Desde hace meses el pueblo panameño viene protagonizando masivas movilizaciones contra el brutal ajuste y ataque a los derechos conquistados por el pueblo trabajador por parte del gobierno pro imperialista de José Raúl Mulino y los intentos de Donald Trump de tomar el control del canal de Panamá para hacer un uso preferencial con sus buques militares y comerciales.

Mulino busca privatizar la Caja del Seguro Social (CSS), base de la atención de la salud al pueblo a través de la Ley 462 y la reapertura de la mina de cobre, cerrada desde 2023 luego que se declaró inconstitucional ante una masiva movilización en defensa del ambiente. También busca imponer la construcción de un embalse en el cauce del Río Indio para entregar millones de litros de agua dulce para el canal en épocas de sequía; así, se inundarían amplias regiones y desalojarían a las comunidades que allí habitan, con la consecuente destrucción del ambiente en la región.

Contra esas medidas, hay huelgas masivas que se mantienen desde hace más de un mes, de los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, huelga nacional de las y los docentes y de los trabajadores de la construcción. Recientemente se realizaron masivas movilizaciones de mujeres y de trabajadoras y trabajadores de la salud. En un ampliado de organizaciones realizado la semana pasada se resolvió un paro nacional para el 5 de junio y una gran marcha nacional el 6 de junio.

Para quebrar estas huelgas y movilizaciones el gobierno panameño desató una feroz represión. Encarcela a las mujeres en lucha de las comunidades de Darién, sanciona a estudiantes universitarios, declara ilegal las huelgas, reprime brutalmente a trabajadoras y trabajadores que bloquean rutas y caminos y persigue a los dirigentes del poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), una de las organizaciones que encabeza la lucha del pueblo panameño. Contra esos dirigentes hay juicios infundados desde el 2022 y tienen “prisión preventiva” Jaime Caballero y Genaro López, mientras que Saúl Méndez se encuentra esperando asilo político en la embajada de Bolivia y buscan como “prófugo” a Erasmo Cerrud. A su vez, se declaró ilegal la huelga bananera en Bocas del Toro y la multinacional Chiquita ha despedido a cerca de 5.000 trabajadores.
Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores–Cuarta Internacional junto a nuestra compañera Priscilla Vásquez y Propuesta Socialista (sección de la UIT-CI en Panamá), repudiamos el encarcelamiento, represión y persecución judicial a dirigentes obreros, populares y sindicales que encabezan la resistencia del pueblo humilde y trabajador de Panamá. Llamamos a las organizaciones obreras, populares, democráticas, de derechos humanos, organizaciones de mujeres, a la juventud y pueblos originarios a poner en pie una firme campaña de solidaridad internacional para exigir la libertad de los dirigentes del Suntracs detenidos y perseguidos y manifestar nuestro apoyo a las luchas y demandas del pueblo panameño contra el represor y pro imperialista gobierno de José Raúl Mulino.

Escribe Miguel Lamas (UIT-CI)

El multimillonario con una fortuna personal de 300 mil millones de dólares, que financió con casi 300 millones de dólares la campaña de Donald Trump y fue director del “Departamento de Eficiencia Gubernamental” en ese gobierno ultraderechista, acaba de renunciar a su cargo. Dijo que “no quiere que se lo asocie con todas las decisiones que toma el gobierno federal”, simulando que lo hace por diferencias políticas. Sin embargo, lo cierto es que venía siendo repudiado por ser el vocero de los recortes siniestros del gobierno imperialista de Donald Trump.

Musk recomendó como “solución” a la crisis de Estados Unidos bajar los presupuestos en educación, salud pública, áreas de género, diversidad, calentamiento global, equidad, etcétera. Acompañado de jóvenes tecnócratas, despidió a miles de trabajadores estatales por mail y llegó a proponer que la jornada laboral mínima en Estados Unidos fuera de doce horas diarias (como en China y en las empresas que allí tiene, como Tesla). También sugirió expulsar masivamente a los migrantes, hizo el saludo nazi en un acto y exhibió la motosierra que le regaló Javier Milei.

Estas declaraciones generaron un inmenso repudio popular, que en abril se tradujo en manifestaciones de protesta en 1.200 ciudades de todos los estados de Estados Unidos contra el gobierno de Trump. A medida que crecía su exposición en la Casa Blanca, los números de sus empresas empezaron a caer. Muchos compradores vendieron los autos de Tesla y miles dejaron de comprarlos, atacando a las concesionarias.

