Escribe Adolfo Santos

El ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no deja de sorprender. Preguntado sobre la gran diferencia de muertos entre su país y la Argentina, respondió: “Hablemos de Suecia, que no cerró la economía. Ustedes hablan del lado ideológico, ustedes hablan de un país que camina hacia el socialismo, que es la Argentina”.

No es la primera vez que el reaccionario Bolsonaro, defensor de regímenes dictatoriales y de la tortura, trata de confrontar con Alberto Fernández para reafirmarse en su base conservadora. En febrero dijo: “En Argentina duplicaron el valor de la multa de indemnización con el nuevo gobierno socialista que asumió”. Todo el mundo sabe que este siniestro personaje es una máquina de propagar mentiras. Es un mecanismo consciente. Deforma lo que no encaja en sus posturas autoritarias y fascistoides para darle un nuevo significado que pretende convertir en verdad. Un método peligroso que muchas veces genera confusión, en este caso, sobre lo que es realmente el peronismo.

El peronismo fue un movimiento nacionalista burgués con gran apoyo de las masas populares, que logró penetrar hondo en la clase trabajadora a partir de una serie de concesiones muy importantes otorgadas en la posguerra, durante sus dos primeros gobiernos, de 1946 a 1955. Fueron años de bonanza económica y Perón se apoyó en el movimiento obrero para resistir la entrada del imperialismo norteamericano frente al debilitamiento del imperialismo inglés. Para eso otorgó derechos laborales y sociales como ningún otro gobierno anterior o posterior. Esa es  la causa por la que, hasta hoy, los trabajadores identifican al peronismo (y en particular al de ese período) como la fuerza política que más los benefició.

Sin embargo, con el paso del tiempo y las sucesivas crisis económicas, poco fue quedando de ese movimiento nacionalista burgués que tenía roces con el imperialismo yanqui y otorgaba concesiones a los trabajadores. Cada vez más se fueron pareciendo a los gobiernos de otros partidos. Esto sucedió incluso con el tercer gobierno del propio Perón en 1973. De ahí que, para mantener su base, hayan tenido que recurrir permanentemente al doble discurso, decir una cosa y hacer otra. Hablar de los pobres, de los trabajadores, de los descamisados y al mismo tiempo aplicar políticas que benefician a los grandes intereses económicos. No es casual que, a pesar del enorme caudal de votos que todavía conserva, el peronismo ha ido perdiendo prestigio y se ha enfrentado al rechazo de sus políticas tanto en las calles como en las urnas.

El peronismo no es de izquierda ni va al socialismo

Nadie mejor que el propio Alberto Fernández para definir su gestión: “No somos socialistas, somos peronistas. Somos pragmáticos…”, declaró ante una platea formada por operadores de un banco internacional. El 12 de abril de este año reafirmó ante el diario Perfil: “Muerto el comunismo, el capitalismo no tiene discusión. Lo que estamos discutiendo es cómo debe ser el capitalismo, … lo que llegó a su fin es lo que llamo el capitalismo especulativo y financiero…”. Ya cuando Ángela Merkel le había preguntado si el peronismo era de izquierda, su respuesta fue: “El peronismo es quien mejor administró el Estado y quien otorgó derechos a los trabajadores”. Está claro, son quienes mejor administran el Estado capitalista. Son definiciones coherentes con la historia de ese partido. A lo sumo emplea el doble discurso para separarse de lo que califica de “capitalismo especulativo y financiero”, como si fuera posible un capitalismo más humano.

En realidad, el propio general Perón ya había sido categórico en un famoso discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio en agosto de 1944: “Se ha dicho, señores, que soy un enemigo de los capitales, y si ustedes observan lo que les acabo de decir no encontrarán ningún defensor,  más decidido que yo, porque sé que la defensa de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa misma del Estado… el capital, que, con el trabajo, forma un verdadero cuerpo humano, (deben) trabajar en armonía para evitar la destrucción del propio cuerpo”. Una verdadera alegoría a la conciliación de clases, algo que siempre defendieron las corrientes peronistas. Un concepto opuesto a lo que significa el socialismo.

