Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia disponiendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. Sus activos estarán a cargo de un fondo fiduciario manejado por YPF Agro y enviará un proyecto al Congreso para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación.

La medida generó un revuelo enorme y provocó un debate alrededor de qué se debería hacer ante estos casos y cuál es la salida de fondo con estos empresarios que vienen manejando una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales que luego de ser beneficiada por un crédito de 18.182 millones de pesos por el Banco Nación en el gobierno de Macri, entró sorpresivamente en cesación de pagos después de ser líder en exportación por varios años, con empresas de acopio y puerto propio.

Desde ya, en primer lugar, repudiamos al PRO y a los políticos de Cambiemos que ante el anuncio salieron a decir que la medida era “ilegal, inconstitucional y viola la propiedad privada”, los mismos que cuando fueron gobierno le dieron créditos ilegales e irregulares violando las propias disposiciones del Banco Central para el otorgamiento de préstamos a grandes empresas. A tal punto que su ex presidente González Fraga está imputado por ello. Los que dicen que se violaría “la propiedad privada” usaron al Banco Nación con fondos públicos para salvar la “propiedad privada” de este grupo empresario que hasta llegó a tener una productora de cine que hizo una película sobre el Papa.

Estatización al 100% bajo control de trabajadores y pequeños productores

Nos preguntamos: ¿la salida es la intervención y/o solo la expropiación? ¿O hay que ir a fondo con la estatización sin indemnización poniendo a Vicentin bajo control de sus trabajadores? Esta es la cuestión.

Por ahora lo único cierto es que la empresa ha sido intervenida. La expropiación se verá, ya que el gobierno envió un proyecto al Congreso que podrá salir o no.

Alertamos sobre un posible “rescate” con el objetivo de que el Estado se haga cargo de las pérdidas y salve a los acreedores mediante el pago de una suma que asciende a 1.300 millones de dólares. Muchos acreedores son bancos ligados al Banco Mundial y al Banco de Fomento Europeo. El propio diario Clarín que hace campaña contra la expropiación lo admite: “Es cierto que la iniciativa oficial trae cierto alivio a una gran masa de acreedores y en particular a la banca internacional” (Héctor Huergo, 9/6).

Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesidad de expropiar a Vicentin pero se debe ir a fondo. En primer lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonar la deuda. No puede haber ningún rescate para estos empresarios, entre ellos la multinacional suiza Glencore, que siendo parte de la empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. En segundo lugar, hay que avanzar en una completa estatización para que en un ciento por ciento la empresa siga produciendo bajo estricto control de sus trabajadores y pequeños chacareros, no a través de una empresa mixta que como ya sabemos siempre termina beneficiando al sector privado y no a los trabajadores y al país. El famoso sistema de “empresas mixtas” tanto acá como en el mundo es para que el Estado se haga cargo de las pérdidas y el capital privado se lleve las ganancias.

Las mal llamadas “estatizaciones” kirchneristas de YPF, Aerolíneas y otras terminaron en eso. No fueron nacionalizaciones sino compras accionarias, incluso con indemnizaciones millonarias como se hizo con Repsol. Tampoco estuvieron al servicio de un plan económico dirigido en recuperar el patrimonio nacional, como por ejemplo reestatizar las privatizadas, empresas estratégicas, los puertos o nacionalizar el petróleo y el gas.

¿Y la soberanía alimentaria?

El gobierno dice que esta medida va a garantizar la soberanía alimentaria. “Le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”, dijo Alberto Fernández. También va a ser “un caso testigo en el mercado de cambios” agregó el ministro Kulfas. Un argumento que cae bien en medio del crecimiento del hambre, la pobreza y la suba de los precios de los productos básicos. Pero señalamos que la soberanía alimentaria se va a lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a las mesas populares y tengan un costo accesible para millones, no que sigan en manos de multinacionales del agronegocio como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y otras grandes corporaciones.

Decir que “Vicentin expropiada” va a servir para disciplinar a estas corporaciones es solo una utopía discursiva. Lo mismo hacer creer que Vicentin va a aportar los dólares necesarios de las exportaciones para el país.

Si no se toman medidas de fondo para que eso ocurra con todo el negocio agroexportador nada de lo que dice el gobierno se va a lograr. Porque las multinacionales se quedan con la mejor tajada de las exportaciones argentinas. Nuestro país es agroexportador y produce alimentos para 400 millones de personas. Lo soberano sería que esas ganancias se usen para el desarrollo del país, no para un puñado de empresas que luego encima especulan, no liquidan los dólares y se los llevan para sus casas matrices.

