Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Banco Central acaba de hacer una investigación sobre la deuda contraída por el gobierno de Macri. El informe de la entidad, titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”, además de señalar que 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos, devela que esa plata entró para ser fugada posteriormente, por la friolera de 86.000 millones de dólares. La investigación detalla que en el 1% de las empresas y el 1% de las personas que compraron divisas se concentra el 67% de la fuga. La plata no entró entonces en beneficio del pueblo trabajador -como siempre denunciamos desde la izquierda-, sino que fue para financiar la bicicleta financiera.

En vez de usar este informe oficial para cuestionar los pagos, se lo utiliza para hacer campaña contra el gobierno anterior en un claro doble discurso. Porque, precisamente, con el aval de Macri y Cambiemos se votó en el Congreso la renegociación con una clara oposición, como corresponde, del Frente de Izquierda. ¿Si esa plata fue para financiar la fuga de capitales por qué la tiene que pagar el pueblo trabajador?

A todo esto, en el Congreso se reunió la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa. ¿Para qué? ¿Para aconsejar el no pago? Claro que no. El peronismo la usa para hablar del endeudamiento de Macri, de que supuestamente habría “dos modelos económicos” en pugna, el de “la derecha neoliberal y el nacional y popular actual” y un largo bla blá. Un fuego de artificio mientras los usureros siguen cobrando.

Por otro lado, sectores del peronismo kirchnerista en este 25 de mayo hicieron referencia al informe del Banco Central. Un periodista defensor del gobierno escribió: “Hoy cualquiera sabe que esos fondos se los fumaron, fugaron, afanaron o como quiera decirse”, lo cual es cierto, pero a renglón seguido afirma: “Desde esa certeza se avanzó en la negociación de la deuda con la bendición del mismísimo FMI, que hace meses era el diablo reencarnado” (Mempo Giardinelli, Página12, 25/5). Para este opinólogo las deudas que “se afanaron” se pagan, dándole incluso un cariz “bondadoso” al Fondo Monetario. Justifica así el pago porque lo habría contraído el gobierno de Macri, como si no quedara otro camino, cuando hay una teoría mundial que se denomina “Deuda odiosa”, que sostiene que, más allá de que la haya contraído un gobierno constitucional, se puede desconocer si no fue en beneficio del pueblo trabajador, como es el caso.

Mario Wainfeld, periodista de Página12, también reivindicó los 25 de mayo históricos en los que actuó el peronismo. En 1973 (Cámpora), 2003 (asunción de Néstor Kirchner), 2010 (año del Bicentenario) y 2020 (con Alberto Fernández). Pero el peronismo del ’73, con el lema “Liberación o dependencia”, terminó imponiendo el Rodrigazo (un mazazo al bolsillo popular) generando la primera huelga general contra un gobierno del PJ. Cuando ganó el kirchnerismo se empezó a pagar una deuda usurera que cuestionó el Argentinazo, y en sus doce años de gobierno se pagó dólar sobre dólar. Y ahora en 2020, con Alberto Fernández, no hay ninguna epopeya liberadora, ya que el mismo 25 de mayo el gobierno mejoró la oferta de pago a los bonistas.

Lo cierto de todo esto es que el gobierno nacional del Frente de Todos está encarando la renegociación de una deuda cuyo dinero fue para la fuga de capitales. Dice que si la Argentina estira los plazos y se hace una quita habrá un “modelo sostenible y sustentable” en los próximos años, algo completamente mentiroso. Porque la realidad de la Argentina y el mundo indican que ningún país salió adelante pagando sus deudas usureras de la mano del FMI.

Como dijimos el 1º de mayo en el acto del Frente de Izquierda Unidad: repudiamos que en medio de la pandemia el gobierno esté empeñado en seguir pagando una deuda usurera. Y si se hace referencia al 25 de Mayo y a los héroes patrios es necesario recordar que el camino que emprendieron es el opuesto al del gobierno peronista actual. Por eso ratificamos nuestro llamado a luchar por dejar de pagar y romper con el FMI mediante una pelea continental con un frente de países deudores latinoamericanos para dar pasos en el camino de lograr la segunda y definitiva independencia, terminando con la pandemia de la deuda externa y liberando a nuestros pueblos de las cadenas de sometimiento con el FMI, el Banco Mundial y el imperialismo.

