Escribe José Castillo

El gobierno acaba de presentar oficialmente en Nueva York la oferta de renegociación. De los 66.000 millones de dólares en debate con los buitres privados se reducirán, como mucho, 30.000 millones. Y aún eso está en discusión. Incluso la fecha de “cierre” de la negociación, el 8 de mayo, también está en veremos.

Termine como termine este capítulo, no es verdad que con esto “se resolvió el tema de la deuda externa”. Porque lo que supuestamente “debemos” llega a 400.000 millones de dólares. Además de esta deuda “en dólares bajo legislación extranjera” queda otro tanto “bajo legislación local”. Más allá de los detalles técnicos hay algo claro, los acreedores son prácticamente los mismos: especuladores internacionales, consorcios de buitres que concentran lo peor del capital financiero internacional.

Y, por si todo esto fuera poco, queda además la deuda con el FMI: los 49.000 millones (entre capital e intereses) tomados durante los dos últimos años de la era Macri y utilizados en su totalidad para financiar la fuga de capitales de los amigos del ex presidente.

Y además tenemos que contabilizar las deudas provinciales y la deuda del Banco Central, que es un negocio redondo de superganancias para los bancos que operan en nuestro país –los mismos que cobran tasas usurarias, se niegan a dar crédito popular y utilizan el propio dinero que le dio el Banco Central para especular con el dólar, haciéndolo subir en estos días–. Y, podemos seguir, tenemos la deuda con el Club de París, con el Banco Mundial y un largo etcétera. Se trata de una bola de nieve que aumenta al infinito. De una deuda que, nunca nos olvidemos, es ilegítima, ya que su origen está en la dictadura genocida; ilegal, tal como lo demostró ya hace casi veinte años el juez Ballesteros en un fallo brillante; y absolutamente inmoral, porque prioriza a buitres chupasangres antes que la vida del pueblo trabajador.

Lo concreto es que cada vencimiento es menos plata para respiradores, hospitales, salarios de trabajadores de la salud, instrumentos de protección, o para comida y dinero para los que se quedaron sin ingresos. Así, solo desde que asumió el actual gobierno, ya se fueron 4.500 millones de dólares.

Alberto Fernández, cuando se presentó la propuesta de renegociación, afirmó que la Argentina “no puede pagar nada” en estos momentos. Si esto es efectivamente así, entonces hay que pasar de las palabras a los hechos. Sino, es puro doble discurso. Y esto, en la realidad, es dejar inmediatamente de pagar toda la deuda externa y romper con el FMI. Ahí está la plata, junto con un impuesto a las grandes fortunas y empresas, para financiar un fondo de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

Nosotros nunca tuvimos confianza en que el gobierno “iba a priorizar los intereses populares antes que a los acreedores”. Ya desde el año pasado, en plena campaña electoral, explicamos que sin dejar de pagar la deuda y romper el acuerdo con el FMI no había ninguna posibilidad de empezar a resolver las necesidades populares. 

Pero sí es cierto que muchos intelectuales nacionales y extranjeros vieron con buenos ojos los distintos discursos del gobierno acerca de “no pagar con el hambre del pueblo”. Claro que una cosa es lo que se dice “para la tribuna” y otra la realidad. Ahora que se conocen ya los detalles de la renegociación en curso con los buitres acreedores hay honestos intelectuales que aclaran que, así, solo se terminará favoreciendo a los acreedores. 

Hace pocas semanas escuchamos las advertencias de Eric Toussaint, portavoz de Cadtm –red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo–, quien hizo una extensa aclaración protestando porque varios medios difundieron que con su firma estaba apoyando la decisión que tomó el gobierno argentino. Señaló: “Es necesario declarar la suspensión inmediata del pago del capital y de los intereses de todas las deudas soberanas. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con esa acción. Por lo tanto, afirmar como lo hacen algunos medios de comunicación que los firmantes apoyan la estrategia de negociación del gobierno es instrumentalizar una convocatoria con el objetivo de sostener al gobierno. Y es inaceptable”.

También Alejandro Olmos, con una extensa trayectoria en denunciar las terribles consecuencias de sometimiento de nuestra deuda externa, lo ha dicho con todas las letras: “Refinanciar la deuda es continuar por el camino de la decadencia”. 

Es que, más allá de estas voces de autoridad que estamos citando, toda la historia reciente nos avala. No es la primera vez que la deuda “se reestructura” con la excusa de que, a partir de ese momento, el problema está solucionado. El primer canje de deuda lo hizo Menem en los años ´90 entregando el patrimonio nacional a cambio de, supuestamente, bajar el endeudamiento. Ya conocemos el final: nos quedamos sin ferrocarriles, sin teléfonos, sin gas ni petróleo, pero la deuda siguió estando presente, creciendo y llevándonos al abismo. 