Si algo ha caracterizado al peronismo es ser un verdadero muro de contención para evitar el socialismo. Es lo que hizo en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Las concesiones que el peronismo otorgó a la clase trabajadora no fueron en detrimento del capitalismo. Las hizo asociado al control ejercido por la burocracia sindical, a la que creó y fortaleció para usarla como herramienta de contención en los momentos de lucha y de procesos que amenazaban desbordar los límites del capitalismo. Así, el propio Perón, que había sido derrocado por un golpe gorila, clerical, pro-yanqui y pro-patronal, fue llamado por los empresarios, los militares y el imperialismo para frenar el ascenso del cordobazo de 1969. Por eso fue rescatado en 1973 y Perón volvió, no para  para restaurar la justicia social del período 1945-55, sino para actuar con mano dura contra las luchas sociales y el crecimiento de la izquierda.

Con Menem, en los ’90, el peronismo mostró su verdadero rostro capitalista. Fue uno de los períodos de mayor entrega y saqueo por parte del imperialismo y de las grandes corporaciones. De la mano de Domingo Cavallo, el caudillo riojano demostró cuánto podía el peronismo ser parte del proyecto capitalista imperialista mundial. Y no estuvo solo. Alberto Fernández y el matrimonio Kirchner compartieron ese proceso. Tampoco los doce años de gobierno peronista kirchnerista, a pesar del doble discurso “nacional y popular”, absolutamente necesario después de las movilizaciones del argentinazo, cambiaron la estructura económica del país. La Argentina continuó siendo tan capitalista como siempre. Y en ese período, el gobierno, como la propia Cristina Kirchner definió, fue un pagador serial de la fraudulenta deuda externa.

No es diferente el actual gobierno. Lejos de “avanzar al socialismo”, como sostiene Bolsonaro, Alberto Fernández ha beneficiado más a los sectores empresariales que a la población trabajadora. En medio de las necesidades que exige la pandemia para cuidar la vida, ha avalado la rebaja salarial de 25% pactada entre la UIA y la burocracia sindical, mientras se niega a sacarles un solo peso a los grandes capitalistas. El proyecto de gravar las grandes fortunas está engavetado ante la presión de las patronales. La burguesía argentina puede dormir tranquila. A pesar del doble discurso que dice que van a privilegiar a los más vulnerables, el rumbo de este gobierno es el de continuar cuidando los intereses capitalistas.    

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Medios de comunicación, burócratas sindicales ligados al gobierno (CGT/CTA) y voceros de las patronales acusan a la izquierda de “romper la cuarentena”. El diario La Nación, por ejemplo, tituló este martes “La izquierda rompe la cuarentena con una protesta y amenaza con más conflictos”, poniendo la foto del Pollo Sobrero. Se refería a la radio abierta que hizo el sindicalismo combativo frente al Ministerio de Trabajo. Por otro lado, los autollamados “dirigentes progres” (burocracia sindical kirchnerista de la UTE -docentes  de Ctera en CABA-, ATE Capital y el Sindicato del Subte -Agtsyp-) no participaron de la movilización que llevó adelante Ademys contra la ley de ajuste de Larreta frente a la Legislatura porteña el pasado 7 de mayo, acusando “la irresponsabilidad” de la izquierda y del sindicalismo combativo. Se la pasaron años hablando contra Macri y cuando había que repudiar la ley Larreta-Macri se borraron. Y para agregar otro dato de color (además de los Daer, Gerardo Martínez, Cavalieri, Pignanelli o Caló, que siempre despotrican contra los que luchan), el secretario general de los docentes neuquinos (ATEN) y dirigente peronista de la burocracia Celeste nacional, Marcelo Guagliardo, tuiteó ante una marcha opositora: “Convocan a marchar rompiendo un aislamiento preventivo y obligatorio que ha demostrado salvar miles de vidas”, culpando al Frente de Izquierda. Guagliardo, cuando estaba Macri, decía que no se podía luchar porque la gente había votado a la derecha. 

Estos burócratas enarbolan un mentiroso discurso “sanitarista” y de defensa de “la salud” para intentar encubrir sus capitulaciones y complicidades con los gobiernos y las patronales. Siguiendo con este razonamiento, podemos decirles que precisamente el sindicalismo combativo y la izquierda fuimos quienes encabezamos y apoyamos en todos estos años los reclamos de los trabajadores y profesionales de la salud, no los burócratas traidores. 

