Escribe José Castillo

Nadie duda que estamos ante una emergencia. Se necesita con urgencia duplicar el monto que se está destinando a la pandemia. Se requiere tanto para atender las demandas sanitarias (más equipos, más insumos, más hospitales, más trabajadores de la salud con mejores salarios y todos los elementos de protección), como también la crisis social que se ha profundizado en estas semanas (más comida en los barrios populares, dinero para los que han perdido sus ingresos, etcétera). Nuestra posición es clara, se requiere un fondo de emergencia financiado sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas y a las ganancias de los grupos económicos más importantes.

Con respecto a esto último, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado una propuesta: un impuesto de 10% a los cincuenta principales millonarios del país y a las veinte empresas que más facturan. El gobierno hace semanas que también viene planteando un proyecto de impuesto a la riqueza, aunque mucho menos riguroso que el nuestro. Venimos sosteniendo que, más allá del debate de cuál es el mejor para la actual coyuntura, lo importante es que se efectivice ya, que no quede en el mero discurso.

Pero la realidad es que siguen pasando los días, la necesidad de los fondos aumenta y el proyecto va y viene. El gobierno primero argumentó que tenía que “coordinar”  y “unificar” diferentes propuestas de diversos legisladores oficialistas. Luego la discusión derivó en que no se podía “hacer por decreto” ya que todo lo impositivo tiene “necesariamente” que pasar por el Congreso. Ahí se desató una auténtica comedia de enredos, en la que sin duda aportaron los legisladores de la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Se abrió la discusión bizantina de si es válido sesionar en forma virtual o hay que hacerlo indefectiblemente de manera presencial. Se llegó al ridículo de decir que había que hacer una primera y única sesión presencial al solo efecto de cambiar el reglamento para que entonces fuera válido sesionar virtualmente. Por si todo esto fuera poco, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió hacer una consulta a la Corte Suprema sobre la validez de las sesiones virtuales, que la Corte respondió diciendo que no era pertinente la pregunta (en concreto, que primero se realice la sesión virtual y luego la propia Corte vería si había sido legal o no). Finalmente, se acordó una salida “mixta”, en parte presencial y en parte virtual, a realizarse recién la semana próxima.

¿A dónde va todo esto? Es evidente que las grandes patronales y los propios multimillonarios involucrados están haciendo lo imposible para que no se les aplique impuesto alguno. Para eso embarran la cancha con la inestimable ayuda de la oposición patronal y los jueces. El objetivo es que el tema se alargue y, finalmente, no se trate nunca. El gobierno, por su parte, tampoco hace demasiado por acelerar las cosas.

Queremos ser claros, es absolutamente falso el argumento de exigir el funcionamiento del Congreso en defensa de “la democracia”. La verdadera intención detrás de todo esto es postergar todo lo posible y de ser posible que no se apruebe ningún impuesto a los ricos. Por otra parte, aun cuando el Parlamento llegara a reunirse, ¿qué saldría de allí? Tenemos miles de ejemplos de para quién juega esa cueva de bandidos. Cada vez que se reunió el Congreso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad intervenimos denunciando a los partidos patronales y planteando nuestras propuestas alternativas. Pero no guardamos ninguna expectativa de que de esa “deliberación” de políticos patronales salga algo a favor de los trabajadores.

Esto no quiere decir, tampoco, que le demos un cheque en blanco a Alberto Fernández para que gobierne por decreto. ¡Por supuesto que no aprobamos que se gobierne por DNU! Sabemos que este gobierno, y todos los del mundo, utilizan la pandemia y la cuarentena como excusa para actuar, ahora y siempre, contra los trabajadores. Y que incluso, cuando emiten alguna resolución que aparentemente “favorece” a los trabajadores, como el DNU que prohíbe suspensiones y despidos, dejan espacios para que sea violado por las patronales junto a la burocracia sindical, para que después el Ministerio de Trabajo homologue esos acuerdos.

