Escribe Cristian Ariel Luna, secretario general SITE (sindicato tucumano de enfermeros)

El escándalo de los elementos de protección personal donados por cuarentena solidaria a un sanatorio para protección del personal de salud tuvo una amplia difusión en la prensa local y nacional. Inclusive Alejandro Fantino lo comentó, indignado, en su programa televisivo. Las disculpas del vicegobernador dan más vergüenza aún, al igual que la actitud de Sebastián Eduardo Duhalde, director del sanatorio que recibió la donación y que, graciosamente, los “prestó” a los legisladores tucumanos. Uno de ellos, el doctor Deiana, es su patrón en el centro de salud de la mutualidad provincial, ¿coincidencia? .

Este hecho muestra al desnudo la inmoralidad de políticos patronales que se apropian de los bienes comunes. Tienen tan naturalizado este principio que ni cuestionaron que les dieran esas mascarillas hospitalarias que, todos sabemos, son para el personal de salud que pone en riesgo la vida propia para salvar la de otros.  

Los trabajadores de los hospitales están reclamando esos mismos insumos, que el gobierno provincial no provee en la cantidad y calidad necesaria ¡y que son donaciones! Estos legisladores ¡son una vergüenza! y el gobierno tiene comprar los elementos de seguridad necesarios para todos los médicos, enfermeros y el resto de los trabajadores que los necesitan y no los tienen. 

Escribe Fito Columbich

En estos días los discursos de funcionarios de Desarrollo Social de la Nación, las provincias y los municipios se refieren a grandes partidas de alimentos que refuerzan las viandas que habitualmente se entregan. En la mayoría de los casos son insuficientes, y en otros son mentiras. Una verdadera vergüenza. 

Con nuestro trabajo barrial, que ya lleva veinte años entregando mercadería a 220 familias, estamos viendo casos de extrema urgencia. No recibimos ningún refuerzo, vemos familias enteras desesperadas. Estamos muy preocupados por nuestra alimentación, cada día de peor calidad nutricional, en los bolsones no hay verduras, carnes ni frutas. 

Los ingresos de compañeros y compañeras, que ya eran totalmente insuficientes, se esfumaron. Se terminaron las changas, las obras o las ferias del trueque. Ya no hay cómo “ganarse el mango”. Las compañeras que hacen limpieza de casas perdieron su trabajo y muchas incluso las esperanzas de recuperarlo. Así de dramática es la situación que estamos viviendo. 

Por supuesto, se superponen las preocupaciones: todos y todas nos cuidamos como podemos del virus. La mayoría tenemos una familia numerosa en espacios reducidos con fallas sanitarias estructurales y recibimos las acusaciones injustas y estigmatizantes de “romper la cuarentena” por salir a garantizar los mínimos derechos. 

Como si no sobraran preocupaciones, las fuerzas de seguridad están persiguiendo a compañeros y compañeras. El comentario que se repite es que “los hombres no salen, si no los levantan”. Tenemos conocidos presos por ir a trabajar. 

¿Con qué derecho sumar el terror a circular para sobrevivir? El gobernador Perotti anunció estar orgulloso por la cantidad de detenciones que hay en la provincia por violar la cuarentena: 13.000, un promedio de 550 por día. Si sos pobre vas a la cárcel. Una vez más vemos al Estado al servicio de los empresarios persiguiendo al pueblo pobre. Mientras tanto, los narcos y sus búnkeres siguen abiertos con total aval de las fuerzas represivas. 

El presidente nos pide quedarnos en casa otros quince días, y sabemos que serán aún más, ya que el pico se espera para mayo. Dejamos bien en claro que los 10.000 pesos para trabajadores informales, luego de un mes de dejar de trabajar para una familia, son totalmente insuficientes y nos condenan a la miseria. Además, ya quedó en evidencia que serán millones los que esperaban tapar agujeros o pagar deudas y no cobrarán el IFE porque el sistema nunca actualizó cambios de domicilio, divorcios y otros problemas que traban los trámites. 

¿Cuánto más pretenden de los más vulnerables? Mientras estamos en una provincia que tiene a los puertos trabajando normalmente, con miles de trabajadores expuestos al virus por tareas no esenciales, millones de dólares se facturan en la exportación. Las dieciocho empresas más importantes facturan en Santa Fe 700.000 millones de pesos, tres veces más que el presupuesto provincial. Como la mayoría son exportadoras no pagan ingresos brutos. Así se gestan las tremendas desigualdades en nuestra provincia. 

