Escribe José Castillo

Arrecian las críticas desde el kirchnerismo contra el ministro de Economía Martín Guzmán, exigiendo muchos ya abiertamente su renuncia. Cristina lo acusa de único responsable del acuerdo con el FMI. ¿El resto del peronismo no tiene responsabilidades? ¿Echando a Guzmán se soluciona todo?

Si bien la pelea del kirchnerismo con el ministro Martín Guzmán ya lleva un año (desde cuando este intentó desplazar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo), el conflicto se incrementó en los últimos meses. Y creció exponencialmente cuando Cristina no quiso quedar pegada al ajuste que implica el acuerdo con el FMI. Eso llevó, como ya es conocido, a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos.

Ahora los ataques verbales contra Guzmán son diarios, lanzados tanto por kirchneristas que están en el gobierno como por los que no. Incluso, en los últimos días se han sumado a esos ataques dirigentes del sector de Sergio Massa, como la diputada Cecilia Moureau. Hebe de Bonafini llegó al punto de decir que le gustaría “pegarle una cachetada” al ministro. Se acusa a Guzmán de ser un “títere” del FMI y de oponerse a cualquier política de redistribución  de la riqueza.

¿Y si se queda Guzmán?

Apuesta a quedarse. O, por lo menos, esa parece ser la señal que ha recibido desde el propio Alberto Fernández. Las formas que ha elegido pintan de cuerpo entero al gobierno. Martín Guzmán empezó a visitar cuanta reunión del establishment patronal encontró a mano. Así, estuvo en un mano a mano en la reunión del Llao Llao (ver Reunión de la “crem” empresarial con el gobierno y la oposicion patronal / ¿Para qué se juntaron en el Foro del Llao Llao?), anteriormente en IDEA, y sigue en un recorrido similar casi diario. Solo lo interrumpe por sus viajes internacionales para mantener vivo el acuerdo con el FMI.

Incluso sus intentos de caer simpático a sectores kirchneristas tienen esta impronta. Así, apareció en varias reuniones con funcionarios del área de Energía, no para anunciar que no habrá tarifazo -todo lo contrario-, sino para promover nuevos negocios a los monopolios transnacionales del gas y del petróleo.

¿Y si se va Guzmán?

Ni a Alberto ni a Cristina se les pasa siquiera por la cabeza romper con el FMI ni dejar de pagar la deuda. Todas las “opciones” de reemplazo del actual ministro son una continuidad de la política que se está llevando adelante. Veamos.

Alberto Fernández tanteó, según trascendidos periodísticos, a Roberto Lavagna, el responsable del primer canje de deuda de Néstor Kirchner y que hace ya más de una década viene proclamando que lo que hace falta es un mayor ajuste.

Otra variante, si renuncia Guzmán, es hacer un enroque y poner otro funcionario actual en su lugar. Podría ser el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, o la ex vicejefa de gabinete y actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales Cecilia Todesca. Pesce es quien le está garantizando superganancias a los bancos privados a través de una suba constante de las tasas de interés que estos cobran por adquirir Leliqs del gobierno. Y Todesca siempre estuvo absolutamente de acuerdo con todas las negociaciones que se llevaron adelante con el FMI, tal como lo explicó largamente en una reciente entrevista (Perfil, 12/03/2022).

Otra variante es Martín Redrado. Promovido por Sergio Massa, Alberto Fernández no lo ve con malos ojos (y, como explicamos más abajo, Cristina tampoco). Pero lo importante es saber que Redrado es uno de los candidatos favoritos del establishment económico, aunque claramente el más cercano al gobierno. Sus propuestas, profusamente publicitadas en entrevistas y en su libro “Argentina primero”, no son muy distintas a las de Melconian y el conjunto de los economistas liberales que se mueven alrededor de Juntos por el Cambio: un ajuste mayor aún al actual y avanzar con las llamadas “reformas estructurales” (flexibilización laboral y reforma jubilatoria).

