plaza de Mayo “Por trabajo y por salario; contra el hambre y la pobreza”.

Son los mismos reclamos de fondo que le hicieron llegar al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, durante el acampe de 48 horas en la avenida 9 de Julio, a fines de marzo, y que les fueron tajantemente rechazados. Es que el gobierno de Alberto Fernández se aferra a su pacto de ajuste con el FMI y por ello se niega a aumentar los cupos para planes sociales e incrementar los montos del plan Potenciar Trabajo. Ni hablar de brindar una solución de fondo al problema de la falta de puestos de trabajo.

Con la batuta de la economía nacional en manos del Fondo, la crisis social continúa profundizándose y el gobierno se vio obligado, por el gran descontento popular, a otorgar un nuevo bono, 18.000 pesos -a cobrar en dos cuotas 9.000 pesos en mayo y junio-.  Más de 14 millones de personas lo han solicitado, haciendo colapsar la página de la Anses. Sucede que, como consecuencia del ajuste, no cesa el deterioro del poder adquisitivo de los hogares de menores recursos. La suba de precios de los alimentos en los barrios populares es feroz, estos escalaron un 31,5% durante el primer cuatrimestre. (BAE Negocios, 04/05/2022)

El “refuerzo de ingresos” es totalmente insuficiente, ya que la situación de los millones que lo perciben volverá a deteriorarse a partir de julio. Los bonos son solo parches que consolidan la pobreza.

A los movimientos de desocupados combativos los asiste la razón cuando reclaman puestos de trabajo genuinos sin precarización laboral; un salario igual a la canasta familiar y un aumento de emergencia para que ningún trabajador ni jubilado esté por debajo de la canasta de pobreza. Cuando exigen aumento inmediato de los programas sociales y su apertura para todo aquel que lo necesita; la asistencia a comedores populares, acceso a una vivienda digna, por salud y educación pública de calidad.

Izquierda Socialista hace suyas las demandas de la Marcha Federal y se solidariza con la lucha por conquistarlas.

Mientras, manifestamos que la generación de trabajo genuino es posible, hoy mismo, como señala el proyecto de Ley presentado por el diputado Giordano y la diputada Schlottauher, ambos de Izquierda Socialista/FIT Unidad: solo con lo destinado en los últimos meses al pago de Deuda Externa se puede realizar un plan de construcción de 500.000 viviendas populares y brindar trabajo a más de 2.000.000 de personas directamente, además de empleos indirectos. Reclamamos que el gobierno rompa su pacto con el FMI, deje de pagar la ilegítima, ilegal y saqueadora Deuda Externa, y destine esos fondos a resolver, entre otros, los problemas de empleo y salario que sufrimos toda la clase trabajadora.

En el primer trimestre de este año aumentó la pobreza. Con el gobierno del Frente de Todos y el FMI es una tendencia que continuará junto a la inflación. Un informe del IAE, de la Universidad Austral, proyecta que a las elecciones de 2023 se llegará con 50% de pobreza. (cronista.com, 5/5/2022)