Escribe Ariel Napoli

El coronavirus se propaga en las villas de la Ciudad de Buenos Aires a pasos agigantados. En poco más de una semana se pasó de registrar los primeros casos aislados a la cifra de 249 personas infectadas. En la Villa 31 tuvimos que lamentar seis víctimas fatales, al momento de escribir esta nota. La diseminación del virus en estos barrios es muy preocupante debido al alto grado de hacinamiento en el que viven los habitantes y a la falta de servicios públicos. Mientras el Gobierno de la Ciudad llama a los vecinos a lavarse las manos, en muchos de estos lugares no tienen acceso a agua potable.  

Muchos trabajan en forma precarizada y están desocupados en este momento, motivo por el cual recorren las villas buscando la manera de lograr algún ingreso para llevar a su familia. De esa forma se propaga aún más el contagio. Lo mismo sucede en los comedores, con interminables listas de espera, donde los sectores populares se agolpan para obtener un plato de comida. 

Esta situación es reflejo de la política de los distintos gobiernos nacionales, peronistas y radicales, y de la actual gestión de PRO en la Ciudad. Mientras la población en la capital se mantiene en una cantidad estable, el número de habitantes de las villas no para de crecer, hoy viven 300.000 personas. Larreta debe impulsar un plan de urbanización y para mitigar la crisis actual se impone aumentar el ingreso familiar de emergencia a 30.000 pesos y destinar el dinero necesario a salud, comida y elementos de higiene para los barrios. La plata debe salir del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas de la Ciudad. 

Escribe Martín Fú

El 27 de abril, y luego de dos años de juicio, un grupo de genocidas fueron juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad ocurridos en Mar del Plata y municipios aledaños. La megacausa, conocida como “Subzona 15”, tuvo a 272 víctimas de las cuales quince fueron compañeros del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST, predecesora de Izquierda Socialista), que fue brutalmente perseguido y golpeado, primero por la Triple A, y luego por la dictadura. En el juicio se unificaron las causas “Base Naval”, “Cueva 2”, “Base 5” y “Subzona”, algunas ya habían tenido un primer tramo con varias condenas a perpetua.

Norma Huder, Elena Ferreiro, José Martínez, Patricia Gaitán, Eduardo Statti, David Ostroweki, Néstor Confalonieri, Guillermo Berdini, Adrian López, Rodolfo González, Angel Prado, Gabriel Della Valle, Ernesto Prandina, Gladys Garmendia, Julio Deserio son los nombres de los militantes del PST, algunos secuestrados y asesinados, y otros que sufrieron la detención y tortura en manos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la Bonaerense. Son algunas de las víctimas por las que los represores fueron condenados en este juicio. Tres médicos que actuaron en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Base Naval también recibieron condena. Luego de más de trescientos testimonios, veintiocho imputados recibieron la pena de prisión perpetua, otros siete fueron condenados entre siete y veinticinco años de prisión y cinco resultaron absueltos. Se comprobaron y condenaron por primera vez delitos contra la integridad sexual dentro de un centro clandestino, categorizados como delitos de lesa humanidad.

Es un fallo histórico en una ciudad como Mar del Plata, que tuvo a grupos de derecha del peronismo y militares genocidas actuando violentamente contra agrupamientos sindicales antiburocráticos y de base, así como contra la militancia de la izquierda revolucionaria. Esto lo inició la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y luego continuaron los grupos de tareas durante la dictadura. El PST y sus militantes fueron blanco de un sistemático y organizado plan de persecución y exterminio que tuvo a la Armada como su principal ejecutor. El trabajo partidario y su extensión entre estudiantes, portuarios y obreros del pescado, entre otras estructuras, puso al partido como “objetivo” central de los grupos de tareas. Se sabe que muchos de nuestros compañeros fueron torturados y asesinados en el centro de detención y exterminio que funcionó en la Base Naval. Así lo confirman los testimonios de los pocos sobrevivientes, como algunos de nuestros compañeros que tuvieron como destino final ese nefasto lugar.

El fallo es una reivindicación de la lucha por la memoria y justicia para todos los que fueron víctimas del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, a pesar de los interminables intentos de los gobiernos de turno de buscar la reconciliación con nuestros asesinos, de permutar las penas, de otorgar prisiones domiciliarias, o como recientemente dijo el presidente Alberto Fernández, de que los crímenes fueron “inconductas”. Como parte de nuestra pelea, las condenas de Mar del Plata marcan nuevamente el rumbo que tenemos que seguir, reivindicando al PST y a sus compañeros caídos en la pelea por derrotar al capitalismo e instaurar el gobierno de los trabajadores y el socialismo. Tarea pendiente, que con Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de las y los Trabajadores-Cuarta Internacional, seguimos dando.

¡Compañeros del PST asesinados y desaparecidos, presentes!

Fueron 30.000, fue un genocidio.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Repudiamos las decisiones gubernamentales y del Poder Judicial que avanzaron con la liberación de genocidas y violadores de sus lugares de detención. Entre estos hechos repudiables señalamos el caso del juez Daniel Obligado, que procedió a mandar a su casa a Carlos Capdevila, genocida conocido como el “partero de la ESMA”. Se trata del mismo tribunal que hace semanas hizo lo propio con Amado Boudou. También fue enviado a su casa Lucio César Nast, alias Ronco, ex policía condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el servicio de inteligencia de la ex jefatura de la policía de Rosario. Asimismo, se han conocido casos de violadores que fueron beneficiados con la domiciliaria sin considerar los reclamos de las víctimas.

