Alberto Fernández dijo: “Estoy feliz de ponerle fin al patriarcado”. La cruda realidad de las mujeres muestra el cinismo del presidente, que parece desconocer que durante el 2020 en Argentina 298 mujeres perdieron sus vidas en manos de femicidas[i]. Y en 2021 los números que no paran de crecer, ya que en los primeros meses hemos superado los 40 femicidios en el país. Esto es solo una muestra del abismo que nos separa del fin del patriarcado.

 Desde 2015 las mujeres venimos organizándonos en la Argentina y el mundo en contra de los femicidios, lo que entendemos es el último eslabón en la cadena de las violencias basadas en el género. Con la movilización en las calles que impusimos la consigna #NiUnaMenos en cada rincón del país. Pero aún estamos muy lejos de ponerles fin.

Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales buscan frenar la movilización con la creación de diferentes organismos como “ministerios”, “consejos”, etc, que resuenan en los discursos de los funcionarios como respuesta a los femicidios. Pero estos organismos, arrancados por nuestra presión, no significan un avance para las mujeres y las diversidades sexo-genérica, ya que no van de la mano de políticas públicas serias con presupuesto adecuado, personal capacitado y con condiciones laborales dignas. Entones terminan convirtiéndose en cáscaras vacías. Además, son organismos que solo centran su atención en el hecho consumado, pero no hacen nada sobre la promoción y la prevención de las violencias. Así lo demuestra el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidades liderado por Elizabeth Gómez Alcorta, quien a principios de febrero licitó 26 millones de pesos en catering para eventos -medida que tuvo que dar marcha atrás por las críticas públicas que recibió[ii]-, mientras los refugios y los centros de atención se cierran por falta de presupuesto. Es decir, no solo que el presupuesto es insuficiente, sino que se destina a cuestiones muy alejadas de las verdaderas necesidades de las mujeres y las diversidades sexo-genéricas. 

 Otro aspecto que también genera mucha bronca social y que demuestra la responsabilidad de los gobiernos en relación a las violencias de género es la altísima tasa de violentos y femicidas que pertenecen a las fuerzas represivas del Estado. Según la Correpi, uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por un miembro de estas instituciones[iii]. El caso de Úrsula Bahilo conmocionó al país porque ella solicitó el botón antipánico, el cual nunca se le entregó, pese a haber realizado 18 denuncias a su agresor, Matías Martínez, oficial de la bonaerense. Ni los gobiernos, ni la justicia, ni la policía hicieron algo para impedir su asesinato, sino que, al contrario, le garantizaron impunidad a Martínez y le dieron vía libre a su accionar.

Por eso desde Isadora - Mujeres en Lucha este nuevo 8 de marzo gritaremos “Ley de Emergencia en violencia de género ya, en base al no pago de la deuda externa y quita de subsidios a las iglesias”. Que se destine el presupuesto necesario para garantizar refugios y planes de vivienda a tasa cero para las mujeres y la se diversidades sexo genéricas víctimas de violencia machista. Por un real acompañamiento psicológico, económico, social y jurídico.

[i] (datos relevados por el Observatorio de Femicidios Ahora Que Si Nos Ven)

[ii] (https://www.mdzol.com/politica/2021/2/11/escandalo-marcha-atras-con-el-catering-de-51-millones-del-ministerio-de-la-mujer-138581.html

[iii] (Suplemento Las 12, 19/2/21).

Frente al covid-19 y la pandemia desde marzo del 2020 la crisis económica y social del sistema capitalista se ha agudizado a nivel mundial. Las mujeres trabajadoras somos las más afectadas por esta crisis, que no es nueva, pero que ahora golpea con más fuerza porque fuimos las primeras despedidas y las que nos tuvimos que hacer cargo del incremento de las tareas de cuidado con el aislamiento mientras nos la rebuscábamos con la economía o realizábamos teletrabajo.

En Argentina de Macri crecieron aún más de lo que estaban los índices de pobreza (siendo las mujeres las más afectadas), al igual que la inflación. Pero con Alberto Fernández, lejos han quedado las expectativas de millones de trabajadoras y trabajadores que siguen cayendo en más empobrecimiento, producto de su ajuste.

El gobierno descarga la crisis sobre las trabajadoras.

