Escribe Mariano Barba

Del 15 al 17 de septiembre de 1869, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se realizó el primer censo que arrojó una población nacional de 1.877.490 personas, asentadas fundamentalmente en las provincias del centro y el norte argentino, ya que la Patagonia contaba con apenas 24.000 habitantes. Desde el primero, efectuado en 1869, hasta el último realizado en 2010, se desarrollaron en el país diez censos nacionales.

Concluido el actual censo tendríamos que saber cuántas familias carecen de agua potable, cloacas y de casa propia. Así como es posible medir el crecimiento de la pobreza, también se puede medir la población sin acceso a servicios básicos, un indicador de la exprema pobreza que afecta a millones.

Con la muerte de ocho niños wichí en Salta en el 2020 saltó a la primera plana la crisis humanitaria por falta de agua, que se prolonga desde tiempos inmemoriales en el norte del país. Parecido ocurre en el conurbano bonaerense donde el déficit alcanzaba (en 2020) a tres de cada diez hogares, y la mitad de los que consumen agua en canillas comunitarias es considerada “pobre estructural”. Al igual que en los datos de nutrición, los menores de edad son los que más sufren el déficit de agua potable. Cuatro de cada diez niños menores de once años no tienen garantizado el derecho al agua. Pero también alcanza a siete de cada diez chicos en muchos barrios urbanizados, o sea que el problema se extiende a todo el territorio. Hace dos años el Indec indicaba que una parte importante de la población del gran Buenos Aires “accede al agua, por red o pozo, pero no sabemos la calidad” según Paula Juárez, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, que a su vez afirmaba que “diversas investigaciones muestran en Provincia de Buenos Aires presencia de plomo, arsénico y ahora también glifosato en el agua de consumo humano”.
Lo mismo pasa con el acceso a la vivienda. En mayo del 2021 según el Indec había un déficit habitacional total que alcanzaba a 3,8 millones de familias, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Además el 10 % de la población habita en casas hechas con materiales de calidad insuficiente. Si a esto le sumamos las familias que alquilan, la necesidad de construir viviendas alcanzaría a unos cinco millones de unidades.

Un plan para construir esas cinco millones de casas y dotar de plantas potabilizadoras de agua con sus redes podría dar trabajo a millones de desocupados y activar la industria de la construcción, del hierro y de las metalúrgicas por las aberturas, etcétera. Algo perfectamente posible si dejamos de pagar la deuda externa y aplicamos ese dinero a dicho programa.
                                                                      

Escribe Fabián Vásquez Figueroa, portuario, militante de Izquierda Socialista y candidato de la Lista 203

Con una participación del 67% del padrón electoral, los resultados de las elecciones para la modificación de la Carta Orgánica de la Ciudad de Ushuaia son una muestra de la crisis política que golpea al intendente camporista Walter Vuotto: sacó un 27% de los votos logrando tan solo cinco bancas de las catorce en juego, alejándose de las posibilidades de conseguir la modificación que le permita la segunda reelección. 

Este resultado también alcanzó al gobierno provincial de Gustavo Melella (Forja) conquistando apenas una banca (8%) y hasta al propio presidente Alberto Fernández, quien apoyó públicamente la reelección de Vuotto durante un acto conjunto en Ushuaia a pocos días de las elecciones.

La bronca también golpeó a las otras fuerzas políticas patronales: todas sacaron menos votos que en las elecciones anteriores, incluyendo a Juntos por el Cambio que consiguió dos bancas con el 14,6%, a pesar de la presencia de María Eugenia Vidal apoyando a sus candidatos.

El resultado de las elecciones deja en evidencia que la crisis por arriba (la pelea de los políticos patronales por no perder poder), es reflejo de una crisis mucho más profunda, que es la que se da por abajo. Las y los que creyeron que con estos partidos patronales y sus propuestas vamos a vivir mejor, se dieron cuenta que ellos solo gobiernan para los que más tienen, y que no les tiembla el pulso cuando tienen que ajustar al pueblo para su beneficio.

Lejos de resolverse, ambas crisis se siguen profundizando. Ahora vemos como se pelean y se compran voluntades para que Vuotto se pueda reelegir, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo trabajador de Ushuaia.

Una propuesta distinta

A pesar de que el eje de campaña del conjunto de los partidos patronales se centró en la reelección de Vuotto, logrando polarizar al electorado en esa dicotomía, hubo una lista que se diferenció del resto. Fue la Lista del Frente de Izquierda Unidad que, bajo la denominación del Partido Obrero, presentó una propuesta que pone en discusión los verdaderos problemas de las y los trabajadores: la precarización laboral, el acceso a la vivienda y la tierra, los derechos de las mujeres y disidencias, un programa de salud integral estatal y gratuito, en el marco de un incremento de las luchas de la clase trabajadora en toda la provincia.

