Escribe Nicolás Núñez, legislador electo CABA

Ramona Medina, la referente de La Poderosa en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), falleció después de haber sido internada tras contagiarse de Coronavirus. Su caso fue uno de los cientos que fueron anunciándose a lo largo de estas semanas en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el momento que el virus llegó al país se sabía que podía hacer estragos ahí donde se acumulan décadas de abandono consciente por parte de los gobiernos de turno. Ramona estuvo a la cabeza de señalar cuando la advertencia pasó a ser un hecho de la realidad. “Nos mataron a Ramona” dicen sus compañeros y compañeras, y tienen razón. Su muerte es un crimen social con responsables políticos.

Desde que comenzó la crisis del Coronavirus mucho se ha dicho sobre que “el virus no distingue clases sociales”, algo que puede ser relativamente cierto en términos biológicos. Ahora bien, las políticas de los gobiernos sí distinguen clases sociales, y por eso, a fin de cuentas, en Argentina y en todo el mundo, la mayor parte de infectados y muertos corresponden a los sectores populares.

En la Ciudad de Buenos Aires la realidad es clara. Los primeros centenares de casos se acumularon en los barrios más ricos de la Ciudad, los casos importados de las vacaciones en el extranjero. Al transformarse en miles, esos barrios han reducido drásticamente la velocidad de contagio, y el virus ahora se “importa” en la salida a buscar un sustento para hacer frente al hambre. Y se multiplicó allí donde ni siquiera se cuenta con agua para lavarse las manos. Ese desplazamiento no es azar, es una decisión política.

Las políticas de los gobiernos distinguen clases sociales, por eso Larreta tuvo protocolos para el “take away” del café importado, pero ningún protocolo para el resguardo allí donde miles viven hacinados. Distinguen clases sociales y por eso el agua que provee AySA no se cortó en Belgrano, se cortó en la 31 y la 1-11-14. Distinguen clases sociales, y por eso hubo rápido aislamiento en el lujoso Hotel Panamericano (cuatro estrellas) para quienes venían de un Buquebús en el que se detectó un caso, pero a los familiares de Toribia Balbuena, la primera fallecida en la 31, los “aislaron” (once personas) en su misma casa en unos mínimos metros cuadrados.

¿A esta altura, acaso alguien duda que la eterna postergación de la urbanización del Barrio Padre Mugica no responde a otra cosa que a la voluntad todopoderosa del negociado inmobiliario porteño? Hay que decir la realidad: los “desarrolladores inmobiliarios”, los especuladores del metro cuadrado que quieren desalojar a los habitantes de la 31 para extender Puerto Madero hacia el norte, CE-LE-BRAN los contagios en el barrio. Un virus les ahorra el trabajo a sus topadoras.

Las políticas nacionales también distinguen clases sociales, por eso los laburantes sufren centenares de miles de despidos y se avala una reducción del 25% del salario, mientras el impuesto a las grandes fortunas para hacer frente al Coronavirus no aparece por ningún lado. A los sectores más vulnerables se les ofrecen apenas $10mil, mientras al FMI se le pagan 320 millones de dólares. ¿Acaso esta plata metida en los barrios populares no podría en estos dos meses haber servido para combatir el contagio que todos pronosticaban y sucedió?

Ambos gobiernos guardan una responsabilidad ante este crimen social. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que ni el gobierno de la Ciudad y ni el de la Nación han tomado: un fondo de emergencia en base a un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de $30mil, combatir el hambre, y también fortalecer el sistema de salud.

Exigimos justicia para Ramona y medidas urgentes para combatir al coronavirus en los barrios humildes. Enviamos nuestro apoyo a sus familiares que también han sufrido el contagio, y a sus compañeros y compañeras de La Poderosa que hace tiempo vienen militando la visibilización de estas realidades que la cobertura mediática de Larreta (incluso en los medios kirchnerista) oculta.

Nuestra solidaridad va de la mano de exigir, y comprometernos a pelear por, terminar ya con esta ciudad al servicio del lucro y no de sus habitantes. Si no es ahora frente a la crisis monumental del coronavirus, ¿cuándo? Si ésto no empieza ya por los barrios humildes, ¿por dónde? Si no es ante la necesidad de salvar miles de vidas, ¿para qué?

