Escribe Guido Poletti

Las movilizaciones populares en Chile ponen énfasis en “los 30 años”, refiriéndose al tiempo de vigencia que lleva la constitución pinochetista promulgada en 1980. Este texto fue supuestamente “aprobado” por el 65,71% en un plebiscito ese año, en medio de la dictadura, sin registros electorales, ni la posibilidad de hacer ningún tipo de campaña en contra.

La constitución del ‘80 planteaba la existencia de senadores vitalicios nombrados por la dictadura, entre ellos el propio Pinochet, y de otros designados por las propias Fuerzas Armadas. También establecía la “inamovilidad” de los jefes militares de la dictadura. Estas cláusulas recién serán derogadas en 1989. Pero hay muchas otras, las que sientan las bases del modelo económico chileno, que siguen vigentes. Así, el artículo 19 plantea que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las jubilaciones, dejándolas en manos privadas, e interviniendo “sólo subsidiariamente”. Ahí está la base de lo que existe en la realidad, escuelas, centros de salud y AFP (fondos jubilatorios) privados, para ricos y un deterioro absoluto, orillando con la inexistencia, en el ámbito estatal.

La constitución de 1980, además, le otorga al presidente poderes casi dictatoriales: tiene la atribución exclusiva en la presentación de los proyectos de ley en los temas más importantes, como los económicos. No existe, además, la figura jurídica de “renuncia” del presidente, que sólo puede ser removido por medio de un complejísimo proceso, casi imposible de realizar.

La misma constitución no contempla el llamado a una constituyente para modificarla. Los cambios sólo los puede realizar el propio Congreso por mayoría de 2/3 de sus miembros y no se contempla llamado a plebiscito alguno.

Lo que pasó después de Pinochet

Pinochet lograría permanecer en el poder casi una década más. Finalmente, terminó llamando a un nuevo plebiscito, donde planteaba quedarse hasta 1997, pero esta vez fue derrotado por el “no”. Así se abrió una transición muy regimentada, bajo el marco jurídico de la constitución de 1980, tras algunos pequeños cambios consensuados entre Pinochet y los distintos partidos de la oposición patronal de entonces.

A partir de ese momento gobernó la “Concertación” entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, junto con otras fuerzas menores. Pasaron los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). Luego se produjo el primer triunfo de las fuerzas de la derecha, asumiendo Sebastián Piñera (2010-2014). Al término de su mandato, volvió a ganar Michelle Bachelet (2014-2018), ahora con una coalición ampliada llamada Nueva Mayoría, también integrada por el Partido Comunista, que llegó a tener dos ministros en el gabinete. Las últimas elecciones presidenciales marcaron el retorno de la derecha al gobierno, otra vez con Sebastián Piñera, en 2018.

Como vemos, pasaron 30 años de vigencia de la constitución pinochetista y casi 20 de gobiernos elegidos por el voto, la mayoría de ellos de la Concertación, y nada cambió. Hoy el pueblo trabajador en las calles dice basta y exige que se vaya Piñera. Pide también, junto a un conjunto muy grande de demandas populares, el llamado a una constituyente libre y soberana. Para terminar con la constitución de la dictadura, incluyendo con su método amañado y dictatorial de “reformarla”. Correctamente, el pueblo chileno movilizado plantea que deben ser ellos mismos, sin ninguna restricción, los que elijan quiénes y cómo debe redactarse una nueva constitución.

Extracto de la declaración de la UIT-CI

Las centrales sindicales de Colombia vienen preparando desde hace dos semanas un gran paro nacional para este 21 de noviembre. Se espera que sea el más grande en años y millones se movilicen contra las políticas de ajuste del gobierno de Duque avaladas por el FMI […]

El paro nacional se realiza contra los proyectos de reforma laboral, tributaria y pensional del gobierno, que integran el llamado “Paquetazo” y suponen flexibilización laboral para jóvenes, menos impuestos a las grandes empresas y más impuestos a los trabajadores, y la privatización del sistema jubilatorio. […]