En su renuncia, Musk mencionó estar perturbado, jugando a videojuegos durante horas y consumiendo todo tipo de drogas que lo afectan considerablemente, mientras la ultraderecha predica que todo esto es en pos de la denominada “batalla cultural”.
La renuncia debe ser vista en el contexto de lo que pueden lograr las grandes manifestaciones populares contra estos personajes y sus políticas.

Escribe Miguel Lamas (UIT-CI)

La terrible persecución del gobierno del presidente Luis Abinader a las y los migrantes haitianos en República Dominicana produjo la muerte de una mujer haitiana embarazada, Lourdia Jean Pierre. Se persigue con saña a mujeres migrantes embarazadas para deportarlas. Lourdia había intentado dar a luz a su hijo en su vivienda, sola y sin recursos mínimos. Minutos después del parto, murió desangrada. Ningún médico quiso certificar la defunción. Fueron los vecinos quienes, con valentía, dieron a conocer su muerte a través de un video y procuraron un rápido enterramiento, aunque con temor a represalias.

Denunciamos estos hechos ante la comunidad internacional como parte de la persecución a decenas de miles de migrantes haitianos por parte del gobierno derechista y represor de República Dominicana, sustentado en el racismo, el antihaitianismo, el clasismo y el patriarcado más feroz. A tal fin, hemos firmado, desde Izquierda Socialista y partidos hermanos de la UIT-CI, el manifiesto de denuncia por dicha muerte, señalada como crimen de Estado.

  

Escribe Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional

30/05/2025. Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), estamos impulsando una campaña internacional de solidaridad con la lucha del pueblo panameño, contra la represión y por la libertad de los dirigentes del SUNTRACS (sindicato de la construcción), perseguidos y detenidos por el gobierno de José Raúl Mulino.

Como ya es conocido por la opinión pública, desde hace varios meses el pueblo y las trabajadoras y trabajadores de Panamá, vienen desarrollando masivas movilizaciones en defensa de la soberanía contra los intentos de Trump de tomar el control del canal de Panamá para hacer un uso preferencial con sus buques militares y comerciales. La política del gobierno de José Raúl Mulino aplica un brutal ajuste y ataca los derechos conquistados por el pueblo trabajador para terminar la tarea que ningún gobierno logró por la resistencia obrera y popular. Mulino busca aplicar la privatización de la Caja del Seguro Social (CSS) a través de la Ley 462 y la reapertura de la mina de cobre, cerrada desde el 2023 luego de que se declaró inconstitucional ante una masiva movilización en defensa del ambiente. En el mismo sentido saqueador y destructor, el gobierno y la administración del Canal de Panamá, busca imponer la construcción de un embalse en el cauce del Río Indio para entregar millones de litros de agua dulce para elevar el nivel del Canal en las épocas de sequía; así, se inundarían amplias regiones y se desalojarían a las comunidades que allí habitan, con la consecuente destrucción del ambiente en la región.

La movilización y la huelga son las herramientas de lucha que la clase trabajadora y el pueblo humilde utiliza para rechazar la Ley 462, aprobada por la Asamblea Nacional a pedido de Mulino, para privatizar la CSS. Las largas huelgas continúan a más de un mes de iniciadas. En este momento sigue en curso una huelga de los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, la huelga de los docentes recorre todo el país y la huelga de los trabajadores de la construcción continua. Recientemente se realizaron masivas movilizaciones de mujeres y de trabajadoras y trabajadores de salud en todo el país, y está previsto que continúen las movilizaciones nacionales.

Para quebrar las huelgas y las movilizaciones seguir aplicando su ajuste, el represivo gobierno panameño ha desatado una feroz represión contra el pueblo movilizado. Encarcela a las mujeres en lucha de las comunidades de Darien, sanciona a estudiantes universitarios y el rector de la Universidad Nacional de Panamá entrega sus datos a la represión, declara ilegal las huelgas y golpea y balea a los trabajadores y trabajadoras que bloquean rutas y caminos y declaran estado de emergencia en Bocas de Toro.

