May 16, 2021 Last Updated 1:02 AM, May 17, 2021

Escribe Gastón Godoy, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista

Hace algunas semanas, con el conjunto de fuerzas del Frente de Izquierda Unidad comenzamos a explorar la posibilidad de realizar encuentros estudiantiles de los niveles secundario, terciario y universitario para organizarnos frente al ajuste en curso y la virtualización forzosa, que ha generado una deserción histórica.

En un contexto donde las conducciones mayoritarias del movimiento estudiantil (radicales, peronistas y kirchneristas) no mueven un dedo y son una correa de transmisión del ajuste de las autoridades y el gobierno, desde la izquierda necesitamos dar pasos en unidad para agrupar al movimiento estudiantil que quiere reclamar por nuestros derechos y salir a pelear. La educación en su conjunto está cada vez peor, con un presupuesto que continúa siendo el que votó Macri en 2018, pero con una inflación superior a 70 por ciento desde entonces. Un hecho que también se refleja en las paritarias docentes y no docentes, virtualmente congeladas y donde no rige la cláusula gatillo de aumento por inflación, lo que provoca retrasos salariales enormes. Además debemos seguir impulsando iniciativas por la aparición con vida de Facundo Castro, así como también impulsar la unidad obrero-estudiantil con los conflictos en curso.

El objetivo de estos encuentros es el de posicionar a la izquierda como un polo que tiene una salida de fondo, distinta, para estas problemáticas. El único espacio político que, frente a la inacción de las conducciones traidoras y burocráticas, plantea organizarse.

En este punto, junto con los compañeros del PTS acordamos llevar adelante encuentros de estudiantes en lucha, regionales o zonales, en las distintas provincias, comenzando este sábado 15 de agosto. Alentando también a más fuerzas de izquierda y combativas para que puedan sumarse en esta perspectiva, donde lo central es poder discutir la situación actual de los distintos lugares de estudio y poder elaborar resoluciones que impulsen la acción para enfrentar los atropellos particulares de cada institución y contra el ajuste en general que impulsa el gobierno sobre el sistema educativo, apuntando a la unidad obrero-estudiantil para sumarnos, en conjunto con el sindicalismo combativo, en las calles, a las peleas que son cada vez más.

Lamentablemente, los compañeros del Partido Obrero y el MST definieron no participar de estas instancias unitarias de lucha. No ven la posibilidad de que, ante un contexto pasivo del movimiento estudiantil, se puedan desarrollar acciones que logren agrupar a un sector que manifiesta un enorme descontento con la situación actual. Creemos que es una perspectiva equivocada la de no querer coordinar desde la izquierda unitariamente instancias que puedan deliberar sobre los reclamos y demandas que tenemos. 

Nuestros planteos tendrán como eje la exigencia a las autoridades y al gobierno nacional que sirvan para frenar la deserción, reclamando dispositivos tecnológicos para todo aquel que lo solicite, liberación total de datos para ingresar en cualquier plataforma educativa o página web, aumento de becas en su cantidad y monto, abriendo nuevamente las inscripciones producto del contexto que atravesamos. Medidas que apuntan centralmente contra la deserción. Un aumento presupuestario ya, sobre la base del no pago de la deuda externa, porque la plata está, pero las prioridades del gobierno son otras, como acordar con los buitres y el FMI.

Es imprescindible también la denuncia del rol cómplice y totalmente pasivo de las conducciones mayoritarias (radicales, peronistas y kirchneristas) frente a un ajuste educativo cada vez más profundo. Si el movimiento estudiantil hoy está totalmente disgregado y no puede pegar como un solo puño es por la política de estos espacios patronales que utilizan a los centros de estudiantes y federaciones para contener las luchas y conflictos, no para impulsarlas y darles dinámica.

Reclamar y exigir al gobierno, por medio de todos los centros de estudiantes y federaciones, la aparición con vida de Facundo Castro nos parece una cuestión que debe estar en cualquier instancia que se realice hoy, porque una desaparición más en democracia bajo un nuevo gobierno peronista no puede dejarse pasar. Muchas pruebas apuntan al ocultamiento consciente de elementos que serían claves para saber dónde estuvo Facundo. El gobierno es responsable de que estas maniobras, y también las amenazas y presiones sobre la familia, ocurran y permanezcan impunes. 

