El sábado 16 centenares de miles se manifestaron en Barcelona a favor de los doce líderes independentistas sometidos a juicio, con el ex vice presidente catalán Oriol Junqueras como acusado principal. Se prevén duras sentencias de cárcel.

Escribe Miguel Lamas

Detrás de una pancarta con el lema “La autodeterminación no es delito” sostenida por dirigentes del independentismo catalán, una multitud de manifestantes abarrotó la céntrica avenida de la Gran Vía, repleta de banderas independentistas y carteles de “libertad a los presos políticos”.
El juicio que se realiza en Madrid busca castigar el intento de independencia de 2017. Nueve están acusados de rebelión, que implica la supuesta existencia de un “alzamiento violento” para conseguir la separación de esta rica región nororiental con 7,5 millones de habitantes.
La fiscalía reclama para estos nueve, hoy en prisión preventiva, entre 16 y 25 años de cárcel en el caso del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Los dirigentes independentistas impulsaron un referéndum de autodeterminación el 1° de octubre de 2017, no aceptado por el poder central, marcado por la violencia de la policía desplegada para impedirlo, y después proclamaron una efímera república independiente. El referéndum “ilegal” fue garantizado con una extraordinaria movilización popular. Un enorme despliegue policial intentó con gran violencia impedirlo y llevarse las urnas a la fuerza. ¡Pero no logró impedir que votaran más de dos millones de catalanes! Una grave derrota para el poder central. Y el 3 de octubre de 2017 una huelga general ratificó aquella voluntad y la denuncia de la represión del Estado.

Sin embargo, por ser los partidos dirigentes ligados a la patronal catalana, pese a la gran movilización popular no estaban dispuestos a ir a un enfrentamiento que podía poner en peligro las ganancias capitalistas, por lo que frenaron la movilización y buscaron una transacción con el poder central.
En su declaración ante el tribunal, Junqueras defendió que su movimiento “siempre ha sido cívico, pacífico” y “nunca, nunca, nunca” ha promovido la violencia. Pero todos los intentos de los dirigentes independentistas de quitar importancia a lo que ocurrió en octubre de 2017 no hicieron rebajar ni un gramo el peso de las medidas judiciales. Esto obligó a convertir las defensas legales en un juicio político de hecho al Estado Español, esperando que la Justicia europea y la presión internacional reviertan sentencias que se da por descontado que serán duras.

Por otra parte, la cuestión catalana y los juicios han profundizado la crisis del régimen central presidido por el falso “socialista” (PSOE) Pedro Sánchez, cuyo gobierno se basaba en el intento de acuerdo con los partidos independentistas patronales catalanes (no para la independencia sino para contener la lucha popular con promesas a futuro). Se rompieron acuerdos parlamentarios, Sánchez quedó en minoría y tuvo que convocar a elecciones generales para el 28 de abril (se eligen parlamentarios, que a su vez eligen al presidente del Estado).

Lucha Internacionalista (sección de la UIT-CI en el Estado Español) señala en su editorial: “Lo que va a ser determinante es la capacidad de las movilizaciones en Catalunya, que se retomarán con fuerza. Es necesario un plan de movilizaciones que culmine con otra gran huelga general. Pero superar la situación de octubre de 17 solo será posible si en el transcurso de esa lucha se construye una sólida alternativa a la izquierda. ERC y PDeCat (los partidos patronales nacionalistas) ya han demostrado sus límites. Será determinante la reacción de trabajadores/as y pueblos en todo el Estado español. Porque el descrédito del aparato de estado monárquico crece entre casos de corrupción y decisiones escandalosas del Poder Judicial a favor de la banca. Hay que poner a la monarquía, al régimen del 78, en el banquillo de los acusados. La monarquía está en horas bajas y lo sabe, y no por ello es menos peligrosa. A esta situación de desesperación responde el giro a la derecha de Partido Popular y Ciudadanos y el surgimiento de Vox (ultraderecha) que, a diferencia de otros partidos de extrema derecha, aparece como defensor a ultranza de la monarquía. Defender la libertad de los dirigentes independentistas catalanes, defender el derecho de autodeterminación de los pueblos, luchar contra la monarquía y cerrar el paso a Vox son partes de una misma lucha imprescindible”.
Desde Izquierda Socialista expresamos toda la solidaridad con la lucha del pueblo catalán por la libertad de los presos independentistas y el derecho a decidir su propio destino.

