Escribe Simón Rodríguez, dirigente de la UIT-CI

No se terminaba de secar la sangre obrera, campesina e indígena vertida en las calles por los represores al servicio del gobierno de facto de Áñez , cuando el MAS traicionaba una vez más a sus bases acordando levantar los cortes de ruta y suspender las movilizaciones en todo el país, como parte de un pacto electoral con la derecha.

El 24 de noviembre, Áñez firmó la ley que convoca a nuevas elecciones presidenciales, sancionada tanto por el Senado como por la Cámara de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ambas instancias con mayoría calificada del MAS. Se da un plazo de veinte días para la designación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego de ello 120 días para la convocatoria a una elección presidencial en la que no podrán participar como candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera. De acuerdo con los lapsos pactados, se estaría realizando la elección en abril, con las mismas restricciones electorales vigentes hasta ahora, que limitan la participación de candidatos independientes de los sectores obreros y populares.

El acuerdo supone una escandalosa capitulación del MAS a la derecha. Ya el Tribunal Constitucional controlado por el MAS había reconocido la toma de posesión de Áñez sin apoyo parlamentario. Luego el MAS designó a nuevos presidentes del Congreso y el Senado que no cuestionaron al gobierno derechista sino que declararon el abandono del cargo por parte de Evo Morales y emprendieron las negociaciones con un gobierno reaccionario que concretaba su bautizo de sangre en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). La realidad es que Evo Morales y los dirigentes del MAS, utilizaron las genuinas movilizaciones populares contra el gobierno de Áñez para sus negociaciones palaciegas.

Desde su conformación, el gobierno golpista ha establecido claramente su agenda reaccionaria, sacando a los militares a las calles y facultándolos para reprimir con impunidad penal a través del decreto 4078. Desde su instauración, el gobierno de las biblias ha asesinado a más de treinta personas, hiriendo y deteniendo a centenares. Arturo Murillo, el ministro del interior, ha tenido el discurso más virulento, amenazando con la confección de listas para la persecución de dirigentes sociales y políticos opositores, acusando de terrorismo y sedición a los que protestan. Una muestra de esta brutalidad se vio cuando la movilización en repudio a la masacre de Senkata fue atacada en La Paz, quedando los féretros de las víctimas en las calles, envueltos en el humo de las bombas lacrimógenas.

A pesar del pacto parlamentario, los sectores movilizados no se han disciplinado del todo. Algunos sectores han llegado a sus propios acuerdos con el gobierno, en los que levantan sus movilizaciones dejando constancia de su repudio al gobierno reaccionario y de que el referente del Comité Cívico Santa Cruz y dirigente golpista Luis Camacho es persona no grata en sus territorios. Otros, como los campesinos cocaleros de Cochabamba mantenían los bloqueos de carreteras. El MAS se ha mostrado nuevamente como parte fundamental del sostenimiento del orden capitalista en Bolivia. Áñez tuvo también la colaboración de la dirigencia de la COB, con su silencio cómplice ante los hechos de Sacaba y El Alto. Varias organizaciones sindicales como los fabriles de Cochabamba y los mineros de San Cristóbal han reclamado un Congreso de la COB para cuestionar a los dirigentes traidores. La crisis política y social de Bolivia tendrá nuevos capítulos. Es necesario construir una alternativa política revolucionaria que luche consecuentemente contra Áñez y por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y los indígenas bolivianos.

Con el paro nacional del 21 de noviembre, el pueblo colombiano ha entrado de lleno en la primavera de los pueblos latinoamericanos, antecedido por las rebeliones en Puerto Rico, Haití, Ecuador y Chile, así como las movilizaciones contra el golpe en Bolivia.

Convocada por las centrales sindicales, el movimiento estudiantil, organizaciones populares, campesinas y de afrocolombianos e indígenas, se realizó una movilización simultánea en las principales ciudades, la mayor en décadas.