Los “candidatos” que podría proponer Cristina para reemplazar a Guzmán tampoco ofrecen ningún camino alternativo. Básicamente se reducen a Emannuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Kicillof en tiempos del gobierno de Cristina, que ya hace varios años que está dedicado a asesorar a multinacionales. O, nuevamente, Martín Redrado, que se “reconcilió” con una Cristina que hace años lo había echado del Banco Central. Como vemos, tanto Alberto como Cristina podrían coincidir en el antiguo jóven economista estrella, presidente de la Comisión Nacional de Valores en las épocas de Menem y Cavallo.
 
¿Cuál es la salida?

Recapitulemos. Si se queda Guzmán, es para garantizar el cumplimiento de la metas del ajuste acordado con el FMI, y más y nuevos negocios a los grandes empresarios.

Si se va Guzmán, cualquiera de sus reemplazantes va a continuar el acuerdo con el Fondo. E incluso no se puede descartar que su relevo sea un mayor y más profundo ejecutor del ajuste.

Es que el problema no es si se queda o se va el actual ministro. Por supuesto que Guzmán es un fiel ejecutor de las órdenes del Fondo. Pero recordemos que quiénes decidieron, de común acuerdo, negociar tanto con los bonistas privados como con el propio FMI fueron Alberto y Cristina. Ninguna política económica que siga este camino puede ofrecer solución alguna para el pueblo trabajador.

Lo que hay que hacer es justamente lo opuesto. Es necesario romper con el FMI, dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, poner fuertes impuestos a las grandes fortunas y superganancias y, con todo ese dinero, salir a resolver las acuciantes necesidades de trabajo, mejores salarios y jubilaciones, educación, salud y vivienda. Con o sin Guzmán, nada de esto va a salir del gobierno del Frente de Todos; sólo es planteado por el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo

Cada vez son más las compañeras y compañeros de trabajo, estudio, vecinos y familiares que, habiendo depositado inicialmente sus ilusiones en el Frente de Todos, hoy las han perdido por completo.

Pero muchos de ellos nos plantean que “Cristina es diferente”. Y que el problema son las políticas que aplica Alberto Fernández, distintas a las que llevaría adelante la vicepresidenta. Todo esto está siendo abonado constantemente por la propia vicepresidenta, con sus tweets, sus apariciones esporádicas o, ahora, las declaraciones de dirigentes, cada vez más duras y directas contra Alberto y sus ministros.

Sin embargo, ni Cristina ni el kirchnerismo ofrecen ninguna salida alternativa. Primero y principal, porque las principales medidas que llevó adelante el Frente de Todos fueron con el absoluto y total acuerdo del kirchnerismo. Todos votaron el cambio de fórmula jubilatoria en diciembre de 2019, que abrió el camino a pulverizar las jubilaciones. Votaron todos juntos la ley que habilitó el acuerdo con los acreedores privados.

Siempre Cristina sostuvo que había que negociar con el FMI y se opuso a cualquier planteo de ruptura (“somos pagadores seriales”, llegó a decir, jactándose de haber abonado 200.000 millones de dólares durante los mandatos kirchneristas, pese a que, así y todo, la deuda se incrementó de 190.000 a 240.000 millones de dólares). Tan cercano en el tiempo como el mismo año pasado, fue la propia Cristina la que propuso que todo el dinero que entró desde el FMI en concepto de Derechos Especiales de Giro (plata especial para la pandemia) se aplique a cumplir con los vencimientos con el propio Fondo.

Cristina y el kirchnerismo recién empezaron a criticar el acuerdo con el FMI cuando éste estaba a punto de firmarse y ya era imposible disimular el ajuste que se venía. Una clara maniobra para “despegarse” de las consecuencias del mismo. Pero ni siquiera entonces se plantearon dar una pelea seria. Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos, pero se llamó a silencio “para no poner palos en la rueda” al acuerdo con el Fondo, como dijo textualmente. Cristina ni siquiera habló en la sesión del Senado donde se trató el tema. Y ambos han dicho una y mil veces que no están en contra de acordar y pagarle al Fondo, sólo discuten la forma en que se negoció.