El gobierno es responsable de esta situación, que ya tiene como antecedente el pedido de liberación del corrupto, asesino y responsable de la masacre de Once Ricardo Jaime, llevado adelante por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla. No puede desentenderse de estos hechos, como ha intentado hacer pasándole la pelota a la Justicia que, como todos sabemos, funciona con estrechos lazos con cada gobierno de turno.

La oposición macrista, por su parte, posa en este momento en rechazo a las domiciliarias, pero es la misma que en 2018 presentó un listado de personas a liberar que incluía violadores, miembros de redes de trata y genocidas como el Tigre Acosta.

A través de las redes sociales, haciendo uso de noticias falsas y con la ayuda de medios de comunicación afines, la oposición patronal buscó volcar la indignación por la liberación de violadores y genocidas contra los legítimos reclamos por las condiciones de hacinamiento y exposición al contagio de Covid-19 que se han dado en todo el sistema penitenciario. Incluso han obtenido el martes 5 de mayo un fallo de la Justicia bonaerense en ese sentido.

Desde Izquierda Socialista sostenemos que para descomprimir el hacinamiento ante la pandemia se deben garantizar las condiciones de higiene y salubridad que hoy en día no existen, realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos que forman parte de los grupos de riesgo con condenas menores a tres años o sin condena firme, pero claramente excluyendo a los homicidas, femicidas, abusadores, violadores, corruptos y condenados por delitos de lesa humanidad. 

En la tarde del lunes, mientras los trabajadores municipales de Jesús María desarrollaban una asamblea en el corralón, un destacamento de la policía y la guardia de infantería desataron una alevosa represión llevándose 41 trabajadores detenidos, varios de ellos heridos, y algunos miembros de la comisión directiva del sindicato.

Las y los trabajadores municipales están llevando a cabo medidas de fuerza porque el intendente radical Luis Picat efectuó arbitrariamente una rebaja sobre sueldos que ya eran de pobreza y algunos de indigencia. La argumentación de la fiscalía que actuó de hecho, fue que estaban violando la cuarentena, como parte del doble discurso de la Justicia y de todos los gobiernos que la aprovechan para rebajar salarios, despedir, suspender y también reprimir y encarcelar trabajadores. Los municipales son parte de los que desarrollan en medio de esta pandemia un servicio esencial en la localidad de Jesús María.

Esta brutal represión es indudablemente una represalia, porque estos trabajadores y su sindicato vienen dando pelea por las condiciones de trabajo y por aumento de salarios. 

La cuarentena, para que sea efectiva, tiene que ser sin rebajas de salario, sin despidos, sin suspensiones y sin hambre. La crisis económica y social profundizada por la pandemia no debe ser pagada por los trabajadores. Para ello el gobierno provincial debe dejar de pagar en forma inmediata la deuda externa provincial, eliminar toda exención impositiva a las grandes empresas y crear un fondo de emergencia con un impuesto a los bancos, los latifundios y las grandes fortunas.

Al mismo tiempo hay que exigir que las conducciones sindicales de la CGT y CTA de Córdoba dejen de mirar para otro lado y se pongan a la cabeza de los reclamos de los trabajadores.

Desde Izquierda Socialista exigimos también la liberación de los trabajadores, que no quede ningún antecedente en sus prontuarios, que se les abone la totalidad del sueldo y se cumpla con todos los compromisos asumidos por el gobierno municipal que acaba de decretar la emergencia económica para la localidad.

Corresponsal

Escribe Ana Val, referente de Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel)

La Anses es la que recibe los aportes de los trabajadores activos y diversos impuestos generales. Su función como caja previsional es pagar las jubilaciones, pensiones, la obra social (PAMI), la Asignación Universal por Hijo (AUH), etcétera.

Alberto Fernández en diciembre suspendió la ley de movilidad jubilatoria de Macri por 180 días y dio un aumento de la jubilación por decreto.

Este año recibimos un aumento de 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos en marzo, lo que llevó a que la mínima sea de 15.000 pesos. En abril hubo un bono de 3.000 pesos que no todos cobraron. Miles lo van a recibir recién en mayo.

Esto quiere decir que todos los meses cobramos una suma diferente, 15.000, 16.500, o 18.000 pesos. Para Fernández somos de segunda, le da lo mismo que recibamos 15.000 o 18.000 pesos. La Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) sostiene que la jubilación tiene que ser de 40.000 pesos y que no queremos bonos. La Anses tiene plata, pero la utiliza para darle a los grandes empresarios el valor del 50% del salario que pagan a cada trabajador. Estas grandes empresas nacionales y extranjeras tienen la caradurez de decir que no tienen plata para pagarle a sus trabajadores escudándose en la cuarentena por el coronavirus. Los banqueros, Paolo Rocca, Perez Companc, la minera extranjera Barrick Gold, por nombrar solo a algunos, han levantado plata en pala y han hecho fortunas. Desde la Utjel decimos que saquen de su patrimonio personal o de sus empresas y no del Anses.

Para financiar la pandemia y atender las urgentes necesidades sociales hace falta un fondo de emergencia. La plata para financiarlo no debe salir del Anses, sino de un impuesto a las grandes fortunas y ganancias empresarias y del no pago de la deuda externa.