No somos números, y el gobierno solo quiere vernos “en casa” pero no garantiza nuestros derechos. Tenemos derecho a un ingreso digno, a poder alimentar a nuestros hijos e hijas con orgullo sin tener que mendigar un plato de comida. Por eso reclamamos 40.000 pesos para trabajadores informales o desocupados. 

Para esto es necesario suspender los pagos de la deuda externa y aplicar fuertes impuestos a los grandes exportadores que siguen facturando por una actividad que no es esencial. 

Escribe Francisco Moreira

La cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus cambió la vida de toda la población. Sin embargo, existen enormes diferencias en cómo la viven los sectores populares y los empresarios. La falta de respuestas del gobierno y su complicidad con las patronales profundizan las críticas condiciones de vida de los trabajadores y los obliga a exponerse al contagio.

La pandemia irrumpió en medio de la crisis de los sectores populares. Para muchas familias el “quedate en casa” es imposible de cumplir en estas condiciones y son obligadas a romper la cuarentena. El año 2019 terminó con 16 millones pobres. Por eso en los barrios las colas a la intemperie para acceder a un bolsón de comida son de varias horas. En las villas viven cuatro millones de personas en condiciones de “hacinamiento crítico”, donde el 93,5% no tiene acceso a la red de agua corriente. Los trabajadores y sus familias son golpeados por los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Miles son empujados a seguir haciendo changas para sobrevivir o, quienes tienen empleos en negro, siguen siendo obligados a ir a trabajar, aun en actividades no esenciales. Son ellos quienes sufren los abusos policiales.

El contraste con la vida que llevan los empresarios durante la cuarentena es brutal e indignante. La cómoda vida en barrios privados no les ha impedido romper la cuarentena a gusto. Por ejemplo, Gustavo Nardelli, dueño de la agroexportadora Vicentín, fue encontrado junto a su esposa paseando en su yate de lujo por el río Paraná. Vicentín, en quiebra, adeuda, entre otros, al Banco Nación 300 millones de dólares. Otro caso es el del empresario de medios Marcelo Tinelli, quien no se privó de viajar a Esquel con su familia y utilizar un avión sanitario para abastecerse. El caso del empresario gastronómico rosarino Daniel Dutra es grotesco, violó la cuarentena quince veces y sigue en libertad.      

El gobierno, con su doble discurso, viene avalando despidos, suspensiones y rebajas salariales, profundizando la crisis de las familias trabajadoras, presionadas para romper la cuarentena. El “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos no alcanza. Tampoco los bolsones de comida y todas las medidas necesarias para resolver todas las necesidades del pueblo trabajador. Por eso desde Izquierda Socialista exigimos una cuarentena sin despidos, suspensiones ni rebaja salarial. Reclamamos la triplicación del ingreso familiar de emergencia y un urgente plan de obras públicas. Para ello hay que crear un fondo de emergencia sobre la base de dejar de pagar la deuda externa y cobrar un impuesto de 10% a las grandes fortunas y a la facturación de las grandes empresas.

Escribe Fernanda Giriborne Stanley

Jujuy es una de las provincias más pobres del país, y por lo tanto con mayores dificultades para enfrentar la pandemia. Cerca del 50% del empleo es informal, y día a día se suman despidos, suspensiones y rebajas salariales. La situación económica se ha ido agravando y en los barrios crece la incertidumbre, el hambre se hace sentir. A la situación general se suman los efectos de las inundaciones, que ha dejado a miles de evacuados y autoevacuados la semana pasada, y a la epidemia de dengue, que tiene cerca de 900 casos.

En el plano sanitario, el estructural desfinanciamiento de la salud es brutal. Desde mucho antes de la pandemia, los trabajadores del sector denunciaban el desmantelamiento y desfinanciamiento del sistema de salud pública, la falta de recursos humanos, sobre todo en las especialidades, la tercerización de los empleos y la precariedad laboral. Sin embargo ,el gobernador radical Gerardo Morales, ha decidido suplir la imposibilidad de dar una respuesta sanitaria con encierro y represión.

Ha sido el primer gobernador en declarar la suspensión de las clases, y el aislamiento, incluso antes que el gobierno nacional. Pero junto con esto, el gobierno provincial ha implementado un aceitado sistema para reprimir, ajustar y recaudar. La provincia ha sido conocida por montar “corralitos” en las plazas para aquellos que incumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se trata de un sistema de vallado desmontable para detener personas y dejarlas en un espacio público a la vista de todos, en una superficie donde no es posible mantener el distanciamiento social, ni lavarse las manos, sin agua potable o baño. Gerardo Morales también es conocido por su fuerte operativo fiscal de cobro de multas, sobre todo la que pena las salidas sin autorización o la falta de barbijo que se ha vuelto obligatoria. También como forma de “ahorro” ha rebajado el sueldo de los docentes, a quienes no se abonará el ítem “frente a alumnos” y se les reconocerá solo el 10% del presentismo.