Salarios de pobreza, inflación imparable y recorte de licencias, son los tres elementos que forman parte de un descomunal ajuste del gobierno y las patronales con acuerdo de la burocracia sindical sobre nuestras espaldas.

Desde marzo del 2020, cuando se decretó el aislamiento, los salarios vienen en picada, la inflación es imparable, proyectándose 45/50% promedio anual para el 2021 (El Socialista N° 492). Además de avanzar en la quita de derechos como el recorte de las licencias por covid-19 junto a otros tipos de licencias (en el caso de la docencia ahorrando millones del presupuesto al no poner reemplazantes), garantizándoles las ganancias a las patronales.

Y han podido hacerlo gracias a las burocracias sindicales de todo pelaje- CGT, CTAs- que se alinearon con el gobierno en lo que llaman “Acuerdo de Unidad Nacional”, junto a los empresarios y la iglesia, dejando correr el brutal ajuste del gobierno del Frente de Todos.

No han convocado a plan de lucha y se han encargado de desmovilizar al conjunto de la clase trabajadora, parte muy importante compuesta por mujeres, siendo las más precarizadas y con los peores salarios.

Desde Isadora - Mujeres en Lucha llamamos a movilizar este 8M para poner en el centro de las reivindicaciones, junto con la implementación de la IVE y plata para erradicar la violencia machista, la pelea por aumento salarial: salario igual a la canasta familiar; y el derecho a las licencias para todas las trabajadoras mientras dure la pandemia para atender a nuestres hijes. Que la CGT y CTAs rompan su acuerdo con el gobierno y llamen a un paro general por nuestras demandas este 8M.

Exigimos al gobierno de Fernández y los gobernadores plata para las mujeres y trabajadoras/es, no para FMI y el pago de la deuda externa.

En 2021, las docentes seguimos dando pelea en las calles, en los sindicatos impulsados desde la oposición a la burocracia sindical y en las escuelas, por un regreso a la presencialidad con condiciones edilicias, sanitarias y salariales necesarias para garantizar el cuidado de estudiantes y docentes. Porque el gobierno de Alberto Fernández, en conjunto con todos los gobiernos provinciales y el de CABA, han increpado a la docencia a que regresemos a las escuelas sin ningún tipo de protocolos coherentes, con edificios derruidos, sin los elementos de higiene y sanitización necesarios; y con salarios comidos por la inflación y por debajo de la línea de pobreza. Desde Isadora - Mujeres en Lucha, somos claras: no existe ningún tipo de grieta entre los partidos que encabezan los distintos gobiernos a la hora de poner en riesgo la salud de docentes, estudiantes y auxiliares.

La pandemia dejó a la vista que la escuela pública sufre un vaciamiento atroz desde hace décadas gracias a que todos los gobiernos de turno han priorizado la subvención de las escuelas privadas, las ganancias de las multinacionales, han seguido pagando la deuda externa y negociando con el FMI, en vez de invertir en la educación pública.

En esta nueva “realidad” hemos sido nosotres y las familias quienes hemos sostenido la conectividad y los dispositivos para garantizar la educación. No ha habido por parte de ningún gobierno la decisión política ni la inversión necesaria para que el conjunto de la comunidad educativa sostenga la virtualidad.  Como si fuera poco, las escuelas, que ya se caían a pedazos, no han recibido mantenimiento: nidos de ratas, murciélagos, techos caídos, cañerías obstruidas entre tantas cosas, es la realidad de las escuelas de todo el país.

A esto debemos sumarle, además, que dentro de la docencia la mayoría somos mujeres, y en este sistema capitalista y patriarcal, se suma el trabajo doméstico y el cuidado de les hijes. En estas condiciones el gobierno nacional de Fernández en conjunto con los gobiernos provinciales ¿quieren hacernos regresar a las escuelas?  La docencia, en conjunto con la mayoría de la comunidad educativa decimos que ¡No!. Tenemos que seguir impulsando la movilización, la organización dentro de los sindicatos en asambleas para dar la pelea contra la burocracia que nos entrega a la pandemia y al gobierno. Mientras exigimos a Ctera y sindicatos provinciales que llamen a parar, seguimos el ejemplo de la lista Multicolor de la Provincia de Buenos Aires que luego del plenario provincial con casi 600 participantes, ya votó paro para el 8M -Paro Internacional de Mujeres- al igual que ADEMYS, sindicato combativo de CABA.