Luego hubo otra renegociación, en junio de 2001, llamada “megacanje”, realizada por Domingo Cavallo, ministro entonces de De la Rúa. Todo estalló a los pocos meses. 

Finalmente, tuvimos los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. Todavía está fresco en la memoria cuando se decía que nos habíamos “desendeudado”. Mentira, los Kirchner asumieron debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron a lo largo de su mandato más de 200.000 millones y se fueron dejando una deuda de 240.000 millones. Por supuesto, luego vino Macri y llevó la bola de nieve a 400.000 millones.

En síntesis, ni esta ni ninguna “renegociación” resolverá lo que no es otra cosa que una vulgar estafa. Y las estafas no se pagan. Esa es la única conclusión que se puede sacar respecto de esta deuda que, nunca nos olvidemos, es la herencia viva que viene desde la dictadura genocida del ’76.

Escribe Diego Martínez

Según estudios recientes, más de 500 millones de personas en el mundo corren riesgo de entrar en la pobreza a raíz de la crisis mundial. Es la consecuencia de las políticas de ajuste y de priorizar el beneficio de los grandes capitales que se aplican en el mundo, incluso en el marco de la pandemia. La Argentina no es la excepción.

De diciembre a hoy la pobreza aumentó 10 por ciento

El Observatorio Social de la UCA dio a conocer datos que sostienen que el índice de pobreza actual sería de 45%, 10% más que la registrada en diciembre del año pasado por el Indec. Según Agustín Salvia, director del Observatorio y uno de los máximos referentes del país en estadísticas sociales, “el aumento de la pobreza se explica no solo a partir de que los trabajadores en negro y cuentapropistas ven reducidos sus ingresos de forma drástica, sino también por el empobrecimiento de sectores medios bajos que entran en la pobreza debido a que las empresas despiden, suspenden, reducen horas o bajan salarios a la mitad” (Perfil, 22/4/2020).Una vez más le exigimos al gobierno de Fernández que haga cumplir la prohibición de despidos, suspensiones y que las patronales paguen salarios en tiempo y forma.

Los problemas entre los más pobres se multiplican

La comida sigue sin alcanzar. En una reunión reciente entre organizaciones sociales, el presidente y funcionarios del gobierno reconocieron que el envío de mercadería estaba “trabado” después del escándalo de corrupción de los sobreprecios en la compra de alimentos. ¡Una verdadera vergüenza! En esa reunión las organizaciones presentes, afines al gobierno, plantearon que se necesitan 16.000 toneladas de alimentos secos para los comedores (Clarín, 24/4/2020). Una cifra que duplica lo que hoy reparte el gobierno.

Además se expande el contagio en los barrios. La propagación del coronavirus en el conurbano bonaerense creció 54%. En La Matanza, el distrito más pobre, este crecimiento fue del 128% en la última semana, siendo el partido con más infectados. Aparecieron también los primeros casos en villas de la Ciudad de Buenos Aires, donde el pueblo trabajador vive en situación de hacinamiento y en muchos casos con falta de agua, lo cual impide tomar las medidas adecuadas para la prevención. A esto se suma el brote del dengue, con más de 12.000 casos en el país, que afecta particularmente a los barrios más pobres.

Alberto Fernández dijo hace algunos días que prefería “tener un 10% más de pobres que 100.000 muertos”. Lamentablemente, esa frase que refleja una falsa dicotomía entre cuidarnos de la pandemia o caer en el hambre, se hizo realidad en lo que respecta a la pobreza. El gobierno tiene herramientas a su alcance para cuidar la salud del pueblo trabajador y contener la situación social a la vez. Para eso debe invertir en salud y gastos sociales los 4.500 millones de dólares predestinados al pago de deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes riquezas, como el que propone el Frente de Izquierda, que generaría 20.000 millones de dólares más para ese fin. Con esa plata se podría garantizar un ingreso de  emergencia mensual, no de 10.000 pesos sino de 30.000, para todo aquel que lo necesite. 

Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una publicidad oficial dice que en el número en el cual se puede denunciar a quienes no cumplen la cuarentena, también se puede denunciar si algún efectivo comete algún “exceso en su deber”. Al oído desprevenido puede dar a entender que el gobierno está preocupado por garantizar que no existan atropellos policiales, pero la realidad dista enormemente de ello. Para muestra basta un botón: a pesar de que el propio Ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente después de la represión en el frigorífico Penta prometiendo que los efectivos que agredieron a los trabajadores iban a ser removidos, los mismos efectivos siguen haciéndose presente diariamente en la puerta de la empresa donde los compañeros siguen organizándose.