Las patronales son las que exigen flexibilizar la cuarentena para aumentar sus ganancias y usar la pandemia para atacar al pueblo trabajador. Es lo que hizo Techint despidiendo a 1.450 trabajadores en la Argentina y encabezando la campaña en el norte de Italia diciendo “Italia no se detiene”, obligando a sus obreros a trabajar sin seguridad e higiene. El mismo Techint a quien el gobierno premia pagándole el 50% de los salarios, una multinacional que tiene enormes ganancias en decenas de países, y su dueño, Paolo Rocca, es el principal millonario argentino con una fortuna sideral. Otro tanto podemos decir de la patronal Mondelez, que a pesar de fabricar productos no esenciales, como son las golosinas, obligó a sus trabajadores a continuar trabajando en plena pandemia y una vez logrado el stock procedió a suspenderlos con rebaja salarial con el aval de Rodolfo Daer, el secretario general del Sindicato de la Alimentación, quien se limitó a decir “el capitalismo es así”. En Penta, por ejemplo, el gobierno llegó a reprimir salvajemente a los trabajadores porque “violaban la cuarentena” por pedir salario y sus puestos de trabajo.

Los trabajadores y la izquierda no rompemos la cuarentena, lo mismo hacen millones de trabajadores. Lo que sí exigimos es que no haya dos cuarentenas, una para los de arriba, con constantes privilegios, y otra que sufre el pueblo trabajador. Y señalamos claramente que quienes la rompen son las patronales explotadoras que empujan a sus trabajadores a movilizarse ante sus constantes ataques antiobreros, el gobierno (que empujó a millones de jubiladas y jubilados al borde de una tragedia para cobrar sus magras jubilaciones) y la burocracia sindical, que como correa de transmisión de las patronales en el movimiento obrero justifica las rebajas salariales diciendo que de esa forma “evitan” los despidos. 

Desde Izquierda Socialista sostenemos que los reclamos durante la cuarentena son absolutamente legítimos y necesarios, por eso vamos a continuar apoyándolos e impulsándolos con todos los recaudos sanitarios del caso, como se viene haciendo. La clase trabajadora ha demostrado su suficiente dignidad moral para hacerlo, como lo ha demostrado en todos estos meses ante una repudiable clase capitalista parasitaria y explotadora que ha hecho lo opuesto. 

Fue necesaria la lucha de los ferroviarios del Sarmiento para hacer retroceder a la empresa puesta por el gobierno, que los quería hacer trabajar sin higiene y seguridad. O la movilización de los trabajadores de Fate al Ministerio de Trabajo para lograr derrotar a su patronal multimillonaria de Madanes Quintanilla obligando al pago del 100% de sus salarios.

La mayoría de la población prioriza la salud y si es obligada a romper la cuarentena es culpa de que no se atienden sus urgentes necesidades, ante un gobierno que prioriza pagar la deuda externa y al día de hoy se niega a imponer un impuesto a la riqueza capitalista lo que permitiría otorgar un ingreso en medio de la pandemia como propone el Frente de Izquierda de $30.000 como mínimo para todo aquel que lo necesite.

Todos los gobiernos usan la pandemia para frenar las movilizaciones y acentuar la presencia policial represiva de la mano de las patronales y la burocracia sindical. Es lo que hay que seguir desenmascarando, rechazando sus falsas campañas y calumnias contra los que luchan y la izquierda.

Escribe José Castillo

Esta semana sigue el partido de póker de la renegociación de la deuda. “Hay disposición mutua para alcanzar un acuerdo”, dicen tanto los funcionarios del Ministerio de Economía como los voceros de los bonistas. Más allá de cómo termine esta anécdota de la renegociación, que tiene un final pautado para este viernes 22, pero, como ya se anticipa, “podría alargarse un poco más de mutuo acuerdo”, algunas cuestiones vienen quedando claras. Son las que queremos destacar.