Escribe Ana Val, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha

Nuevamente por decreto, el gobierno dispuso un aumento de 6,12% para todos los jubilados que regirá a partir de junio. Esta vez se utilizó una metodología diferente de la de marzo.

De esta manera, la jubilación mínima de 15.892 pesos sube a 16.864 pesos. Un aumento de 972 pesos mensuales, equivalente a 32,40 pesos diarios. Ni medio kilo de pan. Una afrenta a los jubilados, un haber de indigencia en medio de una pandemia que hace estragos entre los adultos mayores.

Luego del anuncio efectuado por el ministro de Trabajo Claudio Moroni, la titular de la Anses, la camporista Fernanda Raverta, apeló al doble discurso para justificar el miserable aumento: “Ningún jubilado va a poder comprar menos de lo que compraba antes”. Una aseveración cargada de cinismo. Está claro que en este caso no se trata de porcentajes que igualen o superen la inflación, sino de la magnitud del monto. La canasta de un jubilado supera los 45.000 pesos y la nueva jubilación mínima no llega a cubrir el 38 por ciento. Pretenden hacer pasar una nueva estafa como un gran beneficio para los jubilados. 

Este nuevo aumento, decidido en forma discrecional, hace que todos nuestros haberes queden por debajo de lo que habría resultado de la aplicación del 10,9% que establece la suspendida ley de movilidad de Macri. De esta forma, el gobierno consolida el ataque a los jubilados. En junio todos los jubilados perdemos, incluso los que ganan la mínima.

El último incremento fue otorgado en marzo, también por decreto. Fernández estableció una suma fija de 1.500 pesos para todo el universo de haberes, con el agregado de 2,3 por ciento. Se reemplazó así el incremento de 11,56%, sin distinción de rangos, que  hubiese correspondido si se aplicaba la suspendida ley de movilidad de Macri. Así logró que los que menos ganaban cobrasen más que si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad suspendida y, por el contrario, los que percibían más de esa cifra cobrasen menos. Comenzaba así el achatamiento de la pirámide de nuestros haberes jubilatorios. Cerca de 2,7 millones de jubilados que no ganamos la mínima nos vimos perjudicados.

Voceros del peronismo kirchnerista defendieron aquel zarpazo diciendo: “La concepción política e ideológica es transparente, disminuir la brecha de haberes para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, a través del pago de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral”. Una aseveración intencionalmente errónea.

La razón fue otra. Según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gobierno nacional logró un ahorro cercano a los 34.000 millones de pesos entre enero y agosto gracias a la suspensión de la Ley de Movilidad. No era equidad, era ajuste.

Lo cierto es que la movilidad jubilatoria siempre llega con atraso, primero viene la inflación, luego el aumento a los jubilados. Al 10% perdido en lo que va del gobierno de Alberto Fernández hay que sumarle la merma de 24% durante el gobierno de Macri. Las jubilaciones acumulan un retraso de 34 por ciento. Es el ahorro fiscal de los gobiernos patronales para estar en sintonía con las exigencias del FMI. 

Es por esto que Alberto Fernández fue mutando su discurso. De decir durante la campaña electoral “con los jubilados no se jode” y “entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”, a “la fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero”. 

Así llegamos a este presente sin Leliq para los jubilados y con aumentos por decreto. Esta situación continuará, según el gobierno, hasta que se pueda encontrar, por fin, una fórmula de movilidad “razonable”.  

La rigurosidad de Fernández siempre está presente para establecer los aumentos de las jubilaciones, pero  ausente para tomar la decisión de financiar, con  fondos de la Anses, la mitad de los salarios de Techint, del multimillonario Paolo Rocca; del ingenio Ledesma, de la genocida familia Blaquier; de multinacionales como Volkswagen o Mercedes-Benz; del Grupo Clarín, que reparte ganancias por 800 millones de pesos, y hasta de la cerealera Vicentín, que estafó al mismísimo Estado. Esto para él es “razonable”.

