Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el fallo Roe Vs. Wade y frente a las movilizaciones por el derecho al aborto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto en el que se puntualizan una serie de medidas para garantizar el derecho al aborto. ¿Qué dice el decreto? ¿Cuál es la salida para terminar con la clandestinidad?

Por un lado, el decreto insta al Departamento de Salud a tomar diferentes acciones para garantizar el acceso a los anticonceptivos y píldoras abortivas para quienes deciden interrumpir sus embarazos. Y por el otro, busca aumentar la protección del cuerpo médico que realiza las práctica. Asimismo el texto intenta proteger a las clínicas móviles que realizan los procedimientos en las fronteras de los estados, donde está prohibido, y la confidencialidad en internet de las personas que elijan abortar como por ejemplo los datos vinculados a la geolocalización o la información recopilada por las aplicaciones para monitorear los ciclos menstruales. Según un comunicado de la Casa Blanca, el objetivo del decreto es “proteger la información de salud sensible” y “combatir la vigilancia digital” relacionada con el aborto.
La medida presidencial llega dos semanas después de que la Corte Suprema eliminará el fallo Roe vs Wade que desde 1973 era utilizado como recurso legal en todo el territorio federal. Desde el viernes 24 de junio, fecha en la que se conoció la decisión del máximo tribunal de justicia, al menos nueve estados han instituido prohibiciones casi absolutas al derecho al aborto, solo con la excepción de peligro a la vida de la madre en algunos de ellos. En contraste, otros estados están buscando proteger el acceso al aborto en medio de una infinidad de retos legales para resguardar a las clínicas donde se practican abortos. Todo indica que las consecuencias del retroceso que implica haber eliminado el fallo Roe las sufrirán las mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos del país.

El electoralismo de Biden no es la salida

El presidente Biden declaró que la única manera de “ejercer y restaurar” el derecho de las mujeres de acceder al aborto es “ejerciendo el poder del voto”. “Déjenme explicarles: necesitamos dos senadores que estén a favor del aborto adicionales, además de una Cámara pro-aborto para poder codificar Roe como ley. Su voto puede hacer esto una realidad”. De esta manera, deja en evidencia que su verdadera preocupación no es la pérdida de derechos para millones sino juntar los votos para ganar en las próximas elecciones.

Tal como lo venimos señalando en las declaraiones de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) solo confiamos en la fuerza de la movilización feminista independiente de los gobiernos, de los partidos patronales y de la justicia patriarcal para defender cada uno de nuestros derechos. Con la potencia de la #MareaVerde que trasciende fronteras y se expande por todo el continente, exigimos de inmediato el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Lesly Ramírez es una mujer joven integrante de una familia salvadoreña dedicada a la agricultura. En junio de 2020, tras ir al baño en una letrina de su casa, sin saberlo comenzó un trabajo de parto precipitado. Ella entró en pánico, se descompensó y tras la emergencia, fue hospitalizada. Luego de recibir tres transfusiones de sangre fue detenida.

Dos años después, el pasado 29 de junio, la justicia patriarcal de El Salvador emitió un fallo condenatorio basado en prejuicios de género como: “Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”. Por primera vez en la historia desde la penalización total del aborto- hace veinte años atrás- se otorga la pena máxima a una mujer por un aborto involuntario: cincuenta años de prisión.

Así como en 2019 logramos la libertad de Evelyn Hernández, joven salvadoreña condenada a treinta años de prisión tras un aborto espontáneo, debemos rodear de solidaridad internacional a Lesly para revertir este fallo que es una amenaza para todas las mujeres salvadoreñas.                

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes 24 el fallo Roe vs Wade de 1973. El amparo legal que consagraba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense había sido ganado hace cincuenta años con la lucha.  En adelante, la regulación de la práctica quedará en manos de los gobiernos locales. Esta cuestión se vuelve alarmante porque en más de la mitad de los Estados (26) el aborto está prohibido y criminalizado, afectando la salud de treinta y seis millones de mujeres en edad reproductiva.

Por eso las movilizaciones no se hicieron esperar y desde el mismo día que se conoció el fallo las mujeres y disidencias norteamericanas salieron a manifestarse contra la decisión del máximo tribunal. Más de 100.000 personas, según Planned Parenthood, una de las organizaciones convocantes, salieron a las calles de Nueva York, Los Ángeles, Nashville, Detroit, Boston, Atlanta, entre otras. Así se iniciaron las movilizaciones que se prolongaron durante todo el fin de semana en al menos 70 ciudades.

