El máximo tribunal de Justicia de la Argentina acaba de decidir que, a partir de ahora cuando un trabajador pierda un juicio laboral, deberá hacerse cargo de pagar los gastos por honorarios profesionales. Para que se entienda: tendrá que pagarle al abogado de la patronal y a cualquier perito que haya intervenido.

Este fallo no es inocente. Está en línea con lo que viene diciendo el presidente Macri sobre “la industria de los juicios laborales”. Es parte del plan de flexibilización laboral del gobierno y las patronales, en complicidad con la burocracia sindical.

Se busca que los trabajadores se atemoricen y no hagan juicio cuando son despedidos y no se les paga lo que corresponde. O si no se les reconoce alguna enfermedad laboral. Se los amenaza con que, si pierden, van a tener que hacer frente con sus bienes personales para pagarle a los profesionales que ponga la patronal, corriendo el riesgo de perder casas, autos o incluso que se les embargue los sueldos de algún trabajo futuro que puedan conseguir.

Se trata de uno de los fallos más antiobreros dela historia de la legislación argentina. Llamamos a repudiarlo y a movilizarnos para obligar a que den marcha atrás, tal como pasó con el 2x1 a los genocidas.

Guido Poletti