Primero y principal, ya nadie esconde quiénes son los famosos “bonistas”. Acá no hay ningún jubilado ni pequeño ahorrista. Se trata de lo peor del establishment financiero internacional, los buitres de los buitres, los especuladores que sobrevuelan el mundo haciendo ganancias parasitarias colosales. Tienen nombre y apellido, e incluso se han agrupado en “clubes de acreedores” para así presionar y sacar mejor tajada. Así, los pesos pesados BlackRock y Fidelity encabezan el autodenominado Grupo Argentina Ad Hoc (Ad Hoc Bondholders Group), junto con otros buitres menores como Ashmore y T. Bowe Price. Los sigue el Comité de Acreedores de la Argentina (Bondholders Group) coordinado por otro gigante, Greylock Capital, al que se sumaron Gramercy y Fintech, dos “viejos conocidos”, que fueron los grandes ganadores de los canjes kirchneristas de 2005 y 2010, y ahora vienen por más. Y, por si todo esto fuera poco, queda un tercer club de acreedores, el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina (Exchange Bondholders Group), donde están agrupados otros fondos de inversión que también participaron en los canjes 2005-2010, como Monarch, HBK Capital, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group. Por fuera de estos “comités” o “clubes” de acreedores, también están al acecho otros grandes tenedores de deuda argentina, Pimco y Templeton.

¿En qué consiste la actual “negociación?

La sintetizamos: el gobierno argentino lanzó una oferta muy buena y amigable para estos pulpos acreedores (confesada así por los propios funcionarios), casi nada de quita de capital, intereses muy por encima de los que hoy se pagan en el mundo y un “período de gracia” (tiempo que transcurre hasta que se hacen los primeros pagos) de tres años. Todo muy lejos del discurso inicial de Alberto Fernández de “no podemos pagar con el hambre del pueblo”. Los buitres acreedores, por su parte, negocian fuerte y presionan porque no quieren ninguna quita de capital, más intereses y que se empiece a pagar antes de los tres años, más algún “premio extra”, como el que en su momento les dieron Kirchner y Lavagna en 2005, con los llamados cupones PBI, que generaban pagos adicionales de deuda si el país crecía más allá de un determinado porcentaje (en ese momento 3,2 por ciento).

La respuesta del gobierno es que está abierto y “flexible” para negociar todo. Traducido, acepta que se analice empezar a pagar antes de 2023, menos (o ninguna) quita de capital, más pago de intereses y discutir algún “premio” para los acreedores (incluyendo algún pago “al contado” en un momento próximo).

¿A dónde nos lleva todo esto?

La deuda es una auténtica bola de nieve de la que así no saldremos más. Vamos a dar un par de ejemplos didácticos: el próximo viernes vencen 503 millones de dólares de los bonos “globales” 21, 26 y 46. ¿De dónde salieron estos bonos? Fueron una emisión de Mauricio Macri en 2016 que generaron nueva deuda por un total de 14.500 millones de dólares. De hecho, entraron al país apenas 13.000 millones. Lo interesante es ver en qué se usó esa plata. La mayoría, 9.300 millones, fueron para pagarle a los holdouts, o sea a los fondos buitres que ya venían litigando contra la Argentina. Recordemos que ese famoso pago fue autorizado en los comienzos del gobierno de Macri con el voto positivo de la inmensa mayoría de la bancada peronista de entonces. Como vemos: deuda para pagar deuda anterior.

Sigamos el hilo del razonamiento, que nos llevará al segundo ejemplo ilustrativo. Los fondos buitres eran los que no habían aceptado los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. ¿Era acaso que el resto de la deuda ya se había arreglado y, como sostenía la propaganda oficial de aquellos años, “nos habíamos desendeudado”? De ninguna manera, y como mejor muestra tenemos que ahora mismo, en la reestructuración, aparecen fondos como titulares de esos bonos 2005 y 2010, unidos en dos de los grandes grupos de acreedores que presionan por una “mejor propuesta”. Traducido, que se les pague más, con más intereses y en plazos más cortos.

