Escriben Belén y Cristian, Juventud de Izquierda Socialista Facultad de Derecho UBA

El Sistema Penitenciario Argentino vive su propia pandemia, que viene de décadas de desidia estatal, mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud calificara como tal al Covid-19.

Los números hablan por sí mismos. El último censo estableció que el Sistema Penitenciario Federal (SPF) se encuentra funcionando al 106,75% de su capacidad. La posibilidad, entonces, de que la circulación del virus dentro de los penales provoque una masacre es inminente. El hacinamiento y la sobrepoblación hacen de las unidades penitenciarias un foco de riesgo para la vida de las personas detenidas.

Ante esta situación, en los últimos días se dieron estallidos en diferentes unidades penitenciarias que fueron salvajemente reprimidas por los guardias y dejaron decenas de heridos graves y dos muertos (José Candía y Federico Rey). Estos fueron difundidos por todos los medios bajo el título de “motines”. Sin embargo, desde el interior de los penales, los detenidos dejaron en claro que se trata de reclamos por medidas concretas para hacer frente al coronavirus.

Las personas detenidas, que comenzaron las protestas llevando a cabo huelgas de hambre pacíficas y tomando los techos de los penales, reclaman que se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a quienes pertenecen a grupos de riesgo (mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo) y a quienes estén en condiciones de recibirlo o cerca de cumplir sus condenas. Todo para combatir la sobrepoblación carcelaria. Además, solicitan que se provean los elementos necesarios de higiene y se garantice la correcta atención sanitaria. Hasta el momento, en la cárcel de Devoto se llegó a un acuerdo que abarcaría a la población carcelaria de todo el SPF, luego de un proceso de lucha que incluyó la toma del penal en casi su totalidad.

Cabe destacar que, de la totalidad de detenidos, el 90% cumplen penas por delitos contra la propiedad o por venta al menudeo de sustancias prohibidas. Además, más del 60% de la población de las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva. Esto quiere decir que dos de cada tres presos no tienen condena firme. Mientras la prisión preventiva, en lugar de ser una medida de excepción, es moneda corriente para personas de sectores populares, militares genocidas y políticos corruptos son liberados o aprovechan para pedir prisiones domiciliarias y todo tipo de beneficios.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, sostenemos que se deben tomar medidas de fondo para revertir la situación. Se debe realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos con condenas menores a tres años o sin condena firme (excluyendo de estos a los acusados de homicidio, femicidio, violación, corrupción y delitos de lesa humanidad) que forman parte de los grupos de riesgo y proveer a las unidades penitenciarias de insumos sanitarios y de higiene.

Editorial

El próximo domingo 26 vence la nueva prórroga de la cuarentena. Se pasó de la cuarentena total a la denominada “administrada”. El gobierno evita usar la palabra “flexibilización” pero la hay de hecho, como lo muestra la mayor cantidad de trabajadores que está circulando. Se ha permitido la apertura de varias actividades por presión de las patronales. A los grandes empresarios les interesa reactivar sus ganancias, no la salud de la población. Esto se combina con la desesperación de grandes sectores populares empujados a romper el aislamiento para ganarse el pan ante una asistencia social que no alcanza o llega en cuentagotas. Por ejemplo, a quienes hacen changas y monotributistas de las categorías más bajas se les dio 10.000 pesos de pobreza que recién ahora están cobrando, quedando millones afuera a pesar de estar inscriptos y necesitarlo desesperadamente. Como proponemos desde el Frente de Izquierda, a esos sectores se les debería dar un ingreso en la cuarentena de 30.000 pesos y no solo por única vez, sino sostenerlo mientras dure la emergencia. Por eso decimos que si el gobierno habla de que no hay que tirar por la borda lo ya conquistado, tiene que tomar medidas de fondo en la cuarentena poniendo toda la plata que haga falta en la salud y en los sectores obreros y populares, pequeños comerciantes y talleres para combatir de verdad el coronavirus y permitir que millones puedan cumplirla sin apremios.

Alberto Fernández acaba de implementar el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para auxiliar a las patronales y pagar gran parte del salario de los trabajadores. Esta medida cae bien en amplios sectores de trabajadores que ven una asistencia estatal para no perder tanto con los recortes de sueldos pactados entre las patronales y la burocracia sindical. Sin embargo, esto está lejos de resolver el problema de fondo de la clase trabajadora. No solo porque va a ser aprovechada hasta por una multinacional que va a alegar una “crisis” para recibir el pago de parte de los salarios financiado por el pueblo trabajador, sino porque estas mismas patronales no están obligadas a que a cambio no rebajen los actuales salarios, ni tampoco acuerden despidos o suspensiones. Es lo que vienen haciendo de la mano de la traidora dirigencia sindical y con el aval del ministerio de Trabajo, que homologa los acuerdos. Por eso la medida fue saludada por las cámaras empresariales y cuenta con el inestimable apoyo de la burocracia sindical, que en vez de defender el salario y los puestos de trabajo viene pactando lo contrario mientras deja en banda las peleas en curso, como la de los trabajadores de Penta o la de los de la salud por insumos y una mayor protección.