Todo esto se va a lograr cuando se nacionalice el comercio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y de Carne. Hace falta que la compra y venta de granos esté bajo el monopolio del Estado quitándole el negocio capitalista a estas multinacionales, a las cuales hay que expulsar porque son las que producen un verdadero saqueo para el país. Medidas que deben ser parte de un nuevo plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo, para que todas las riquezas que produce el pueblo trabajador estén destinadas a satisfacer las urgentes necesidades populares y se empiecen a combatir los males capitalistas que nos llevaron a la postración.

Escribe José Castillo

Hasta que se declaró en cesación de pagos en diciembre pasado, y en concurso de acreedores en febrero de este año, Vicentin era el principal exportador de aceite (23,1% del total) y harina de soja (19,2%) del país. 

Se trata de un gran grupo económico nacional. Es parte de una red corporativa que incluye dieciséis firmas en el país y empresas en el exterior (Uruguay, Paraguay, Brasil y España). Además de sus dos plantas cerealeras en San Lorenzo y Ricardone, también es propietaria del frigorífico Friar (que incluía corrales propios y planta de empaquetamiento de carne), de Algodonera Avellaneda (algodón “Estrella”), Arsa (dueña de marcas de yogures y postres que le compró a SanCor), bodega Vicentin Family Wines, la acopiadora y exportadora de miel Promiel y hasta de una terminal en el puerto de Rosario, además de empresas menores ajenas a estos rubros, como la productora de cine que realizó la película El padre Jorge, sobre el papa Francisco. En su actividad principal, la agroexportación, es un grupo económico “integrado”, ya que tiene empresas de acopio de granos hasta puerto propio para la salida de sus productos. 

A todo esto hay que sumar que es dueña, junto con la multinacional suiza Glencore, de Renova, la principal empresa de biodiésel del país. 

La influencia del Grupo Vicentin es tan grande que actualmente le compra la producción a 2.600 pequeños productores de la provincia de Santa Fe. Tiene 5.488 trabajadores: 2.135 en la industria aceitera (1.283 en la propia Vicentin, 806  en Renova, 58 en Renopack y 48 en Patagonia Bioenergía), 920 en la algodonera, 376 en la vitivinícola y 2.057 en la industria frigorífica.

Subió su facturación de 3.535 millones de dólares en 2017 hasta 4.200 millones el año pasado. En esos años su participación en el agronegocio aumentó en todos los rubros: 18% en molienda de soja, 21% en molienda de girasol, 69% en exportación de granos, 4% en producción de biodiésel y 25% en la de bioetanol.

Los actuales dueños de Vicentin son Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. Padoán fue presidente de la Bolsa de Rosario hasta el 13 de diciembre pasado. Antes había estado entre los procesados por la causa de los “cuadernos” (coimas de la época del kirchnerismo). El año pasado fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, al que donó 13,5 millones de pesos. Gustavo Nardelli, nieto del fundador de la empresa, fue una de las figuras que PRO “midió” para ser candidato a gobernador de Santa Fe.

La deuda de Vicentin, quién debe cobrar y quién no

Si bien la empresa tiene 90 años, y ya hace más de dos  décadas que está entre las principales del sector, tuvo un crecimiento aún mayor durante el gobierno de Macri. Sin embargo, “extrañamente”, su deuda trepó hasta 99.345 millones de pesos (1.350 millones de dólares). Los principales acreedores de Vicentin son: Banco Nación, 18.182 millones (la deuda de Vicentin con este banco creció 264% en dos años); Banco Provincia de Buenos Aires, 1.814 millones; Banco Hipotecario, 752 millones; Banco Macro, 653 millones; Banco de Entre Ríos, 508 millones; Itaú, 374 millones; Banco de Santa Fe, 372 millones; Banco Ciudad de Buenos Aires, 318 millones, y BICE, 313 millones de pesos. 

Una parte importante de la deuda de Vicentin (30.153 millones de pesos) es, además, con entidades extranjeras. Así, le debe a la International Finance Corporation (Banco Mundial) 16.504 millones de pesos, al Netherlandese Financering 9.228 millones de pesos y al ING Bank NV-Tokyo Branch 4.420 millones.