Exigir la apertura de las paritarias ya de docentes y no docentes y que se respeten y cumplan las cláusulas gatillo. Son quienes probablemente más han sufrido la virtualización forzosa, porque además de las malas condiciones les trajo aparejada una flexibilización laboral realizando tareas que no les corresponden y sin horarios claros. Sumado a esto decimos basta de docentes ad honorem que trabajan gratis. Reiteramos que la plata está y le exigimos al gobierno que apruebe el proyecto de ley que cobra un impuesto a las grandes fortunas.

Apoyamos incondicionalmente la rebelión del pueblo estadounidense que se moviliza contra el racismo y el ajuste de Donald Trump y exigiendo justicia por George Floyd. Llamamos a movilizar el 27 de agosto a la embajada yanqui.

Luego de dos años de su tratamiento en el Congreso, seguimos exigiendo que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y reclamamos la separación de la Iglesia y el Estado.

La juventud sufre el ajuste educativo y también el laboral, siendo el sector más precarizado y que más ve sus derechos vulnerados. La unidad obrero-estudiantil es esencial en la perspectiva de enfrentar el ajuste del gobierno y a las empresas explotadoras. Organicémonos para salir a luchar.

 

El pasado 6 de julio, el canciller Felipe Solá anunció una alianza entre la dictadura china y el gobierno argentino, para la producción de carne porcina para el abastecimiento del mercado chino. Se trata del mismo funcionario, quien fuera Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el año 1996 bajo el gobierno menemista, responsable de la autorización para el desembarco de la soja transgénica de Monsanto y de la implantación del actual modelo industrial agrotóxico en nuestro país.

Este acuerdo surge de la necesidad de la dictadura capitalista china de abastecerse de carne porcina luego del brote de Peste Porcina Africana, que comenzó en 2018 y se extiende hasta hoy, y obligó a los productores de ese país a deshacerse de un 40% de su producción. Lo que los llevó a una crisis de desabastecimiento, un aumento del precio de la carne porcina y a la desconfianza de los consumidores en los productos de cerdo y derivados. Recuperarse de esta crisis podría llevarles hasta diez años. Es por eso que buscan de este modo garantizar el abastecimiento para su población, externalizando así las consecuencias ambientales y sociales que pueda significar la implantación de cientos de granjas industriales de producción porcina en los territorios de nuestro país.

Existe un memorándum de entendimiento entre la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación china para la Promoción y Desarrollo Industrial de China, cuyo acercamiento entre las partes fue propiciado por la compañía Biogénesis Bagó que actúa con sede propia en Shanghai y produce vacunas para bovinos y cerdos en el país asiático desde 2017. Empresa que hizo grandes negocios con el estado argentino con la Gripe A en 2009.

El acuerdo implicaría convertir a la Argentina en uno de los mayores productores industriales de carne porcina a nivel mundial, pasando de una producción de seis a cien millones de cerdos en los próximos 8 años. Con inversiones proyectadas en U$S 27.000 millones pudiendo generar hasta U$S 20.000 millones anuales por exportaciones. Este modelo precisaría también la producción de 20 millones de toneladas de maíz y 5 millones de toneladas de porotos para alimentar a estos animales, expandiendo la frontera agrícola y los desmontes para alimentar esta desorbitada producción con el objetivo, en última instancia y como viene siendo hace décadas, de generar divisas para el pago de deuda externa.

Este tipo de producción es completamente insustentable. Los animales son hacinados en galpones generando gran cantidad de desechos y efluentes que no son tratados de formas correctas, generando focos de contaminación y la incubación de nuevos virus. Los cerdos son modificados genéticamente para ser más “productivos” y las respuestas inmunológicas se ven deterioradas por la gran cantidad de antibióticos que les son administrados para mantenerlos a salvo de distintas enfermedades que surgen y se propagan rápidamente, producto de esta forma de producción y reproducción. Esto sucede a pesar de que, hasta la Organización Mundial de la Salud ha requerido a sus países miembros que reduzcan el uso de antibióticos o sustancias para tratar ciertas infecciones, debido a que esto aumenta el riesgo de que se genere resistencia a los mismas y derive entonces en un proceso zoonótico, generando nuevas enfermedades.