¡Justicia para Ramona, los gobiernos son responsables!

Editorial

A la salida de esta edición se está en el día 54 de la cuarentena. El gobierno de Alberto Fernández la acaba de prorrogar hasta el 25 de mayo, pero ya la flexibilización es enorme, aunque se la quiera encubrir simulando una polémica con los empresarios. El gobierno apela a su consabido doble discurso diciendo que “si seguía sus recomendaciones habría miles de muertos”. Mientras por otro lado, junto a Larreta, Kicillof, los gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, permite la reapertura de cientos de fábricas haciéndose eco de esos mismos grandes empresarios a los que solo les interesan sus propias ganancias. Volvemos a alertar sobre esto ya que no hay ningún fundamento sanitario para esta reapertura, atento a que los contagios se hacen sentir en los geriátricos, las villas de emergencia y ya está planteada la posible expansión cuando llegue el pico. El Hospital Italiano de Córdoba, por ejemplo, tuvo que ser evacuado ante masivos contagios, lo mismo sucedió con hogares de ancianos.

Denunciamos que los empresarios, lejos de actuar de una manera “responsable y solidaria” como simulan, están aprovechando la pandemia para descargar la mayor crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador de la mano de los dirigentes traidores de la CGT y con el aval explícito del gobierno. El pacto de todos estos actores tiene una clara consecuencia: un ajuste salarial de 25% a pesar del beneficio del que gozan grandes empresas y multinacionales con el pago por parte del Estado del 50% de los salarios. Sin embargo, siguen los despidos, las suspensiones y hay nuevos ataques a los derechos laborales. Es decir, se está usando la pandemia para atacar al pueblo trabajador y salvar las ganancias empresariales. A tal punto que el propio Alberto Fernández justificó el recorte salarial diciendo que no es un problema “porque en cuarentena se gasta menos” (entrevista con Alejandro Bercovich en Radio con Vos, miércoles 6 de mayo).

Otro tema relevante en estos días es que el gobierno pagó 320 millones de dólares de intereses de la fraudulenta deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Denunciamos que se le pague a los buitres usureros. Porque precisamente, como venimos sosteniendo desde la izquierda, esos fondos deben ir a combatir el coronavirus, a los hospitales, a los trabajadores de la salud y a los más vulnerables, no a los usureros internacionales. Otra vez vemos el doble discurso oficial. Mientras el gobierno dice “no nos van a doblegar” en medio de la renegociación de la deuda, dispone un pago millonario al FMI. Ese dinero es el equivalente a tres millones de asignaciones de 10.000 pesos para todos aquellos que no las recibieron porque decían que “no calificaban”. El gobierno dispuso este pago justo cuando el propio presidente reconoció que no se le habían abonado los 5.000 pesos de plus salarial que se les prometió a los trabajadores de la salud desde hace más de un mes.

Pagar vencimientos de una deuda usurera y de avanzar en una renegociación de una deuda de la que el pueblo nunca vio un peso, para seguir pagando durante los años venideros, no es ni más ni menos que reconocer las barbaridades que se hicieron en el gobierno de Macri, de endeudar al pueblo trabajador por décadas. Por eso la política de cumplir con los bonistas (usureros profesionales) cuenta con el aval de los grandes empresarios, la Sociedad Rural, Cambiemos, el FMI, el Papa y los gobiernos capitalistas del Primer Mundo.

Con respecto al debate de si gravar a la riqueza o no, siguen los devaneos (ver nota ¿Y el impuesto a la riqueza? en esta edición digital). Todavía el gobierno no presentó ningún proyecto a tal fin, a pesar de que lo anunció hace más de un mes. Seguimos exigiendo que deje de darle vueltas y lo imponga de una vez. Porque la única realidad es que al día de hoy solo existe el proyecto del Frente de Izquierda, que permitiría recaudar 20.000 millones de dólares y volcar esos fondos a la emergencia. Esta medida, sumada al no pago de la deuda externa, posibilitaría financiar inmediatamente un fondo de emergencia para asistir a los más necesitados. No puede ser que los grandes capitalistas hagan ostentación de sus fortunas o los bancos sigan ganando millonadas y no se les graven sus riquezas, fortunas y ganancias.