Para el gobierno también es “razonable” desfinanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino con la postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales, ya magras desde los tiempos de Domingo Cavallo y tocadas también por Macri. Todo para los grandes capitalistas, migajas para los jubilados. Esta  parece ser su consigna en medio de la pandemia.

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en lucha (Utjel) rechazamos la política previsional del gobierno y exigimos plata para las jubilaciones, no para los capitalistas y las multinacionales, que se restituyan las contribuciones patronales, por el 82% móvil sobre el mejor salario y una jubilación mínima de 45.000 pesos. Por una Anses dirigida y controlada por los trabajadores y los jubilados.

Escribe Joel Rojo

Desde 1991 a los jubilados provinciales la ley 8.024 les garantiza el 82% sobre el importe bruto del mejor sueldo al llegar a su jubilación y se ajusta de acuerdo a los aumentos recibidos por los activos.

Schiaretti, en 2008, la rebajó con la ley 9.504. El 82% ya no sería sobre el importe bruto del mejor sueldo al momento de jubilarse, sino sobre el promedio bruto de los sueldos de los últimos cuarenta y ocho meses.

De la Sota, en 2012, con la ley 10.078 impuso otro golpe. Los jubilados cobraban sus aumentos seis meses después de haber sido otorgados a los activos. 

En 2015, otra vez Schiaretti, sancionó la ley 10.333 cambiando el modo de cálculo, ya no era más el 82% sobre el bruto sino sobre el de bolsillo, o sea el 82% pasaba a ser el 73% del promedio bruto actualizado de los sueldos de los últimos cuarenta y ocho meses. No solo era una gran rebaja, sino que avanzaba en el camino de la “armonización” de la jubilación provincial con la nacional, siguiendo los pasos de Alberto Fernández, que no bien asumió les robó 100.000 millones de pesos a los jubilados nacionales.

A todo esto hay que agregar que, hasta hace muy poco, todos los activos desde 1991 aportaban entre 16% y 18% a la caja provincial, en lugar del 11% que se aporta a la Anses, con el argumento que es para dar sustentabilidad al 82% móvil y asegurarlo. 

La baja creciente de aportes por la caída salarial, el achicamiento de las contribuciones patronales, el pago en negro a trabajadores estatales y el desvío de fondos para otros fines explican el “rojo” de la Caja de Jubilaciones, que hoy ronda los 35.500 millones de pesos.

Es ahora o nunca

Esa fue la orden del gobernador peronista Schiaretti que, entre gallos y medianoche, como lo había hecho en 2012 De la Sota, convocó de apuro a la Legislatura y, con cuarenta y seis brazos enyesados, entre ellos todos los “progres” del peronismo kirchnerista, en una sesión virtual que solo duró dos horas les robó 7.500 millones de pesos anuales a los jubilados provinciales para disminuir en 30% el déficit de la Caja.

¿Cuáles son los cambios más importantes? 

Habrá un nuevo cálculo del haber inicial previsional. No será más sobre el promedio de los últimos cuatro años sino sobre los últimos diez.

Rebaja en las pensiones. Antes eran el 75% de la jubilación, hoy se reducen a 70% y dejan de gozar del 100% durante el primer año, como era en el pasado.

Difieren el pago de los aumentos a las jubilaciones. Se cobrarán dos meses después de que se le otorguen a los activos. 

No solo fue totalmente antidemocrática la forma en que se consumó este nuevo robo, sino que ante una posible movilización montó un cerco a la Legislatura con las fuerzas represivas.

Pero si pudo hacerlo sin ningún tipo de resistencia –salvo la oposición del conjunto de la izquierda–, fue por la responsabilidad central de la burocracia sindical, que llamó a una conferencia de prensa intrascendente y donde lamentó que la cuarentena no les permitía hacer nada. Al día siguiente quinientos choferes de la UTA marchaban a la municipalidad reclamando el pago de sus salarios y el 25 de mayo una caravana inmensa de autos de los trabajadores de la salud salió a defender a dos médicos imputados de un geriátrico de Saldán. Estos hechos muestran que se puede luchar, por eso desde dónde y cómo podamos, hay que organizar la resistencia y exigir a los dirigentes de los sindicatos y a las centrales sindicales provinciales que se convoque a una medida de lucha provincial contra este robo de las jubilaciones.   

