Escribe Alán Corbalán, candidato a consejero escolar por La Matanza

En un spot de campaña Fernando Espinoza, candidato a intendente por el “Frente de todos” en La Matanza dice que: “Alberto Fernández y Axel Kicillof se comprometieron a que la Gendarmería vuelva a La Matanza para que nuestros vecinos vuelvan a estar seguros”.

Estas declaraciones se dan en un momento en que los casos de gatillo fácil se multiplican como consecuencia de la doctrina Chocobar de Macri y Bullrich que el kirchnerismo dice rechazar. Así fue que recientemente en La Matanza fue asesinado el joven Matías Alderete, y hace un mes y medio ocurrió la masacre de San Miguel del Monte.

Entendemos la lógica preocupación de los vecinos por los casos de inseguridad que aumentan a medida que se agrava la crisis económica y social del país, pero a la vez tenemos que decir que se comprobó que el aumento de la presencia de fuerzas represivas no elimina la inseguridad, y por el contrario genera mayor represión hacia el pueblo. Así lo viven en carne propia día a día los trabajadores que son demorados y amedrentados por la gendarmería después de una larga jornada de trabajo o los pibes que somos perseguidos por el simple hecho de juntarnos en una esquina. Así lo vivió Luciano Arruga quien murió como víctima de la persecución policial en La Matanza en 2009, en momentos en que Espinoza era intendente. Por eso decimos bien fuerte: ¡No a la gendarmería en los barrios!

Escribe Nicolás Núñez, candidato a legislador porteño

A pocos días de cumplirse otro año desde la persecución seguida de desaparición y muerte de Santiago Maldonado, Patricia Bullrich vuelve a desafiar nuestra capacidad de indignación. La resolución 598/19 publicada en el boletín oficial vino con otro premio a la Gendarmería, la fuerza involucrada aquel 1 de agosto de 2017. Ahora el gobierno pretende que ejerza una actividad de formación a jóvenes de entre 16 y 20 años, a través de la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores.

Una de las fuerzas más involucradas en la represión, el espionaje, el ocultamiento de pruebas, y actividades delictivas de variada índole, ahora se postula para dar lecciones sobre “valores democráticos y republicanos”. Valdría la pregunta sobre qué valores democráticos puede esparcir esta fuerza, y este gobierno. ¿Qué valores democráticos puede enseñar un gobierno que niega los 30.000 compañeros detenido-desaparecidos por la última dictadura cívico militar? ¿Qué valores democráticos puede infundir una fuerza en la que se reciclaron muchos de los milicos genocidas de aquel proceso? Estamos hablando de una formación en la impunidad y en el amparo de la represión estatal y el gatillo fácil, la temática predilecta de la gestión Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad con su doctrina Chocobar.

Un gobierno que se ha destacado por la profundización de la destrucción de la escuela pública y el acceso al empleo, ahora dice que la salida para los jóvenes “Ni-Ni” (que ni estudian ni trabajan) es que sean capacitados por la gendarmería. Un proyecto reaccionario por donde se lo mire, que tiene como horizonte el bolsonarismo brasilero, y la legitimación de las fuerzas represivas del estado como tutoras de la juventud.

Debe ser resaltado que este proceso de legitimación de las fuerzas represivas del estado ante la sociedad no es un invento macrista. Fueron los gobiernos kirchneristas los que impulsaron la “inserción” militar en la vida cotidiana de los barrios, desde el patrullaje hasta distintas funciones “humanitarias”, pasando por las cotidianas represiones a trabajadores en lucha con Sergio Berni y el espionaje a luchadores populares del “Proyecto X”. Y ni hablar de que pusieron a un genocida a cargo del ejército, César Milani. Hoy basta con ver la campaña de Kicillof en La Matanza, donde es un eje de sus spots el pedir que la gendarmería vuelva a los barrios. Por nuestra parte seguiremos diciendo: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con las fuerzas represivas del estado.

Rechazamos esta iniciativa de principio a fin. La regimentación de la vida social con una cada vez mayor presencia y protagonismo de las fuerzas represivas se ubica, en la otra cara de la moneda de las políticas que el FMI tiene pautadas con Macri y los Fernández para los próximos años en la Argentina. La “renegociación” con el FMI, que implicará pérdida de derechos a gran escala para el pueblo trabajador, la van a querer hacer pasar con más represión, y por eso para ellos es estratégico tratar de “limpiar la imagen” de las fuerzas represivas del estado.

La salida para la juventud no viene de la mano de los gendarmes, sino de dejar de pagar la deuda externa ilegítima y fraudulenta y brindar presupuesto para garantizar el acceso y la permanencia en la educación pública, por un plan de obras públicas a escala nacional que garantice el acceso al primer empleo como propone el Frente de Izquierda-Unidad.

Escribe Jonathan Castronuovo, Secretario del Centro de Estudiantes del ISFD 45 de Haedo y candidato a primer concejal de Hurlingham

Los secundarios y terciarios del oeste se vienen movilizando todas las semanas por mejores condiciones edilicias. El proceso de lucha estuvo impulsado inicialmente por los estudiantes secundarios de Morón.