Al no tomarse medidas de fondo, la necesidad obliga a que miles de trabajadores sean empujados a romper la cuarentena para reclamar. La lista de luchas crece. Acaba de ocuparse por sus trabajadores la textil Sedamil en Trelew, Chubut. Los mineros de Andacollo de Neuquén siguen exigiendo el pago de sus salarios y muchos docentes de esa provincia reclaman lo mismo. Los trabajadores de FATE (Sutna) se movilizaron al Ministerio de Trabajo e hicieron una asamblea con la debida distancia sanitaria contra el recorte salarial. Los municipales de Córdoba son atacados por el intendente peronista Llaryora (Schiaretti). Ademys, residentes de salud y estatales repudiaron en las calles a la ley de ajuste de Larreta-Macri. Hubo paro de repartidores, marcha de los obreros de Penta, textiles de La Matanza, movilización de despedidos y precarizados de distintos lugares de trabajo en La Plata, corte contra las suspensiones y reducción de salarios en la multinacional yanqui Mondelez, paro de UTA en Córdoba y otros lugares, entre otros reclamos. Luchas de las cuales somos parte y apoyamos desde el sindicalismo combativo e Izquierda Socialista, a la vez que denunciamos los actos represivos como ocurrió contra los municipales de Jesús María y organizaciones combativas de desocupados.

Llamamos a los trabajadores y demás sectores populares a seguir enfrentando las rebajas salariales, las suspensiones y los ataques patronales avalados por la repudiable burocracia sindical y el gobierno y a luchar por una salida de fondo. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad vamos a seguir impulsando el fondo de emergencia sobre la base de un impuesto especial a las grandes fortunas, ganancias de los grupos económicos, bancos y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa para que esa plata vaya a combatir el coronavirus y a la emergencia, para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado electo Izquierda Socialista / FIT Unidad

A más de un mes de anunciado, el famoso proyecto del impuesto a la riqueza de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, del Frente de Todos, todavía no vio la luz. El único proyecto que existe para gravar a los ricos, grandes empresarios, bancos, multinacionales y terratenientes para recaudar 20.000 millones de dólares y combatir la mayor crisis del coronavirus es el del Frente de Izquierda Unidad.

El impuesto es una necesidad imperiosa. ¿Cómo puede ser que en medio de la pandemia las ganancias y acciones de los grandes capitalistas sigan creciendo y no se las toque? El Grupo Mercado Libre, de Marcos Galperín, tuvo un crecimiento de sus acciones en las últimas horas de 6.000 millones de dólares. Y el valor de mercado de la firma asciende a 37.290 millones de dólares, casi el 10% del producto bruto interno (PBI)  argentino, es decir, de toda la riqueza anual que generan millones de trabajadores. “Seguimos comprometidos en empoderar a nuestros comerciantes para que continúen operando y asegurando las entregas de bienes que necesitan los hogares. Mercado Libre tiene la oportunidad de salir de esta situación más fuerte”, dice el grupo en un comunicado.

Galperín es uno de los cincuenta millonarios de la Argentina, dato que todos los años publica la revista internacional Forbes. El dueño de Mercado Libre es a su vez integrante de la crema de grandes magnates nucleados en AEA (Asociación Empresaria Argentina) junto a Arcor, Perez Companc, Irsa, Fiat, Techint, Globant, entre otros. 

Otro tanto se podría decir del dueño de FATE, Madanes Quintanilla (también dueño del Grupo Aluar y otras empresas), quien acaba de rebajar 50% la quincena de sus 1.600 obreros y amenaza con la rebaja de 25% en caso de volver a producir. El dueño de FATE también está entre los cincuenta millonarios del país, a quien se le debería aplicar el impuesto, igual que a los bancos, las multinacionales y las ganancias empresariales, pero hasta ahora el gobierno no los ha tocado.