Izquierda Socialista integró la Lista 203 con candidatos propios e independientes, que reflejan la lucha de la clase trabajadora en Tierra del Fuego. La lista sacó un 3,7% y, aunque no alcanzó para obtener una banca, creemos que es altamente positivo el resultado y que nuestra política de centrar la propuesta en las necesidades del pueblo trabajador de Ushuaia fue correcta. Sabemos que cualquier reforma que impulsen los partidos patronales sólo producirá más ajuste y hambre, por eso mismo decimos que la única alternativa para la clase trabajadora es seguir fortaleciendo una lista independiente que enfrenta consecuentemente los planes de ajuste dictados por el FMI y se pone al servicio de los reclamos del pueblo trabajador. 

Escribe Claudio Funes

Una profesional de la salud, que fue parte del Escuadrón 36 de Esquel, brindó detalles que pueden producir un giro en la causa Maldonado.

En su testimonio relata que el 2 de agosto de 2017, al día siguiente de la represión en la Pu Lof de Cushamen, asistieron al consultorio Dávila y Espejo, y que ambos gendarmes comentaron que había un detenido (al que caracterizaban como un “hippie”) en la sección de Gendarmería ubicada en los campos de Benetton.

Otro gendarme, Marcelo Fernández, también confirmó que había un puesto de Gendarmería Nacional en la estancia Benetton y que a Santiago Maldonado lo tenían ahí. Al respecto agregó que “cuando hilvanaba los testimonios, daban a entender que habían detenido a una persona, que la tenían en la estancia de Benetton […] Pero que ‘se les había ido la mano’. Con el correr de los días sus interlocutores pasaron de hablar de ‘un detenido’ a ‘un muerto’”.

Los dichos de los gendarmes coinciden con las declaraciones que los testigos mapuches hicieron ante la Justicia respecto de que a Santiago Maldonado lo detuvieron y se lo llevaron. Este nuevo testimonio desmiente que su cuerpo estuvo todo el tiempo en el río, donde fue encontrado sorpresivamente el 17 de octubre de 2017, luego de 78 días desaparecido y tres rastrillajes en la zona.

Hace más de cuatro años el juez Gustavo Lleral se apresuró en cerrar la causa luego de la autopsia, ya que consideró que no intervinieron terceros ni hubo crimen, cuando se trató de un claro caso de desaparición forzada seguida de muerte, como desde un principio se denunció desde Izquierda Socialista y organizaciones de derechos humanos.

También denunciamos el encubrimiento a la Gendarmería por parte del gobierno de Macri y la Ministra de Seguridad de aquel entonces, la represora Patricia Bullrich, junto con la justicia patronal, para mantener impunes a los responsables materiales y políticos de aquel escandaloso crimen al servicio de los grandes terratenientes.

Hoy no podemos confiar en que el gobierno del Frente de Todos, con el Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández, vaya por justicia para Santiago en base a este revelador testimonio.

Izquierda Socialista se solidariza con los familiares de Santiago Maldonado y llama a apoyar su lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia.

No por repetido deja de ser dramático: la plata no alcanza. Eso está en todas las conversaciones de las y los trabajadores y demás sectores populares. Los salarios, las jubilaciones, cualquier ingreso se diluye como arena entre las manos frente a la inflación. Al mismo tiempo se incrementan la pobreza y la indigencia. Al drama de los que no tienen trabajo, se suman los millones que sí lo tienen, pero están precarizados, tercerizados o en negro, cobrando salarios por debajo de la canasta de pobreza. Esta semana decenas de miles se están movilizando en todo el país con la Marcha Federal Piquetera, reclamando contra el congelamiento de los planes sociales y por trabajo genuino.

La imágen que da el gobierno es de estar absolutamente en otra cosa. Muy lejos de las reales preocupaciones del pueblo trabajador. El Frente de Todos sigue inmerso en una crisis política cada vez más profunda. Alberto Fernández trata de alejarse del “fuego amigo” que le lanza Cristina desde su propio espacio, poniendo distancia, y viajando a Europa en una gira improvisada y armada en un par de días. En el país queda el ministro de Economía Martín Guzmán, cuyas tareas en los últimos días consisten en hacer un raid, recorriendo todos los foros empresarios. Si la semana pasada, el dato estrella fue su presencia en la cumbre del Llao Llao, esta vez se destacó en su reunión con la Amcham (Cámara de Comercio de Argentina y Estados Unidos). A esto se le sumó otra tarea: atender a la primera visita de inspección del FMI sobre los números de nuestro país. Para que no se notara tanto la entrega, Guzmán negoció que la misión del Fondo no venga presencialmente a nuestro país y se haga virtualmente.