Con el discurso de cuidar a los jujeños no ha evitado tampoco razzias y redadas con balas de goma, detenciones arbitrarias, y la expulsión de personas de la provincia. La deportación de 80 extranjeros que se encontraban ya con la cuarentena cumplida le ha costado al gobernador un pequeño escándalo de alcance internacional. Sin embargo, cuando trabajadores y estudiantes quieren regresar, se topan con las peticiones más absurdas, viéndose obligados a abonar el traslado, hotel (para la cuarentena), comida en los hoteles e incluso ahora se solicita que paguen su propio test. La realidad de los trabajadores “golondrina” jujeños se encuentra muy lejos de la de los repatriados desde Europa que han cumplido su cuarentena en hoteles de categoría, con todo incluido. En las últimas apariciones, el gobernador ha propuesto que quienes den positivo al test se mantendrán en sus casas que serán fajadas para que todos los vecinos conozcan la situación y funcionen como control social.

En nuestra provincia la pandemia no hizo más que dejar al descubierto las condiciones estructurales en la que vivimos los jujeños. En este sentido es urgente que en nuestra provincia cesen las medidas represivas y estigmatizantes, para que a los problemas sanitarios se presenten respuestas en el plano de la salud, comenzando por el aumento del presupuesto.   

Escribe Martín Fú

La semana pasada la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, informó que las fuerzas de seguridad se encontraban implementando el “ciberpatrullaje” que, según la ministra tenía como objetivo medir el “humor social”, todo esto al calor de la cuarentena obligatoria frente a la pandemia del coronavirus y la preocupación del gobierno a la reacción popular ante la emergencia social y sanitaria. Lo de Frederic no es nuevo, es la continuación de las políticas de espionaje y represión de Patricia Bullrich, anterior ministra del gobierno macrista.

Frederic no es una recién llegada a las modernas doctrinas de seguridad interior, fue funcionaria de Defensa entre 2009 y 2011, y de Seguridad entre 2012 y 2014. Ocupó el cargo de asesora en el Ministerio de Seguridad en épocas de la gestión Berni, del Proyecto X y las represiones lanzadas en la Panamericana en los conflictos obreros que se dieron en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Ante el intento de embellecer la misma y repudiable tarea que llevan adelante todos los gobiernos patronales, la inteligencia interna y la represión con el rótulo de “ciberpatrullaje”, nuevamente denunciamos cualquier acción de la ministra y el gobierno de meterse en las casas, trabajos, organizaciones sindicales, sociales o cualquier ámbito social para realizar espionaje interno. Partiendo por señalar el caso de un joven de 21 años que después de haber sido rechazado en la inscripción al subsidio de 10.000 pesos que anunció el gobierno, hizo un tweet que incluía la palabra ”saqueo”. El área de Ciberpatrullaje de la Subdirección de Delitos Informáticos y la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería intervinieron, y la policía cayó en su casa informando que la había abierto una causa por “intimidación”. Delito que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Circuló que incluso están evaluando profundizar el patrullaje real sobre las personas que interactuaron con el tweet de este joven en la red social.

En ese sentido, nos sumamos al repudio a la política de ciberpatrullaje expresada en la declaración de las organizaciones que son parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: “la política represiva del Estado que ha sido el denominador común de todos los gobiernos es desplegada ahora con el pretexto del cumplimiento del aislamiento social obligatorio. La reunión de información sin causa ni orden judicial que la disponga es inteligencia ilegal y está vedada a las fuerzas de seguridad, independientemente de que la información sea de libre acceso. Muchos de los informes de los servicios de inteligencia se arman con recortes de diarios”.*

Como firmantes de dicha declaración, le recordamos al gobierno de Alberto Fernández que “ante la emergencia social y sanitaria reclamamos que se respete el derecho al trabajo y a la salud, el acceso al salario íntegro y a la alimentación del conjunto de las y los trabajadores. Basta de medidas represivas. Para enfrentar la pandemia se requiere una cuarentena sin hambre, sin despidos, sin rebajas salariales y sin represión”.

* Ver declaración completa en: www.izquierdasocialista.org.ar