El gobierno del derechista Iván Duque, hijo político de Uribe, en poco más de un año ha sufrido una seguidilla de derrotas. El movimiento estudiantil le impidió realizar recortes presupuestarios a la educación pública y al cabo de un mes de paro universitario lo comprometió a aumentar el presupuesto. En octubre perdió las elecciones regionales.

Con 69% de rechazo popular, ahora Duque pone a prueba su paquetazo legislativo alineado al FMI que incluye una reforma laboral para imponer una mayor precarización, una reforma jubilatoria para quitar derechos y privatizar las jubilaciones, una reforma tributaria para rebajar los aportes de las grandes empresas y aumentar los de pequeños contribuyentes. Contrarreformas que aumentarían la desigualdad capitalista que castiga al pueblo pese al crecimiento económico.

El paro nacional también va contra la corrupción, los tarifazos y las privatizaciones, por un salario mínimo digno, por el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado con el movimiento estudiantil y la exigencia que cese el asesinato de dirigentes sociales y ex guerrilleros desmovilizados.

Existe una importante disposición a enfrentar al terrorismo de Estado. Desde el año 2016, 486 dirigentes sociales han sido asesinados, 106 de ellos desde que Duque asumió el gobierno. Hace apenas tres semanas, el Ministro de Defensa se vio forzado a renunciar al revelarse que el Ejército asesinó a ocho menores de edad durante un bombardeo contra disidentes de las FARC y ocultó el hecho. Entre 1958 y 2018 la guerra interna dejó 262 mil muertos, más del 75% por parte de fuerzas armadas y paramilitares, y más de 80 mil desaparecidos según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La respuesta del gobierno al paro ha sido descalificar las justas exigencias obreras y populares asesinando a tres manifestantes y deteniendo a centenares, decretando toque de queda en Bogotá y Cali y sacando al ejército a las calles. En ese marco, la muerte el lunes 25 del estudiante Dilan Cruz, de 18 años, herido en la cabeza por la policía de Duque dos días antes cuando participaba de una manifestación pacífica en Bogotá, conmocionó al país. El martes 26, los dirigentes sindicales y de movimientos sociales se retiraron de la mesa de diálogo llamada por el gobierno y convocaron a un nuevo paro nacional para el miércoles 27. A las reivindicaciones iniciales se agregaron nuevas demandas, una de ellas es el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, responsable del asesinato del joven Dilan. El pueblo no retrocede, continúa realizando estruendosos cacerolazos, combinando marchas con paros nacionales y enfrentando la feroz represión del reaccionario gobierno de Iván Duque. La lucha continúa.

Se cumple un mes desde que estallaron las masivas movilizaciones revolucionarias que sacuden a Chile. Millones siguen reclamando en las calles que se vaya Piñera. Ahora el gobierno apela a una maniobra parlamentaria, con apoyo de la mayoría de los partidos opositores, para desmovilizar a partir de un cronograma electoral para reformar la constitución. Pero la maniobra ya empieza a sumar repudios y la rebelión popular continúa.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Piñera ha fracasado en todos sus intentos de parar la movilización. Apeló a la represión más brutal, declaró el toque de queda y sacó al ejército a la calle. Pero nada de eso logró amilanar al pueblo que, cada día, siguió saliendo a protestar y a enfrentarse con los “pacos” (carabineros). Piñera también retrocedió con el motivo con el que se había iniciado la protesta (el aumento del boleto del metro) e incluso otorgó otras concesiones menores, incluyendo cambiar su gabinete. Sin embargo la rebelión popular siguió creciendo y extendiéndose. Es que, como se empezó a decir, “Chile despertó” y la rebelión ya no era por 30 pesos de incremento del boleto del metro, sino “por 30 años”, refiriéndose a los que ya tenía de vigencia la constitución pinochetista. Por eso a las exigencias concretas (contra los bajos salarios, las jubilaciones de miseria, el endeudamiento popular, la privatización de la salud y la educación, el saqueo a los recursos naturales) se le sumó el reclamo de asamblea constituyente libre y soberana.