Seguimos ante una tremenda crisis sanitaria mundial producto de la pandemia por el covid-19; por el vaciamiento de la salud pública a nivel mundial consecuencia de años de desinversión por parte de los gobiernos, y hoy peleando para que haya vacunas para toda la población mundial.

Les trabajadoris de la salud estamos al frente de esta pelea contra el covid-19, pero también contra los gobiernos que, además de mantenernos en condiciones laborales deplorables, salarios de miseria, negándonos las licencias cuando tenemos patologías de riesgo (tenemos cientos de compañeres muertes), nos siguen negando la vacuna que en nuestro país está “llegando a cuentagotas”.

Hoy, los gobiernos mundiales garantizan a los monopolios farmacéuticos y laboratorios que no haya una producción suficiente de vacunas para poder inmunizar a la población mundial, priorizando las ganancias de unos pocos; demostrando que su prioridad no es salvar la vida de millones en el mundo. Además, el escándalo de los “vacunatorios vip” a nivel internacional, y en Argentina en particular ha generado un inmenso repudio, ya que por ejemplo el personal de salud, que continuamos en la primera línea, muches aún no hemos recibido ni las primeras dosis de la vacuna. Y esto es criminal. En nuestro país, por ejemplo, tenemos la infraestructura y los recursos humanos para poder producir las vacunas necesarias para toda la población, pero el gobierno de Alberto Fernández sigue garantizando las ganancias de multinacionales.

Todos estos factores han hecho que les trabajadoris del sistema de salud, en su gran mayoría mujeres (personal de limpieza, enfermeras, trabajadoras de geriátricos, médicas, entre otros), hayamos sido les primeres en salir muy fuerte a denunciar con importantes acciones, que la salud pública está completamente desfinanciada y con salarios de miseria. Es por ello que, desde la Cicop, gremio de salud combativo de la provincia de Buenos Aires y desde cuerpos de delegades de enfermeres combatives, impulsamos acciones de lucha para este 8M.

Exigimos condiciones óptimas de trabajo, que se vacune de forma inmediata a todes les trabajadoris de la salud, docentes, trabajadores esenciales, mayores en riesgo, y no a los amigos de los gobiernos.  Por vacunas gratuitas y un plan de producción de emergencia, de la mano de un plan de vacunación masiva en todo el país. Apoyamos la campaña nacional e internacional de liberación de las patentes ¡Las vacunas son de bien público, y la salud pública un derecho para toda la humanidad!

Este 8M también saldremos a las calles por estas demandas.

El 2020 terminó con un enorme triunfo del movimiento feminista. El aborto legal en argentina es ley, luego de décadas de luchas y en particular de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y con el impulso de la marea verde que, en los últimos años, ocupó de a cientos de miles las calles exigiendo por el derecho a decidir y por terminar con las muertes por abortos clandestinos que sostenían todos los gobiernos penalizando y prohibiendo el aborto.

Hoy, a dos meses de su aprobación y promulgación, seguimos alertas este 8 de marzo. Porque sabemos que la pelea para que se garanticen nuestros derechos también es en las calles y que los sectores antiderechos de las iglesias y partidos patronales no descansarán en buscar poner trabas al acceso de la IVE. Debemos continuar peleando por la Educación Sexual Integral, laica, científica y con perspectiva de género y diversidad, y por la entrega de anticonceptivos en todos los centros de salud, como así también seguir en las calles cuando quieran obstaculizarnos este derecho. Por eso es tan importante continuar y profundizar la pelea por la separación de la Iglesia del Estado, y que dejemos de sostener a las Iglesias que nos niegan derechos, para que esos recursos se utilicen para el acceso a la salud y a educación.

Nuestro triunfo demostró que el camino del feminismo es luchar de manera independiente de los gobiernos que durante años frenaron el avance del proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto, y que hoy intentan adjudicarse el aborto legal e incluso -como lo dijo el presidente Alberto Fernández- “la caída del patriarcado”.

 Por eso seguimos luchando en cada rincón del país contra el ajuste hacia las mujeres y la diversidad sexual del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, y para que se garantice el presupuesto y los recursos necesarios para que mujeres y personas gestantes podamos ejercer el derecho por el que tanto peleamos.