Invitamos a las compañeras y compañeros a reflexionar y no confundirse. El problema hoy es el peronismo de conjunto, con todas sus alas, incluyendo a las burocracias sindicales de la CGT y las CTA. Todas están comprometidas con el gobierno del Frente de Todos, sólo difiriendo en cómo llevar adelante el ajuste, o a lo sumo, viendo de forma oportunista cómo despegarse de sus consecuencias. Las peleas que vemos no son por proyectos distintos, sino peleas de aparato en el marco de una crisis cada vez más profunda, del gobierno y del propio peronismo.

La auténtica alternativa no pasa ni por el kirchnerismo ni por ningún otro sector de un peronismo que, ya hace décadas, ha dejado de ser el viejo movimiento nacionalista que, en circunstancias históricas muy especiales, permitió que la clase trabajadora alcanzara conquistas sociales que hoy en día están perdidas o cuestionadas. Hoy la salida pasa por construir una nueva alternativa política como la que venimos construyendo desde el FIT Unidad, los únicos que planteamos que hay que romper con el FMI, dejar de pagar la deuda y resolver ya las más urgentes necesidades populares. Y que eso solo es posible si gobiernan los que nunca lo hicieron, los trabajadores y la izquierda.

Escribe Claudio Funes

Con la mira en las elecciones 2023, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió, el pasado miércoles 27 de abril, para limar asperezas entre la UCR y PRO. Necesitan aplacar su interna y avanzar en acuerdos frente a la crisis del gobierno peronista y el avance de Milei. Estuvieron presentes Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales, los “presidenciables”.

El encuentro fue un intento de abroquelar el espacio del macrismo de Juntos para enfrentar electoralmente al peronismo y a los “libertarios”. Por eso se acordó desestimar la posibilidad de una alianza con Javier Milei (alentada por Macri y Bullrich).

También se respaldó al jefe de la UCR, Gerardo Morales, ante las acusaciones sobre la existencia de un pacto entre el gobernador de Jujuy y Sergio Massa, por las designaciones en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el propio Morales acusa que un sector de Juntos por el Cambio busca desgastar su figura en la carrera para 2023.

La interna está en plena ebullición y se ha recrudecido. Se postulaban como lo “nuevo y diferente” hace apenas unos años, y tras el gobierno ajustador de los CEOs macristas mostraron su verdadero rostro. Al punto de que muchos, incluso quienes los votaron contra Cristina, eligieron al Frente de Todos para sacarlos. Hoy dicen “reglamentar” sus discusiones para tapar que continúan con los mismos vicios del peronismo.

Patricia Bullrich se quejó de no ser consultada sobre la negativa de incorporar al facho Milei (situación que puede cambiar), pero redactó el comunicado que recalca: “Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”.

En su disputa con los libertarios por la capitalización hacia la derecha del descontento y la desilusión con el gobierno del Frente de Todos, hablan nuevamente de “cambio profundo”. El mismo término que utilizó Macri, una semana atrás, en la Universidad de Georgetown para apuntar a las “reformas profundas”, un eufemismo para prometer un brutal ataque a los salarios y condiciones de vida de las y los trabajadores y sectores populares.

Macri precisó en Estados Unidos cómo lograrlo: “Tenés que invertir mucho tiempo en crear una narrativa muy fuerte que muestre que es para todos los ciudadanos del país. Esa es la batalla que tenemos que ganar”. Y Gerardo Morales se despegó: “Tengo la expectativa de que gane el candidato de la UCR. […] no creo que el radicalismo esté en condiciones de abrazar un plan neoliberal” (Perfil, 29/04/2022). ¡Un mentiroso! Es precisamente lo que hizo la UCR en 2015, junto con Macri y Cambiemos.

La posibilidad cierta de poder relevar, en 2023, al desgastado gobierno de Alberto y Cristina Fernández, fogonea estas peleas. Macri, Morales y todos los candidatos de Juntos por el Cambio, solo buscan apoyo para profundizar el sometimiento del país al gran capital y al imperialismo.

Junto a las grandes cámaras patronales (Unión Industrial Argentina -UIA-, Asociación Empresaria Argentina -AEA-), afirman que en la Argentina el problema son “los impuestos que nos abruman”, para beneficiar a los grandes empresarios y multinacionales que son también los mayores evasores.