El gobierno nacional de Alberto Fernández y el provincial de Juan Schiaretti (Córdoba sería la locación predilecta del proyecto), definen “afrontar” la crisis pandémica importando las fábricas de nuevas amenazas como el coronavirus. Solo basta hacer notar que recientemente se descubrió en granjas industriales en China un virus conocido como G4 EA H1N1, del cual los investigadores temen que pueda mutar y expandirse fácilmente.

Desde Ambiente en Lucha y la Juventud de Izquierda Socialista, nos oponemos a este acuerdo que viene a profundizar el modelo del agronegocio tóxico con beneficios para unos pocos y en detrimento de toda la población, con la excusa de la reactivación económica. Ya han pasado más de veinte años de este modelo que se ha mostrado completamente ineficaz para combatir el hambre, pudiendo terminar este año con el 40% de la población de nuestro país, por debajo de la línea de pobreza. Un país soberano produce su propio alimento y las políticas públicas deberían ser pensadas para satisfacer las necesidades de su pueblo y no el pago de una deuda usuraria y fraudulenta. De nada sirve siquiera mencionar la soberanía alimentaria y retroceder en la expropiación de una empresa clave del sector agroindustrial para luego impulsar este tipo de acuerdos que dejarán zonas de sacrificio a lo largo de nuestro territorio, como lo son los distintos pueblos fumigados y o víctimas de los proyectos megamineros.

Para el jueves 23 de Julio a las 18hs diversas organizaciones ambientalistas están organizando un tweetazo con la convocatoria: “#BASTADEFALSASSOLUCIONES, No queremos que Argentina se convierta en una factoría de cerdos ni una fábrica de nuevas pandemias”. Desde la Juventud de Izquierda Socialista nos sumamos a la actividad. Frenemos el acuerdo binacional cómo el pueblo de Mendoza y de Chubut está frenando el avance de la megaminería: con unidad y movilización contra los planes anti-ambientales del gobierno.

Salió el segundo número de RABIA, la revista de la Juventud de Izquierda Socialista.

Escribinos para recibirla y aportar a la campaña financiera de nuestro partido.

FB: Juventud Izquierda Socialista

 

Escribe Gastón Godoy, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista

El ministro de Educación Nicolás Trotta hizo nuevos anuncios sobre un “posible retorno” a las clases presenciales en agosto, sin dar precisiones -como hasta el momento- de cómo se continuará durante estos meses. Desde la Juventud de Izquierda Socialista rechazamos este discurso triunfalista ante la pandemia que lleva meses, denunciamos el caos y la desorganización imperante y sostenemos lo que hemos señalado desde que se impuso la virtualización: que ha sido un fracaso, que generó la exclusión de cientos de miles de estudiantes de todos los niveles educativos que no tienen los medios para acceder y que profundizó la flexibilización laboral docente.

A lo largo de la cuarentena el ministro Trotta fue comunicando de forma poco clara que la evaluación en el nivel medio se relajaría producto de las quejas y problemas que acarrea un traslado mecánico de lo presencial a lo virtual. En el nivel superior ocurrió algo similar, sumado a que las autoridades de cada universidad o terciario proponen su propia forma de evaluación y trayecto de las materias, lo que generó en algunos casos la imposición de trabas para acreditar y validar lo cursado.

Ante ese contexto, donde se haya desarrollado una dinámica de cursado y dictado de contenidos respetada entre docentes y estudiantes rechazamos el bloqueo de la posibilidad de la promoción del cursado. Exigimos que se garantice ese derecho para no ahondar más en el abandono de los estudios ante la demora en las carreras. En todo caso, cuando la cuarentena se termine los comités de crisis podrán definir la ratificación de estas promociones extraordinarias. Asimismo, rechazamos las evaluaciones obligatorias y exigimos la regularización para el conjunto de los estudiantes que se anotaron a las cursadas y “acompañamientos”, por más que hayan padecido problemas para poder sostener el cursado fruto de las desigualdades del proceso forzoso de virtualización.

