May 17, 2021 Last Updated 1:02 AM, May 17, 2021

Escribe Barby Pick

Con el hashtag #YoNoReparto se visibilizó el paro internacional que llevaron adelante los repartidores el 22 de abril pasado.

Trabajadores de reparto de las apps Glovo, Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras, realizaron un paro de actividades coordinado con trabajadores de seis países para reclamar mejores condiciones laborales. Exigen “100% de aumento del pago por pedido y elementos de seguridad e higiene que sean de calidad y en cantidad”, acorde con la tarea que realizan en plena crisis sanitaria, además de una reducción de la jornada laboral sin que suspendan sus cuentas.

La juventud es uno de los sectores que más sufre las consecuencias de la precarización laboral, dos de cada diez jóvenes están desempleados (Indec). Eso explica que entre Rappi y Glovo estén registrados alrededor de 18.000 repartidores.

La medida del gobierno de considerar la tarea de reparto como esencial sin garantizar derechos de resguardo y salariales se tradujo en superexplotación para los trabajadores y superganancias para las empresas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de reparto y exigimos que se cumplan de inmediato sus reclamos, se prohíban despidos y suspensiones y se les otorguen licencias con goce de sueldo para todos los trabajadores que deban permanecer en sus hogares. 

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

Los gobiernos capitalistas del mundo han optado unánimemente por un discurso bélico para presentar sus políticas ante la pandemia. Mucho se ha dicho respecto de cómo de esa manera se busca una idea de “unidad” contra el virus y se justifican medidas “excepcionales” en nombre del enfrentamiento contra el “enemigo invisible”. Sin embargo, la imagen de la guerra también pretende instalar otra idea, y es la de que estamos haciendo frente a algo que viene desde afuera”, a algo externo, casi una amenaza extraterrestre que se hizo presente entre nosotros de forma inesperada. Pero resulta que el coronavirus es todo lo contrario.

En estos días se han apilado informes sobre cómo en los últimos años desde todos los ámbitos se venía insistiendo sobre la inminencia de un nuevo brote que podría poner sobre las cuerdas el sistema sanitario mundial. Hasta se hicieron películas al respecto (Contagio, 2011), y la Organización Mundial de la Salud había advertido sobre que estaban más que dadas las condiciones para la aparición de un nuevo virus con síntomas similares a los de una gripe que podría surgir en un punto recóndito del globo para luego expandirse a escala planetaria. El propio gobierno de los Estados Unidos había recibido informes de su Departamento de Defensa al respecto, que fueron descubiertos en estos días, mientras Trump se paseaba diciendo que esta crisis era imposible de haber sido prevista.

Diversos análisis, entre los que se destacan el de Rob Wallace (autor del libro Grandes granjas generan grandes gripes), que dedicó los últimos veinticinco años al estudio de epidemias, y los de Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (que realiza estudios independientes con estatus consultivo en la ONU), han señalado con vehemencia y fundamento la relación entre la cada vez más frecuente proliferación de procesos de zoonosis (en los que se producen las mutaciones y saltos de virus de animales a humanos) y las políticas de destrucción ambiental e impulso de los agronegocios a escala planetaria. 

Señalan cómo, por un lado, el calentamiento global y la deforestación que produce la migración masiva y la puesta en contacto entre distintas especies fomentan la circulación de virus que en su ambiente natural no resultaban dañinos. Así como también la proliferación de feedlots, donde millones de cerdos son hacinados y vacunados constantemente con antibióticos y antivirales, que funcionan como megalaboratorios descontrolados en los que mutan los virus. Ya la Organización Mundial de la Salud en 2017 hizo un llamado a “las industrias agropecuarias, piscicultoras y alimentarias a que dejen de utilizar sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento de animales sanos”. Nadie hizo caso a pesar de que teníamos el antecedente en 2009 de la llamada gripe A H1N1, cuyo virus tuvo origen en la empresa productora de cerdos Granjas Carrol, en Veracruz, México, en ese momento propiedad de la entonces mayor productora de carne a nivel global, Smithfield, y que fuera luego comprada en 2013 por el WH Group chino.

Desde ya que a la hora de pensar en el coronavirus también hay que reflexionar sobre las condiciones de insalubridad y hacinamiento en que se alimentan los sectores populares empobrecidos por las políticas de la dictadura capitalista china. Pero lo que salta a la luz es que nada tiene de imprevisible ni de “natural” la actual crisis pandémica. Es la consecuencia de la ambición capitalista, de las multinacionales del agronegocio, de las empresas farmacéuticas que, por su baja rentabilidad, no se preocupan por investigar patógenos como los coronavirus, y de los gobiernos que destruyeron la salud pública para fomentar la medicina privada. 