No cabe duda de que este endeudamiento, y la posterior cesación de pagos de la empresa en diciembre pasado, se trató de una maniobra delictiva. El accionar de los dueños de Vicentin salta por todos los poros. La AFIP detectó sobreestimación de costos y subdeclaración de exportaciones para esconder ganancias y así presentar declaraciones juradas donde tenía que pagar menos impuestos, que después ni siquiera abonó, quedando en mora.

Un tema particular que se abre es sobre el futuro de Renova, una de las empresas más importantes del grupo. Luego de entrar en cesación de pagos, en diciembre pasado, Vicentin le cedió la mayoría accionaria de la empresa a Glencore Agriculture. La multinacional suiza, que obviamente también se benefició con los préstamos ilegales obtenidos, ahora es “socio mayoritario”.

Con la expropiación de la empresa se abre el interrogante de qué pasa con la deuda de la empresa. Un primer tema es que los responsables de este endeudamiento trucho vayan presos y paguen con sus patrimonios particulares. Esto incluye a la propia multinacional Glencore. Obviamente, la expropiación del grupo debe incluir también el de esta empresa, y Glencore debe ser expulsada sin indemnización alguna (es más, se le debería exigir la devolución proporcional a su participación accionaria de los préstamos recibidos). Sin duda, la prioridad para cobrar cualquier deuda la deben tener los propios trabajadores, los pequeños productores y los bancos estatales perjudicados. El resto de la deuda, con otros bancos o con entidades extranjeras (que, como vimos, incluye al propio Banco Mundial) deberá ser desconocida, por fraudulenta.

Un gigante… pero hay otros

Vicentin es la mayor exportadora de capitales argentinos, muy por delante de Molinos Agro (Grupo Perez Companc), Aceitera General Deheza (AGD) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

En los últimos años se movió entre el cuarto y el sexto lugar de la tabla de posiciones de exportadores de granos, soja y derivados del país. Sin embargo, no debemos confundirnos. Hay “jugadores” más grandes. Los otros gigantes son las multinacionales yanquis ADM, Bunge y Cargill (Estados Unidos), la francesa Dreyfus (Francia) y Cofco (China). Vicentin representa apenas el 9% del total de exportaciones del sector de agronegocios.  

Sí es cierto que, ante su situación de virtual vaciamiento financiero y quiebra, los monopolios extranjeros se postulaban para comprarla y concentrar más aún el negocio. Por eso, las patronales del sector (Sociedad Rural, CRA, Coninagro) y los dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a oponerse a la expropiación denunciando “violación de la propiedad privada”. 

Frente a todo esto, es básico plantear la expropiación de la empresa. Por supuesto que no alcanza, debe ser gestionada por sus propios trabajadores y por los pequeños productores involucrados en su operatoria. Y, como señalamos antes, debe ser sin indemnización y con una muy fuerte diferenciación de a quién se le paga lo adeudado y a quién no. 

Pero además, lo insuficiente de la medida salta a la vista frente a los discursos de que esta expropiación sería la garantía para la “soberanía alimentaria”, para definir y controlar precios de alimentos, o para fijar cuánto se les paga a los pequeños productores o, más aún, en el real acceso a los dólares que ingresan por las exportaciones del agronegocio. Ninguna de estas cosas se alcanzará solamente  con Vicentin, incluso si se la estatiza al ciento por ciento. Los otros pulpos seguirán con las maniobras, subfacturando exportaciones, acopiando especulativamente sin vender, para así presionar la suba del dólar o, directamente, fugando divisas. Para terminar con todo esto es necesario sacar del negocio a todos los pulpos monopólicos exportadores nacionalizando el comercio exterior. 

Reproducimos extractos de una nota publicada con este título en El Socialista del pasado 30 de mayo de 2019 por nuestro compañero José Castillo, la cual es de sumo interés reeditar para nuestros lectores ante los hechos actuales sobre Vicentin.

“Un puñado de grandes monopolios transnacionales tienen el dominio absoluto de nuestras exportaciones. Los pulpos financieros controlan la especulación con el dólar y la fuga de capitales. Acá explicamos cómo terminar con todo eso a partir de una de las medidas esenciales de nuestro programa de emergencia obrero y popular.

Todos sabemos que la Argentina es un país rico. Produce alimentos para 400 millones de personas. Tiene gas, petróleo y varios minerales estratégicos. Sin embargo, aumentan la pobreza, los bajos salarios y el desempleo. Vamos de crisis en crisis. ¿Por qué?