Por eso insistimos, no tenemos que caer en la trampa de la discusión entre el Parlamento y el Ejecutivo por sus decretos. Nosotros no tenemos confianza en ninguno de los dos. Ni en ninguna otra institución patronal, como la Justicia (tal como lo podemos ver en la intervención en el tema de la Corte Suprema). Solo creemos en la fuerza de la movilización y las exigencias del pueblo trabajador. Esta es la única presión que puede obligar al gobierno a que, por el mecanismo que fuere, salga el impuesto a los ricos. No nos importa la forma, sino el contenido. ¡Basta de dilaciones! Que se imponga ya mismo que las grandes fortunas y empresas tengan que poner su plata para financiar un fondo de emergencia ante la pandemia. Que esta crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. 

Escribe José Castillo

El gobierno acaba de presentar oficialmente en Nueva York la oferta de renegociación. De los 66.000 millones de dólares en debate con los buitres privados se reducirán, como mucho, 30.000 millones. Y aún eso está en discusión. Incluso la fecha de “cierre” de la negociación, el 8 de mayo, también está en veremos.

Termine como termine este capítulo, no es verdad que con esto “se resolvió el tema de la deuda externa”. Porque lo que supuestamente “debemos” llega a 400.000 millones de dólares. Además de esta deuda “en dólares bajo legislación extranjera” queda otro tanto “bajo legislación local”. Más allá de los detalles técnicos hay algo claro, los acreedores son prácticamente los mismos: especuladores internacionales, consorcios de buitres que concentran lo peor del capital financiero internacional.

Y, por si todo esto fuera poco, queda además la deuda con el FMI: los 49.000 millones (entre capital e intereses) tomados durante los dos últimos años de la era Macri y utilizados en su totalidad para financiar la fuga de capitales de los amigos del ex presidente.

Y además tenemos que contabilizar las deudas provinciales y la deuda del Banco Central, que es un negocio redondo de superganancias para los bancos que operan en nuestro país –los mismos que cobran tasas usurarias, se niegan a dar crédito popular y utilizan el propio dinero que le dio el Banco Central para especular con el dólar, haciéndolo subir en estos días–. Y, podemos seguir, tenemos la deuda con el Club de París, con el Banco Mundial y un largo etcétera. Se trata de una bola de nieve que aumenta al infinito. De una deuda que, nunca nos olvidemos, es ilegítima, ya que su origen está en la dictadura genocida; ilegal, tal como lo demostró ya hace casi veinte años el juez Ballesteros en un fallo brillante; y absolutamente inmoral, porque prioriza a buitres chupasangres antes que la vida del pueblo trabajador.

Lo concreto es que cada vencimiento es menos plata para respiradores, hospitales, salarios de trabajadores de la salud, instrumentos de protección, o para comida y dinero para los que se quedaron sin ingresos. Así, solo desde que asumió el actual gobierno, ya se fueron 4.500 millones de dólares.

Alberto Fernández, cuando se presentó la propuesta de renegociación, afirmó que la Argentina “no puede pagar nada” en estos momentos. Si esto es efectivamente así, entonces hay que pasar de las palabras a los hechos. Sino, es puro doble discurso. Y esto, en la realidad, es dejar inmediatamente de pagar toda la deuda externa y romper con el FMI. Ahí está la plata, junto con un impuesto a las grandes fortunas y empresas, para financiar un fondo de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

Nosotros nunca tuvimos confianza en que el gobierno “iba a priorizar los intereses populares antes que a los acreedores”. Ya desde el año pasado, en plena campaña electoral, explicamos que sin dejar de pagar la deuda y romper el acuerdo con el FMI no había ninguna posibilidad de empezar a resolver las necesidades populares. 

Pero sí es cierto que muchos intelectuales nacionales y extranjeros vieron con buenos ojos los distintos discursos del gobierno acerca de “no pagar con el hambre del pueblo”. Claro que una cosa es lo que se dice “para la tribuna” y otra la realidad. Ahora que se conocen ya los detalles de la renegociación en curso con los buitres acreedores hay honestos intelectuales que aclaran que, así, solo se terminará favoreciendo a los acreedores. 