Sus “reformas profundas y estructurales” no son otra cosa que la reforma laboral, previsional, baja de salarios y despidos de empleados estatales para cumplir a rajatabla con los pagos al FMI. Juntos por el Cambio no es solución para el pueblo trabajador y los sectores populares.

La salida es lo opuesto: un plan económico obrero y popular que deje de pagar la deuda externa y destine todo ese dinero a trabajo genuino, salud, vivienda y educación. Solo el FIT Unidad, del que Izquierda Socialista es parte, propone esta salida.

Escribe Claudio Funes

Para los “liberales” no todos tienen las mismas libertades. Mientras Milei acompaña tractorazos, promueve una “ley antipiquetes”. Y, contra la “casta política” propone terminar con los derechos de las y los trabajadores como con las Universidades Públicas. Una política claramente a favor de los ricos.

Javier Milei, busca hacer buena letra con los empresarios del campo. Participó de la reunión en San Pedro, el 18 de marzo, donde 200 productores resolvieron medidas para enfrentar el tentativo aumento de dos puntos sobre las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja que el gobierno anunciaría.

En esa oportunidad el “libertario” afirmó: “Si Argentina está al borde del abismo, no puede ser que el ajuste lo tenga que pagar el sector privado, la gente de bien, la que produce, la que genera riqueza, la que todo el día se está rompiendo el lomo laburando para seguir sosteniendo a la casta política” (Clarín, 18/03/2022). Aseguró que iba a acompañar las acciones de los productores en defensa de su actividad y luego apoyó el tractorazo del 23 de abril, al igual que Macri, Bullrich, Larreta y Espert.

Vuelve a dejar en claro que, para él, hay “gente de bien” que tiene derecho a cortar rutas, bloquear puertos y marchar a la Capital Federal para protestar contra la suba en las retenciones, y “mala gente” que, en las mismas calles por las que desfilaron los patrones con sus tractores y camionetas, reclama por trabajo genuino, aumento en la asignación del plan Potenciar Trabajo, más planes y alimentos para los comedores populares.

Según su manual, los ricos pueden protestar para exigir ser más ricos. Y a los trabajadores y movimientos de desocupados sólo les queda soportar más ajuste, hambre y miseria en silencio. Coincide con todos los políticos patronales en que hay que pagarle al FMI y en hacer caer el ajuste sobre las espaldas de los sectores más humildes. Por eso también ataca a las universidades públicas y todos los servicios estatales.

Milei propone una ley que prohíba los piquetes y las manifestaciones populares. Su Movimiento Anti Piquetero da un paso más: reedita una especie de fuerza de choque contra trabajadores y desocupados que se atreven a salir a las calles.Por ahora solo se mueve en las redes sociales, pero puede pasar a actuar físicamente, como lo hicieron los Comandos Civiles de los años ‘50, organizados y nutridos por los partidos de la “casta política”, como él dice. Fascismo con mayúsculas. De ahí a prohibir el derecho de huelga y otras libertades democráticas hay muy poco espacio.

No es casual que todo esto suceda ahora, durante el transcurso del tremendo ajuste que Alberto Fernández impone. Ante la posibilidad de desbordes por la profundización de la crisis económica y social, las propuestas represivas se multiplican y resultan funcionales al gobierno del Frente de Todos. Rodríguez Larreta también criminaliza la protesta, y pidió al gobierno que le quite los planes sociales a los que cortan calles. Juntos por el Cambio y los “libertarios” disputan la misma base social de derecha y sectores de la juventud. Por ello Mauricio Macri y Patricia Bullrich coqueteaban con Milei para llevarlo a su redil.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad repudiamos su política represiva contra el derecho de los movimientos de desocupados, trabajadores y partidos de izquierda a manifestarse en las calles. Defenderemos con todas nuestras fuerzas las libertades democráticas que ganamos con la lucha.
                                                     
 

Escribe Mariano Barba

En el ostentoso y único (por su lujo) Hotel Llao Llao, frente a dos lagos y de cara a los cerros nevados de Bariloche, se reunieron con los principales empresarios argentinos, funcionarios del gobierno y representantes de los partidos políticos patronales. Se los conoce como el “círculo rojo”. Dijeron que se juntaron para escuchar a los presidenciables del país y al gobierno. Por eso fueron el ministro de Economía Martín Guzmán, Mauricio Macri, Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta.  Hicieron reuniones cerradas para discutir el futuro del país y cómo aplicar el plan de ajuste post firma del pacto con el FMI. Nada bueno para el pueblo trabajador puede salir de ese cónclave.
 
