Economistas del establishment y grandes empresarios vienen insistiendo en que el estado debe “intervenir” cada vez más en la economía a su favor, pagando salarios, no cobrándoles impuestos ni cargas patronales y brindándoles todo tipo de subsidios.

Escribe José Castillo

Normalmente, las grandes patronales suelen presentarse como “a favor” de la iniciativa privada y en contra de cualquier intervención del estado en la economía. Sus economistas y periodistas amigos insisten hasta el cansancio: el estado sería “ineficiente”, “traba la inversión privada”, las empresas públicas deben privatizarse, los precios no tienen que controlarse y un largo etcétera. Todo, según su discurso, debe dejarse librado al “libre juego del mercado”.

En realidad, esto nunca es así. Sabemos bien que, cuando les conviene, reclaman subsidios, como lo hacen las empresas de servicios públicos privatizados, piden que el estado les garantice un precio para el barril del petróleo cuando este baja más allá del precio que les conviene o directamente “viven” de los contratos de la obra pública. Los bancos hacen sus máximas ganancias comprandoles letras al Banco Central. Sin mencionar cuando el “estado” que hacen intervenir a su favor es el propio ministerio de Trabajo fallando a favor de las patronales en los conflictos obreros o, directamente, el propio aparato represivo reprimiendo las luchas.

Pero estos empresarios hasta ayer “liberales”, hoy aparecen pidiendo la ayuda del estado. Así escuchamos a economistas como Gabriel Rubinstein afirmando sin ruborizarse que “el Estado debería pagar los sueldos de las empresas privadas”. Insiste en que esto ni siquiera debe ser tomado como un préstamo: “las empresas no tienen que salir de esto endeudadas”. Agrega que tampoco debería cobrarles impuestos. Posiciones similares también se le escucharon a otro economista liberal: Carlos Melconian.

No son opiniones aisladas. Es por lo que las patronales vienen haciendo lobby. Y, digámoslo con todas las letras, una buena parte ya lo consiguieron: el gobierno de Fernández ya está pagando una parte importantísima de los sueldos privados de marzo y a casi todas las empresas se las ha exceptuado de abonar los aportes patronales (con el consiguiente desfinanciamiento de las cajas jubilatorias). Ahora van por más, diciendo que “no van a poder pagar los sueldos de abril”.

Como contrapartida, estos mismos economistas se oponen “horrorizados” a que se le ponga un impuesto a las mayores fortunas o ganancias empresarias: “se trabaría la inversión futura”, dicen descaradamente. Están en contra que se ponga un límite a su “libertad de suspender y despedir”. De la misma manera que advierten que se debe seguir pagando la deuda externa y se oponen, o directamente violan, los controles de precios.

Repasemos, para las patronales y sus amigos, si el gobierno interviene a favor de los empresarios está bien; si lo hace defendiendo a los trabajadores, a los consumidores o a cualquier sector popular, es “trabar el libre juego del mercado”. Quieren toda la plata del estado a su disposición para garantizar la continuidad de sus ganancias. Para nosotros, los socialistas, es exactamente al revés: le exigimos y tratamos de arrancarle a los gobiernos, y en última instancia a un estado “diseñado” para estar al servicio de los patrones, todo lo que podamos para el pueblo trabajador. Por eso exigimos, sí, que el estado “intervenga”: dejando de pagar la deuda externa, cobrándole un impuesto a las grandes fortunas personales y a las ganancias de las grandes empresas y poniendo toda esta plata en un fondo de emergencia para resolver las necesidades más urgentes de la pandemia.

Escribe José Castillo

El mismo Gabriel Rubinstein, uno de los principales economistas consultor de grandes empresas, que ha pedido que sea el estado quien directamente pague los sueldos, ha lanzado otra “propuesta”: una baja generalizada de salarios del 30%. Nuevamente, no es una idea aislada “que se le ocurrió a él”. Toda la patronal viene presionando en este sentido, con la excusa de que “su facturación ha caído a cero”, obviando todo lo que ganaron en los meses pasados.

