May 14, 2021 Last Updated 12:58 AM, May 14, 2021

Escribe Pilar Barbas, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista y de Ambiente en Lucha

Entre el 8 y el 13 de diciembre la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones impulsó acciones en todo el país contra las políticas de saqueo y depredación del ambiente, que el gobierno de Alberto Fernandez, con apoyo de los gobiernos provinciales, llevan a fondo, para las ganancias de las multinacionales, las grandes corporaciones del agronegocio, y para juntar dólares para pagar la deuda. En toda la Argentina se escucharon los reclamos contra la megaminería y el fracking, contra el acuerdo porcino con China y la quema de los humedales y bosques nativos y el conjunto de los reclamos del movimiento socioambiental. Desde Ambiente en Lucha participamos activamente de las acciones en Rosario, Santa Cruz, La Plata y el festival y acampe impulsado en Plaza de Mayo desde el 11 al 13 de diciembre.

La Coordinadora demostró que sigue avanzando en la unidad y coordinación de organizaciones ambientalistas, antiespecistas, de pueblos originarios y partidos de izquierda. Cada vez más se busca expresar con una extensión plurinacional, la coordinación de activistas y colectivos que históricamente se unían en las calles, pero que no tenían un espacio para la discusión de un plan de lucha a lo largo del tiempo, que tome  los reclamos y las luchas específicas del territorio y las extienda en todo el país, como hicimos rodeando de solidaridad la lucha del pueblo de Chubut contra la megaminería.
 
Más doble discurso

El domingo 13, tras la convocatoria de la Coordinadora, “casualmente”, se hizo pública una reunión del 25 de noviembre en la que Liz Solari (modelo y referente vegana) le entregó al presidente más de medio millón de firmas en contra del acuerdo porcino con China. El gobierno intentó posar como “abierto al diálogo”, y circuló un comunicado en el que Fernández afirmaría que “no impulsan modelos industriales de producción de ganado porcino que pueda poner en riesgo la salud pública”. Pero rápidamente, tuvieron que salir a aclarar a través del ministro de Producción, Matías Kulfas, que el proyecto sigue en pie. Las declaraciones de Alberto, sin embargo, afirmando que “no se iban a autorizar” desde el gobierno nacional instalaciones “contaminantes para el ambiente”, lo han comprometido ahora políticamente, dado que su ministro Cabandié venía lavándose las manos diciendo que cada provincia contaba con autonomía para firmar lo que quiera. La Coordinadora redoblará esfuerzos para lograr que se frenen estos proyectos devastadores en todo el país.

El año que viene tendremos que seguir luchando y denunciando que en este sistema capitalista y con sus gobiernos, no hay soluciones para ninguno de los dramas ambientales y sanitarios que amenazan al planeta entero. Tenemos que seguir organizándonos contra las políticas extractivistas y contaminantes, y para esta pelea fundamental te invitamos a organizarte con Ambiente en Lucha y la Coordinadora BFS.

Esta multinacional suiza, con un doble discurso de cuidar el ambiente en su país de origen, traslada la contaminación a la planta que se encuentra en una zona postergada de La Matanza, arroja al ambiente sus desechos, causando enfermedades y en más de cien casos, la muerte. El propio organismo provincial que debería que controlar la polución le da una categoría 3, por lo tanto es una industria que no puede estar a menos de 8 kilómetros de cualquier zona urbana. Es por esto que los vecinos del barrio aledaño a  la fábrica, hace más de 11 años que vienen peleando por la reubicación de Sika-Klaukol. Pero en el municipio de La Matanza que gobierna el peronista Fernando Espinoza ignoran sus planteos  al punto de decri que la empresa no contamina. La justicia no hace más que responder al poder político y la causa no avanza. Los medios de comunicación también lo ocultan. Por esta razón desde Ambiente en Lucha venimos acompañando a Susana Aranda referente de esta lucha para visibilizar el conflicto y sumar más protagonistas, para que la multinacional se vaya, porque como dicen los vecinos #klaukolnosmata.

Corresponsal

Escribe Agustín Gigli

El gobierno del Frente de Todos de Chubut sigue con su embestida minera. Arcioni lo hace con el apoyo del gobierno nacional de Fernández, las grandes multinacionales de la minería (empezando por Pan American Silver) y las distintas facciones del justicialismo en la Legislatura.