Adhieren a la convocatoria más de 150 sindicatos, gremios y asociaciones. También se preparan para movilizarse la Minga Indígena y los estudiantes que reclaman el cumplimiento del acuerdo firmado el año pasado en materia de presupuesto para la educación pública.
Una de las organizaciones que adhiere a la convocatoria, los Colectivos Unidos, hace un llamado a todos los sectores obreros y populares a sumarse, reflejando el espíritu de la lucha: “desde su casa en la madrugada de este 21, haciendo sonar las cacerolas; desde el sindicato que hace su Asamblea para discutir entre sus trabajadores la necesidad del Paro Nacional; desde el barrio en la Junta de Acción Comunal…” […]

En el marco de las grandes luchas que se vienen gestando en Latinoamérica, es crucial rodear de solidaridad y apoyo a los trabajadores, campesinos, indígenas y a la juventud colombiana, que protagonizarán el paro del 21 de noviembre.

19/11/ 2019

*Ver declaración completa http://uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/95-declaraciones/2414-colombia-apoyemos-el-paro-nacional

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, volvió a mostrar su carácter ultrareaccionario al enviar al Ejército y la Policía a desalojar el bloqueo de la planta de YPFB en Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto. Días antes había reprimido brutalmente una marcha de campesinos cocaleros del Chapare. Hay bloqueos y protestas en todo el país desconociendo a Añez. Pero la gran debilidad de la resistencia popular es la dirección. En especial del MAS y la COB. Los dirigentes del MAS negocian una “salida electoral” con el gobierno. Evo Morales desde México llama al dialogo “nacional”

Escribe Luis Covas

A pesar de que la derechista senadora Añez llegó al poder por medio de un golpe cívico-militar, no logra estabilizar la situación del país. Bolivia sigue en medio de una profunda crisis política. El imperialismo, las multinacionales y la oligarquía boliviana están preocupados. Hasta ha llegado una misión de la ONU para tratar de encauzar la crisis, junto con la Iglesia y la Unión Europea. Su objetivo es consolidar una salida pactada. Pero no les resultará sencillo. Les quedan dos alternativas: elecciones acordadas o la ida hacia un régimen directamente dictatorial, que imponga una derrota al movimiento de masas. Justamente la situación está indefinida porque no han podido aún, pese a la represión, derrotar a los sectores populares que siguen movilizados repudiando al autoproclamado gobierno de Añez.

Añez busca fortalecerse con represión

En su debilidad, el gobierno de Añez busca fortalecerse apoyándose en las Fuerzas Armadas y en la represión. El martes 19, con un enorme despliegue militar y policial desalojó el bloqueo popular en Senkata que impedía la distribución de carburantes a todo el departamento de La Paz, como parte de las medidas de lucha por desconocimiento del gobierno. Dejando dos muertos. Días antes estuvo la represión criminal en Sacaba y el decreto de impunidad a los militares para reprimir (ver recuadro). A lo que se sumó el decreto de Jeanine Añez otorgando un aumento de presupuesto a las fuerzas armadas.

Pero no logran un gobierno de derecha homogéneo. No hay un plan claro ni único. Al punto que fue el derechista y racista de Luis Camacho, de la región de Santa Cruz, quien reclamó insólitamente, elecciones para el 19 de enero. Diciendo que tendría un acuerdo con la burocracia de la COB para ese plan: “la propuesta se da luego de mantener reuniones y alcanzar acuerdos con representantes de la ciudad de El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB), la Asociación de Productores de Coca de La Paz y los Interculturales [...] Con estos sectores hemos acordado mantener una misma posición. Dando un plazo hasta el día jueves para que podamos tener un Tribunal Electoral que refleje el sentimiento del pueblo boliviano” (Infobae, 19/11). Habría una pelea por como serían unas futuras elecciones y con quienes. ¿Con o sin el MAS? ¿Con Camacho y sin Mesa?

El MAS busca una negociación con el gobierno y los militares

Sectores populares y del campesinado cocalero, que son base del MAS, resisten al gobierno de Añez con bloqueos y otras formas de protesta. Pero ese movimiento se debilita en la medida que su dirección da señales claras de buscar una salida negociada con el propio gobierno derechista de Añez y los militares. El propio Evo Morales desde México da esas mismas señales, al decir claramente que ya se “siente expresidente” o asegurando que “no piensa ser candidato” en pos de la “pacificación del país” (reportaje a la BBC). Hasta dijo que ya tiene pensado abrir un restaurante en su pueblo. También les recuerda a los militares que fue su gobierno quien más presupuesto les dio.

