Desde 2016 el número de militares y policías condenados en causas de lesa humanidad a los que otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria ascendió a 50. ¡Basta de impunidad!
Escribe: Martín Fú
La posibilidad de que el represor ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz -mano derecha de Ramón Camps- pueda completar su condena en su domicilio particular se suma a los 50 casos efectivos confirmados por el Ministerio de Justicia de prisión domiciliaria. Esto muestra a las claras la intención del gobierno de Cambiemos y su justicia de empezar a ablandar las condiciones de detención sobre quienes fueron responsables de desapariciones, asesinatos, torturas, robos de bebés y otros crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
A partir febrero de este año diversos juzgados federales concedieron a unos 50 condenados por crímenes de lesa humanidad el beneficio de prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años. Por supuestos motivos de “salud”, pueden solicitar este beneficio, previo pedido de las defensas y aceptación o denegación de los jueces. Los presos comunes en similar situación no disponen de esa posibilidad y viven hacinados en pabellones colmados y pésimas condiciones de detención. Si se tiene en cuenta que el número de genocidas condenados supera apenas los 600, casi un 10% de ellos estarían cumpliendo sus condenas en hospitales militares y en sus domicilios particulares, algo repudiable e inaceptable.
Como antecedente inmediato al de Etchecolatz, el general Eduardo Rodolfo Cabanillas, ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario y jefe del centro de detención y aniquilamiento Automotores Orletti -que fuera a su vez epicentro del Plan Condor- fue alcanzado por este beneficio, aduciendo según sus defensores problemas de “constipación e hipertensión arterial”. Motivos que no ponen en riesgo su salud ni son terminales y por lo tanto no deberían ser válidos para que Cabanillas deje su reclusión en Ezeiza por supuestas “razones humanitarias” para quien no tuvo contemplación con sus víctimas. Una vergüenza y una abierta provocación a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que venimos luchando para que los genocidas se pudran en las cárceles comunes.
El caso de Etchecolatz es emblemático y muestra cómo el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, lanza una ofensiva a favor de los genocidas a la vez que busca la “reconciliación”-con Aldo Rico desfilando el 9 de julio o se ve a Monseñor Arancedo visitando a los genocidas en los penales (ver recuadro). Una gran parte de la sociedad no admite ninguna reconciliación luego de años de exigir justicia y castigo para todos los genocidas. El ministro Garavano es veladamente uno de los operadores del gobierno, quien viene recibiendo a los abogados de los genocidas y a sus familiares. Tuvo una reunión con Cecilia Pando, de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina. Pando se hizo conocida cuando justificó el golpe de estado, el robo de bebés, y cuestionó la cantidad de desaparecidos, representando al sector que más reivindica la teoría de los dos demonios que sostiene que los crímenes cometidos por los genocidas fueron parte de “una guerra contra la subversión”, enalteciendo en su conjunto el terrorismo de estado llevado adelante desde 1976 a 1983.
Etchecolatz está detenido por varias causas, con condena firme en seis de ellas. Responsable directo del operativo de la llamada “Noche de los lápices” donde siete estudiantes fueron secuestrados durante la lucha por el boleto estudiantil. O la más actual, sindicado como responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López de la cual este año se cumplen 10 años.
Las rondas de Garavano con Pando, los fallos de los jueces otorgando domiciliarias por cuestiones “humanitarias” a los genocidas y la iglesia recorriendo pabellones son un intento más de bendecir una pretendida “reconciliación nacional”. Esta vez encarada por el gobierno de Macri y, con los augurios del propio Vaticano, nos encuentra de nuevo como a lo largo de los últimos 40 años firmes para exigir no sólo que los genocidas se pudran en cárceles comunes, sino también llevar a juicio a todos los militares, policías y civiles que formaron parte de la última dictadura. Firmes para exigir la apertura de todos los archivos del período 1976-1983 y luchando a la vez contra este gobierno de la impunidad y el ajuste.
Izquierda Socialista repudia y rechaza cualquier intento de ablandar las condiciones de detención de los genocidas y pone en alerta a los trabajadores y estudiantes para que junto a los miles de activistas de los derechos humanos sigamos movilizados para frenar estos intentos del gobierno y de su justicia.
Macri le lava la cara a las Fuerzas Armadas
En la cena anual de camaradería el presidente instó a los militares a tener un rol principal en “el combate a la pobreza cero, el narcotráfico y unir a los argentinos”. Estos anuncios -sumados a los de las prisiones domiciliarias para los genocidas, promesas de planes de viviendas para el sector y aumentos de salario- son un claro guiño del gobierno que muestra cual es la “unión” que busca recomponer, lavándole la cara a una fuerza aún llena de genocidas y represores.
Con el visto bueno de la Iglesia
El presidente del Episcopado y hombre de extrema confianza del Papa Francisco, José María Arancedo, realizó una visita a los penales de Marcos Paz y Ezeiza donde visitó a los detenidos por crímenes de lesa humanidad, que son minoría frente al grueso de los presos comunes que no contaron con la presencia del prelado. Arancedo es un hombre fuerte de la Iglesia, quien ha respaldado públicamente al Obispo pedófilo Storni, condenado a 8 años por abuso sexual de un seminarista y uno de los más férreos defensores del juez torturador Víctor Hermes Brusa, condenado a 23 años por delitos de lesa humanidad. Arancedo, cuándo no, fue también el encargado de responder oficialmente desde la iglesia a Jorge Bergoglio, hoy Papa, ante las acusaciones acerca de su rol durante la pasada dictadura militar.
La Iglesia no sólo bendijo el golpe del ́76 sino que ahora también se anota, con Arancedo, como uno de los operadores que junto al gobierno y la justicia intentan reflotar “la reconciliación nacional” y ven con buenos ojos que los genocidas pasen sus días detenidos en condiciones más favorables, como lo pueden hacer cuando acceden al beneficio de la detención domiciliaria.
M.F.