Lo que estalló desde hace días con los contagios y algunos fallecidos entre los profesionales y trabajadores de la salud es que la Argentina está en la cima mundial de infectados en el sector, algo sumamente preocupante que debería llevar a que el gobierno tome las medidas necesarias para proteger a todo el personal y dotar a los hospitales de los insumos y faltantes para hacer frente a la pandemia. Los muertos y contagiados en los nosocomios demuestran que no es cierto que “los hospitales están preparados”, como vino sosteniendo el gobierno. Casualmente, la asamblea y el corte de calle que hicieron los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, como tantas otras expresiones de protesta y reclamo en la gran mayoría de los centros de salud públicos y privados, coinciden en que no tienen lo indispensable para hacer frente a la pandemia, no se hacen los testeos ni se los consulta para diseñar la mejor política para enfrentar al coronavirus.

Para todo esto se necesita plata. Y desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando claramente de dónde sacarla: concretamente de un fondo de emergencia sobre la base de impuestos a los grandes empresarios, banqueros y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa.

Los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, como parte del Frente de Izquierda Unidad, han hecho punta presentando en el Congreso el primer proyecto de ley para gravar mediante un impuesto especial y progresivo a los grandes patrimonios, las ganancias de los bancos, las altas rentas, a los terratenientes y viviendas ociosas. Esto permitiría recaudar 20.000 millones de dólares (dos veces más del total de lo que destinó el gobierno hasta ahora a la crisis), dinero que debería destinarse de manera urgente a los hospitales y a los millones de trabajadores y demás sectores populares que lo necesitan.

Gravar la riqueza tiene un apoyo popular del 80%. Sin embargo, si bien diputados del gobierno anunciaron que iban a presentar un proyecto de ley al respecto, al día de hoy no lo han hecho. Esgrimen que el tema debe ser aprobado por el Congreso (que no se reúne) y previamente, como lo pidió Cristina Fernández, la Corte Suprema se debe expedir sobre si sería válida o no esa ley en caso de ser aprobada. Atento a estos vericuetos, el diputado nacional y autor del proyecto junto a Máximo Kirchner, Carlos Heller, dijo: “Con suerte, en unas semanas lo vamos a estar presentando”, aclarando que no va a tocar las ganancias de las empresas. Más allá de cómo termine siendo la propuesta del gobierno, exigimos que la apliquen cuanto antes. La emergencia no puede esperar.

Otro tanto pasa con la deuda externa. El gobierno hizo una oferta de pago a los bonistas (usureros) en medio de la pandemia y la tremenda crisis social. Propuesta que, si bien contempla para esa parte muy pequeña de la deuda que se está renegociando la postergación de los pagos por algunos años y una quita, esto no implica ningún “no pago” de la deuda, sino nuevos desembolsos que deberán hacerse con más sufrimientos, tanto los actuales como los que vendrán. Sin entrar en detalles sobre el tema –que en esta edición digital de El Socialista será abordado en otras notas–, lo cierto es que el gobierno ha reconocido que esta medida le permitiría “ahorrar 4.500 millones de dólares en lo que resta del año, dinero que equivale a 3,2 veces el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para todo 2020”. Pues entonces exigimos de manera urgente que ese monto sea destinado ya a todos los hospitales, no a más prebendas patronales. De la misma forma decimos que si se hubieran invertido en salud los otros 4.500 millones de dólares que ya pagó el gobierno en conceptos de vencimientos de deuda desde que asumió, la situación sería muy distinta, tanto en los hospitales como en la atención de las necesidades de los distintos sectores populares.

Volvemos a reiterar, exigimos una cuarentena con plata para salud y los hospitales. Una cuarentena sin hambre, sin suspensiones y despidos, ni rebaja salarial. Una cuarentena donde la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores. Y para ello señalamos que hay que implementar de inmediato un fondo de emergencia, a la vez que apoyamos todos los reclamos obreros y populares en salud, contra los despidos, las suspensiones, la rebaja de salarios, los cierres de empresas y los distintos ataques que está sufriendo el pueblo trabajador.

“Esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, no se sacaron correctamente la ropa, o muchos de ellos concurrieron con fiebre a trabajar. Tenemos que ser menos omnipotentes y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a un lugar donde podemos contagiar a mucha gente”. Éstas fueron las palabras del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García frente al hecho tremendo de que el 14% de los contagiados por el Covid 19 forman parte del personal de salud, y coloca a nuestro país en los primeros lugares del ranking mundial del sacrificio de los integrantes del equipo de salud.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

Un mar de quejas inunda las redes sociales por la falta de equipamiento de protección personal. Los trabajadores hacen demostraciones callejeras, elevan petitorios, realizan asambleas e interponen recursos de amparo en todo el país. Hay jueces que emplazan a responsables de establecimientos públicos y privados para proveer los insumos de protección necesarios, pero el ministro, con desparpajo patronal, culpa a las víctimas e, incluso, insinúa con cinismo, que son los trabajadores los que contagian.

Pero el contagio existe y se extiende. Además del Hospital Belgrano, en la Capital Federal hay personal contagiado en los hospitales Fernández, Ramos Mejía, Tornú; en La Plata los hospitales Gutiérrez, Gonnet y Cestino de Ensenada donde se cerró la terapia intensiva; en Río Negro y en el Chaco. Tanto el gobernador Kicillof como el jefe de gobierno Rodríguez Larreta convocaron a profesionales jubilados para prestar servicios con la carnada de permitirles cobrar su nuevo sueldo manteniendo el cobro de su jubilación; medida desatinada dado que se trata de gente añosa y de alto riesgo de perder la vida en caso de enfermar.

Los comités de crisis con participación de los trabajadores

En sintonía con Ginés y con el mismo olvido de la verdad, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán declaró que “los hospitales bonaerenses están completamente abastecidos”. Afirmaciones que son desmentidas a diario por los trabajadores, como denunciaron públicamente la semana pasada los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, donde hubo 25 contagiados. El director de ese hospital trató por todos los medios de evitar la participación de los trabajadores en el comité de crisis que era limitado a algunos jefes de servicio. Profesionales y enfermeros querían intervenir para lograr medidas de protección. Ese fue uno de los ejes del enfrentamiento. En virtud de la situación creada en ese establecimiento, el ministerio aceptó el reclamo de Cicop de constituir comités de crisis con participación de los trabajadores. Este lunes 20 se realizó en La Plata la primera reunión central, con los gremios y autoridades del ministerio y se adoptaron varias medidas de protección de los trabajadores, entre ellas, la recomendación de crear estos comités en cada uno de los hospitales.

El poli empleo favorece el contagio

El poli empleo se funda en los bajos salarios. Décadas de salarios a la baja han naturalizado esta costumbre, que es, lisa y llanamente, superexplotación. Médicos, enfermeros, técnicos, todos trabajan 12 o más horas por día, incluyendo sábados y domingos. Para un costo de la canasta familiar de 60.000 pesos (Indec), los sueldos del ingresante no superan los 25.000 para una enfermera y los 38.000 para un médico. Estos bajos sueldos los obligan a ir de un empleo a otro. Esta situación, que ya era extenuante y predispone a enfermarse, se ve agravada ahora porque el trabajador sufre, además, una prolongada exposición diaria y semanal al riesgo de contagio multiplicándose por dos o por tres de acuerdo a los sitios que concurra.

Si bien la defensa de su propia salud es hoy el eje de las preocupaciones del personal de salud, su lucha por el salario no se detiene. Sigue su curso en la provincia de Buenos Aires (donde el gobierno ofreció un mísero 20%), en Santa Fe, en Chubut donde los trabajadores cobran con un mes de retraso y en Tucumán donde el gobernador Manzur anuló unilateralmente la cláusula gatillo. Los gobernadores persiguen a los trabajadores que defienden legítimos reclamos como en Tucumán la persecución de que es objeto Cristian Luna, secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros), como también lo hacen en La Rioja, Catamarca y Jujuy.

Denunciamos muchas veces que el gobierno no cuidaba al personal de salud. Hoy, con la elevada tasa de contagiados, nadie puede dudar de la corrección de nuestra denuncia. Es necesario reforzar la lucha de los trabajadores de salud que tiene una doble faz: por un lado, la pandemia, por el otro la lucha por no enfermarse. El personal sanitario reclama hoy, elementos para protección personal, test para identificar los portadores del virus y comités de crisis por establecimientos para defenderse. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

“Al personal de sanidad no nos contagian los pacientes, nos contagian los otros. Estuvimos tres días discutiendo con la patronal el aislamiento de un camillero que trasladó dos veces a un paciente con Covid y finalmente dio positivo. Mientras no la aislamos, esa persona pudo haber contagiado tal vez a tres personas más”, dijeron los delegados de los trabajadores de Sanidad (ATSA). Al menos treinta y cuatro empleados del Sanatorio de la Providencia, del barrio porteño de Balvanera, dieron positivo y se espera aún el resultado de más testeos. Entre ellos médicos, enfermeros, camilleros y personal de administración del centro de salud. Solo cuatro de ellos están internados y el 70% permanece asintomático.