Desde Ambiente en Lucha venimos impulsando la movilización para evitar la aprobación de la zonificación minera, que quiere entregar la meseta al saqueo. Lo hacemos junto con las distintas asambleas de Chubut y la coordinadora nacional Basta de Falsas Soluciones.

La megaminería es una nueva forma de colonización, como dijo nuestro diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, en la radio abierta que hizo esta semana la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.

El proyecto Navidad no va a solucionar la crisis económica provincial

Navidad es un proyecto minero en la zona de Gastre donde hace años querían poner un basurero nuclear. La canadiense Pan American Silver, que quiere explotarlo, estima que pueden extraerse 16 millones de onzas de plata anuales durante diecisiete años. La minera se llevaría unos 6.000 millones de dólares.

El gobierno promete aumentar las regalías a las empresas con la conformación de un “bono de compensación minera”, un “fondo fiduciario de infraestructura económica” y otros. Dice que las aumentará más de 3%, que es el máximo que permite el código minero menemista. Los “expertos jurídicos” dicen que esto sería “ilegal” y las mineras le iniciarían juicios a la provincia si antes no se deroga la ley nacional, algo que no va a ocurrir, entre otras cosas porque el gobierno nacional está a fondo con el desarrollo de la megaminería en todo el país.

De todas maneras, el proyecto Navidad estaría aportando de regalías solo 11 millones de dólares por año. Esto significa apenas el 4% de las actuales regalías petroleras. De esta plata, 5% sería destinado exclusivamente a la autoridad de aplicación de la ley de zonificación y a la autoridad de control ambiental. Los nuevos “fondos” que ingresarían estarían dedicados a la construcción de infraestructura para la zona, es decir, para la actividad minera y no para los habitantes de la provincia o de la misma zona afectada. O sea, las mineras se llevan 6.000 millones y dejan a la provincia 170 millones. ¡Un negocio redondo! Y nada de esto resolvería la miseria salarial de docentes y estatales, ni la destrucción de la educación y la salud pública provincial.

¿Veintisiete legisladores tienen más “licencia social” que miles de chubutenses?

El gobierno sabe que no cuenta con la llamada “licencia social” en la meseta y mucho menos en el resto de Chubut. A las miles de personas que nos estamos movilizando en toda la provincia el gobierno no puede confrontarlas más que con burócratas sindicales (como los de la Uocra y Petroleros Privados) y las fantasmales cámaras de proveedores mineros. Nunca logró movilizar miles a favor de la megaminería. Es por esto que el ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, actuando como vocero del proyecto minero, dijo que “la iniciativa popular es un mecanismo dentro de la democracia, un mecanismo perfecto […] 30.000 firmas representan un 5% de la población de Chubut, veintisiete diputados representan el 100%”. Con esta lógica, el gobierno se niega a escuchar a la población. Considera que veintisiete legisladores (tres de Cambiemos y veinticuatro de las distintas fracciones justicialista) representan mucho más que miles y miles de chubutenses que nos hemos manifestado en contra de la megaminería durante décadas.

Y para este “debate” el gobierno no duda en falsear investigaciones. En la documentación que presentó como respaldo de su proyecto de ley figura el Conicet como un organismo que estaría diciendo que la minería va a dar solución a los problemas sociales de la meseta chubutense. El investigador a cargo del estudio, Guillermo Velázquez, tuvo que desmentir al gobierno diciendo, como director del proyecto, que es exclusivamente sobre calidad de vida a nivel departamental y no de minería, aclaró que “el indicador ambiental considera los desarrollos mineros como negativos”. Esto se suma a los pronunciamientos de altos representantes de organismos estatales que trabajan en la zona, como el INTA, CeNPat-Conicet, UTN-Chubut y UNP San Juan Bosco.

Tras cada intento del gobierno surgen desde todos lados los argumentos para repudiar la política de entrega a las multinacionales, el saqueo a los recursos naturales y la destrucción de las distintas actividades productivas que ya se realizan o que se pueden realizar en las zonas afectadas. Y, como queda cada vez más claro, en cuanto a la megaminería no hay grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Solo la movilización popular de los chubutenses y el apoyo nacional a nuestro rechazo podrá seguir frenando los intentos de Arcioni y Fernández de imponer la megaminería en Chubut.