Hablando siempre de impuestos, hay que agregar que el 60% de Ganancias lo pagan los trabajadores, y que el IVA (el impuesto que más recauda) es el más impopular e injusto, ya que el 21% lo paga igual un Paolo Rocca, de Techint, que un desocupado. Conclusión: la mayor recaudación impositiva la aporta el pueblo y los de arriba quedan en una completa impunidad. 

Dicen que el proyecto oficial “estaría listo”, pero volvemos a repetir, ni siquiera fue presentado. Según versiones, lo harían en estos días. Sería para recaudar entre 3.500 y 4.000 millones de dólares y estaría destinado para salud. Si fuera así, sería insuficiente (representa solo un 30% de lo que el gobierno dispuso desde la pandemia), pero igual decimos que lo apliquen ya. Sin embargo, se demora peligrosamente. Incluso hay una versión de que Heller lo retoca permanentemente y que hay un reclamo de los empresarios para que sea a cuenta del futuro pago del impuesto a las ganancias, o sea que lo que se les cobraría por un lado se les devolvería por otro. Si así fuera sería una auténtica burla. 

Los devaneos “parlamentarios” son impresionantes. Cristina pidió previamente un fallo de la Corte, después si se iba a reunir el Congreso de manera virtual o presencial, y ahora se sabe que, si sesiona por primera vez, el proyecto no se trataría porque, en caso de ser presentado, pasaría a comisiones varias semanas. Otros sectores hablan de que sería “confiscatorio”, o que viola la “propiedad privada”, y que si sale se va a  empantanar en los enredos judiciales, porque sería apelado. O sea, se sigue dilatando una medida ultra urgente. 

Dicen que debe pasar por el Congreso, pero le acaban de robar un 25% del salario a millones de trabajadores en una mesa en Olivos entre la UIA, la CGT y el gobierno. ¿O no se violó en este caso la “propiedad privada” de la retribución salarial con que cuenta un trabajador para su sustento?

Lo mismo podríamos decir del pacto mafioso de Macri con el FMI. Fue firmado a espaldas del pueblo y se va a reconocer, renegociar y pagar sin grandes dilaciones. Ahora, cuando se trata de imponerles un impuesto a los de arriba le dan mil vueltas, sabiendo además que no hay que tener ninguna expectativa en un Congreso que siempre vota leyes contra los trabajadores y los jubilados.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a los sectores obreros y populares a seguir reclamando por lo suyo y a la vez a unirnos para reclamar un fuerte impuesto progresivo a los de arriba,para que la crisis la paguen ellos, no los trabajadores. 

Escribe Claudio Funes

Ante el desplome mundial del precio del crudo, los ministros de Economía, primero, y luego los gobernadores de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego acordaron pedirle al gobierno nacional la restauración del barril “criollo” para beneficiar a las multinacionales petroleras. En vez de exigir que bajen los precios de los combustibles para favorecer al pueblo trabajador.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, utilizando nuevamente la excusa de evitar despidos, les garantizará a los pulpos saqueadores un “valor de referencia”. Se especula que rondará los 45 dólares el barril. Si eso se confirma, la diferencia con el  precio de mercado sería importante, ya que la cotización del barril Brent (denominación del precio de referencia en Europa) para contratos a julio es de 31 dólares. Como vemos, petroleras como Exxon, Shell, Vista Oil & Gas, Chevron, Pluspetrol y otras siempre hacen negocios.

El barril “criollo” se suma al programa ATP. Las multinacionales están recibiendo un multimillonario beneficio. El Estado, a través de la Anses, se hace cargo  del 50% del salario del trabajador suspendido. 

Estos pulpos son premiados por el gobierno de Alberto Fernández y ayudados por la burocracia sindical. Gracias al secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el eterno burócrata Guillermo Pereyra, pudieron imponer suspensiones masivas y rebaja salarial. Más de 32.000 trabajadores petroleros pasaron a cobrar un promedio del 30% de sus ingresos habituales.