Esto es apenas un pantallazo de la deuda que venimos pagando infinitamente. Deuda cuyo origen último está en la dictadura militar genocida, luego reconocida y renegociada por todos los gobiernos posteriores, sin excepción. “Canjeada” por Menem, primero, y por los Kirchner después. Siempre generando nuevos vencimientos, sumas de intereses sobre intereses, y provocando que, para “pagarla”, se tome nueva deuda de los pulpos del establishment, como en los casos citados. Pero además de organismos internacionales, centralmente el FMI, y otros, como el Banco Mundial y el BID. Incluso reconociendo deudas pendientes directamente con otros Estados, como el caso del llamado Club de París, que se originó en préstamos que los gobiernos europeos de entonces le hicieron a la dictadura de Videla.

En síntesis, de cualquier manera que termine este capítulo de renegociación de la deuda, nada se solucionará. Quedará una inmensa hipoteca a seguir pagando a estos mismos buitres. Y apenas será la antesala de otras dos “negociaciones”: la que se hará con los “tenedores de bonos bajo legislación local”, que en la mayoría de los casos son los mismos pulpos, en este caso encabezados por Fidelity. Y luego, la que vendrá con el Fondo Monetario Internacional, por nada más ni nada menos que 49.000 millones de dólares y donde el propio organismo ya anticipó que con ellos no corre ningún tipo de “quita”. Para que quede claro, todo esto implica miles de millones de dólares en pagos que ya quedan pautados de acá a los próximos cien años. Hambre, miseria, saqueo y marginación para cuatro generaciones del pueblo trabajador argentino.

Todos unidos a favor de pagar. Solo nos oponemos desde la izquierda

A pesar de que decenas de economistas, estudiosos del tema del endeudamiento y líderes sociales de todo el mundo salen permanentemente a alertar sobre las consecuencias de endeudamientos astronómicos como el argentino y la imposibilidad de pagarlos, existe actualmente una macabra coincidencia política: el gobierno peronista, la oposición de Juntos por el Cambio, las centrales patronales, la burocracia de la CGT y las CTA, todos, sin excepción, están por pagar, diciendo que lo peor que nos puede pasar es “caer en default”. A este coro se sumó en estos días la Iglesia Católica, en la voz de Stefano Zamagni, presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, quien sostuvo en una reciente teleconferencia organizada por la Universidad de Tres de Febrero que hay que “convencer a algunos bancos de aceptar el plan de reestructuración, en especial al fondo BlackRock, que tiene una fuerza de trillones de dólares”.

Del otro lado quedamos solamente la izquierda y el sindicalismo combativo. Insistiendo una y otra vez que así nos hundiremos una vez más, que no podemos pagar ni ahora, ni en 2024, ni nunca. Que la única salida es dejar de pagar inmediatamente esta ilegal, inmoral e ilegítima deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos financieros internacionales. Si los pulpos del establishment forman clubes de acreedores, nosotros tenemos que llamar a conformar un gran club de deudores a todos los países de Latinoamérica, siguiendo el ejemplo de lo hecho por varios países africanos, que se juntaron para plantear la condonación total de sus deudas externas. En medio de la emergencia de la pandemia del coronavirus, más que nunca se impone utilizar todos esos recursos que hoy están yendo a manos de los buitres especuladores para destinarlos a un gran fondo de emergencia y así atender las más urgentes necesidades sanitarias y de la crisis social. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Cuando Ismael Carranza, junto con otros once vecinos del barrio Padre Mugica, subió al micro que lo llevaría al parador de aislamiento preparado por las autoridades, le dijeron que era para hacerles los análisis para Covid-19 y que en cinco horas volverían. En el destino había otros alojados, en espera de resultados. Un día después seguían esperando, juntos, sin que nadie los hubiera separado. En esas veinticuatro horas no hubo atención médica ni de enfermería, ni siquiera recibieron agua. En los baños se acabó rápidamente el jabón y el papel. Eso sí, les llevaron comida. “¿Por qué a nosotros no nos llevan a un hotel para estar cómodos y realmente aislados? Para esto nos hubieran dejado en casa”, dijo Ismael en un audio que recibió su familia.