Esto se volvió a mostrar en el sorpresivo levantamiento, el martes 19, de la convocatoria a la Asamblea de diputados y senadores que domina en mayoría el MAS. Cuando el gobierno decía que allí podrían votar su destitución y el retorno de Morales, ellos salieron a desmentirlo. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Mónica Eva Copa (MAS), difundió un comunicado en el que señala que no se iba a realizar el encuentro de diputados y senadores “a efectos de crear y contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la consiguiente pacificación del país”. La presidenta del Senado agregó “que el MAS está dispuesto, si es necesario, a trabajar por tiempo y materia hasta consensuar nuevas elecciones” (informe de agencia El Deber 19/11). Más claro imposible. La política central de Morales y los dirigentes del MAS pasa por buscar un pacto para llegar a elecciones en donde se les resguarden sus lugares. No es el centro movilizar para derrotar al gobierno reaccionario. A lo sumo aprovechan la resistencia popular para esa negociación, a esto se le añade la nueva traición de la dirección de la COB que no apoya los bloqueos y las protestas.

Por eso es más necesario que nunca apoyarse en los sectores obreros, juveniles, campesinos y populares que desde un primer momento han buscado un camino de lucha contra el gobierno reaccionario y derechista de Añez, sin subordinarse a la política del MAS y Morales. Y que rechazan toda salida negociada y pactada con el gobierno represor de Añez. Como lo señala Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador (ARPT), sección de la UIT-CI, para derrotar el intento de instalar un régimen de derecha reaccionario hay que movilizarse y lograr “formar una Asamblea Popular con representantes de organizaciones de base de trabajadores de la ciudad y el campo, de jóvenes e indígenas para resolver el futuro del país y garantizar elecciones realmente limpias y libres sin restricciones para ningún candidato de los sectores populares”. Y luchar, entre otros puntos, por el no pago de la deuda; por la verdadera nacionalización de la minería y los hidrocarburos. El camino es la lucha organizada y no la negociación con la derecha reaccionaria y los militares.

Repudio a la represión asesina militar en Sacaba

El viernes 15 de noviembre las fuerzas militares y policiales desataron una represión criminal sobre una marcha de campesinos cocaleros del Chapare que marchaban hacia La Paz reclamando que se vaya el gobierno de la derechista Añez. Fueron brutalmente reprimidos en la localidad de Sacaba, ubicada a 13 kilómetros de Cochabamba, dejando al menos diez campesinos muertos, 50 heridos y 169 detenidos.

Los campesinos del Chapare se movilizaban con banderas bolivianas y wiphalas cuando la policía les impidió el ingreso a la ciudad de Cochabamba. Las escenas grabadas en videos son reveladoras de la salvaje represión. Todos los muertos lo fueron por balas de plomo que usan las fuerzas seguridad.

La Central Obrera Boliviana (COB), luego de la sangrienta represión, emitió un vergonzoso comunicado llamando a la “paz social” y a “respetar el orden constitucional”.
Por otro lado, el MAS, que impulsaba esa movilización, no abandonaba su política de diálogo con funcionarios del gobierno de Añez y saludaba la mediación de la ONU.

Mientras tanto Añez aprobaba el Decreto Supremo Nº 4078, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas durante los actos de represión.
Como lo señalara ARPT, nuestra organización hermana de Bolivia. “Repudiamos la represión asesina militar policial en Sacaba” [...] Exigimos el cese de la represión militar y policial contra el pueblo. Libertad a los presos por manifestar y pleno derecho de manifestación política, reunión y expresión”.

Muchos dicen que el golpe en Bolivia fue porque Evo Morales “redistribuyó la riqueza” o porque la derecha no aguantó más a un indígena en el poder. ¿Pero qué pasó en catorce años de gobierno para que Evo fuera obligado a renunciar y a dejarle el poder a la derecha?

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Evo Morales asumió el gobierno en 2005 con el 54% de los votos. Lo hizo luego de un proceso revolucionario que tiró abajo a Sánchez de Lozada en 2003 y a Carlos Mesa en 2005, dos gobiernos antiobreros.

