May 17, 2021 Last Updated 1:02 AM, May 17, 2021

Escribe Agustín Gigli

Esta semana Alberto Fernández ha dejado un poco de lado su doble discurso y salió a fomentar la instalación de la actividad megaminera en todo el país de manera descarada. Esto incluye a Chubut. 

Hasta el momento, la participación del gobierno nacional de Alberto Fernández en el tema minero estaba escondida, dejando centralmente todas las acciones en manos del secretario de Minería, Alberto Hensel. La semana pasada, el gobernador Arcioni organizó un pseudo debate entre los impulsores de la minería y la zonificación junto a Hensel. No fueron, entre otros, la Universidad Nacional San Juan Bosco (Chubut), organismos de ciencia y técnica, la mayoría de los legisladores (participaron solo cuatro de los veintisiete), ni la mayoría de los partidos políticos. El Zoom fue para homogeneizar al gobierno en la implementación del proyecto megaminero contra algunas críticas internas, como la de la diputada Artero, que pedía “más debate”. Además, el gobierno compró espacios en medios nacionales, como el de Rolando Graña, que se dedicó a difundir que “la meseta central de Chubut quiere minería”.

Pero Arcioni no logra imponer la minería, por eso el propio Fernández tuvo que salir a presionar. El 21 de enero se reunieron en la Casa Rosada Fernández, Arcioni, el vicegobernador Sastre, y Eliceche, presidente de la “Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente”, donde está el proyecto de zonificación. Fernández pidió explicaciones sobre por qué todavía no se aprobó la zonificación. En la reunión se resolvió la convocatoria a una sesión especial para tratar de aprobar el proyecto y habilitar así la entrega de los bienes comunes de la provincia.

Este lunes hubo otro encuentro entre Fernández, Linares, presidente del PJ oficial y ex candidato del peronismo kirchnerista a la gobernación, y Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, para agrupar al PJ y lograr los votos necesarios que permitan aprobar el proyecto de ley.

Linares pasó de prometer “sanciones” a los diputados que voten a favor a decir “no estamos en contra de nada, simplemente queremos un debate sincero, con todos los sectores”. Según Metadata Noticias: “El presidente fue claro y le dijo a Linares que el gobierno nacional no puede dejar escapar más inversiones en un contexto de escasez y sequía de fondos inyectados por privados, pero además le dejó en claro que un nuevo revés en la minería, como ocurrió en Mendoza, dejaría al gobierno muy debilitado y hasta habría anticipado que, de no aprobarse, se podría producir un movimiento para desalentar la actividad en provincias que tienen la actividad consagrada, como San Juan y Santa Cruz”.

En toda la provincia las asambleas, organizaciones y militantes ambientales estamos en alerta sabiendo que si no se instaló la megaminería fue por el rechazo en las calles de la gran mayoría de la gente. Por eso sectores del peronismo no se animan a votar la ley minera que reclama Fernández. La única forma de frenar el saqueo contaminante es como lo venimos haciendo hace años, desde el comienzo en Esquel y en toda la provincia, con la movilización y la contrainformación.

Este lunes ya se comenzó con una vigilia en Puerto Madryn, el martes en Esquel. Trevelin y El Hoyo se movilizaron y Trelew, Rawson y Comodoro también se están organizando para marchar.

La Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones continúa impulsando acciones en todo el país.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista llamamos a no bajar los brazos y seguir en estado de alerta y movilización como único camino para frenar el saqueo contaminante.

Escribe Martín Angel, referente de Ambiente en Lucha y de Izquierda Socialista de La Rioja

Desde 1993, con Menem, se vienen explotando todos los recursos naturales al servicio de las ganancias de grandes multinacionales que, a cambio, dejan territorios saqueados y contaminados. Se llevan todo, pagan retenciones mínimas, no están obligadas a resolver el pasivo ambiental y generan menos de 1% de trabajo genuino en el país. La promesa de salvar la crisis con la megaminería es otro verso.

Por eso desde 2012 el pueblo de La Rioja le dice “No a la Megaminería”. Con imponentes movilizaciones se echó a la Barrick Gold y a Osisko Mining Corporation. Les dijimos que “acá no pasarán”.

No nos olvidamos de que estando Néstor Kirchner en el gobierno, en 2006, se trazó el Plan Estratégico Territorial, y durante el gobierno de Cristina, con Milani, se votó la Ley Antiterrorista que puso en marcha el Proyecto X. Hoy vuelven a insistir. Proyectan una inversión millonaria para el corredor bioceánico y la línea eléctrica minera mientras nuestros sueldos están entre los más bajos del país.

Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha repudiamos la nueva intentona de este gobierno peronista de Alberto Fernández que, junto al gobernador Ricardo Quintela, pretenden reactivar el doble discurso de que “con el oro de Famatina salimos de la crisis”.

Fernández dijo en una visita a nuestra provincia, ante el silencio cómplice del gobernador Quintela, sus ministros y laderos: “En Chilecito se fundó la primera sucursal del Banco Nación porque el Famatina traía la plata que hacía rica a la Argentina, y esa riqueza está acá, en el norte argentino”.