Ya que a raíz de la ola polar, se expuso nuevamente la falta de presupuesto para la educación y la desidia del gobierno de María Eugenia Vidal en complicidad con los intendentes ya sean oficialistas o del peronismo. El proceso de lucha viene desde el año pasado y se vio nuevamente encendido por una decena de escuelas secundarias que se movilizaron dos veces por semana al Consejo Escolar y al Consejo Deliberante. A esas medidas de corte de calles y marchas nos acoplamos los terciarios (sumando nuestra situación de infraestructura y la lucha por el boleto estudiantil), y los padres y madres de los estudiantes secundarios.

En Ituzaingó se inició un proceso similar: estudiantes de los secundarios se movilizaron en reclamo por la instalación de estufas y arreglos edilicios. En Hurlingham hay un reclamo de la comunidad educativa de secundarias técnicas y docentes por la falta de gas desde el año pasado. En estos dos municipios nombrados, los gobiernos municipales peronistas kirchneristas no dan respuestas y dejan a la clara su complicidad con el gobierno de Vidal. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad exigimos la inmediata solución a las demandas planteadas.

Finalmente se dio a conocer el fallo que confirma el procesamiento de veintisiete estudiantes por “usurpación por despojo” debido a la ocupación que tuvo lugar en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba durante la rebelión educativa de 2018. Una medida escandalosa que sienta un nuevo precedente contra el derecho a la protesta.

Escribe Lautaro • Dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista procesado

El procesamiento realizado por el juez “nacional y popular” Hugo Vaca Narvaja, puesto por Cristina Kirchner en 2014, se suma a la reciente exoneración y suspensión de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro por las tomas del rectorado ubicado en la ciudad de Roca, y al procesamiento de estudiantes del Normal 5 de la Ciudad de Buenos Aires por pelear contra la Unicaba. Repudiamos este nuevo hecho por ser parte de un ataque contra la organización estudiantil a partir del cual buscan amedrentar y disciplinar a aquellos que se dispongan a enfrentar las políticas de ajuste de los gobiernos.

La ocupación del Pabellón Argentina se desarrolló al calor de la rebelión educativa que sacudió el tablero en todas las universidades del país. El conflicto comenzó por la exigencia de aumento salarial para docentes, pero continuó con un reclamo por aumento presupuestario. Un fenómeno que fue extendido en todo el país, con enormes movilizaciones, asambleas masivas y más de cincuenta tomas de facultades, protagonizadas por miles de estudiantes, docentes y no docentes que reclamamos que la plata vaya para educación y no para la deuda y que se rompa con el FMI.

Lo que están atacando es a esa nueva base del movimiento estudiantil que sale a defender la educación pública. Se ataca a quienes defienden un método democrático de organización como las asambleas; a quienes intentan unificar los procesos de lucha con el movimiento obrero, a quienes buscan elevar la lucha estudiantil al plano político. Se ataca a quienes cuestionan al gobierno y su pacto de saqueo con el FMI, y a quienes están dispuestos a encarnar ese “derecho sagrado a la insurrección” que proclamó la Reforma Universitaria en 1918 y que los gobiernos y su Justicia pretenden coartar.

La persecución estudiantil es una política que ejecutan todas las autoridades universitarias, ya sean peronistas, radicales, kirchneristas o macristas. Gobierno nacional, autoridades universitarias y agrupaciones estudiantiles que responden a las distintas autoridades conforman un entramado que tiene como finalidad que el ajuste siga pasando en la universidad. Por ello, buscan eliminar cualquier obstáculo que se interponga en ese camino y preparan el terreno para futuros procesos de lucha intentando amedrentar a los luchadores con medidas ejemplificadoras.

Será el camino de la organización unitaria y la lucha en las calles lo que posibilitará impedir este nuevo atropello contra el derecho a la protesta.

Llamamos a los centros de estudiantes y federaciones a que se declaren contra la criminalización de estudiantes por luchar y que convoquen a espacios de debate y organización para empezar a trazar un plan de lucha. Asimismo, invitamos a sectores políticos, sindicales, de derechos humanos y demás organizaciones populares a conformar la coordinación en todo el país.
Necesitamos rodear de solidaridad a lxs compañerxs procesadxs e impulsar una gran campaña para que se dé marcha atrás en la judicialización de la protesta.

Escribe Camila Leis • Vicepresidenta electa

Luego de muchas trabas de parte de les directivos, el día 27 de mayo pudimos realizar la elección del centro de estudiantes de la EES Nº45, en Morón, dando como resultado la victoria de Marea Estudiantil sobre la lista creada por la directora.

Con esta victoria, les estudiantes reafirman su compromiso de pelear con rabia y en unidad por la educación pública por los derechos de la juventud y de las mujeres. Por mejores condiciones de cursada, queremos la ampliación del edificio y estufas que funcionen. Para conformar una comisión de género y luchar por una ESI laica, científica, con perspectiva de género y que rompa con la heteronorma. Comienza la tarea de construir un centro de estudiantes combativo e independiente de la dirección. A eso nos comprometemos desde Marea Estudiantil.