Evo asumió con enormes expectativas populares. Por primera vez en 500 años un indígena llegaba a la presidencia. “Vamos a acabar con el estado colonial y el modelo neoliberal” y a “seguir el legado del Che”, dijo. Pero apenas asumió sorprendió con la designación en el gabinete de un millonario de Santa Cruz (el departamento dominado por la derecha) como ministro en Obras Públicas, un ministro en Minas cuestionado por ser parte del desmantelamiento de la minera estatal en los años ´90 y en Hacienda con un tal Arce vinculado a organizaciones financieras imperialistas.

La Agenda de Octubre y la falsa “nacionalización” de los hidrocarburos

Se denominó Agenda de Octubre al reclamo para que se nacionalizara el petróleo y el gas, se impusiera la reforma agraria y refundara Bolivia con una Constituyente. Esta agenda surgió después de la Guerra del Agua en 2000 en Cochabamba, que expulsó a la multinacional Bechtel; del levantamiento aymara de ese mismo año por la reforma agraria, donde participaron medio millón de indígenas y esencialmente de la Guerra del Gas de 2003, con epicentro en El Alto, que logró la renuncia de Sánchez de Lozada. Evo no la llevó adelante.

Antes de que asuma el MAS ya existía una ley disponiendo el 50% del ingreso petrolero para el Estado, y el 1 de enero de 2006 Evo firmó un decreto anunciando la mal llamada “nacionalización”. Fue una medida parcial que el gobierno la vendió como estatización, pero que no significó recuperar el petróleo 100% para el Estado, sino que les aumentaron los impuestos a las multinacionales del sector. Incluso a fines de 2016 esos impuestos se les bajaron con la firma de 44 nuevos contratos petroleros. De esa forma el 80% de la producción y exploración siguió en manos de Petrobras, Repsol, Total y Gazprom, con el esquema de “empresas mixtas”, como existe en Venezuela. Hoy YPF Boliviana es una simple administradora de contratos para fomentar las ganancias privadas. Antonio Brufau, de Repsol, dijo en 2015 que Bolivia es un país “magnífico para invertir”.

Algo similar ocurre con la minería, donde el Estado solo controla el 5%. Entre 2006/2008 los consorcios mineros exportaron 4.500 millones de dólares dejando solo tributos por 200 millones. Participan del negocio la yanqui Coeur d Alene Mines Corporation (explotando uno de los reservorios más ricos del planeta, San Bartolomé), la japonesa Sumitomo -que controla un mega yacimiento de plata, plomo y estaño en San Cristóbal (mina a cielo abierto)- y “cooperativas” privadas, las cuales casi no pagan impuestos, no cumplen con las leyes laborales y sus obreros no pueden tener sindicatos.

¿Y la reforma agraria?

Al día de hoy sigue en Bolivia el mismo latifundio de siempre. La oligarquía es la dueña de las mejores tierras. El 67% está en manos del agro negocio. Media Bolivia es regada con glifosato, el gobierno subsidia a los terratenientes con combustible barato y casi no pagan impuestos, mientras el campesinado tiene solo el 13% de la tierra cultivable y el 87% está en manos de los oligarcas. ¿Qué ocurrió?

La Constituyente de Oruro de 2007 -con mayoría del MAS- limitó a 5.000 hectáreas el máximo de tierra que puede acceder cada latifundio. La derecha se opuso e intentó dar un golpe, amenazando con la división de Bolivia para quedarse con la rica Media Luna de Oriente. Una inmensa movilización popular cercó a los fascistas. Evo llamó a frenarla y firmó en 2008 un pacto con la derecha que cambió 144 artículos de la Constitución, legalizando el latifundio, ya que su límite de 5000 hectáreas solo quedó para “futuros” latifundios, no para los que ya estaban.
Además, la política agraria oficial de dar concesiones al latifundio y permitirles “ampliar la frontera agrícola” a costa de zonas boscosas, incluso quemando bosques, llevó a un gigantesco desastre, el incendio de 5 millones de hectáreas de bosques y vegetación en Chiquitanía, en Santa Cruz y en Beni.