La mayoría del pueblo trabajador venezolano está por la salida de Nicolás Maduro y su gobierno hambreador y represivo. El pueblo trabajador ya no aguanta más el desastre en el que lo ha sumido el falso socialismo chavista. Pero, sin menoscabo de nuestro repudio al actual gobierno, rechazamos categóricamente tanto las declaraciones de Juan Guaidó como las del supuesto Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que ponen al descubierto su rostro proimperialista, completamente arrodillados a los designios del gobierno ultraconservador y reaccionario de Donald Trump.

Recalcamos, como ya lo hemos afirmado previamente, que estamos con la decisión de la mayoría del pueblo trabajador de que Nicolás Maduro debe salir, pero con la movilización de las trabajadoras, trabajadores y sectores populares, de forma autónoma a la Asamblea Nacional y sus partidos patronales y proimperialistas. No es Trump, ni el Grupo de Lima, ni Guaidó o un golpe militar, los que resolverán nuestros problemas. Debe ser el pueblo trabajador venezolano el que decida en las calles del país su destino.
Hoy más que nunca está planteada una salida obrera y popular a la crisis que vivimos. Por plenas libertades democráticas. Libertad para los presos por luchar y disentir políticamente. Por el derecho a huelga. Estamos conscientes de las consecuencias de una ocupación militar extranjera que establezca un estado de excepción permanente donde proliferen prácticas propias de la violencia descarnada y acabe con la autodeterminación nacional, y de una campaña de bombardeos selectivos e indiscriminados que no distinguen entre combatientes y población civil y promueva la destrucción de infraestructura física y capacidad económica instalada.
Los trabajadores, los jóvenes y el conjunto de los sectores populares debemos seguir luchando de forma independiente por un Plan Económico Popular alternativo al brutal ajuste que aplica Nicolás Maduro, que contemple salario igual a la canasta básica; por el no pago de la deuda externa, confiscación de los bienes de los corruptos, por petróleo 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales, y que todos esos recursos se destinen a un plan de emergencia para la adquisición de alimentos y medicinas, recuperación de Pdvsa y las empresas básicas, todo en la perspectiva de que solo un Gobierno de los Trabajadores y las Trabajadoras podrá resolver los graves problemas que afronta el pueblo trabajador venezolano.

10/2/2019

El pueblo haitiano lleva ya dos semanas de huelga general. A dos años del inicio del gobierno del empresario Jovenel Moïse, del partido derechista PHTK, a partir del 7 de febrero se ha desatado una masiva rebelión popular. Moïsetiene el apoyo de Estados Unidos y las tropas ocupantes de la ONU. Coreando consignas contra la corrupción en el manejo del fondo de Petrocaribe, exigiendo la caída del gobierno y reivindicando el derecho a vivir dignamente, cientos de miles han llenado las calles de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y las principales ciudades del país.

La UIT-CI emitió un llamado a la solidaridad con el pueblo haitiano y apoyando las exigencias centrales de la organización socialista Reagrupamiento para la Acción Revolucionaria en Haití (RARA), que participa en el proceso de lucha y exige la renuncia incondicional del presidente Jovenel Moïse y el gabinete encabezado por el primer ministro Jean H. Ceant, el castigo a los corruptos de Petrocaribe, y la disolución del grupo policial de operaciones especiales BOID, responsable de muchos de los crímenes represivos de la última semana, mientras que repudia la injerencia imperialista.

Ver declaración sobre Haití en www.uit-ci.org

En todo el mundo comenzaron las reuniones y asambleas para organizar el tercer paro mundial feminista en un contexto de crisis económica y ajuste que golpea especialmente a las trabajadoras. Frente a los femicidios, la violencia sexual, la trata y los intentos de avanzar sobre el derecho al aborto, el gran movimiento que ganó las calles tiene el desafío de lograr una nueva jornada internacionalista, anticlerical, antipatriarcal y anticapitalista que arranque las reivindicaciones por las que viene luchando.