Organizaciones ambientalistas, sociales y partidos de izquierda, entre los que se encontraban Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista junto al FIT Unidad, realizaron una concentración frente a la Casa de la Provincia del Chubut  y luego marcharon al Ministerio de Producción, donde se realizó un acto en repudio a la megaminería y en apoyo a la lucha de los chubutenses contra su implantación.

Nuestro compañero, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, se dirigió a los presentes resaltando el valor de la acción unitaria, reivindicó a la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y llamó a continuar la movilización  para derrotar el proyecto de saqueo, contaminación y muerte.

Escribe Mario Luaces

La lucha de los vecinos de Virrey del Pino contra la multinacional suiza contaminante Sika-Klaukol es una pelea emblemática que deja en evidencia el funcionamiento del sistema capitalista, priorizando las ganancias a costa de vidas humanas.

Klaukol es una poderosa empresa multinacional en su país, Suiza, mantiene un firme argumento de no contaminación, pero a su vez externaliza la contaminación en países dependientes como el nuestro. Opera en veintidós países y tiene cinco plantas en la Argentina, siendo la más importante la ubicada en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza. Opera desde los años ’80 en el barrio Las Mercedes. En 2009 explotó una chimenea que contaminó todo el barrio y puso en evidencia el accionar de la empresa.

En ese momento, la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar) inició una investigación y en mayo de 2014 se realizó un relevamiento sanitario en el barrio que arrojó como resultado que el 100% de los chicos analizados de entre 0 y 12 años presentaron plomo en sangre. El análisis también encontró metales pesados en el agua corriente, por lo que la Acumar debió proveer de agua mineral a los vecinos, tres litros por familia.

Todos los gobiernos son cómplices

La empresa califica en grado 3 de contaminación, no pudiendo estar en un radio inferior a 8 kilómetros de ningún casco urbano. Según la ley provincial 11.459, estos establecimientos “se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”. Pese a esto ningún gobierno se encargó de garantizar el traslado de la planta. El gobierno municipal del peronista Espinoza llegó al colmo, en la última entrevista con los vecinos, de negar lo ya demostrado por la Acumar hace varios años, sosteniendo que la fábrica “tiene valores normales de emisión”.

“Es el mundo al revés, nos están matando y nosotros tenemos que demostrar que nos están matando”, afirmó Susana Aranda, referente de Vecinos por Klaukol, en una entrevista, a la vez que nos contaba las maniobras constantes de la Justicia para que la causa siga “cajoneada”en juzgados de Morón y La Matanza. Demostrar contaminación es costosísimo para cualquier estudio de abogados, por lo que los vecinos vendieron hasta sus propias pertenencias para poder costear  el seguimiento de la causa. La empresa además mantiene un blindaje mediático por los aportes que destina a tiempos de publicidad en los grandes medios. “Un día entero estuvo Canal 13 con el programa de Lanata acá, pero después esa investigación nunca vio el aire. Me llamó un productor al mes para pedirme disculpas, pero la investigación no iba a salir”, nos dijo Susana.

La situación de los trabajadores no es mejor que la de los vecinos, también son perjudicados por la contaminación. Están imposibilitados de iniciar alguna demanda ya que la empresa suiza les hace firmar un compromiso, antes de contratarlos, de que no la van a denunciar.

En el barrio Las Mercedes no quedan vecinos o vecinas mayores de 65 años, ya son más de cien los muertos por enfermedades cancerígenas o relacionadas con las vías respiratorias.

La empresa, los gobiernos (nacional, provincial y municipal), la Justicia y las corporaciones mediáticas están unidos para garantizar el lucro capitalista a costa de la vida de sus trabajadores y los vecinos del barrio.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista seguimos acompañando a los vecinos exigiendo algo tan elemental como el traslado de la fábrica, garantizando los puestos de trabajo y que se respeten estrictamente las condiciones ambientales necesarias para una vida digna, poniendo el foco en la salud de la población, de sus trabajadores y el cuidado del ambiente.

Nuestro semanario. En el que te acercamos el reflejo de las luchas del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, además un análisis de los principales hechos de la realidad nacional e internacional.

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