Elsa, enfermera, madre de dos hijos, recordaba que dos meses antes decenas de pasajeros de Buquebus fueron aislados en ocho cómodos hoteles porteños, a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, por la presencia de un caso sospechoso a bordo. Sin embargo, ahora, ante una explosión de contagio, ese precario alojamiento era lo que se les ofrecía a los vecinos de la antigua Villa 31. Flagrante inequidad a que son sometidos los habitantes de barrios cuya pobreza y desamparo se disimula con la denominación de “barrios vulnerables”.

La pandemia no ataca a todos por igual

 Comenzó en los sectores sociales que podían viajar al exterior y que viven en los barrios más acomodados de Buenos Aires, pero ahora está encontrando su ubicación social: la clase trabajadora y sectores populares. Las estadísticas son contundentes, el Boletín Epidemiológico Semanal de la Ciudad del 9 de abril de este año mostraba a las comunas 2 (Recoleta), 3 (Balvanera y San Cristóbal), 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y 14 (Palermo), de clase alta y media, como las que registraban la mayor cantidad de casos. Apenas un mes después la fórmula se invirtió. El 15 de mayo la misma fuente informa que la mayor cantidad de casos confirmados reside ahora en las comunas 1 y 7. En la comuna 1 se encuentra el barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31 bis) y en la comuna 7, el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 11-14).

¿Cómo se vive en las villas? Radiografía del conurbano bonaerense

El Relevamiento Nacional de Barrios Populares realizado en 2017 revela que en todo el país existen 4.228 barrios populares, que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados. Esto es una superficie más grande que toda la ciudad de Buenos Aires, cuya extensión es de 203 kilómetros cuadrados. Alrededor de 1.600 asentamientos se encuentran en el conurbano bonaerense. El relevamiento refleja también que más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias, la mitad de las cuales se encuentra en el conurbano) habitan en villas o asentamientos informales, una población algo inferior a la de la provincia de Córdoba o Santa Fe. Si bien no hay cifras que representen la totalidad, un estudio reciente realizado en el sur del conurbano bonaerense brinda datos reveladores de la situación de deterioro social de estos barrios. En el segundo semestre de 2019 la incidencia de la pobreza alcanzaba al 40,5% de su población, 5 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. A su vez, para el cuarto trimestre de 2019, la desocupación era de 10,8%, contra 8,9% del promedio nacional (Indec, 2020). Las condiciones sociales de sus habitantes y la falta de servicios de agua, cloacas, electricidad y gas son similares en los barrios de todo el país.

Sin agua no hay prevención de contagio

La misma Elsa nos dice: “Había mil millones asignados para invertir en el agua. Pero pasó que el acueducto, que era para el barrio, fue aprovechado por la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, un local de McDonald’s y la empresa Flechabus, en cuyo playón se lavan los coches con mangueras de alta presión. Por eso en el barrio no hay presión de agua, hay cortes rotativos por sector y a veces días y días sin agua. Eso va en perjuicio nuestro, hay más proliferación de bacterias y más enfermedades. La Justicia hizo lugar a un reclamo y dijo que era insuficiente la provisión de agua y que el Gobierno de la Ciudad debía proveerla, pero mandan un camión de 7.000 litros por barrio, que alcanza solo para 140 personas”. Esta carencia de agua, vital para la prevención, junto con las otras carencias y malas condiciones de vida, explica en parte que un laboratorio de la UBA haya detectado que el número de personas a quienes transmite el virus un infectado se haya duplicado de 1,2 a 2,3.

La explosión de casos en el barrio Padre Mugica se llevó la vida de dos referentes de los vecinos: Ramona Medina, dirigente de La Poderosa, y Víctor Giracoy, de raigambre radical, que desde hace veinticinco años comandaba el comedor Estrella de Belén.

También los pueblos originarios

Chaco, una de las provincias más castigadas, registra 556 casos positivos de coronavirus, de los cuales el 80% corresponde a la ciudad de Resistencia. Además, de ese total, 98 son pacientes de los pueblos originarios. En las últimas semanas se observa un incremento de la cantidad de confirmados, principalmente a partir de la transmisión comunitaria en los barrios Toba y Chillili de la ciudad de Resistencia.