El otro componente del Frente de Todos, el peronismo kirchnerista, dio un nuevo salto en su “crítica” retórica contra el gobierno con el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández al recibir el título de doctora honoris causa en la Universidad del Chaco Austral. A ello se sumaron Máximo y los bloques de diputados y senadores kirchneristas, con una andanada de medidas supuestamente “progresistas” (aunque luego cuando las desmenuzamos nos damos cuenta que no lo son). Pero la realidad es que el kirchnerismo, más allá del palabrerío, no está dispuesto ni a organizar la lucha contra el ajuste, ni a presentar una alternativa política distinta al peronismo gobernante.

Juntos por el Cambio, por su parte, sigue inmerso en su interna. Continúan las disputas de cartel, y las peleas por el posicionamiento de los que aspiran a ser candidatos el año que viene. Pero, más allá de que esto da lugar a roces y matices políticos, hay algo en lo que todos, sin excepción, están de acuerdo: se autocritican de haber gobernado en 2015 sin avanzar con más profundidad y velocidad en aplicar el ajuste que planteaban. Lo sintetizó Horacio Rodríguez Larreta: “cuando ganemos hay que aplicar todas las medidas no en 100 días, sino en 100 horas”. Los libertarios de Milei y Espert le agregaron esta semana una marca más a su perfil de ultra reaccionarios: votaron en contra nada más ni nada menos que la ley de atención de VIH y otras enfermedades, que obtuvo media sanción debido a la movilización tenaz del movimiento de mujeres y disidencias.

Cristina dijo en su discurso en el Chaco que crece la “insatisfacción democrática”. Sin duda, pero lo que no dijo la vicepresidenta fue que ella, que gobernó, colaboró para que millones de pobres y marginados se “desencanten” de la democracia. Lo que Cristina llama la insatisfacción democrática no es otra cosa que la justa reacción popular ante decenas de años de gobiernos que suben al poder llenos de promesas, para dedicarse luego a administrar los respectivos ajustes.

Ni el Frente de Todos en el gobierno, en sus dos vertientes, “albertistas” o “cristinistas”, ni la oposición patronal de Juntos por el Cambio con su larga lista de candidatos, ni mucho menos la ultraderecha libertaria de Milei y Espert, ofrecen la más mínima solución ni perspectivas al drama que azota al pueblo trabajador. Hace falta algo totalmente distinto, un plan económico alternativo, obrero y popular, que ponga en marcha las medidas que se necesitan para resolver las más urgentes necesidades populares.

La primera acción, básica y fundamental, es dejar ya mismo de pagar la deuda externa y romper con el Fondo Monetario Internacional y su plan de ajuste. Esto, junto con imponer fuertes impuestos de verdad a las grandes riquezas, permitirá que exista el dinero que debe aplicarse a generar trabajo genuino, mediante un gran plan de construcción de viviendas populares; a aumentar los salarios y a mejorar la salud y la educación públicas. Ante el flagelo de la inflación hay que defender el poder adquisitivo del pueblo trabajador, otorgando un aumento para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos, actualizado mensualmente por la inflación. Contra la realidad de las actuales jubilaciones de miseria, hay que dar un aumento para que ningún jubilado cobre menos que el valor de la canasta de la tercera edad (hoy en 92.000 pesos). Frente a la amenaza de nuevos tarifazos, hay que reestatizar las privatizadas, bajo gestión de trabajadores y usuarios. Ante la crisis energética que se viene para este invierno, la salida es una YPF 100% estatal y la recreación de una Gas del Estado que concentre la totalidad de ambos negocios, el gasífero y el petrolero. Ante la fuga de capitales y las maniobras con el dólar, se impone la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Todas estas medidas solo las plantea Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, que se postula para llevarlas adelante con un gobierno de los que nunca gobernaron, las y los trabajadores.

Escribe José Castillo

Los precios siguen subiendo, comiéndose a los salarios. Los últimos acuerdos paritarios, que se presentan como de 60% anual, son en cómodas cuotas, no recuperan lo perdido y ni siquiera garantizan empatar en el porcentaje a una inflación anual que va a camino a terminar en el 65%.

Los números de la inflación son aterradores. El último registro oficial, del mes de marzo dio 6,7%, el mayor de los últimos veinte años. Se nos vendió que se trataba de apenas un pico, y que en abril habría un sustancial descenso. ¡Mentira! Este jueves conoceremos el número oficial, pero todos los pronósticos anuncian que terminará cerca del 6%. Y, como vino pasando los últimos meses, el valor será peor aún si focalizamos en cuánto subieron los alimentos y otros productos esenciales de la canasta familiar.