Una vez más decimos que no habrá megaminería en La Rioja y apoyamos y nos solidarizamos con todas las provincias precordilleranas, San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, que vienen luchando y resistiendo contra la instalación de las megamineras del gobierno y las multinacionales. Llamamos a unirnos contra la política de explotación, saqueo y contaminación de los gobiernos patronales.

Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.

Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.

El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.

Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.

Escribe Valeria de Haro, del barrio Lanusse 

El acceso al agua potable es un derecho inalienable, pero no es la realidad de los barrios de Luján. Desde septiembre, los cortes de suministro y la falta de presión son un problema en los barrios, agravado en diciembre por el aumento de la temperatura.

Ante esta emergencia nos organizamos por medio de un grupo de Whatsapp constituyéndonos como “vecinas y vecinos autoconvocados sin agua y en pandemia”. Estamos en asamblea permanente para exigir una solución concreta, impulsamos distintas actividades y una movilización a la municipalidad, a la que acudieron un centenar de vecinos. Los funcionarios del municipio inventaron una cantidad de excusas absurdas, culpan a los vecinos y vecinas por un supuesto mal uso del recurso, acusaron a los trabajadores municipales (que se encontraban de paro en ese momento) de boicotear las bombas y hasta hicieron distintas promesas, como realizar una obra integral en toda la red. Allí nuestra compañera Daniela Cooper y otros vecinos rebatieron cada una de las excusas de los funcionarios y exigieron un plan de contingencia mientras se resuelve el problema de fondo. Así los barrios organizados conseguimos la distribución de agua potable en bidones y agua para aseo, como primera medida. Pero la exigencia de fondo es por un plan de obras para renovar y ampliar la red de agua corriente y erradicar el problema que viene de años de abandono y desinversión.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para que triunfe. El agua es un derecho humano, principalmente en medio de la pandemia. Plata para obras hay, los gobiernos la destinan al FMI y al pago de la deuda externa.

Desde que se supo el mes pasado que el gobernador Arcioni le prometió al gobierno nacional de Fernández habilitar la megaminería en Chubut, se redobló la movilización en todas las ciudades y pueblos provinciales.

Escribe Agustín Gigli

Arcioni presentó en la legislatura un proyecto de ley firmado por todos sus ministros y escrito para la Panamerican Silver, la empresa canadiense que hoy saquea el petróleo y quiere la plata del “Proyecto Navidad”. El proyecto pretende apoyarse en la Ley 5001 que habilitaba una zonificación provincial para la actividad minera. Pero como viene pasando desde que se presentó la minera en Esquel, hace 20 años, todo el discurso y los argumentos mineros del gobierno y las empresas se van descascarando al ser estudiados por los vecinos de las asambleas ambientalistas. A diferencia de lo que sucedía años atrás, cuando se frenó el proyecto del Cordón Esquel, hoy está toda la provincia movilizada y con la conciencia que, si entra una, el saqueo y la contaminación no se detendrán.

Arcioni ahoga salarial y económicamente a los trabajadores estatales y a los pobladores de la meseta (zona central de la provincia), planteando que la única solución económica para la provincia es que aceptemos la megaminería. Actualmente está debiendo dos meses de salario y el aguinaldo de junio. Dice que su gobierno va a poder controlar la contaminación del río Chubut como ninguna provincia lo ha hecho, río del que se proveen los productores del valle y da agua potable a las ciudades de Rawson, Trelew, Madryn, entre otras.

El proyecto de Arcioni zonifica la provincia, creando una “zona de sacrificio” en los departamentos de Gastre y Telsen. Pero el artículo 7 dice que “en caso que se determine la necesidad de actualizar o ampliar la zonificación minera […] dicha propuesta será elevada a la Legislatura para su tratamiento”, confirmando que, una vez que se instale, la megaminería se seguirá desarrollando.

Sabemos que el negocio megaminero deja saqueo y contaminación en la provincia. Pero a algunos les significa un negocio redondo. Por el Proyecto Navidad se obtendrían 6.000 millones de dólares. Y por regalías quedarían en la provincia sólo 170 millones en los 17 años de explotación. Con la diferencia, pueden pagar muchas voluntades. Así, se conoció el audio de una diputada del oficialismo que dice que se pagaron 10 millones de pesos a cada diputado para que vote por la zonificación y un video de un diputado del PRO que solicita a una empresa minera 100 mil pesos para su empresa Bridges. A estos se suma el audio del gerente minero y conductor de radio de Esquel, Bustos, que pide se presione a la presidenta de la UCR para que sus dos diputados voten por la zonificación. Es la contaminación institucional que generan los capitalistas mineros que salen a luz desde el interior mismo del peronismo y Cambiemos.

Ante esto, Arcioni dio una conferencia de prensa diciendo que no va a retirar el proyecto de la legislatura, porque es lo único que “salvará” a los chubutenses. Está asustado, viendo que el pueblo de Chubut está dispuesto a enfrentar en la calle a la megaminería y no dejarla entrar a la provincia.

Para frenar el saqueo y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, nacionalizando aún más la lucha. Hay que lograr la derogación del código minero, aprobado durante el menemismo y aún vigente. Es el saqueo de las multinacionales a nuestras riquezas naturales, dejando miseria y destrucción ambiental.

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