El gobierno peronista y la oposición patronal se reúnen todos los años con este grupo selecto. En el 2021 asistieron el ministro del Interior Wado de Pedro y Patricia Bullrich. Este año el tema central fue la marcha político económica del país y como seguirá, en los términos en que discuten los dueños de las grandes empresas con el gobierno. Se cuidaron de que no trasciendan las conversaciones porque, según los organizadores, eran temas “sensibles”. El anfitrión fue Eduardo Elsztain, dueño del hotel, de IRSA y del Banco Hipotecario. Entre los empresarios estuvieron Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y el hombre más rico de Argentina, según Forbes; los fundadores de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Carlos Miguens (Miguens Bemberg Holdings), Juan Collado (Warmi), Federico Braun (Banco Galicia y La Anónima), Karina Román (Grupo Román), Luciano Nicora (VN Global BPO y Endeavor), Sebastian y Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó) y Verónica Andreani (Andreani).

Los representantes del gobierno y los referentes de la oposición patronal presentes recibieron el elogio de los empresarios, por la unidad que demostraron en el congreso para votar el pacto con el FMI. Pacto que ninguno de esos empresarios pagará, porque está destinado a ser pagado por el pueblo trabajador que sufre ajuste tras ajuste.

Como la prensa tenía vedado el ingreso los organizadores, al finalizar, difundieron un comunicado público: “Dada la coyuntura mundial que circunde al mundo, y luego de la pandemia del Covid-19, este año se le dará especial centralidad a la lectura del contexto internacional (invasión rusa en Ucrania, inflación norteamericana, suba del precio de los commodities, etcétera) y cómo esto aún presenta oportunidades de desarrollo para nuestro país”. O sea que discutieron cómo mejorarán sus ganancias a partir de los incrementos de los precios de sus productos y de una mayor exportación; protegidos por el plan económico del gobierno del Frente de Todos que les permite formar precios y especular con el dólar financiero.

Guzmán comprometió más ajuste

Alberto Fernández envió a su ministro de Economía al Foro para ratificar su política de ajuste. Martin Guzmán fue el expositor central. Antes de ingresar al evento y luego de participar en una reunión en IDEA, refiriéndose a la crisis política del gobierno nacional declaró: “Me enfoco en la gestión que me ha encomendado el Presidente de la Nación y no me inmiscuyo en cuestiones relacionadas a las disputas de poder”. Una vez integrado al evento, el ministro demostró con filminas y cuadros la reducción del “déficit fiscal”, se vanagloriaba del acuerdo con el FMI y confirmó que los empresarios tienen vía libre para invertir en energías como política central del gobierno, sobre todo en Vaca Muerta. Remató su exposición con la afirmación “tenemos un programa económico que deseamos llevar adelante y cumplir. Y la política fiscal debe ser consistente con ese programa”. En su intervención no contempló la solución de ninguno de los problemas centrales que sufren los trabajadores y los desocupados, como son la falta de trabajo, los bajos salarios y la inflación que destruye la economía de las familias. Guzmán coincidió con los empresarios en que está bien el ajuste fiscal y tarifario que lleva adelante, pero le pidieron que a ellos les baje los impuestos. No se referían a que baje el IVA, que es el impuesto que pagamos todos en cualquier producto que compramos, se referían a que les baje los impuestos que pueden afectar sus millonarias ganancias.
Quedó claro en este Foro lo que venimos denunciando desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, que tanto los empresarios, como el gobierno y la oposición patronal son socios en el ajuste y entre ellos discuten cómo profundizarlo para que el acuerdo con el Fondo lo paguemos los trabajadores y sectores populares.