Los trabajadores sostienen que la empresa propietaria de la clínica no respeta los protocolos de seguridad ante casos sospechosos ni entre los pacientes, ni entre trabajadores, quienes debían presentarse a trabajar igual. Hasta llegaron a negarle la atención por guardia a quienes acusaban sintomatología compatible con el virus. “Nos decían que era por la vacuna de la gripe que nos aplicaron, pero no era eso. Hay pacientes con coronavirus y ellos lo niegan”. La clínica tampoco proveyó los elementos de protección personal a todos los trabajadores alterando, de hecho, los protocolos.

En el mismo sentido denunció la semana pasada, en una carta abierta a la comunidad, el médico cordobés, portador sano del Covid-19 que, presuntamente, introdujo involuntariamente el virus en el instituto geriátrico donde trabajaba. “En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente”.

La renta del capital es el objetivo del sector privado en salud

En el sistema privado, tanto clínicas como geriátricos son empresas capitalistas y como tal su objetivo principal es la renta del capital. Es decir, bajar los salarios, aumentar la productividad del personal y eliminar los gastos improductivos como, por ejemplo, los elementos de protección. Eso es lo que pasó en estos dos establecimientos que tomamos como ejemplo. También pasa en el Hospital Italiano o el Sanatorio Güemes. La sed de ganancias de la patronal de salud es tal que, en plena pandemia, la confederación que los agrupa pide subsidios al gobierno para “afrontar los gastos”, silenciando que en conjunto las clínicas privadas deben 10.000 millones de pesos a la AFIP, sin contar los intereses.

La industria sanatorial privada representa la tercera parte del gasto total en salud del país, equivalente a 3% del PBI, más que el 2,75% que corresponde al gasto total del Estado en salud, sumando Nación, provincias y municipios. Pero, mientras el sector público atiende con esa porción del producto nacional al 40% de la población, el privado vuelca un poco más de esa cantidad solo para atender al 8% de la población.

Estatización de la totalidad del sistema de salud

Esta importante masa de recursos sanitarios debe ser puesta al servicio del todo el pueblo y no solo de una minoría. El gobierno debe nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios y ponerlos a trabajar bajo control de sus trabajadores. El mismo tratamiento que al sector privado debe darse a la totalidad de las obras sociales, nido de corrupción de la burocracia sindical. La producción y distribución de insumos, tests, reactivos, medicamentos, vacunas y todo otro elemento necesario para combatir la pandemia debe pasar a manos del Estado, bajo control de sus trabajadores. También debe suspenderse la vigencia de las patentes nacionales e internacionales que impidan la elaboración de estos insumos. Este enorme aflujo de recursos materiales y humanos gestionado por el Estado, bajo control de sus trabajadores, permitirá encarar acciones que hoy parecen imposibles, como la extensión del testeo a todo el personal de salud y a quienes deben estar expuestos al contacto con el público y, al mismo tiempo, elaborar y proveer los insumos y medicamentos necesarios para enfrentar la pandemia.

Saludamos la importante presencia con que contó la realización el pasado viernes 17 del conversatorio virtual convocado por los trabajadores de la salud de Izquierda Socialista e independientes junto a un panel compuesto por: Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop, Cristian Luna secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros), Iván Sotomayor enfermero del hospital Álvarez, docente de la escuela de enfermería Grierson y miembro de la interhospitalaria de CABA y Diego Saavedra delegado del hospital Garrahan (ATE).

En esta primera reunión, donde se superaron los 50 participantes, se debatió sobre cuál es la situación de la salud pública, la de sus trabajadores y como tenemos que organizarnos en su defensa, en medio de la pandemia del Covid 19.

Las exposiciones nos fueron mostrando cuáles son las carencias más importantes y las dificultades a las que nos enfrentamos a diario en provincias como Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y en CABA, en las cuales predominaban la falta de insumos de protección del personal sanitario y los escasos testeos a enfermeros, médicos, técnicos y demás trabajadores hospitalarios. También se destacó la participación, entre otros, de referentes de los hospitales Álvarez, Piñero, Borda, Penna, Durand, Ramos Mejía donde surgieron varias iniciativas para seguir trabajando juntos.

A su vez, nos comprometidos a convocarnos a un nuevo conversatorio para el próximo viernes 24 de abril a las 20, ampliando las invitaciones, para organizarnos, acumular experiencias y seguir denunciando la exposición de los trabajadores de la salud, exigiendo a los distintos gobiernos provinciales y nacional la solución a nuestros reclamos.

                                     Corresponsal