Escribe Ezequiel Peressini Legislador provincial Izquierda Socialista /FIT

Luego de haber ganado las elecciones a gobernador con 57% de los votos, Schiaretti buscó impulsar la “tercera vía” con Alternativa Federal, proyecto que estalló: sus ex socios terminaron dispersos en las tres fórmulas patronales presidenciales: Massa volvió al kirchnerismo, el salteño Urtubey se ligó como vice de Lavagna en Consenso 2030, y su amigo Pichetto se transformó en la pata peronista del gobierno de Cambiemos como candidato a vice de Macri.

En soledad, Schiaretti vuelve a insistir en presentar solamente la lista a diputados nacionales sin pegar la boleta a ninguno de los candidatos a presidente. Con esta maniobra y el falso argumento del “cordobesismo” el PJ provincial libera a dirigentes e intendentes para que voten a quien quieran. Algunos de ellos, particularmente los ligados al extinto dirigente José Manuel De la Sota, buscan apoyar en silencio a la fórmula presidencial de Alberto y Cristina, que en las elecciones provinciales levantó su lista para apoyar a Schiaretti. Y según algunas encuestas encargadas por los dirigentes peronistas el 30% de los votantes de Schiaretti el pasado 12 de mayo se irían para la lista de Macri.

Schiaretti fue socio de Macri durante sus cuatro años de gestión y sus diputados le votaron todas las leyes del ajuste en el Congreso. Entre los patrones se prestan los votos para aplicar la reforma laboral y jubilatoria que exige el FMI y para pagar la deuda externa con el hambre del pueblo trabajador. Desde el Frente de Izquierda-Unidad, daremos la pelea para enfrentar el ajuste de Macri y los gobernadores, en las calles, y también en las elecciones con nuestra compañera Liliana Olivero encabezando la lista a diputados nacionales.

El pasado 20 de junio se cumplió un mes de la denominada masacre de Monte. Hubo una marcha y un festival encabezados por las madres de las víctimas, familiares y vecinos. Se hizo un acto frente a la municipalidad donde se exigió justicia y que paguen todos los responsables materiales y políticos. Viajaron para solidarizarse nuestros diputados Mónica Schlotthauer y Gringo Giordano.

Escribe Mariano Moreno, presidente del centro de estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento

El auto, en el que viajaban cinco jóvenes del pueblo, impactó contra un acoplado en la colectora de la ruta 3 a causa de una criminal persecución de la policía que abrió fuego contra el vehículo. Cuatro murieron: Danilo Sansone (13 años), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22). La única sobreviviente, Rocío Quagliarello (13), lucha día a día por su recuperación. “Fue una masacre de niños indefensos”, dijo el juez al dictar la prisión preventiva de once de los acusados.

“En nuestro pueblo los y las jóvenes salen de noche, pasean con amigos por la laguna, andan en bici, patineta, rapean en la plaza, se juntan en las esquinas, en los clubes, van a los boliches. No queremos que nuestras calles se tiñan de sangre y oscuridad, no queremos que nos instalen el miedo, no queremos callar ni mirar para otro lado, nunca más. El Estado es responsable de esta masacre y de la violencia policial”, señala el documento consensuado por decenas de organizaciones, entre ellas nuestro partido, leído por Mauricio Sansone, primo de una de las víctimas (ver reportaje).

“A Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal los mató la policía”, se gritaba a medida que avanzaba la columna que se detuvo frente al colegio al que iban los pibes y que finalizó en la plaza central.

El documento agrega: “El hecho de que el presidente de la Nación y su ministra de Seguridad feliciten y reciban a Chocobar, el policía que asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc es, sin dudas, una defensa del gatillo fácil”.

Lo peor fue la designación por parte de la intendencia de María Alejandra Cotignola, una ex agente de la policía bonaerense y abogada defensora de policías acusados de actos delictivos, para coordinar la investigación del caso.