Editorial

Sigue aumentando el número de contagiados por el coronavirus. No es ninguna sorpresa, todos los especialistas ya habían anticipado que el pico se espera para principios de junio. Sin embargo, es justamente en este momento cuando vemos una gran flexibilización en la Capital y el conurbano bonaerense. Negocios abiertos, fábricas que retoman la producción, más gente transitando por las calles (casi como en días normales) y un incremento cada vez mayor en la cantidad de pasajeros en el transporte público, sobre todo en los que van y vienen del Gran Buenos Aires. Ante el evidente riesgo de un descontrol y el aumento de casos en barrios populares y asentamientos precarios, los gobiernos de Larreta, en la Ciudad, y de Kicillof, en la provincia, se echan la culpa mutuamente. Sin embargo, la verdad es que ambos son responsables, junto con el gobierno nacional. Larreta y Kicillof han flexibilizado miles de actividades ante la presión patronal y en ambos distritos hay millones que viven hacinados sin las más mínimas condiciones de higiene. Los que se contagian, enferman y mueren son los más pobres. Como muestra de la responsabilidad compartida, tenemos la tragedia del fallecimiento por coronavirus de Ramona Medina, vocera de la Garganta Poderosa, en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31), que hace apenas unos días denunciaba y reclamaba desesperadamente por la falta de agua en el barrio. Durante semanas, tanto Larreta como el gobierno nacional, responsable de la empresa estatal Aysa, presidida por Malena Galmarini, se la pasaron tirándose la pelota acerca de a quién le correspondía la responsabilidad, hablando de “un caño maestro” que, casualmente, aunque era el mismo, nunca afectó a la zona acomodada de Retiro y Recoleta, mientras el agua no volvía a la villa y crecían los contagios.

El gobierno de los Fernández sigue sacando decretos que ya se transforman en un doble discurso en sí mismos, se prohibieron las suspensiones y despidos, pero continúan, con el aval del propio Ministerio de Trabajo. Se congelaron los precios de 3.200 artículos y luego se prorrogó esa medida, pero basta ir a cualquier supermercado para ver que siguen subiendo. De hecho, la canasta familiar calculada por los trabajadores de ATE-Indec ya requiere 67.371,60 pesos y sigue en alza.  El gobierno publicó un informe del Banco Central donde se demuestra que de los 86.000 millones de dólares fugados durante la era Macri, el 1% de las empresas involucradas se llevaron 41.124 millones y, si lo medimos por personas, las diez más importantes fugaron 7.945 millones de dólares, revelando a las claras cómo un reducidísimo núcleo de millonarios y grandes empresas fueron los responsables. El propio Alberto Fernández había insistido hace pocos meses en denunciar que el total del endeudamiento se utilizó para la fuga de capitales. Sin embargo, y a pesar de estos datos contundentes, hoy se sigue con la renegociación de la deuda, con un gobierno que ya no solo reconoce y se jacta de que la propuesta enviada a los bonistas fue favorable para ellos, sino que se muestra dispuesto a “flexibilizarla” aún más, a pedido de los propios pulpos acreedores.

Al mismo tiempo, y a pesar de que el gobierno y el Frente de Todos vienen hablando hace más de un mes de implementar un impuesto a la riqueza, el proyecto parlamentario ni siquiera está redactado. Y encima los diputados del peronismo y de Cambiemos votan unidos el rechazo al tratamiento del único existente, del Frente de Izquierda Unidad.

Esta semana se dio a conocer el nuevo “aumento” por decreto a los jubilados. Un miserable 6,12 por ciento. Todos, absolutamente todos los jubilados, incluidos los de la mínima, cobrarán menos que lo que les hubiera correspondido si no se hubiera derogado en diciembre la movilidad jubilatoria. Ya ni siquiera se trata, como pasó en marzo pasado, que perdieron todos excepto los de la mínima. Ahora incluso aquellos que hoy cobran 15.891 pesos recibirán menos. Lo denunciamos en diciembre, en marzo lo sufrieron todos los que vieron cómo se achataba la pirámide (los de jubilaciones superiores a 20.000 pesos), pero ahora ya los ajustados son el ciento por ciento de los jubilados. Sin vueltas, su plata va para los usureros de la deuda externa.