Sufrimos el saqueo de la deuda externa. Pero no solo eso. El comercio exterior (lo que se vende al exterior -exportaciones- y lo que se compra -importaciones-), quién lo hace y quién termina apropiándose de los dólares de ese negocio, es una parte esencial del mecanismo por el cual se llevan nuestras riquezas. Y que se complementa con la fuga de capitales y las bicicletas financieras que terminan en feroces devaluaciones de nuestra moneda (lo que hace, a su vez, que suban los precios y se pulvericen salarios y jubilaciones).

Por eso es fundamental, como medida complementaria, romper con el FMI y dejar de pagar la deuda, que un gobierno de los trabajadores tome el control efectivo del comercio exterior. Se trata de crear un ente estatal que, articulado con una banca también nacionalizada, tenga el manejo de esta actividad estratégica.

Ese organismo estatal de comercio exterior tendrá a su cargo diversas funciones. Determinará qué se puede exportar una vez cubiertas las necesidades populares de consumo interno. Se terminará así con cuestiones inexplicables, como que en un país con una gran industria láctea la leche sea un artículo de lujo, o que falte en las góndolas porque se prioriza la venta al exterior. O con los precios exorbitantes del pan, porque se fija el valor de la harina siguiendo el precio en dólares del trigo. Para resolver estos problemas el ente de comercio exterior adquirirá los bienes destinados a la exportación a los productores, les pagará en pesos y los acopiará antes de definir si van al consumo interno o la exportación. Tendrá la potestad, incluso, de pagarle más al pequeño productor que al grande. Luego, el Estado venderá aquello que se decide exportar, percibiendo directamente los dólares (y no como ahora, que quienes lo cobran son las multinacionales). Y así podrá definir a dónde destinar esas divisas.

Asimismo, ese ente nacional de comercio exterior será el que autorizará qué bienes se importarán, aquellos que realmente se necesiten y no estemos en condiciones de producir. Se evitará así el actual despilfarro de dólares en compras de miles de productos que terminan compitiendo y haciendo quebrar a la industria local.

La nacionalización del comercio exterior nos permitirá recuperar la potestad de elegir a quién vender y a quién comprar, en qué moneda y sobre la base de qué intereses estratégicos hacerlo, ayudando así a romper la dependencia a que siempre quieren someternos el imperialismo y sus empresas. Podremos así conquistar nuevos mercados, e incluso decidir compensar exportaciones e importaciones con algún país directamente, ahorrándonos el trámite de cobros y pagos en dólares y las comisiones millonarias de los intermediarios.

El ente de comercio exterior tomará el control de las divisas extranjeras a partir de monopolizar las exportaciones y las importaciones. Así, junto con la banca nacionalizada, estará en condiciones de decidir a quién y a qué cotización vender o comprar dólares u otras monedas. Se terminará así con la actual especulación cambiaria y la fuga de capitales.

Todo esto es lo opuesto al “vale todo” del libre cambio que tenemos con el gobierno de Macri. Pero también a “cepos”, o “comercio administrado”, donde los permisos para importar debían pasar por secretarías como la que manejaba Guillermo Moreno, u otras medidas inútiles que solo sirven para que algunos amigos del gobierno hagan sus negocios, pagos de coimas mediante.

La nacionalización del comercio exterior y de la banca son medidas esenciales para un programa de emergencia que, comenzando por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda, ponga la prioridad en resolver las más urgentes necesidades populares. Por supuesto que deben estar acompañadas por otras. […] En lo que respecta al complejo agroexportador, será necesaria la realización de una profunda reforma agraria que expropie a los grandes terratenientes, respetando al pequeño productor y a la propiedad cooperativa, para así potenciar tanto el acceso a la tierra como un desarrollo productivo integral y equilibrado”.

Escribe Diego Martínez

La semana pasada Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa donde anunció una nueva prolongación de la cuarentena. Allí un periodista de Radio Nacional le preguntó por el postergado impuesto a la riqueza, a lo que Fernández respondió con evasivas diciendo que “es un tema que tiene que tratar el Congreso”. Nada nuevo. Y el proyecto sigue sin presentarse en el Congreso.