Fondo de emergencia para dar respuesta a las necesidades educativas

La educación pública en el marco de la pandemia no ha recibido un peso más de presupuesto, una situación ya de por sí grave, pero aún peor si se tiene en cuenta que continúa funcionando con el presupuesto de 2019, con una inflación que superó el 60% en este tiempo. El gobierno de Alberto Fernández destinó durante la pandemia millones al pago de la deuda externa, pero no pone plata para educación. Es urgente el fondo de emergencia ante la crisis, constituido sobre la base de las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. De ahí podría salir la plata para becas masivas y para la distribución de dispositivos (netbooks, notebooks, tablets) para garantizar el cursado mientras continúe el aislamiento social.

En ese sentido, desde la Juventud de Izquierda Socialista nos hemos propuesto llevar adelante una campaña nacional con un petitorio de exigencia por la liberación de datos para las distintas plataformas –y recursos del cursado virtual– y la entrega de dispositivos para combatir la deserción. Agregando también un aumento presupuestario urgente sobre la base de obtener recursos de un impuesto a las grandes fortunas, los bancos y las multinacionales. No queremos que la clase trabajadora y los sectores populares paguen esta crisis. No queremos más hambre, desempleo, pobreza ni deserción educativa.

Firmá el petitorio en el Facebook de Juventud Izquierda Socialista.




Escribe Ambiente en Lucha – Juventud de Izquierda Socialista

Pese a que millones de personas se encuentran cumpliendo la cuarentena, cada vez son más las denuncias y los permisos que el gobierno de Alberto Fernández concede a las grandes multinacionales extractivistas. A partir del decreto 450/2020, impulsado por Cabandié y el lobby minero, se habilitan las actividades vinculadas con la producción, distribución, comercialización forestal y minera, dando lugar a que la actividad de las megamineras contaminantes y el agronegocio continúe. Como ya dijimos, este gobierno de doble discurso llegó para profundizar los proyectos extractivistas que contaminan el ambiente, como la megaminería, el fracking, la deforestación, el monocultivo y el uso de agrotóxicos.

Durante la cuarentena han aumentado las denuncias de deforestación sufridas en el Norte de nuestro país. Los gobernadores Insfran, Zamora y Capitanich son los responsables de este avance en la deforestación en plena cuarentena, donde ya se perdieron más de 9.000 hectáreas, un poco más de 200 hectáreas por día. Esto va de la mano con los permisos que el gobierno concede para el uso de agrotóxicos. El avance de la frontera del agronegocio sigue arrasando los bosques autóctonos de nuestro país. ¿Cuál es el negocio? Imponer el monocultivo para que los grandes terratenientes y latifundistas ganen millones a costa de la destrucción ambiental.

El retorno de la minería es otro privilegio que le otorga el gobierno a las megamineras contaminantes en medio de las luchas contra la actividad, como la triunfante rebelión mendocina en defensa del agua y el ambiente o la que, a pesar de la cuarentena, llevaron adelante en Esquel contra el peronista de confianza y amigo del presidente, Arcioni, gobernador de Chubut, que no solo avanza con la megaminería, sino que además precariza, despide y adeuda salarios a cientos de trabajadoras y trabajadores.

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, impulsó la quita de aranceles a las importaciones de insumos para la fabricación de agrotóxicos. El mismo Felipe Solá que fue secretario de Agricultura durante el gobierno de Carlos Menem y abrió las puertas a multinacionales como Monsanto para impulsar el agronegocio en el país. Esta reducción de aranceles sirvió de modelo para que la imiten otros países que integran el Mercosur, demostrando la política a favor de los agronegocios en el resto de los países del cono Sur.

Crece en todo el mundo un movimiento ambientalista que lucha directamente contra los intereses de los grandes capitalistas que intentan avanzar sobre los recursos, esto se ve en las masivas huelgas mundiales por el clima. Desde Izquierda Socialista creemos que hay que seguir luchando para poner fin a la megaminería a cielo abierto, a la tala indiscriminada y por la prohibición de los agrotóxicos. ¡Fuera Monsanto y Barrick! En defensa de los pueblos fumigados. Nos unimos en la lucha por un ambiente sano y por una producción racional al servicio de las necesidades populares.



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