No se trata solo de una propuesta a futuro. Llueven las denuncias de muchas empresas que ya, de hecho, están bajando los sueldos. Algunas pagando en cuotas, abonando ahora el 50% o incluso menos y diciendo que el resto los trabajadores lo cobrarán “en los meses siguientes”. Otras directamente aprovechándose de ítems de los recibos de sueldo, no pagando presentismo, comisiones u otros rubros. Y algunas, muchas de las más grandes como las automotrices, recurriendo al método de las suspensiones, y así pagando los salarios con descuentos de entre el 30 y el 50%. En este último caso, dado que teóricamente las suspensiones están prohibidas, recurriendo al artilugio legal del “acuerdo entre empresa y sindicato”.

Es que las burocracias sindicales son los grandes cómplices de todo esto. Ellos son los que apelan a la “comprensión” frente a las patronales, incitando a los trabajadores a “aceptar” esta realidad. La burocracia sindical se sienta junto a las patronales y al gobierno a garantizar tanto la vuelta al trabajo, como la posibilidad de suspensiones y la legalidad de las bajas salariales.

¡No tenemos que aceptar ninguna rebaja salarial! Nuestros salarios ya están bastante por el piso luego de todo lo que perdimos con la inflación el año pasado. Más aún: estos meses los precios siguieron subiendo y nuestros sueldos continuaron pulverizándose. Exigimos que se nos pague como corresponda, el 100% y en las fechas correspondientes. 

Escribe José Castillo

La planta de Aluar de Puerto Madryn ha suspendido a gran parte de sus trabajadores, con pagos del 50% del salario. Acindar también tiene un cronograma de suspensiones en su planta de La Tablada. En Tierra del Fuego, hay una auténtica ofensiva patronal, encabezada por los cientos de despidos en Mirgor. En Catamarca 100 trabajadores de la empresa Mogetta, contratista de la multinacional Livent, que explota litio en Antofagasta fueron despedidos por Whatsapp, sumando ya 500 desde que empezó la cuarentena. A todo esto, hay que sumarle las suspensiones masivas en todas las plantas automotrices del país.

En otros casos, como Dánica, sólo la lucha de los trabajadores obligó a la empresa a dar marcha atrás con los despidos. En el frigorífico Penta sigue la lucha, con la patronal continuando con sus ataques, ahora presionando a delegados.

Lo concreto es que, tomando los propios datos oficiales, en lo que va de la cuarentena se iniciaron unos 100 expedientes de conciliación obligatoria en el ministerio de Trabajo y se recibieron 500 denuncias de empresas que inclumplieron con el pago total de haberes o avanzaron con despidos.

Los despidos y suspensiones están prohibidos por decreto de necesidad y urgencia. No debemos aceptar ninguna “excepción”. Todos los trabajadores que fueron echados deben ser reincorporados y los que están suspendidos tienen que cobrar el 100% de sus salarios. Y toda empresa que suspenda, eche o cierre con la excusa de la crisis, debe ser estatizada y puesta a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

Escribe Joel Rojo

En medio de una crisis económica agravada por el coronavirus, y con una deuda que sobrepasa los 160.000 millones de pesos, de la cual el 95% es en dólares, el gobierno de Córdoba pretende hacerle pagar las consecuencias al pueblo trabajador. Así lo expresó su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, al declarar: “No sabemos si podremos pagar en tiempo y forma los sueldos y las jubilaciones de abril”. 

En el marco de los roces que tiene con el gobierno nacional, Schiaretti resolvió emitir un título de cancelación de deuda para los proveedores por 9.000 millones de pesos. En los hechos, una emisión de moneda encubierta. Esto lo utiliza también como chantaje al gobierno nacional para que pague los 16.000 millones de pesos de deuda atrasada por el déficit de la caja de jubilaciones y le envíe un plus de ayuda por la caída de 24% de la coparticipación y de la recaudación provincial, que ya venía cayendo desde hace varios meses y que ahora se agudizó con la pandemia. 

El Ejecutivo nacional ya resolvió destinar 120.000 millones de pesos a repartir entre todas las provincias a lo largo del año, tratando de evitar que aparezcan los bonos provinciales, con los que amenazó Schiaretti si seguía cayendo la recaudación. Los cordobeses que ya supimos cobrar sueldos en Cecor y Lecor conocemos los problemas y las pérdidas que traen estas cuasimonedas. 

Pero el gobernador también advirtió que si esa “asistencia” no alcanza, va a rebajar los sueldos de los empleados del Estado y postergar el pago de las jubilaciones.

Cualquiera de estas medidas perjudican a los trabajadores. Pero la rebaja salarial sería un golpe brutal a los sueldos que, por la continua claudicación de la burocracia sindical, están por debajo de la indigencia (becarios, pasantes y monotributistas) y de la canasta familiar (la mayoría de los empleados públicos, enfermeras y docentes). Esto también afectará a los municipios que dependen de la coparticipación provincial

Todos estos trabajadores y trabajadoras se deben organizar para luchar contra este ajuste en medio de la cuarentena, dejando de dar clases por deudas salariales, como lo están haciendo las docentes municipales de Córdoba capital y los choferes de Aoita. La consigna debe ser: ningún recorte a los trabajadores del Estado ni postergación al pago de los jubilados. No a los bonos basura. ¡Aumento de emergencia ya!

El peronismo es responsable de esta situación porque gobierna la provincia desde hace veinte años, con la complicidad del radicalismo y toda la burocracia sindical. ¡Es mentira que no hay plata! Ante la crisis, hay que terminar con todas las exenciones impositivas a las grandes empresas, dejar de pagar la deuda externa provincial y crear un fondo de emergencia, imponiendo un impuesto extra a las grandes empresas, clínicas privadas, bancos, latifundios y exportadoras. Y también a las grandes fortunas, como los Urquía, los Nores Martínez, los Allende y tantos otros. ¡La crisis deben pagarla los capitalistas. No los trabajadores! 

Escribe Adolfo Santos

Alberto Fernández ha dicho en una entrevista reciente que “hace falta plata para la emergencia; que alguien me diga de dónde la sacamos”. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad tenemos una respuesta contundente: hace falta imponer un impuesto especial del 10% a los 50 principales multimillonarios de la Argentina y del 10% de las ganancias de los 20 más grandes grupos económicos.

Con esa plata se puede duplicar todo lo que puso el gobierno hasta ahora: se puede conseguir nada más ni nada menos que otros 10.000 millones de dólares. Todo este dinero podría resolver las más urgentes carencias que reclama la pandemia. Así, con apenas 250 millones de dólares se podrían contratar los 2.500 trabajadores de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires. A ellos podríamos sumarle comprar 25.000 respiradores artificiales, ocho millones de barbijos especiales y todos los insumos para que los hospitales cuenten con los recursos necesarios, incluyendo la instalación completa de nuevos hospitales y unidades de terapia intensiva. También se podrían mejorar sustancialmente los salarios de los trabajadores de la salud y triplicar los subsidios de 10.000 pesos otorgados a los trabajadores autónomos o desempleados, así como distribuir alimentos suficientes para que nadie pase necesidades y se sienta presionado a romper la cuarentena.

Hay sectores del propio gobierno que están proponiendo proyectos de impuestos a las grandes fortunas y ganancias de empresas. Uno de ellos, elaborado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, propone aplicar un impuesto de entre 1,25% y 1,75% a los cincuenta mayores patrimonios. Eso significaría alrededor de 1.000 millones de dólares. Otro, propuesto por una consultora que dirige la diputada Fernanda Vallejos, plantea que podría elevar esa recaudación a 3.800 millones de dólares.

En todos los casos plantean cobrar mucho menos que lo que proponemos nosotros. Nosotros decimos que es insuficiente. Pero, más allá de la cifra, le exigimos al gobierno que lo ponga en práctica ya mismo. Hace falta más plata en forma urgente. No se puede esperar. Y esta sólo puede salir de impuestos de este tipo y de la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa. Porque esta crisis tiene que pagarla los capitalistas, no los trabajadores.