Pero si ya era mala, la situación de los trabajadores sigue empeorando. Durante los primeros días de mayo, empresas de servicios petroleros como Schlumberger (la más grande del mundo), Pecom, San Antonio International,  Halliburton y Weatherford que durante el año 2019, en conjunto, facturaron más de 100.000 millones de pesos anunciaron  miles de despidos. 

Por lo que describimos más arriba es el Estado el que objetivamente está financiando la industria petrolera privada para que nos siga robando nuestra riqueza.

Desde Izquierda Socialista reclamamos que se terminen las suspensiones, los despidos y la rebaja salarial. Además, exigimos que se termine con este saqueo de las multinacionales: por una YPF 100% estatal y la estatización del conjunto de la industria petrolera bajo control de sus trabajadores.  

En medio de la cuarentena y de un decreto presidencial que “prohíbe despidos y suspensiones”, los dueños del hotel Castelar decidieron el cierre de un auténtico patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, despidiendo a la vez a sus más de sesenta empleados. 

Escribe Adolfo Santos

Intempestivamente, la empresa Casel S.A. anunció el cierre del histórico hotel Castelar, situado en la tradicional Avenida de Mayo. Fue inaugurado en 1929 y se convirtió en una referencia cultural de la ciudad. El edificio fue diseñado por el famoso arquitecto italiano Mario Palanti, artífice del cercano Palacio Barolo y su “mellizo” Palacio Salvo, de Montevideo. El hotel, de 55 metros, era uno de los edificios más altos de la Avenida de Mayo al momento de su construcción. Fue el primero de la ciudad en tener un comedor con refrigeración y un spa. Albergó representantes de la política, la cultura y el espectáculo. Uno de sus ilustres huéspedes fue Federico García Lorca, quien se alojó desde octubre de 1933 hasta marzo de 1934 en la habitación 704, hoy convertida en museo para homenajear al gran poeta granadino. 

Casel S.A., dueña del hotel, en una comunicación vía WhatsApp les ofreció a sus trabajadores un “retiro voluntario” por el 35% del monto que les corresponde. Es llamativo que, paralelamente, la familia Piccaluga Mayorga, descendiente de los fundadores del establecimiento, haya solicitado la apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, que supone entablar una negociación con representantes de los trabajadores y el propio ministerio, lo que no aconteció. Además, los empleados declararon que antes de la cuarentena el hotel estaba trabajando con un 80% de su capacidad, algo que inhibiría el pedido de “procedimiento preventivo”.

Es inaceptable esta medida cuando, para paliar la crisis, el gobierno ha beneficiado a las empresas con significativas reducciones sobre las contribuciones patronales. Además, cuentan con el programa de asignación compensatoria al salario para empresas de hasta cien empleados, o los Repro, que incluyen prestaciones desde el Estado para cubrir parte del sueldo. Hay denuncias en el sentido de que la empresa habría accedido a esos préstamos para liquidar los salarios, que después no pagó. Todavía adeuda parte de los sueldos de marzo y el mes de abril.

Sin duda se trata de una maniobra de la patronal buscando sacar provecho de la crisis generada por la pandemia para mantener sus ganancias. Casel S.A. estaría proyectando un nuevo tipo de negocio para lo cual necesitaría desvincularse del actual personal. Pero cualquiera sea la razón, rechazamos estos despidos masivos. Los trabajadores, que no están dispuestos a perder sus puestos, deben exigir la intervención urgente del gobierno nacional en el conflicto. Si la millonaria familia Piccaluga Mayorga dice que no está en condiciones de continuar con el hotel, el Estado se debe hacer cargo de esa importante fuente de trabajo bajo control de sus trabajadores.

En marzo de 1934, luego de alojarse en el Castelar, el gran poeta García Lorca regresó a su país. Dos años después, en agosto de 1936, fue detenido y fusilado por un batallón franquista por luchar en favor de la República. El mejor homenaje que los trabajadores del hotel Castelar pueden rendir a su huésped más ilustre será organizar la pelea en defensa de sus puestos de trabajo y por la reapertura del hotel. Estaremos junto a ellos para evitar que, una vez más, se pretenda descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.