En síntesis, los empresarios usan la pandemia para despedir y rebajar salarios, presionan para que se abra todo mientras crecen los contagios entre el pueblo trabajador. Porque lo que sigue funcionando a pleno es el pacto del gobierno con la UIA y la CGT. El “gran acuerdo” para bajar el 25% de los sueldos, dejar correr las suspensiones y los despidos, seguir pagando la deuda y cajonear, hasta hacerlo desaparecer, cualquier proyecto de impuesto a la riqueza o a las grandes empresas. Al mismo tiempo que las patronales se siguen llevando millonadas en concepto de subsidios, y hasta el extremo de que la propia diputada ultrakirchnerista Fernanda Vallejos reconoció públicamente que el gobierno está ayudando incluso a las más grandes empresas. Solo se le ocurrió pedir que le den algunas acciones al Estado. Desde el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este pacto, al mismo tiempo que insistimos en exigir la conformación de un fondo de emergencia para atender las necesidades sanitarias y sociales de la pandemia, financiado con un impuesto a las grandes fortunas y ganancias empresarias y con la suspensión inmediata del pago de la deuda externa.

Es importante destacar que, en el marco de la cuarentena, siguen las luchas de los trabajadores. Los mineros de Andacollo continúan marchando kilómetros y cortando rutas. Siguen la pelea los obreros de Penta, los repartidores, los de Mondelez y las compañeras y compañeros de La Nirva, que han obtenido un triunfo parcial. En Fate se logró evitar el intento patronal de reducción salarial. Los trabajadores de la salud continúan  denunciando las condiciones en que enfrentan la primera línea de la pandemia. Por todo eso, hoy es más importante que nunca, ante la traición de la burocracia, dar la pelea por otros dirigentes. Para apostar a esa perspectiva, apoyando y fortaleciendo a las nuevas direcciones, es que el sindicalismo combativo está convocando a un plenario virtual el próximo 27. Como se anunció en la radio abierta que se realizó en las puertas del Ministerio de Trabajo, los ferroviarios del Sarmiento, el Sutna, Ademys, los Suteba combativos, la Cicop, entre otros, están llamando a participar a todas las comisiones internas, cuerpos de delegados, listas opositoras y activistas para discutir cómo, al mismo tiempo que bancamos la cuarentena frente a empresarios a los que solo les importan sus ganancias, apoyamos todas las luchas. Y también discutir cómo coordinarlas y fortalecer al activismo, y a la vez postular la nueva dirección que, hoy más que nunca, necesita la clase trabajadora. Desde Izquierda Socialista salimos con todo a apoyar y decir presente en esta nueva iniciativa del sindicalismo combativo.

Escribe Diego Martínez

Finalmente, sesionó el Congreso Nacional. No se trató el proyecto de impuesto a la riqueza que viene anunciando el gobierno y se rechazó el tratamiento del proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad sobre el mismo tema. Seguimos luchando para que esta crisis la paguen los patrones, no los trabajadores.

El cuento de la buena pipa

Hace un mes y medio que el gobierno viene dando vueltas con el asunto del impuesto a los ricos. Fernández primero argumentó que tenía que “coordinar” y “unificar” diferentes propuestas de legisladores oficialistas. Después dijo que no se podía hacer por decreto y que tenía que tratarse en el Congreso. Desde ese momento empezó una larga novela entre el gobierno y la oposición de Cambiemos acerca de cómo sesionar en el marco de la cuarentena. Finalmente se pusieron de acuerdo. El miércoles pasado sesionó la Cámara de Diputados de modo virtual, pero el dichoso proyecto del peronismo no se trató. Ni siquiera ha sido presentado en el Parlamento. Es decir, formalmente todavía no existe.

El que sí fue presentado para ser tratado sobre tablas en la sesión fue el del Frente de Izquierda Unidad, firmado por Romina del Plá y Nicolás del Caño. Es el único proyecto existente sobre el impuesto a la riqueza que propone sacarle 20.000 millones de dólares a las grandes fortunas del país. Mucho más que los 3.000 o  4.000 millones de recaudación del que supuestamente hablaría el proyecto del peronismo. A la hora que los diputados tenían que votar el orden del día, había que decidir si este proyecto se incorporaba o no al temario, y el Frente de Todos, en acuerdo con Juntos por el Cambio, votaron en contra de que se discuta. Una verdadera vergüenza que muestra el doble discurso del gobierno. 