Imposibilitado de detener una movilización revolucionaria que, cada vez con más fuerza, pide que se vaya Piñera, el gobierno ha recurrido a una última maniobra para tratar de sacar al pueblo de las calles. Se trata de un acuerdo parlamentario, un pacto a puertas cerradas, entre el gobierno, los partidos de derecha que componen el actual oficialismo y los de la oposición: Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Radical. También se sumó una parte importante del Frente Amplio.

El pacto intenta desviar la movilización por medio de un “cronograma” donde se vota para un plebiscito en abril del próximo año, donde se decidiría si se quiere o no una nueva Constitución; y, segundo, qué tipo de órgano debería redactarla. Recién después se llamaría a elecciones, en octubre y así, en un largo y tortuoso proceso, se “promete” que habrá una nueva constitución en 2021, tras un 2020 convertido en un “año electoral”. Para peor, el acuerdo no contempla soluciones inmediatas para ninguno de los reclamos populares concretos que hoy están en las calles.

El rol del PC y el Frente Amplio

Las dos expresiones mayoritarias de la izquierda chilena (el Partido Comunista –PC- y el Frente Amplio) ya venían negándose sistemáticamente a levantar la consigna que cantan millones en las calles: ¡Fuera Piñera! Ahora, frente a este vergonzoso acuerdo parlamentario, el PC lo “rechazó” formalmente, pero al mismo tiempo Guillermo León Teillier, su presidente afirmó que se trataba de “un paso innegable” (24 Horas Chile, 17/11) y la diputada Camila Vallejo confirmó que si bien “hay detalles que nos preocupan y cosas que aclarar” el llamado a plebiscito es un triunfo (La Tercera, 17/11).

El Frente Amplio, que había surgido como una expresión “a la izquierda” del PC cuando este se incorporó al entonces oficialismo de Nueva Mayoría, y que despertó en su momento grandes expectativas, con sus dirigentes surgidos de la lucha estudiantil de 2011, estuvo peor aún. Varios de sus principales dirigentes, hoy diputados, estuvieron presentes y firmaron el acuerdo parlamentario. Tal el caso de Gabriel Boric (del partido Convergencia Social, uno de los principales integrantes del Frente Amplio) y Giorgio Jackson (de Revolución Democrática, otro de sus sectores mayoritarios). Esto generó una fuerte crisis dentro del propio Frente Amplio. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, rompió con Convergencia Social junto a un grupo de militantes. E incluso se dio el caso de que Beatriz Sánchez, la ex candidata a presidenta, resultó abucheada y echada de una asamblea popular.

Crece el rechazo al acuerdo

La Mesa de Unidad Social (MUS), por su parte, rechazó correctamente el acuerdo. Si bien en su interior participan dirigentes sindicales y estudiantiles tanto del PC como del Frente Amplio, la presión de las bases es enorme. Incluso recientemente rompieron con la MUS dirigentes estudiantiles de la Confederación de Estudiantes Secundarios. Tal y como viene sucediendo desde el comienzo de las movilizaciones, otra vez se quedó a mitad de camino, al seguir negándose a levantar la consigna ¡Fuera Piñera! Sin embargo, la bronca popular obligó a la MUS a llamar a una huelga general para el próximo jueves 21.

El repudio al gobierno es masivo: la consigna “¡Fuera Piñera!” se canta en todas las manifestaciones y se vota en las asambleas barriales y territoriales. Como bien dicen nuestros compañeros del MST de Chile, esa es la tarea número uno, para hacer realidad la satisfacción del conjunto de los reclamos populares, entre ellos el de convocar a una asamblea constituyente libre y soberana. Porque, como señalan en su última declaración “Llegó la hora de que el inmenso poder generado en las calles sea el que tome las riendas del país. Que los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, las mujeres, los mapuches y todos los sectores populares, en suma, todos los que hoy día están luchando, conquisten el gobierno y pongan las riquezas del país para solucionar las demandas que reclama la calle.”

Desde Izquierda Socialista seguimos convocando a apoyar la heroica lucha del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud de Chile.