Además de exigir a escala mundial políticas concretas de fondo para enfrentar la pandemia, es necesario poner en discusión los procesos de destrucción ambiental que “cocinaron” la actual crisis. Y de la mano de eso, denunciar lo enormemente peligroso e irracional de un sistema capitalista en el que un tercio de los alimentos que se producen anualmente se echan a perder sin que nadie los compre mientras mueren al año nueve millones de personas por problemas de malnutrición. Y sumarle a eso las 4.2 millones de muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire. No hay peor pandemia y amenaza a la vida que este capitalismo decadente y sus gobiernos. 

 

Escribe Alan Corbalán (dirigente Juventud de Izquierda Socialista) 

Miles de jóvenes que trabajan en empresas de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy’s, KFC, Green Eat o Mostaza sufrieron este mes descuentos de una gran parte de sus salarios cobrando en promedio 3.500, pesos lo que equivale a diecinueve horas de trabajo en una quincena cuando la ley marco del sector establece que el pago mínimo debe ser de treinta horas por quincena. Ni siquiera cobraron el presentismo que corresponde a la primera quincena de marzo, período en el que todes trabajaron. Se trata de empresas que tienen ganancias multimillonarias, y en el caso de McDonalds recibe además subsidios del Estado a través del programa Primer Empleo lanzado por el gobierno de Macri, que sigue en vigencia. 

La juventud precarizada se organiza

Esta situación generó la bronca de miles de trabajadorxs que, pese a sufrir el recorte salarial de parte de las empresas, no podían expresar con su nombre y apellido su inconformismo con la empresa en redes sociales porque en los contratos basura que firman se establece que cualquier crítica pública se considera una “difamación” a la empresa, motivo por el cual podrían sufrir sanciones. 

Frente a esta situación, los trabajadorxs de McDonalds hicieron flyers anónimos, donde denunciaban a la empresa, que se viralizaron y que llegaron a algunos medios de comunicación. Miles de jóvenes nos enteramos de la situación y nos solidarizamos con lxs pibxs de McDonalds. Así se logró que la difusión masiva del hashtag #McEstafa fuera tendencia en Twitter.  

Paralelamente, se fueron comunicando con grupos de whatsapp por local, que a su vez se conectaron entre sí. Al ver la organización que hubo en McDonalds trabajadorxs de otras empresas de comida rápida, que sufrían los mismos descuentos, comenzaron también a organizarse y a ponerse en contacto con compañerxs de las distintas empresas. 

Apoyemos la lucha de lxs trabajadorxs de cadenas de comida rápida 

La pelea de estos jóvenes precarizadxs es ejemplar porque se enfrentan a patronales supernegreras y persecutorias que con sus contratos basura sancionan o despiden a los trabajadorxs ante la mínima señal de rebeldía. Esta lucha la llevan adelante sin el apoyo del sindicato de pasteleros, que avala los contratos leoninos de las empresas. Tampoco tienen el derecho a organizarse sindicalmente, pese a que por la cantidad de empleados que trabajan en la rama les correspondería tener cientos de delegados. El sindicato mandó al muere a los pibes aconsejándoles que manden telegramas a las empresas, lo que los expone a futuras represalias, como ya viene sucediendo. 

Lxs pibxs lograron que el Ministerio de Trabajo reconozca que las patronales están incumpliendo la ley de contrato de trabajo del sector. Le exigimos entonces al gobierno nacional que actúe en consecuencia y que, lejos de ceder a la presión de la patronal, como hizo con Techint, garantice el cobro de la totalidad de los salarios. Exigimos además el fin de los subsidios a McDonalds y que se le cobren a estas grandes empresas impuestos extraordinarios para ponerlos al servicio de fortalecer el sistema de salud y paliar los efectos sociales de la crisis. 

 

 

Desde la Juventud de Izquierda Socialista criticamos cómo, ante la pandemia, las autoridades universitarias lanzaron un fallido, inconsulto e improvisado sistema de “clases virtuales”. Señalamos qué requisitos son necesarios para pensar algún tipo de “normalización” cuando el retroceso de la pandemia así lo permita; y nuestra propuesta de que del fondo de emergencia económica que nuestro país necesita para enfrentar la crisis del coronavirus también se contemple una partida de emergencia para el sistema universitario.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), recomendó a las universidades aplazar la fecha de inicio de las clases del 13 de abril, generando en algunas un corrimiento de las clases presenciales hasta al menos junio. Las resoluciones adoptadas nada dicen sobre cómo se va a garantizar una cursada con condiciones de seguridad e higiene para reunir a miles de estudiantes en pleno otoño e invierno y con la pandemia del coronavirus azotando a nuestro país y el mundo como prevén los especialistas.