El fracaso del “capitalismo andino”
No es cierto que en Bolivia hay un modelo económico exitoso y lo que habría fallado solo serían las ansias reeleccionistas de Evo Morales. “El verdadero fraude comenzó mucho antes”, dicen nuestros compañeros de ARPT (Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador en el Partido de los Trabajadores).

El crecimiento económico fue para beneficiar a los de arriba. Después de 14 años de gobierno los trabajadores informales llegan al 80% y los asalariados apenas son la quinta parte de la población económica activa. El salario es el menor de Sudamérica (excepto Venezuela), los hospitales son un desastre y se han reducido los presupuestos educativos, mientras continúa la desocupación y la miseria en el campo obliga a migraciones masivas.

Hubo mejoras parciales cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, permitiendo otorgar bonos a mayores de 60 años, niños en edad escolar y mujeres embarazadas, pero al bajar el precio del barril y el precio de las materias primas, empezó el ajuste.
Evo, a su vez, reprimió las luchas, como la de los indígenas del Tipnis cuando se opusieron a que se construya una carretera que les cortaba en dos su territorio para que Petrobrás, Total y Repsol saqueen el petróleo. Evo declaró ilegales las huelgas, tildó de “privilegiados” a los maestros y de hacerle el juego a la derecha a quienes reclamaban.

El MAS fue un gobierno de conciliación de clases que nunca rompió con las multinacionales, la derecha oligárquica y la estructura capitalista semicolonial. Todo esto generó un gran descontento y ruptura de grandes franjas obreras y campesinas con su gobierno, en el cual se montó la derecha para imponer una salida reaccionaria.

Solo expropiando a las multinacionales, nacionalizando los recursos naturales, la banca y el comercio exterior, haciendo la reforma agraria y rompiendo los lazos con el imperialismo, el FMI y las grandes potencias imponiendo un gobierno de los trabajadores, se podrá combatir de raíz a la derecha y a sus políticos nefastos. Mientras llamamos a derrotar al gobierno derechista boliviano, llamamos a los luchadores a reflexionar sobre las enseñanzas que dejan los hechos que están ocurriendo.

En 2010 cayó el “gasolinazo” de Evo

En medio de las fiestas de 2010 Evo aumentó el precio del litro de la gasolina a casi un dólar en un país donde el sueldo mínimo estaba en 97 dólares. Una gigantesca rebelión popular lo obligó a retroceder.
El decreto 748 del “gasolinazo” fue anunciado el 26 de diciembre, en plenas fiestas, para dificultar la reacción popular. Al día siguiente aumentaron 100% el transporte y un 20 a 40% los alimentos.

El 30 de diciembre hubo una huelga general de hecho con la vanguardia en El Alto. El gasolinazo fue una exigencia pública de las transnacionales. “O anulan el gasolinazo o se van”, se reclamó. En cadena nacional el 31 de diciembre Evo derogó el decreto, mostrando que el MAS no era un gobierno “de los movimientos sociales” sino un gobierno capitalista subordinado a las multinacionales.

El domingo por la tarde la derecha política encabezada por Luis Camacho, representante de la oligarquía de la región de Santa Cruz, y el ex-candidato Carlos Mesa, junto al comando del ejército boliviano más sectores de la policía (que estaba auto cuartelada), obligaron al presidente Evo Morales y su vicepresidente a renunciar, haciéndose cargo del gobierno en forma ilegítima.

Estos sectores de la derecha y la oligarquía en Bolivia aprovecharon el descontento popular con el gobierno del MAS, que había incrementado con las denuncias de fraude en las recientes elecciones y provocado aún más rechazo con Morales.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos denunciado que el gobierno de Evo Morales, tras un discurso de falso socialismo, en realidad benefició principalmente a las grandes multinacionales y los empresarios bolivianos. Esto es lo que generó el gran descontento del pueblo boliviano y lo que facilitó el golpe de la derecha y los militares.

Pese a las diferencias que tenemos con Morales y su gobierno, no avalamos el golpe y llamamos a los trabajadores y la juventud de Argentina y Latinoamérica a repudiar el accionar de la derecha y los militares sumándonos a todas las acciones en solidaridad con el pueblo boliviano.

Declaración de Izquierda Socialista, 10/11/2019