Encima, esto recién empieza. En los primeros días de mayo ya tenemos un nuevo salto en el precio de los combustibles, que acumulan en el año un alza del 30%. Vale detenerse en el detalle de cómo se dio esta vez la suba. Salieron primero las transnacionales Axion y Shell, subiendo un 12%. YPF, la petrolera con mayoría estatal, tendría que haber aprovechado para “disciplinarlas”, manteniendo el valor del combustible como estaba, y forzando, vendiendo más barato, a que las dos multinacionales tuvieran que retroceder. Hizo lo contrario: siguió el tren de Axion y Shell y acompañó aumentando también un 12%.

Este es un pequeño ejemplo de cómo el propio gobierno del Frente de Todos, en su afán de “hacer los deberes con el FMI”, es el que termina fogoneando o convalidando aumentos de precios, que luego son utilizados por las propias patronales como excusa de que “le subieron los costos” para aumentar sus propias listas de productos. Y así realimentar la inflación. Esto también se dará con el tarifazo en puerta de la luz y el gas (tal como explicamos en Audiencias públicas de la luz y el gas / Se vienen los tarifazos).

La pasividad del gobierno ante los aumentos de precios es atroz. Ninguna de las medidas anunciadas con toda la pompa hace un par de meses funciona (relanzamiento de precios cuidados, acuerdos de la carne, fideicomiso para garantizar el precio de la harina). El incumplimiento empresario de lo que ellos mismos firmaron es gigantesco: en las góndolas cada vez es más difícil encontrar los productos acordados. En algunos casos, como el aceite, es casi un milagro. Por supuesto, no existe una sola empresa sancionada.

¿Es que el gobierno “quiere pero no puede” controlar? ¿Es acaso como dice la oposición patronal, que sostiene que los controles de precios no sirven? Nada de eso. Digámoslo con todas las letras: al gobierno le conviene que siga la inflación, ya que es la manera más sencilla de licuar los salarios estatales, las jubilaciones y los gastos sociales en general. Para así cumplir con el ajuste exigido por el FMI.

¿Qué pasa con los aumentos de salarios?

Hace apenas un par de meses, la pauta de negociación paritaria para 2022 se venía proyectando en el 40% anual (por supuesto en cómodas cuotas). La burocracia sindical de la CGT y las CTA, en un apoyo desvergonzado al gobierno, ni mencionaba recuperar lo perdido en los últimos años. Luego, ante el desmadre inflacionario y la bronca creciente, tuvieron que empezar a hablar del 50%. Ahora con estos números récord de inflación, algunos gremios empiezan a cerrar en valores cercanos al 60%. Siempre, por supuesto, en cuotas que se terminan completando a fin de año o incluso en los primeros meses de 2023. El primer gremio que cerró con estos valores fue la Asociación Bancaria, que de esa forma desactivó un conflicto que se venía incubando por la bronca de las bases. La vicepresidente Cristina Fernández, aprovechando que el secretario general de dicho sindicato, Sergio Palazzo, pertenece a su sector interno, se apresuró a felicitar y celebrar el acuerdo. En los días sucesivos, algunos otros gremios firmaron por porcentajes similares.

Sin embargo, no debemos dejarnos engañar: esos valores no alcanzan. Primero y principal, porque no se trata de un 60% real, sino de una serie de pequeños aumentos en cuotas que “al final”, a fin de año o comienzos de 2023, sumarán el 60%. O sea que los salarios seguirán corriendo de atrás a la carestía de la vida. Segundo, porque la inflación de este año va a ser incluso superior al 60%, según todos los pronósticos. Y tercero, porque ni por asomo, siquiera se acercan a recuperar lo perdido en años anteriores.

El deterioro de los salarios no se arregla con los discursos de Cristina. Mucho menos con las declaraciones de Alberto y Guzmán, que anuncian una reactivación que no se ve por ningún lado. La salida es clara: se necesita un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos a fines de marzo). A partir de allí hay que reabrir todas las paritarias para recuperar lo perdido. Y reajustar mensualmente los ingresos de acuerdo a la inflación. A todo esto hay que complementarlo con un verdadero control de precios, fijando valores máximos a todos los productos de la canasta familiar y sancionando severamente, como autoriza la Ley de Abastecimiento, a todas las patronales que la violen. Este programa, que incluye la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa para poner esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, es el que planteamos, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Hay que imponerlo con la lucha.