La represión ha llegado a niveles inauditos y su peor aspecto es la detención y encarcelamiento de los dirigentes del poderoso SUNTRACS (Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares) una de las organizaciones que encabeza la lucha del pueblo panameño. El gobierno, ha montado juicios infundados desde el año 2022 y ha aplicado prisión preventiva al dirigente Jaime Caballero y Genaro López mientras que el Saúl Méndez se encuentra esperando asilo político en la embajada de Bolivia y buscan como “prófugo” a Erasmo Cerrud.

Además de estas detenciones y persecuciones, el gobierno declaró ilegal la huelga bananera en Bocas de Toro y la multinacional Chiquita ha despedido a cerca de 5000 trabajadores. Contra los docentes, busca auditorías financieras a través de la contraloría y detiene a dirigentes de las comunidades originarias.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional, y junto a nuestra compañera Priscilla Vásquez y Propuesta Socialista (sección de la UIT-CI en Panamá), repudiamos el encarcelamiento de dirigentes obreros, populares y sindicales que encabezan la resistencia del pueblo humilde y trabajador de Panamá. Rechazamos la persecución judicial y las patrañas y la represión contra las organizaciones en lucha. Llamamos a las organizaciones obreras, populares, democráticas, de los derechos humanos, las mujeres, la juventud y los pueblos originarios, como así también a las organizaciones políticas democráticas, a poner en pie una firme campaña de solidaridad internacional para exigir la libertad de los dirigentes del SUNTRACS detenidos y perseguidos y manifestar nuestro apoyo a las luchas y demandas del pueblo panameño contra el represor y pro imperialista de José Raúl Mulino.

11 de mayo de 2025.

En el día en que en países de la región se celebra el Día de las Madres, mujeres de diferentes profesiones, oficios y geografías nos unimos para denunciar el crimen de Estado cometido contra Lourdia Jean Pierre, por el Estado dominicano, bajo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presidido por Luis Rafael Abinader.

El viernes 9 de mayo, a tempranas horas de la mañana, Lourdia inició labores de parto. La extrema violencia decretada y ejercida desde los estamentos e instituciones del Estado, en que se persigue con saña a las inmigrantes haitianas embarazadas para luego deportarlas, motivó que ella optara por alumbrar a su hijo en su vivienda, sola y carente de los recursos mínimos. Pocos minutos después de producirse el parto, murió desangrada.

Las autoridades policiales, presentes en el lugar, detuvieron al padre y al recién nacido y los entregaron a agentes de migración para que procedieran con su deportación. Ante la muerte de la madre, ordenaron mantener la vivienda cerrada con el cuerpo dentro, prohibiendo cualquier acercamiento. Ningún médico legista quiso ir a certificar la defunción. Fueron los vecinos quienes, con valentía y arrojo, dieron a conocer la muerte de Jean Pierre a través de un video y procuraron un rápido enterramiento, no libre del miedo a represalias.

La muerte de Lourdia Jean Pierre, así como la persecución, detención y deportación que se hace contra miles de mujeres inmigrantes haitianas embarazadas -madres- son acciones que incumplen las normas, leyes y protocolos establecidos nacional e internacionalmente, vulneran los Derechos Humanos más elementales y laceran la dignidad de las personas.

Asimismo, esta muerte y la campaña en contra de las mujeres inmigrantes gestantes que desde noviembre de 2021 implementó el gobierno dominicano, y que incluye otros casos de muerte de madres o de neonatos que no han sido de conocimiento público, constituyen crímenes de Estado a partir de la tortura, persecución y muerte, ejercidas por un conjunto de instituciones y agencias del Estado, de forma directa o indirecta.

Decimos basta ya a un Estado y élites gobernantes feminicidas y racistas, que han hecho de las mujeres negras -inmigrantes, dominicanas de ascendencia haitiana y dominicanas- un objetivo militar, centro de la promoción del odio, el aumento de la injusticia, la aplicación de fuerza y violencia injustificadas e ilegales y una excusa para encubrir la total ausencia del Estado de derecho. Basta ya a las políticas de violencia y deshumanización en República Dominicana contra las mujeres, niños, niñas y hombres por su origen, raza y clase.

Denunciamos estos hechos ante la comunidad internacional para su conocimiento y actuación, dado el régimen fascista y de privación de derechos que impera en República Dominicana, sustentado bajo el racismo, el antihaitianismo, el clasismo y el patriarcalismo. Régimen en que los tres poderes del Estado actúan al unísono.

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