El oficialismo actuó de forma muy rápida, sin esperar el funcionamiento de ningún Congreso, para pactar un ajuste sobre el salario de los trabajadores en cuarentena con las patronales, la oposición y la burocracia sindical y subsidiar a las patronales. Pero es extremadamente “lento” para sancionar un proyecto de ley que permita rápidamente recaudar fondos para dar mayor asistencia social a los sectores populares y fortalecer el sistema de salud para enfrentar la pandemia.

¿Por qué no se vota el impuesto a las grandes fortunas?

Distintas son las razones que se esgrimen acerca de por qué este proyecto está “cajoneado”.

Desde el gobierno sostienen que solo quieren tratar temas en los que hubiera “consenso generalizado con la oposición”. Coinciden por la vía de los hechos con Cambiemos en evitar la confrontación con empresarios como Galperín, Roemmers, Brito, o Paolo Rocca, que no solo se vienen enriqueciendo enormemente con fabulosas ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores de sus empresas, sino que “gambetean” el pago de cualquier tipo de impuestos, haciendo todo tipo de maniobras para transferir sus ganancias a paraísos fiscales. Ese es el caso de Techint, que tiene su sede legal en Luxemburgo. 

Son estas mismas empresas las que argumentan que si se agrega este impuesto a otros que ya pagan habría una situación de “confiscación general” hacia ellos. Una verdadera burla en un país como la Argentina, en donde la mayor recaudación viene del IVA, que lo aporta mayormente el pueblo trabajador al pagar un 21% por cada producto que compra.  

La dilación en la presentación del proyecto no solo tiene que ver con el rechazo del sector mayoritario de Cambiemos y la oposición del empresariado, sino con lo que hizo y hace el propio gobierno, que cede cada vez más a las presiones de las grandes patronales y multinacionales. Según distintas versiones, y en varios medios, dicen que “tampoco en el Congreso la postura es unánime en favor de este gravamen dentro del oficialismo. Allí se escudan en que no han recibido una orden para empujar el tema por parte del Poder Ejecutivo, más allá de las palabras de Alberto Fernández en las que dijo que apoyaba la idea” (Infobae, 1°/5/2020).

El presidente viene bajando aceleradamente el tono de sus declaraciones, o mejor dicho va quedando más en claro su doble discurso. Así como hizo con otros temas (pasó de hablar de “nacionalización del sistema de salud” a la mera “coordinación entre el sector privado y el público”, o dijo que iba a perseguir a los “vivos” que aumentan los precios y no toma ninguna medida para sancionar a quienes violan los precios máximos) lo mismo viene sucediendo con el impuesto a las grandes fortunas y ganancias de las empresas. Pasó de decir “que es la hora de que las empresas ganen menos” y anunciar el citado impuesto, a hablar de un “aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia”. Este “aporte” podría incluso llegar a ser un “préstamo” porque, según señalan algunas fuentes provenientes del empresariado, aceptaría esta medida a cambio de que se cobre “a cuenta” del futuro impuesto a las ganancias.

¡Basta de dilaciones! ¡Que se imponga ya el impuesto a las grandes fortunas!

La situación que vive el país es alarmante. No se puede seguir esperando para tomar medidas urgentes que permitan solucionar la crisis social y fortalecer el sistema de salud. Según distintas encuestas, entre 75% y 80% de la población apoya el impuesto a las grandes riquezas. El gobierno podría aprovechar el gran respaldo popular que tiene esta medida para aplicarla de manera inmediata. Pero prefiere seguir beneficiando a las grandes patronales que se aprovechan de la crisis de la pandemia para continuar sacando su tajada. Desde Izquierda Socialista seguiremos luchando para que esta crisis no la paguen los trabajadores sino los que más tienen, los grandes grupos económicos que se vienen beneficiando con las políticas del peronismo, la UCR y PRO en los últimos años. Continuamos exigiendo un fondo de emergencia basado en el no pago de la deuda externa y el impuesto a las grandes fortunas.