Responsabilidad por las muertes evitables

Hay una disputa mediática entre el Gobierno de la Ciudad de Cambiemos con el nacional y el de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. La existencia de las villas con sus carencias de servicios elementales, el deterioro del sistema de salud y la falta de previsión es común a todos los gobiernos de turno. La responsabilidad ante este crimen social es compartida. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que el gobierno de Larreta, el de Kicillof y el de Fernández se niegan a tomar: un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de  30.000 pesos a cada trabajador, combatir el hambre y también fortalecer el sistema de salud.

Escribe Daniela Vergara, secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

El responsable del secuestro, desaparición y asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, Gonzalo “Chispa” Sánchez, de 69 años, fue detenido en Brasil en la ciudad Paraty, de Río de Janeiro, y extraditado a nuestro país. Estaba prófugo de la Justicia por la causa ESMA, acusado de participar en los vuelos de la muerte junto con Alfredo Astiz. 

Recordemos que Rodolfo Walsh fue asesinado por la dictadura el 25 de marzo de 1977 después de publicar su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, en la que denunciaba la política económica impuesta por el terrorismo de Estado para aniquilar a la clase obrera y sus luchas. En ella mencionaba la terrible inflación, las políticas de sumisión al Fondo Monetario y a los grandes monopolios, la desnacionalización de los bancos y la generación de una deuda externa usuraria, ilegítima e ilegal que, recordemos, todavía estamos pagando (y que hoy está siendo “renegociada” por el gobierno). Deuda externa que, denunciaba Walsh, era parte del proyecto económico de ese gobierno genocida, al servicio de los grandes grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura. Justamente, el día que Rodolfo enviaba su carta de denuncia, fue interceptado por la patota de Chispa Sánchez y, tras ser asesinado en plena calle, su cuerpo fue llevado a la ESMA y luego desaparecido.

Condenas a perpetua en la causa Feced III/IV de la ciudad de Rosario

En la misma semana que se produjo la extradición de Chispa Sánchez, se dio otro tremendo avance en la lucha contra la impunidad, en este caso directamente vinculado a nuestra ciudad de Rosario.

Las causas llevan el nombre de Agustín Feced, el represor que murió en 1986. Junto con él actuaba “su patota”, que operaba en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, que funcionó durante la última dictadura militar, cívica y eclesiástica en pleno centro de la ciudad de Rosario. Esta causa tiene 188 víctimas.

El pasado 14 de mayo el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario dio un fallo inédito: seis condenas a prisión perpetua, pero además incorporó por primera vez en los tribunales de Rosario a la violación como delito de lesa humanidad. Para que ello fuera posible, tenemos que reivindicar el valor de las compañeras que lo han denunciado, ya que los torturadores en infinidades de procesos cometieron violaciones a las secuestradas, mujeres y jóvenes embarazadas.

La prisión perpetua fue para seis represores: José R. Lofiego (que, estando actualmente preso, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria por el coronavirus, que le fue denegado); Mario A. Marcote, violador sistemático del Servicio de Informaciones, José C. Scortechini, Ramón R. Vergara, Ernesto Vallejos y  Ramón A. Ibarra, este último involucrado directamente en la detención, encarcelamiento y tortura de padres, madres y docentes, muchos de ellos miembros de la dirección y cooperadora de la Biblioteca “Constancio .C Vigil” (todo un aniquilamiento de un proyecto educativo, con el irreparable robo de sus bienes). 

Aclaremos también que en la causa Feced III estaba contenido el juicio al cura Eugenio Zitelli (ya fallecido). Cómplice de la dictadura, ex capellán de la Policía de Santa Fe hasta 1983, estaba acusado de participar de sesiones de torturas de al menos catorce víctimas. Una razón más para avanzar en la necesidad de juzgar también a los cómplices civiles de la dictadura, tanto miembros de la iglesia, como empresarios o burócratas sindicales.

La extradición del responsable del secuestro, asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh y las condenas de la causa Feced III/IV nos refuerzan en el compromiso de seguir la lucha. Reafirmamos que no hay ningún motivo para “dar vuelta la página” (expresión de reconciliación usada por Alberto Fernández antes del 24 de marzo luego de haberse entrevistado con el papa Francisco).  Por el contrario, nosotros no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos, sino que seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia.