Editorial

El próximo domingo vence una nueva prórroga de la cuarentena. Está claro que, mientras el gobierno sigue diciendo “no hay que tirar lo hecho por la borda”, ha decidido hacerse cada vez más eco del reclamo de los empresarios de “flexibilizar la economía”. No porque a los grandes capitalistas les interese dar trabajo o aumentar los salarios, sino para hacer sus consabidas ganancias. Es cierto también que distintos sectores populares o pequeños comerciantes están obligados a romper la cuarentena para conseguir su sustento diario, precisamente porque el gobierno ya dejó de destinar partidas a atender la emergencia social, para tener como prioridad salvar a las grandes empresas y multinacionales de la crisis y seguir con la renegociación de la deuda para pagarle de manera “sustentable” a los usureros internacionales. Todo esto en vez de volcar fondos de las riquezas de los millonarios, las grandes empresas y los acreedores para enfrentar al Covid 19.

Denunciamos que en medio de la cuarentena y entre cuatro paredes (en reuniones en la Quinta de Olivos o hasta por Skype) la UIA y los burócratas sindicales, por supuesto sin consultar a sus bases, hayan acordado una rebaja del 25% del salario de millones de trabajadores que no están prestando servicios esenciales. Estamos hablando de la UIA, Techint, Magnetto y otros representantes de la crema de los empresarios. Por su parte, Héctor Daer de la CGT ha defendido públicamente el acuerdo diciendo que ha sido “una contribución para que no haya despidos”. Un caradura total, porque desde hace años vienen pactando salarios a la baja y dejando pasar los despidos y suspensiones. Otros, como Hugo Yasky (que posa de dirigente sindical “progre”) ha dicho que sobre el tema hubo un error de comunicación, ya que lo ideal hubiera sido transmitir que “se mantiene el 75% de los salarios” en vez de que se recorta el veinticinco. O sea, hablar en modo doble discurso como lo hace el gobierno, que también defiende el recorte, con un brutal ajuste, de los ya magros ingresos de la clase obrera en plena pandemia. Y avala esas rebajas desde el Ministerio de Trabajo. Es decir que hay en curso un pacto entre la UIA, burocracia sindical (CGT/CTA) y gobierno para atacar a millones de trabajadoras y trabajadores. Uno se podría preguntar, ¿dónde quedó entonces el (doble) discurso del gobierno de Alberto Fernández diciendo que venía a gobernar para los más vulnerables?

Otro tanto se acaba de hacer con el tema de la deuda externa. El gobierno se aseguró dos solicitadas de gobernadores e intendentes apoyando la actual renegociación de los pagos. Y este lunes se sacó la foto en Olivos con la UIA y los dirigentes sindicales para tal fin. Reunión de la que participaron el titular de la UIA, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción. La delegación de la CGT estuvo encabezada por sus secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, y los integrantes de la mesa directiva Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Víctor Santa María, José Luis Lingeri y Antonio Caló. La reunión tuvo “uniformidad en el respaldo, sin voces disonantes”, dijeron los medios. A tal punto que el titular de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi sorprendió a todos señalando: “Nunca estuve de acuerdo con los gobiernos populistas pero le tengo que decir, señor ministro, que nadie hizo tanto en estos 45 días por el mercado de capitales como usted”, refiriéndose al titular de Economía Martín Guzmán. Más que un gesto, todo un reconocimiento. Esto vale para hacer reflexionar a aquellos que puedan creer que este gobierno está decidido a embestir contra los grandes capitales o que la reestructuración de la deuda va en desmedro de los bonistas y en beneficio del país. Sobre la oferta para pagarle a los pulpos acreedores el propio Guzmán, señaló: “No le pedimos a los bonistas que dejen de ganar sino que ganen menos”.

El gobierno y los empresarios usan la pandemia para justificar las rebajas salariales y los despidos. Hasta se permite a la patronal del Hospital Italiano rebajar el salario a los médicos. El gobierno de los Fernández no obligan a los de arriba, a los super ricos, a que aporten para fortalecer los servicios de salud y el apoyo económicos a los sectores populares. Todo esto va unido a la “demora” oficialista en presentar el proyecto de impuesto para gravar la riqueza como lo vino anunciando. Voceros del peronismo gobernante han dicho que lo presentaría en los próximos días y que el Congreso lo trataría en las próximas semanas. Pero mientras le roban un 25% del sueldo a millones de trabajadores con un pacto a espaldas del pueblo trabajador, el necesario impuesto a la riqueza duerme en los laureles. Justamente cuando es necesario que se aplique ya para destinar ese dinero a la emergencia. En los hechos, hoy el único proyecto concreto presentado para cobrarle impuestos a las grandes fortunas y empresas es el del Frente de Izquierda Unidad.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad rechazamos que el gobierno tenga como prioridad salvar las ganancias de las grandes empresas y el pago de la deuda externa. Seguimos apoyando los reclamos obreros, populares y de las mujeres junto al sindicalismo combativo (a diferencia de las traiciones de la CGT que pacta reducciones salariales y suspensiones y despidos). Llamamos a batallar para que en la cuarentena no se produzcan rebaja salarial, despidos ni suspensiones. Para que haya plata para los profesionales de la salud, a quienes todavía ni siquiera le dieron los miserables 5.000 pesos mensuales de plus, ni la protección e insumos que reclaman. Estamos por una cuarentena con comida, sin hambre, ni pobreza. Y que, para todo ello, como lo dijimos en el acto virtual del Frente de Izquierda Unidad este 1º de Mayo ante miles de luchadoras y luchadores, hay que imponer un Fondo de Emergencia con un impuesto especial y progresivo a las fortunas de los millonarios y las ganancias de bancos, grandes empresarios y multinacionales y así, junto al no pago de toda la deuda externa, se destinen los fondos suficientes para combatir la pandemia, la mayor crisis del coronavirus y la asistencia a los millones que lo necesitan.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

A cinco meses de la asunción de Alberto Fernández queremos compartir sus dichos y los hechos. El peronismo del Frente de Todos viene enarbolando un discurso que no se condice con la realidad. Mejor dicho, dice una cosa y hace otra. Es decir, doble discurso. Veamos.

“Entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados”. Eso dijo Alberto Fernández en campaña. Sin embargo, mediante la ley de emergencia votada a fines de 2019 se les quitó la ley de movilidad provocando un recorte de 100.000 millones de pesos. Luego habló de “cuidar a los abuelos” y los empujó a romper la cuarentena para poder cobrar y no hace nada ante el descontrol y los negociados de los geriátricos.

“Vamos a gobernar para los más vulnerables”. El gobierno dispuso sumas fijas para la asignación por hijo por 3.100 y 10.000 pesos para quienes hacen changas, entre otros anuncios. Una miseria que no alcanza, empujando a miles a romper la cuarentena para conseguir el sustento diario. Se destinaron 89.000 millones de pesos para el bono de 10.000 pesos que es mucho menos de los 132.000 millones que fueron para ayudar a los empresarios a pagar el 50% de los salarios. Además, el gobierno acaba de avalar el pacto de la UIA y la CGT recortando el 25% del salario a millones de trabajadores, reprimió a los obreros de Penta (y ahora un intendente cordobés hace lo mismo con los municipales de Jesús María) y destina solo 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género. ¿Dónde están las políticas para los más vulnerables?

“Hay que combatir a los vivos que especulan”. Sin embargo, no hay ningún preso entre los empresarios, dueños de supermercados, laboratorios, formadores de precios y especuladores que se benefician con los aumentazos. Lejos de hacer cumplir los precios máximos, el gobierno hizo una compra millonaria de comida a valores exorbitantes desde el Ministerio de Desarrollo Social, con grandes sospechas de corrupción.

“La deuda es con el pueblo”. Pero Alberto Fernández retomó las negociaciones de la mano del Fondo Monetario para pagar una deuda usurera y fraudulenta. Tenía la oportunidad histórica de desconocer toda la deuda contraída por Macri y mostrar que en una pandemia la prioridad no puede ser una deuda fraudulenta sino la deuda con el pueblo. El gobierno pagó desde que asumió 4.500 millones de dólares, el equivalente a 3,2 veces más que el presupuesto de salud.

“Seré duro con quienes despidan”. Viendo la ola de despidos el gobierno impuso por decreto la prohibición. Pero en el mismo decreto se permitió despedir personal mediante un “acuerdo de partes” entre empresarios y burócratas sindicales. A tal punto que hoy hay miles de despidos desde que salió el decreto, con el caso emblemático de los 1.450 de Techint homologados por el Ministerio de Trabajo.

“La prioridad es la salud por encima de la economía”. Pero los profesionales y trabajadores de la salud que están en la primera línea y ya cuentan con centenares de infectados piden insumos, protección, testeos y que se los incluya en los comités de crisis para enfrentar mejor la pandemia y no se les da respuesta.

“Vamos a declarar de interés público las clínicas privadas y todos los recursos sanitarios”. Esta medida sería un gran paso para poder centralizar todo el sistema de salud para enfrentar a la pandemia como lo hizo Irlanda. Pero al otro día el gobierno desmintió la noticia. Y no solo eso, sino que empezó a subsidiar y a otorgar amplios beneficios para los mercaderes de la salud privada.

“Vamos a terminar con los privilegios”. Esto lo dijo el gobierno cuando simuló el recorte de prebendas a los jueces. Pero como denunciamos desde el Frente de Izquierda, la ley aprobada en el Congreso mantiene sus elevados sueldos y el 82% móvil, igual que todos los privilegios de los que gozan diputados, senadores, la Corte Suprema y obispos de la Iglesia Católica.

“Llegó la hora de que los empresarios ganen menos”. Los grandes capitalistas nunca dejaron de ganar, a tal punto que, según la revista Forbes (que publica las fortunas de los más ricos del mundo) cincuenta millonarios argentinos acumulan 70.000 millones de dólares, encabezados por Paolo Rocca, de Techint, seguido por renombrados dueños de petroleras, bancos, cadenas de supermercados, laboratorios y terratenientes. A ellos hay que tocar, pero el gobierno demora el anunciado impuesto a la riqueza mientras desde el FIT decimos que tiene que ser implementado ya y de tal manera que permita recaudar 20.000 millones de dólares para destinar a la emergencia.

Decimos, como conclusión, que la frase privilegiada del gobierno “Vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente” es parte de su doble discurso. 

Escribe Adolfo Santos

Muchos compañeros de trabajo, de estudio, vecinos o familiares con los que conversamos, nos han manifestado su esperanza de que, con el alardeado “impuesto a los ricos” impulsado por sectores del gobierno se avance en relación con la propuesta de proteger a los más vulnerables, tal como había anunciado el presidente. Sin embargo, pasa el tiempo y la famosa “bala de plata” con que el gobierno haría justicia va quedando cada vez más relegada a segundo plano y probablemente nunca será disparada.

Originalmente, Máximo Kirchner y Carlos Heller elaboraron uno de esos proyectos. Proponían un impuesto de entre 1,25% y 1,75% sobre los cincuenta mayores patrimonios para recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares. Otro, presentado por la diputada Fernanda Vallejos, podría elevar esa recaudación a 3.800 millones de dólares. Después se planteó que había que consensuar y unificar ambos proyectos y “otros” del oficialismo, que nunca se conocieron. 

Pasaron las semanas. El gobierno explicó que, como era una cuestión “impositiva”, no podía sacarlo por decreto y que requería que se reuniera el Congreso. Luego se enfrascó en la discusión de si se podía sesionar virtualmente. En las idas y venidas estuvo la “consulta” de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema y la espera de la respuesta. Finalmente, recién esta semana se hará la reunión (mitad presencial, mitad virtual) de la Cámara de Diputados. Senado demorará una semana más todavía. Pero, lo “sorpresivo” (o no tanto) es que en esas sesiones no se tratará el tan mentado impuesto. 

La realidad es que el proyecto oficialista ni siquiera ha sido presentado. El fin de semana hubo trascendidos periodísticos que afirman que Sergio Massa le garantizó a la oposición de Juntos por el Cambio y a los empresarios que el proyecto nunca se aprobaría. “Alberto está en contra”, habría dicho. 

¿En qué quedamos? La realidad es una sola. A la fecha el único proyecto presentado para cobrarle a las grandes fortunas y empresas es el del Frente de Izquierda Unidad. Con su aprobación se podrían recaudar 20.000 millones de dólares y destinarlos inmediatamente a un fondo de emergencia para atender la pandemia. Como venimos diciendo desde hace semanas, nuestro proyecto va más a fondo contra los grandes capitalistas y sus empresas y propone recaudar mucho más que todos los proyectos oficialistas  que trascendieron. Pero no queremos hacer una discusión de números. Nuestra exigencia es bien concreta: si de verdad se proponen presentar un impuesto a los ricos, que lo hagan inmediatamente. ¡Que no se transforme en otra expresión más del doble discurso del gobierno! Las necesidades sanitarias y para enfrentar la miseria no pueden esperar. 

Escribe Claudio Funes

El lunes pasado, tuvimos “la foto” del presidente Alberto Fernández, las principales patronales y la cúpula burocrática de la CGT. Se trata de la expresión gráfica de un pacto que tiene como grandes ganadores a los empresarios, que se llevan millonadas en subsidios y como perdedores a los trabajadores, que ven cómo se reducen sus ya magros salarios. Y, como si todo esto fuera poco, mientras todos se unen para plantear que no hay que caer en default, léase, que hay que arreglar de cualquier modo con los pulpos acreedores y seguir pagando la deuda externa.

Las patronales de todos los sectores obtuvieron, primero, un multimillonario subsidio, el ATP. Entre el salario complementario de 50% que abonará la Anses a los trabajadores y la reducción de 95% de las contribuciones patronales, este subsidio alcanzará la suma de 132.594 millones de pesos, que quedará en bolsillos de multimillonarios. Cifra muy superior a los 89.630 millones de pesos que se pagarán por el bono de 10.000 pesos a los sectores más postergados. Pero los capitalistas no están satisfechos, pretenden 325.000 millones de pesos para que la ayuda sea efectiva.

Insaciables, los capitalistas fueron por más. El gobierno, la UIA y la CGT negociaron un convenio tripartito: el recorte de 25% del salario para  los trabajadores que están suspendidos. 

A partir de esta negociación las suspensiones se dispararon. A la fecha son más de 1.200.000 en todo el país. Otra traición consumada por la burocracia sindical peronista que nos muestra que, para ellos, el límite no existe.

Para comprender cómo funcionan en conjunto estas dos medidas tomemos un ejemplo del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma: en el mes de febrero el salario promedio de la industria manufacturera alcanzó los 65.000 pesos, que en el bolsillo son 54.000 pesos con los descuentos realizados. Con el ATP la asignación de la Anses sería de 27.000 pesos y la obligación del empleador de 13.500 pesos para totalizar un ingreso de 40.500 pesos correspondiente a un trabajador suspendido. 

Queda muy claro que con estas medidas los capitalistas ganan por ambos lados: con la subvención de 50% del salario (ATP) y con su rebaja de 25 por ciento. Un negocio redondo.

Por ello, tras el acuerdo entre el gobierno, la UIA y la CGT, la UOM de Antonio Caló salió disparando para  cerrar su convenio de suspensión de trabajadores durante cuatro meses. Se benefician Aluar, Siderar –Grupo Techint– y Acindar, entre las más importantes.

También sacarán provecho las grandes multinacionales automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen, Renault y otras, que gracias al Smata de Ricardo Pignanelli impusieron recortes de 30% y 40 por ciento.  

Festejan las petroleras que ya han recortado salarios un 40%, como Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Shell y Exxon Mobil, entre tantas. 

Agradece estas medidas la genocida familia Blaquier que suscribió con el Sindicato de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y Químicos de la Provincia de Jujuy un acuerdo para poder disponer libremente de convocar o no a los trabajadores con reducción salarial de 30 por ciento. 

El Sanatorio Otamendi también aprovecha la situación sanitaria y paga el 50 por ciento. Se incluyen en este artificio lujosos centros de salud como el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y la Maternidad Suizo Argentina. Todos con una fabulosa facturación.

La Federación de Empleados de Comercio (FAECyS), que encabeza Armando Cavalieri, convino con las cámaras patronales la suspensión de personal. Se calcula que 800.000 trabajadores recibirán una suma equivalente al 75% del sueldo. 

Mientras, el Sindicato de Empleados de Comercio solicita ser contemplado en los términos de ayuda para el pago de salarios de los empleados que se desempeñan en su estructura.

Será un negocio para las multinacionales de comida rápida que han facturado fortunas durante muchísimos años, como McDonald’s y Burger King, que ya en marzo pagaron salarios con descuentos.

Como se puede apreciar, serán las grandes empresas y multinacionales las que más provecho le sacarán a estas medidas. Continuarán ganando con el dinero de los jubilados. 

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad denunciamos que, en plena pandemia y hambre, el gobierno, los insaciables explotadores y la burocracia sindical traidora quieren profundizar el despojo al pueblo trabajador. Una actitud despreciable.

Junto al sindicalismo combativo, que venimos peleando por una nueva dirección de la clase trabajadora,  decimos ¡no a la rebaja salarial! ¡Prohibición efectiva de suspensiones y despidos! Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jueves 7 de mayo, desde las 11, el gobierno de PRO de Horacio Rodríguez Larreta buscará sancionar la “ley de emergencia económica”, un claro ataque a las y los trabajadores en la Ciudad más rica del país. En un contexto donde se agrava la crisis económica y social y crecen el hambre y la desocupación, se busca imponer un plan de ajuste para congelar los salarios de docentes, estatales y trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad. Si la ley avanza se podrán permitir los pagos escalonados en cuotas y congelar la planta de empleados y la reasignación a discreción del Ejecutivo porteño (ver El Socialista 457). Y será la luz verde para que los gobernadores avancen en leyes similares en las provincias.

En la Ciudad la situación es crítica, con cerca de seis mil casos de dengue y los mayores índices de contagio de coronavirus, sobre todo en los barrios más populares, con 249 casos registrados y seis muertes. En estos días salió a la luz la situación del barrio Mugica, con 150 casos, ligados a las condiciones de hacinamiento y sobre todo al corte del suministro de agua que viven desde el 25 de abril y del cual todavía no hay respuesta de Larreta. ¡Nos piden que nos lavemos las manos pero no se garantiza el agua potable!
Si avanza esta ley de emergencia se podrá congelar la obra pública que afectará principalmente a las zonas más vulnerables de la Ciudad.

Es importante señalar que durante el debate en la Legislatura el Frente de Todos (PJ y otros) no se jugó por rechazar de plano la ley, a diferencia de la oposición consecuente del Frente de Izquierda. En una nota en Página12 del 30 de abril los legisladores del Frente de Todos aceptaron que hubo un fuerte debate en el bloque y que existe un importante sector “colaboracionista” que, con algunas modificaciones, hubiese votado la ley de Larreta. ¿Será por esto que la denuncia del peronismo solo critica algunos puntos de la ley y no la rechaza de plano? No olvidemos que el gobierno de Fernández viene de avalar vía el Ministerio de Trabajo nacional el acuerdo de rebaja salarial de 25% entre la UIA y la traidora CGT.

Más que nunca, las y los trabajadores tenemos que seguir organizados y en pie de lucha. Llamamos a movilizar este jueves con el gremio docente Ademys, que realizó una numerosa asamblea para convocar a la movilización e impulsar un paro virtual educativo ese día, la junta interna de ATE Garrahan, Ministerio de Economía, INTI y otros sectores estatales combativos, junto con los médicos residentes y trabajadores de la salud como la interhospitalaria, que en la primera línea contra la pandemia vienen denunciando la tremenda situación que se vive en el sistema de salud de la Ciudad.

Lamentablemente, siguiendo la tónica conciliadora del peronismo legislativo, gremios que se han pronunciado en contra de esta ley como ATE Capital, UTE/Ctera, Agtsyp (Subte) y las CTA porteñas se niegan a sumarse a la movilización contra este intento brutal de ajuste. El sindicalismo combativo y la izquierda estarán en las calles en la perspectiva de seguir peleando por un impuesto a las grandes fortunas, los bancos y las multinacionales para que la crisis la paguen los capitalistas.