Flexibilización laboral solapada

Paralelamente se observa la pretensión de avanzar en la flexibilidad laboral de la mano del “teletrabajo” que veneran el gobierno, las patronales, la Federación Universitaria Argentina (FUA, dirigida por la UCR) y las gremiales docentes conducidas por el oficialismo peronista. Como Feduba de la Conadu que sacó un infograma dando los “pasos” para disfrutar del trabajo desde la casa a sus afiliadxs.

Las primeras semanas de dicho cursado virtual han sido en gran medida fatídicas. Desde la UNC, por ejemplo, surgen numerosas denuncias del colapso de las “aulas virtuales”, reclamos de estudiantes por la dificultad de cumplir con las tareas domiciliarias dispuestas, así como también las amenazas de perder la regularidad por dificultades para conectarse en los horarios requeridos. Por su parte, lxs docentes señalan que se ven obligadxs a estar 24 horas pendientes de las consultas. En la UNLP también ocurrieron hechos como la expulsión y abandono a su suerte de lxs estudiantes que vivían en el Albergue Universitario.

Necesitamos soluciones de fondo

La SPU sugiere dictar los dos cuatrimestres entre junio de 2020 y marzo de 2021. Reiteramos que, más que poner fechas de “normalización” que nadie sabe si van a poder cumplirse, las universidades deberían estar preocupadas por acompañar los reclamos que emergen del sistema de salud. En lo que hace al ciclo lectivo, decimos que deben prorrogarse vencimientos de materias y finales, regularidades, inscripciones y todos los trámites burocráticos que tienen las universidades.

Por otro lado, señalamos que no puede ocurrir ningún tipo de normalización de la cursada sin acuerdo y debate democrático con la comunidad de cada una de las universidades, y hasta que las condiciones de preservación ante la pandemia así lo permitan. También afirmamos que es necesaria una partida presupuestaria extraordinaria para garantizar un aumento de las becas, en su cantidad y monto; también partidas extraordinarias para garantizar las condiciones de infraestructura, recursos higiénicos, presencia de profesionales de la salud, y demás recursos necesarios para preservar a la comunidad universitaria.

Dichos recursos deberían salir, como proponen Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda- Unidad, de un fondo de emergencia construido en base a impuestos a las grandes empresas y multimillonarios, así como también del cese del pago de la deuda externa que el gobierno de Alberto Fernández ha sostenido incluso en medio de la cuarentena.

Juventud de Izquierda Socialista

 

 

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño de Izquierda Socialista/FIT Unidad

No nos cabe ninguna duda de la importancia de cumplir con la cuarentena ante la pandemia del coronavirus. Para garantizarla, el gobierno desplegó enormes operativos con las diversas fuerzas de seguridad. Mientras que en los barrios de clase media y alta en general, se limitaron a verificar los permisos para transitar, en barrios y asentamientos populares se vienen registrando preocupantes situaciones de abuso de las distintas fuerzas de seguridad.   

Hasta el domingo 29 de marzo 524.557 personas fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y notificadas del curso de una causa legal, y 13.006 fueron detenidas sin que se produzca aún su liberación. En el marco de esos operativos se viralizaron videos de efectivos forzando a personas demoradas a hacer flexiones o repetir frases como en los tiempos del servicio militar y de trabajadores de empresas de delivery siendo detenidos por la policía en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario. Desde ya que estos ejercicios de violencia y abusos se desarrollan en los barrios humildes y contra trabajadores. En contraposición, un directivo de la fraudulenta empresa Vicentin fue demorado en reiteradas ocasiones violando la cuarentena sin que nadie le ponga un dedo encima. Las fuerzas represivas actúan siempre con claras indicativas de clase.

Estos hechos pusieron en alerta a organismos de derechos humanos y al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) que emitió un comunicado denunciando los abusos policiales. El gobierno afirma que los efectivos filmados fueron sancionados, pero nada de eso se conoce oficialmente, y los hechos siguen sucediendo diariamente. Esto aumenta la preocupación ante la extensión de la cuarentena, y ni qué hablar si el gobierno no dispone medidas concretas para paliar la grave crisis económica y social que está creciendo en zonas como el conurbano bonaerense.

La declaración del EMVJ, que suscribimos desde Izquierda Socialista, finaliza señalando: “Las fuerzas de ‘seguridad’ que siguen impunes de todos los crímenes cometidos hasta la fecha, la policía del gatillo fácil, la gendarmería del gendarme carancho y de la desaparición en democracia no son quienes van a concientizar sobre la necesidad de la solidaridad y el cuidado mutuo”. El pueblo trabajador va a saber mantener la guardia alta frente a la pandemia y también frente a los abusos de las fuerzas de seguridad.

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