Escribe Claudio Funes

El legislador provincial de Córdoba Ezequiel Peressini de Izquierda Socialista/FIT, viajó a Chile para llevar la solidaridad al pueblo movilizado. La visita es continuidad de la que hicieron anteriormente Mónica Schlotthauer, diputada nacional, y Mercedes De Mendieta, legisladora electa por la ciudad de Buenos Aires, ambas integrantes de Izquierda Socialista.

Peressini estuvo presente el pasado lunes 18 de noviembre en la multitudinaria protesta en Plaza Italia (rebautizada Plaza de la Dignidad por los luchadores), junto con nuestros compañeros y compañeras del MST de Chile, integrante de la Unidad Internacional de los Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI). Como parte de sus actividades, Ezequiel también estuvo en Valparaíso donde participó de reuniones con trabajadores portuarios y con integrantes de las asambleas de la ciudad.

El parlamento, ese engendro corrompido por el dinero de los ricos, que nunca votó una ley a favor del pueblo, nos quiere volver a engañar proponiendo un plebiscito para ver si queremos una nueva constitución cuando en realidad ¡hace 30 días que el pueblo viene votando con sus movilizaciones que se vaya Piñera! […]

Rechazamos este acuerdo porque:
- Significa, por omisión, un apoyo total a Piñera de los partidos de la oposición que lo suscriben. Es un acuerdo entre cuatro paredes, para mantenerlo en el poder, porque parte por reconocer a este gobierno como legítimo interlocutor y niega, por tanto, cualquier posibilidad de sacarlo como piden millones en las calles. […]

- No acordaron ninguna medida económica inmediata, como terminar con la cesantía, los bajos sueldos, el alto endeudamiento, las pensiones de miseria, y el saqueo de los derechos sociales y los recursos naturales, junto con las privatizaciones. […]

- Nada dice acerca de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por militares y carabineros. […]

- La propuesta de plebiscito es diseñada para el próximo año, esperando que en estos meses se desactive la masiva movilización nacional. Además, esperan que les dé tiempo para reprimir impunemente a quienes nos manifestamos en contra, silenciar a la oposición de izquierda, y desarmar las asambleas territoriales y barriales que cuestionan el acuerdo.

- […] Las dos opciones del acuerdo son una maniobra para defender el legado de Pinochet. En el caso de que sea Convención Ciudadana (lo más parecido a Asamblea Constituyente), el quórum para cambiar la constitución actual es de 2/3 y esto impide cualquier cambio pues le da poder de veto a Piñera y la UDI o, lo que es lo mismo, sólo puede haber un cambio si los grupos económicos lo aceptan. La otra opción es que la mitad de los delegados sean parte del corrupto parlamento. Ni la una, ni la otra, permitirá realmente cambiar esta constitución y ponerla al servicio del pueblo, de la clase trabajadora, los pueblos originarios, la juventud, las disidencias y las mujeres. La verdadera asamblea constituyente soberana será aquella convocada por el pueblo movilizado que previamente haya terminado con el gobierno de Piñera.

La Mesa de Unidad Social (MUS) ha rechazado el acuerdo. Saludamos este rechazo pero otra vez se quedan a mitad de camino ya que siguen sin levantar el que se vaya Piñera que es el reclamo generalizado del movimiento y no le ponen fecha a la huelga nacional que mencionan. […]
Por esto, desde el MST llamamos a rechazar este acuerdo. A seguir más movilizados que nunca; construyendo, fortaleciendo, y coordinando a nivel nacional las asambleas territoriales y organismos de base que han surgido en estos días de lucha para que se transforme en la alternativa de conducción autónoma nacional, que la gran movilización necesita […]

¡Fuera Piñera!
¡No al corrupto acuerdo!
¡Por un plan económico de emergencia obrero y popular!
¡Juicio y castigo a todos los milicos, pacos y responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos!
¡Por una verdadera asamblea constituyente libre y soberana convocada por el pueblo movilizado!
¡Por un gobierno de los que luchan, de los trabajadores y trabajadoras y sectores populares!

17 de noviembre de 2019

*Ver declaración completa en http://www.uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/95-declaraciones/2411-2019-11-19-14-03-13