Hace pocas semanas escuchamos las advertencias de Eric Toussaint, portavoz de Cadtm –red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo–, quien hizo una extensa aclaración protestando porque varios medios difundieron que con su firma estaba apoyando la decisión que tomó el gobierno argentino. Señaló: “Es necesario declarar la suspensión inmediata del pago del capital y de los intereses de todas las deudas soberanas. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con esa acción. Por lo tanto, afirmar como lo hacen algunos medios de comunicación que los firmantes apoyan la estrategia de negociación del gobierno es instrumentalizar una convocatoria con el objetivo de sostener al gobierno. Y es inaceptable”.

También Alejandro Olmos, con una extensa trayectoria en denunciar las terribles consecuencias de sometimiento de nuestra deuda externa, lo ha dicho con todas las letras: “Refinanciar la deuda es continuar por el camino de la decadencia”. 

Es que, más allá de estas voces de autoridad que estamos citando, toda la historia reciente nos avala. No es la primera vez que la deuda “se reestructura” con la excusa de que, a partir de ese momento, el problema está solucionado. El primer canje de deuda lo hizo Menem en los años ´90 entregando el patrimonio nacional a cambio de, supuestamente, bajar el endeudamiento. Ya conocemos el final: nos quedamos sin ferrocarriles, sin teléfonos, sin gas ni petróleo, pero la deuda siguió estando presente, creciendo y llevándonos al abismo. 

Luego hubo otra renegociación, en junio de 2001, llamada “megacanje”, realizada por Domingo Cavallo, ministro entonces de De la Rúa. Todo estalló a los pocos meses. 

Finalmente, tuvimos los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. Todavía está fresco en la memoria cuando se decía que nos habíamos “desendeudado”. Mentira, los Kirchner asumieron debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron a lo largo de su mandato más de 200.000 millones y se fueron dejando una deuda de 240.000 millones. Por supuesto, luego vino Macri y llevó la bola de nieve a 400.000 millones.

En síntesis, ni esta ni ninguna “renegociación” resolverá lo que no es otra cosa que una vulgar estafa. Y las estafas no se pagan. Esa es la única conclusión que se puede sacar respecto de esta deuda que, nunca nos olvidemos, es la herencia viva que viene desde la dictadura genocida del ’76.

Escribe Diego Martínez

Según estudios recientes, más de 500 millones de personas en el mundo corren riesgo de entrar en la pobreza a raíz de la crisis mundial. Es la consecuencia de las políticas de ajuste y de priorizar el beneficio de los grandes capitales que se aplican en el mundo, incluso en el marco de la pandemia. La Argentina no es la excepción.

De diciembre a hoy la pobreza aumentó 10 por ciento

El Observatorio Social de la UCA dio a conocer datos que sostienen que el índice de pobreza actual sería de 45%, 10% más que la registrada en diciembre del año pasado por el Indec. Según Agustín Salvia, director del Observatorio y uno de los máximos referentes del país en estadísticas sociales, “el aumento de la pobreza se explica no solo a partir de que los trabajadores en negro y cuentapropistas ven reducidos sus ingresos de forma drástica, sino también por el empobrecimiento de sectores medios bajos que entran en la pobreza debido a que las empresas despiden, suspenden, reducen horas o bajan salarios a la mitad” (Perfil, 22/4/2020).Una vez más le exigimos al gobierno de Fernández que haga cumplir la prohibición de despidos, suspensiones y que las patronales paguen salarios en tiempo y forma.

Los problemas entre los más pobres se multiplican

La comida sigue sin alcanzar. En una reunión reciente entre organizaciones sociales, el presidente y funcionarios del gobierno reconocieron que el envío de mercadería estaba “trabado” después del escándalo de corrupción de los sobreprecios en la compra de alimentos. ¡Una verdadera vergüenza! En esa reunión las organizaciones presentes, afines al gobierno, plantearon que se necesitan 16.000 toneladas de alimentos secos para los comedores (Clarín, 24/4/2020). Una cifra que duplica lo que hoy reparte el gobierno.

Además se expande el contagio en los barrios. La propagación del coronavirus en el conurbano bonaerense creció 54%. En La Matanza, el distrito más pobre, este crecimiento fue del 128% en la última semana, siendo el partido con más infectados. Aparecieron también los primeros casos en villas de la Ciudad de Buenos Aires, donde el pueblo trabajador vive en situación de hacinamiento y en muchos casos con falta de agua, lo cual impide tomar las medidas adecuadas para la prevención. A esto se suma el brote del dengue, con más de 12.000 casos en el país, que afecta particularmente a los barrios más pobres.