A esto hay que sumar una multiplicación diaria de los casos de maltratos policiales, detenciones arbitrarias, golpizas, violaciones, y hasta muertes dentro de las comisarías que se dan a lo ancho y largo del país. Al gobierno desde ya que no puede resultar inadvertido esta realidad. Más bien, el hecho concreto es que estos hechos aberrantes son el complemento de un enorme aparataje de intimidación judicial con el que hasta este lunes 27, según el reporte de Correpi, se abrieron causas a 4.052.286 personas. Casi uno de cada diez argentinos, y con miles y miles de personas que denuncian que la aprehensión policial se produjo mientras realizaban alguna de las actividades permitidas por el gobierno, como salir a hacer las compras.

Esta violencia para con los sectores populares desde ya que no tiene ningún equivalente a la hora de castigar a los empresarios que remarcan precios, que violan el decreto de prohibición de despidos, o que obligan a los trabajadores a armar habilitaciones truchas de circulación para que vuelvan a las fábricas. Como venimos señalando junto a los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, bajo el lema de “hacer cumplir la cuarentena” existe una clara política de fortalecimiento y luz verde a las fuerzas represivas con el objetivo de darles mayor poder a la hora de regimentar la vida social. Algo que desde ya va de la mano del llamado “ciberpatrullaje” con el que se imputó a un joven por tuitear la palabra “saqueo”.

Que esto puede estar relacionado incluso con la intención de preparar su intervención para reprimir la protesta social es algo que excede a una mera especulación si vemos por ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró bajo carácter de urgencia equipamiento “antidisturbios” por 53 millones de pesos. La plata que no va para la protección en los hospitales, va destinada a pertrechar a la policía metropolitana frente a las protestas que van a despertar las políticas de ajuste brutal que anuncia el gobierno porteño con su “ley de emergencia”.

Pero el colmo desde el punto de vista simbólico de esta política de embellecimiento al aparato represivo lo tuvimos con la decisión anunciada de mandar al ejército a “armar barbijos” a la ESMA. Un sitio de memoria por el que se calcula pasaron 5.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, en un cúmulo de crímenes de lesa humanidad aún impunes cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Desde Izquierda Socialista decimos nuevamente que repudiamos la política de empoderamiento de las fuerzas represivas, reclamamos el fin de la represión, y la remoción real e inmediata de todos los efectivos que están cometiendo estos atropellos en todo el país. Llamamos nuevamente a sostener la guardia en alto contra la pandemia, pero también contra la violencia estatal, exigiendo una cuarentena sin represión.

Escriben Belén y Cristian, Juventud de Izquierda Socialista Facultad de Derecho UBA

El Sistema Penitenciario Argentino vive su propia pandemia, que viene de décadas de desidia estatal, mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud calificara como tal al Covid-19.

Los números hablan por sí mismos. El último censo estableció que el Sistema Penitenciario Federal (SPF) se encuentra funcionando al 106,75% de su capacidad. La posibilidad, entonces, de que la circulación del virus dentro de los penales provoque una masacre es inminente. El hacinamiento y la sobrepoblación hacen de las unidades penitenciarias un foco de riesgo para la vida de las personas detenidas.

Ante esta situación, en los últimos días se dieron estallidos en diferentes unidades penitenciarias que fueron salvajemente reprimidas por los guardias y dejaron decenas de heridos graves y dos muertos (José Candía y Federico Rey). Estos fueron difundidos por todos los medios bajo el título de “motines”. Sin embargo, desde el interior de los penales, los detenidos dejaron en claro que se trata de reclamos por medidas concretas para hacer frente al coronavirus.

Las personas detenidas, que comenzaron las protestas llevando a cabo huelgas de hambre pacíficas y tomando los techos de los penales, reclaman que se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a quienes pertenecen a grupos de riesgo (mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo) y a quienes estén en condiciones de recibirlo o cerca de cumplir sus condenas. Todo para combatir la sobrepoblación carcelaria. Además, solicitan que se provean los elementos necesarios de higiene y se garantice la correcta atención sanitaria. Hasta el momento, en la cárcel de Devoto se llegó a un acuerdo que abarcaría a la población carcelaria de todo el SPF, luego de un proceso de lucha que incluyó la toma del penal en casi su totalidad.

Cabe destacar que, de la totalidad de detenidos, el 90% cumplen penas por delitos contra la propiedad o por venta al menudeo de sustancias prohibidas. Además, más del 60% de la población de las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva. Esto quiere decir que dos de cada tres presos no tienen condena firme. Mientras la prisión preventiva, en lugar de ser una medida de excepción, es moneda corriente para personas de sectores populares, militares genocidas y políticos corruptos son liberados o aprovechan para pedir prisiones domiciliarias y todo tipo de beneficios.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, sostenemos que se deben tomar medidas de fondo para revertir la situación. Se debe realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos con condenas menores a tres años o sin condena firme (excluyendo de estos a los acusados de homicidio, femicidio, violación, corrupción y delitos de lesa humanidad) que forman parte de los grupos de riesgo y proveer a las unidades penitenciarias de insumos sanitarios y de higiene.