Sigue el cuento de la buena pipa

Hace varios días que Fernández se encarga de aclarar, en cuanto espacio de comunicación puede, que lo del gravamen sobre las riquezas no sería un impuesto sino un “aporte solidario” a cobrarse por única vez. Antes el presidente decía que, por tratarse de un impuesto, para que se sancione tenía que pasar obligatoriamente por el Congreso. Ahora la excusa es que la oposición no quiere que el proyecto se trate en el Parlamento si no es de forma presencial. Todo va y viene. Ahora resulta que “no es un impuesto”. Pero si es así no necesita pasar por el Congreso. ¿Lo es o no lo es? Lo único concreto es la suma de excusas para seguir dándole largas al asunto y que no salga nada.  

El gobierno no quiere tocar a las grandes empresas

La realidad es que Fernández no quiere ir al choque con las patronales. Esta semana estuvo reunido con los principales empresarios del país en Olivos. En ese encuentro, lejos de anunciarles que había llegado la hora de que “ganen menos”, como declaró semanas atrás, les llevó tranquilidad diciéndoles que “lo peor de la pandemia ya pasó” y les prometió una reforma impositiva “para que queden tres o cuatro impuestos para evitar a los contadores” (Ámbito Financiero, 3/6/2020).

 Estas declaraciones van en línea con lo que vino diciendo el gobierno en relación con el “aporte” de las grandes fortunas en los últimos días. Busca un proyecto menos “irritable” que incluya de alguna u otra forma a sectores patronales entre sus beneficiarios y que tenga el mayor consenso posible dentro de la oposición patronal. Por lo que están abiertos a negociar su articulado con sectores peronistas que están difundiendo un proyecto titulado “Contribución extraordinaria para la inversión y el desarrollo productivo de la Argentina”, que consiste en concreto en transferencias de un sector de la patronal a otro. Si el gobierno acuerda, aunque sea parcialmente, con este proyecto, sin que los beneficios del impuesto lleguen íntegramente a más presupuesto para los trabajadores de la salud y sectores populares en medio de la pandemia, sería una verdadera vergüenza y una burla.

Que la crisis del coronavirus la paguen los que más tienen

Las grandes patronales siguen poniendo excusas de todo tipo y presionando, con éxito, para que no se les toque un peso de sus ganancias. Ahora dicen que en el cálculo de las  ganancias se toman en cuenta los activos de las empresas pero no sus deudas, que el patrimonio se mide tomando como referencia 2019 y que este año perdieron mucho. Y agregan que, como ya existe el impuesto a los bienes personales, si se aplica un gravamen a la riqueza habría un “doble impuesto”.

Lo que no dicen es que gran parte del déficit tributario que tiene hoy el país viene de las altas dosis de evasión y morosidad de las patronales. Medios periodísticos señalaron que “el no pago de impuestos es un recurso harto conocido que, en tiempos de crisis, se usa para financiar el sistema de las empresas” (Clarín, 7/6/2020).

 Los empresarios justifican sus incumplimientos con el remanido argumento patronal de la “alta presión tributaria” sobre el capital. Pero el pataleo contra el exceso de impuestos hacia las grandes empresas no tiene asidero en la realidad. Un reciente estudio comparativo del Banco Mundial sobre la estructura tributaria de distintas naciones reveló que la Argentina es uno de los países con más baja incidencia de los impuestos a las patronales en su recaudación fiscal en la región. Los impuestos sobre patrimonio y rentas representaron en 2019 el 12,9% del total, mientras que el promedio del conjunto de países de América latina y el Caribe fue de 26,5%, más del doble (datos de www.bancomundial.org). Tan regresiva es la estructura tributaria argentina que Ángela Merkel, una de las mayores líderes del imperialismo mundial, le preguntó a Alberto Fernández en su visita a Alemania en el mes de febrero por qué los ricos pagan tan pocos impuestos en la Argentina.

Es que no solo pagan bajísimos impuestos, sino que los evaden. Hace unas semanas se dio a conocer un documento de la AFIP que revela que se detectaron 950 cuentas no declaradas en el exterior con saldos superiores al millón de dólares. Se trata de millones de dólares que deberían tributarse en el país para resolver la urgente crisis social del coronavirus.

Mientras crece enormemente la pobreza, la clase media se hunde y el sistema de salud necesita de un mayor fortalecimiento por la propagación de la pandemia, los ricos evaden impuestos y no pagan. Para colmo de males, el gobierno los premia con subsidios.