Alberto Fernández dijo hace algunos días que prefería “tener un 10% más de pobres que 100.000 muertos”. Lamentablemente, esa frase que refleja una falsa dicotomía entre cuidarnos de la pandemia o caer en el hambre, se hizo realidad en lo que respecta a la pobreza. El gobierno tiene herramientas a su alcance para cuidar la salud del pueblo trabajador y contener la situación social a la vez. Para eso debe invertir en salud y gastos sociales los 4.500 millones de dólares predestinados al pago de deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes riquezas, como el que propone el Frente de Izquierda, que generaría 20.000 millones de dólares más para ese fin. Con esa plata se podría garantizar un ingreso de  emergencia mensual, no de 10.000 pesos sino de 30.000, para todo aquel que lo necesite. 

Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una publicidad oficial dice que en el número en el cual se puede denunciar a quienes no cumplen la cuarentena, también se puede denunciar si algún efectivo comete algún “exceso en su deber”. Al oído desprevenido puede dar a entender que el gobierno está preocupado por garantizar que no existan atropellos policiales, pero la realidad dista enormemente de ello. Para muestra basta un botón: a pesar de que el propio Ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente después de la represión en el frigorífico Penta prometiendo que los efectivos que agredieron a los trabajadores iban a ser removidos, los mismos efectivos siguen haciéndose presente diariamente en la puerta de la empresa donde los compañeros siguen organizándose.

A esto hay que sumar una multiplicación diaria de los casos de maltratos policiales, detenciones arbitrarias, golpizas, violaciones, y hasta muertes dentro de las comisarías que se dan a lo ancho y largo del país. Al gobierno desde ya que no puede resultar inadvertido esta realidad. Más bien, el hecho concreto es que estos hechos aberrantes son el complemento de un enorme aparataje de intimidación judicial con el que hasta este lunes 27, según el reporte de Correpi, se abrieron causas a 4.052.286 personas. Casi uno de cada diez argentinos, y con miles y miles de personas que denuncian que la aprehensión policial se produjo mientras realizaban alguna de las actividades permitidas por el gobierno, como salir a hacer las compras.

Esta violencia para con los sectores populares desde ya que no tiene ningún equivalente a la hora de castigar a los empresarios que remarcan precios, que violan el decreto de prohibición de despidos, o que obligan a los trabajadores a armar habilitaciones truchas de circulación para que vuelvan a las fábricas. Como venimos señalando junto a los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, bajo el lema de “hacer cumplir la cuarentena” existe una clara política de fortalecimiento y luz verde a las fuerzas represivas con el objetivo de darles mayor poder a la hora de regimentar la vida social. Algo que desde ya va de la mano del llamado “ciberpatrullaje” con el que se imputó a un joven por tuitear la palabra “saqueo”.

Que esto puede estar relacionado incluso con la intención de preparar su intervención para reprimir la protesta social es algo que excede a una mera especulación si vemos por ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró bajo carácter de urgencia equipamiento “antidisturbios” por 53 millones de pesos. La plata que no va para la protección en los hospitales, va destinada a pertrechar a la policía metropolitana frente a las protestas que van a despertar las políticas de ajuste brutal que anuncia el gobierno porteño con su “ley de emergencia”.

Pero el colmo desde el punto de vista simbólico de esta política de embellecimiento al aparato represivo lo tuvimos con la decisión anunciada de mandar al ejército a “armar barbijos” a la ESMA. Un sitio de memoria por el que se calcula pasaron 5.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, en un cúmulo de crímenes de lesa humanidad aún impunes cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Desde Izquierda Socialista decimos nuevamente que repudiamos la política de empoderamiento de las fuerzas represivas, reclamamos el fin de la represión, y la remoción real e inmediata de todos los efectivos que están cometiendo estos atropellos en todo el país. Llamamos nuevamente a sostener la guardia en alto contra la pandemia, pero también contra la violencia estatal, exigiendo una cuarentena sin represión.