Pañuelos verdes en defensa del derecho al aborto

En Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una acción frente a la Embajada de Estados Unidos en repudio a la anulación del fallo Roe y en apoyo a las feministas norteamericanas que salieron a las calles. Desde Isadora e Izquierda Socialista/FIT Unidad nos movilizamos junto a la Campaña, frente a este avance conservador que Donald Trump festeja como su triunfo y que el actual presidente, Joe Biden, pretende utilizar electoralmente sin brindar ninguna solución federal a la clandestinidad del aborto. Exigimos aborto legal, seguro, gratuito y accesible para todas las identidades con capacidad de gestar, sin restricciones ni discriminaciones arbitrarias contra las mujeres migrantes y pobres. Solo confiamos en la fuerza de la movilización feminista independiente de los gobiernos, de los partidos patronales y de la justicia patriarcal para defender y conquistar cada uno de nuestros derechos.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes el fallo Roe contra Wade de 1973. El fallo que consagraba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense ganado hace 50 años con la lucha. Esta decisión del máximo tribunal de Estados Unidos deja en evidencia que ninguna de nuestras conquistas son para siempre. Son los gobiernos y todas sus instituciones que avalan el sistema capitalista y patriarcal quienes buscan atacar cada uno de nuestros derechos.

En adelante, el derecho al aborto quedará en manos de los gobiernos locales y su decisión para regular la práctica. Cuestión que se vuelve alarmante debido a que en más de la mitad de los Estados está prohibido el aborto y se criminaliza con el agravante de aquellos en los que rige la Ley del latido como en Texas. Tal como lo venimos denunciando desde la Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores - Cuarta Internacional en la Declaración contra la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos

Debemos rodear de solidaridad internacional a las mujeres y disidencias de Estados Unidos frente a este avance conservador que solo con la movilización se logrará frenar. Exigimos aborto legal, seguro, gratuito y accesible para todas las identidades con capacidad de gestar, sin restricciones ni discriminaciones arbitrarias contra las mujeres negras, indígenas, migrantes y pobres. Solo confiamos en la fuerza de la movilización feminista independiente de los partidos patronales, sus jueces y sus gobiernos*. Los derechos se defienden y se conquistan en las calles.

ISADORA Mujeres en Lucha

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa CABA por Izquierda Socialista/ FIT Unidad
 
Por Resolución Nro. 2566/2022 el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación Soledad Acuña, prohibieron el uso del lenguaje inclusivo y no binario en las escuelas porteñas. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad repudiamos esta normativa que viene de la mano de las iglesias y de sectores conservadores, que buscan disciplinar a la docencia y atacar las luchas feministas que en los últimos años vienen ganando las calles.

El argumento central de Larreta y Acuña es que supuestamente el uso del lenguaje inclusivo y no binario en las aulas trajo aparejado un bajo rendimiento en las pruebas estandarizadas, aunque no presentaron ninguna evidencia que lo demuestre. Las pruebas estandarizadas (que los gobiernos locales y los organismos financieros internacionales insisten en aplicar) no son elementos pedagógicos sino “evaluaciones” que se aplican sin tener en cuenta la situación de cada institución, ni mucho menos la de cada estudiante y sus familias.

De esta manera, pretenden eludir la responsabilidad del gobierno frente al fracaso escolar. En la ciudad de Buenos Aires, Larreta redujo el presupuesto educativo afectando las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Los resultados están a la vista: graves problemas de infraestructura y salarios de miseria que deterioran la calidad educativa.

Defendemos a quienes usan el lenguaje inclusivo y no binario

Es importante aclarar que no existe en nuestro país una legislación que establezca un determinado uso oficial del castellano. Todos los dialectos conviven y son utilizados por quienes hablan sin ningún tipo de regulación. El lenguaje como cualquier práctica social es dinámico y acompaña los cambios sociales. Así palabras como “chatear” o “googlear” aparecieron con el uso masivo de las tecnologías y a nadie se le ocurrió prohibirlas.

En los últimos años, con la irrupción del movimiento feminista y en particular de las disidencias, surge la necesidad de nombrar a todas las identidades de género sin discriminación, eliminando la connotación sexista y machista del uso genérico del masculino, identificado con la letra “o”. Así como usamos la letra “a” para las identidades femeninas, empezamos a utilizar con mayor frecuencia los pronombres neutros (sin carga genérica) y apelamos a las letras “x”, “@” y “e” para referirnos a todas las identidades de género, entre ellas a quienes se identifican por fuera del binarismo (masculino-femenino).

No es casualidad que de todas las variedades y usos lingüísticos solo se está prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo y no binario. De esta manera se busca atacar al movimiento feminista y a sus luchas con las que se obtuvieron leyes como el matrimonio igualitario, la identidad de género, la interrupción voluntaria del embarazo y el cupo laboral travesti-trans. Conquistas por las que seguimos peleando para que se implementen sin restricciones.

Por otro lado, discrepamos con Juan Grabois que en Twitter escribió “En mi barrio hay pibes de sexto que no saben leer ni escribir. Acá nos importa un rabanito sus discusiones exclusivas”. El referente de Patria Grande y seguidor del Papa Francisco, minimiza el debate como si fuera una “cortina de humo” dejando  correr la prohibición. Lo opuesto a lo que hacemos desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, que denunciamos esta censura y el ataque que significa a la docencia, al movimiento feminista y en particular a las disidencias. Sostenemos que son luchas muy importantes e indisociables. No las subestimamos por ser luchas democráticas ya que están en juego los derechos humanos como el derecho a la identidad o el derecho a la  educación. Como feministas socialistas somos parte de esta batalla y la damos con toda nuestra fuerza, sin abandonar nuestra perspectiva por una sociedad sin opresión ni explotación.