Es hora de imponer urgentemente el impuesto a las grandes fortunas, como propone el Frente de Izquierda Unidad, el único proyecto presentado en el Congreso que no llegó a tratarse por el lamentable rechazo del peronismo y de Cambiemos, que permitiría recaudar 20.000 millones de dólares para destinarlos a salud y gastos sociales de forma íntegra. Y que, junto con el no pago de la deuda externa, permitiría constituir un fondo de emergencia para que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

Escribe Martín Fú

El gobierno postergó nuevamente el alcance de la cuarentena, esta vez hasta el 28 de junio. Un nuevo tramo que se ha definido como “cuarentena oxigenada”. Esto ocurre en medio de la multiplicación de los contagios, en donde todavía el pico de casos no ha llegado y la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense van acumulando la mayoría de los positivos, teniendo como epicentro los barrios más humildes y postergados. La extensión de los testeos e hisopados van confirmando el aumento de los contagios de Covid-19.

Las villas de Retiro, en Capital; Villa Azul e Itatí, o donde se produjo el último brote en Ensenada, en la villa José Luis Cabezas, en el sur de la provincia de Buenos Aires, son solo algunos casos que demuestran que son miles los que siguen sumidos en la miseria, sin agua ni infraestructura básica, más allá de que los gobiernen el peronismo o Cambiemos. El gobernador Kicillof y el jefe de gobierno porteño Larreta hace tiempo vienen mostrando su doble discurso, al igual que el gobierno nacional. Dicen, “por arriba”, priorizar la salud, pero por abajo van habilitando cada día más actividades mientras en las barriadas pobres y marginales los contagios van acompañados de la falta de las necesidades más básicas, como el agua corriente y un plato de comida diario.

La flexibilización de actividades que el gobierno ha anunciado en cada ampliación de la cuarentena ha consolidado los lugares de trabajo como sitios de propagación del virus, lo mismo que el transporte público, dos campos en donde cientos de miles de trabajadores están expuestos a los contagios. Los supermercados, las fábricas, los talleres y establecimientos comerciales han sido noticia por los casos de Covid-19. Coto y Carrefour tienen innumerables casos. Fábricas como Fate, Coca-Cola o Granja Tres Arroyos han registrado contagios. Mondelez Pacheco paró su producción luego de que una asamblea de trabajadores lo decidiera por los contagios y la desidia patronal, que no cumple con los protocolos de higiene y seguridad. Los lugares de trabajo son focos de contagio y lo seguirán siendo a medida que se flexibilice la cuarentena y más trabajadores retomen sus tareas sin que las patronales establezcan y cumplan con rígidos protocolos sanitarios.

Los trabajadores de la salud siguen exponiéndose más y más, la semana pasada una enfermera murió en el hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora. En el Centro Médico Talar, de Pacheco, veinte trabajadores se contagiaron, y sus compañeros denunciaron la precarización de las condiciones de trabajo al Ministerio de Trabajo.

Es lógico que muchos trabajadores, estudiantes, jubilados y mujeres estén preocupados. Porque al riesgo de la enfermedad hay que sumarle la crisis económica que se vive y que en más de ochenta días de cuarentena se viene profundizando. Las ayudas sociales son escasas, los que las han recibido reclaman por la carestía general del costo de vida. Tienen razón, 10.000 pesos son insuficientes, si tienen la suerte para cobrarlos. Los trabajadores de la salud siguen reclamando el famoso bono de 5.000 pesos que el gobierno prometió darles, pero que según palabras del presidente Alberto Fernández “no llegó a todos los profesionales de la salud por cuestiones burocráticas”. Mientras tanto, sí les llegó la plata a Coca-Cola, Techint o Clarín, por nombrar solamente algunas empresas, en donde el gobierno paga parte de los salarios en concepto de ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) a patronales que nunca han parado de ganar fortunas y que no precisan la ayuda económica del gobierno. Es vergonzoso, como lo han expresado algunos trabajadores con indignación, que mientras por abajo sueltan la plata a cuentagotas, por arriba los empresarios y las multinacionales aprovechan la pandemia para maximizar sus ganancias.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguimos reclamando al gobierno la implementación de un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a los ricos, una ayuda social de 30.000 pesos, la suspensión de los pagos de deuda externa y que toda la plata vaya para salud, infraestructura hospitalaria y resolver la pobreza estructural que gobierno tras gobierno han cimentado en los barrios más vulnerables, que ahora están en el ojo de la tormenta. No se puede garantizar ninguna cuarentena con hambre y miseria. ¡Plata hay! seguimos peleando por una cuarentena sin despidos, suspensiones, rebajas salariales ni pobreza.