En nuestro país también comenzaron las asambleas para organizar esta gran jornada que será de denuncia a Macri y los gobernadores como responsables de la situación de las mujeres. Ajuste, precarización laboral, femicidios y aborto clandestino es la política del gobierno que las mujeres estamos dispuestas a enfrentar.
Sin embargo, las organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans referenciadas en el kirchnerismo (Vamos, Movimiento Evita, La Cámpora, La Poderosa, NiUnaMenos, AMMAR, entre otras) han comenzado a expresar con fuerza su política para frenar el avance de nuestra pelea. Es así que en diferentes asambleas desarrolladas en el conurbano bonaerense vienen planteando que el 8M no hay que movilizarse a Plaza de Mayo a golpear en el centro del poder político, sino que solo habría que fortalecer las acciones barriales. Además, en cuanto al paro, llaman a la “creatividad”, a que solo paremos en las tareas domésticas en las casas y a que cada sindicato decida la modalidad (paro efectivo, cese de actividades o simplemente un afiche o foto sobre el tema). Se oponen enfáticamente a reclamar a la CGT y a las CTA lo que venimos planteando las feministas socialistas desde la izquierda junto con una gran cantidad de activistas independientes: un paro general feminista en donde todas y todos paremos por las reivindicaciones de las mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Pero lo que es aún más grave, es que llaman al movimiento feminista a encarrilarse detrás del proyecto de Cristina. La misma que ya gobernó para las patronales durante doce años profundizando la feminización de la pobreza y que no nos garantizó el derecho al aborto ni ningún otro derecho mientras promovió la precarización laboral con planes y contratos basura. La misma que hoy llama a bajar la bandera del aborto, a unirse con el Vaticano y que se comprometió a “honrar” la deuda externa a costa del hambre del pueblo trabajador. Frente a esta postura, desde Isadora e Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, consideramos que para que de verdad conquistemos nuestros derechos y derrotemos al macrismo y a los gobernadores del ajuste debemos seguir movilizadas en las calles y construir una alternativa política sin patrones, de las trabajadoras y trabajadores junto con los sectores oprimidos. Por eso proponemos que el 8M se pronuncie en contra del ajuste de Macri y los gobernadores, por el aborto legal ya, por plata para la emergencia en violencia de género y no para la deuda externa. Construyamos una alternativa política de las trabajadoras. Sigamos haciendo crecer esta ola de luchas feministas y seamos miles en las calles. No debemos parar hasta que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos.

Reproducimos partes sustanciales de la declaración del PSL, sección venezolana de la UIT-CI, del 28/1/2019

[…] El PSL apuesta por que la movilización crezca y se extienda en todos los barrios, comunidades y urbanizaciones. Que el pueblo movilizado desborde al gobierno y a los partidos patronales de la AN. Que se extienda la rebelión popular. Que sea el pueblo movilizado el que saque a Maduro y derrote la injerencia imperialista.

Luchamos por la libertad plena para todos los presos por protestar y disentir, tanto trabajadores, dirigentes sindicales, dirigentes políticos y de comunidades populares. Estamos por la plena vigencia de las libertades democráticas. Según organismos de derechos humanos ya habría 791 personas detenidas y miles con medidas cautelares. Producto de la represión a las protestas de los últimos días ya habrían 27 personas fallecidas. Estamos por la defensa del derecho a huelga, contra la criminalización de la protesta, cese a los despidos en las empresas del Estado y las amenazas a los que salen a movilizarse.

Planteamos que la salida a esta pavorosa crisis económica y social no puede venir de la mano de los militares, ni de Trump, ni de los partidos de la AN, que son los mismos que traicionaron la rebelión popular de 2017. Estamos por que sean los trabajadores y el pueblo a través de sus organizaciones genuinas quienes gobiernen e impulsen un Plan Económico Popular con aumento de salarios igual a la canasta básica, plan de emergencia de importación de medicinas y alimentos, confiscación de bienes de corruptos e importadores fraudulentos, que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales, por el no pago de la deuda externa y que todos esos recursos se utilicen para salarios, jubilaciones, vivienda, salud, educación, recuperación de Pdvsa y de las empresas mixtas, y por el impulso de una reforma agraria que otorgue tierras.