“Nuestros pibes no son peligrosos, están en peligro”, “cárcel para los responsables”, “basta de gatillo fácil” rezaban las pancartas. Al finalizar hablaron todas las madres, comprometiéndose a seguir la pelea hasta el final.

En el hecho están involucrados la intendenta Mayol, del Frente Renovador, y su ex secretario de Seguridad Martínez, quienes demoraron la entrega de filmaciones para intentar encubrir el hecho.

Los vecinos venían denunciando el accionar policial desde hace años ligado a los narcos de la zona y de cobrar coimas.
Fruto del aporte de pruebas de los vecinos se desbarató el encubrimiento policial y de la intendencia, quienes negaron el hecho, los balazos y borraron pruebas.

Desde el primer día nuestro partido, a través de la diputada Schlotthauer, acompañó el dolor de los familiares y presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados junto a la Correpi.

En la marcha estuvimos todos los partidos del Frente de Izquierda-Unidad, con el compromiso de seguir acompañando a los familiares que junto a todo un pueblo exigen justicia y son vanguardia en la pelea contra el gatillo fácil.

Yanina Zarzoso, madre de Camila “Estoy en contra de la doctrina Chocobar

Entrevistada por El Socialista, dijo: “Me siento muy movilizada, estoy totalmente agradecida por la cantidad de gente que nos está apoyando. No solo la de Monte -que lo viene haciendo desde un principio-, sino de todos lados, familiares que han pasado por lo mismo que estamos pasando nosotros. Es lo que me mantiene hoy de pie, lo que me da aliento para pedir justicia día a día. El mensaje que quiero dejar a las autoridades, no solo municipales sino también nacionales, es que exijo respuestas para que esto no pase nunca más. Estoy totalmente en contra de la doctrina Chocobar, eso quiero que quede claro. Quiero repetir una y mil veces que el Estado es responsable”.

Mauricio Sansone “Eran pibes solidarios”

Mauricio es primo de Danilo, una de las víctimas. Vive en La Plata y es abogado. Sobre los pibes asesinados nos dijo: “Danilo y sus amigos eran súper solidarios. Mi tío se levantaba a la mañana y por ahí tenía a dos o tres pibes durmiendo en la casa, los llevaba de la plaza porque no tenían donde dormir, les traía comida. Eso es lo más lindo que me queda. Se juntaban en la plaza, y bueno, la ocupación de un territorio molesta”.

¿Hay algo firme sobre el motivo de la cacería policial?
-Realmente no, aunque sabemos que la policía se maneja así, digamos, es la forma de actuar del aparato represivo del Estado. La Fiscalía de Narcotráfico está investigando por los rumores de que los chicos vieron y filmaron cosas.

¿Quiénes son los responsables políticos?
-La intendenta Sandra Mayol, el secretario de Seguridad y su secretario de gobierno, el abogado de la municipalidad, Bullrich y Vidal. Como el documento lo explica, hay una bajada de línea y luz verde al actuar de la policía a partir de Chocobar. Antes venía sucediendo pero esto lo avaló.

¿La policía tiene otros casos de corrupción o encubrimiento?
-Casos hubo porque cada tanto se removían cúpulas policiales sin que nadie se enterara. Esto fue la gota que rebasó el vaso. Hoy hablás con los chicos y te cuentan secuencias con la policía, golpeándolos, torturándolos, privándolos de su libertad. Por algo la organización del pueblo fue tan grande, se llegó a cortar la ruta 3 sin que nadie dijera nada.

Escribe Martín Fú

En un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda, nuestros diputados Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT) participaron de la audiencia convocada junto a las organizaciones políticas y de derechos humanos que seguimos reclamando juicio y castigo para los responsables del asesinato de nuestros compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de junio de 2002.

Repudiamos una vez más a los responsables políticos de esa masacre, el ex presidente Eduardo Duhalde y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá. Nuestra diputada los recordó con palabras emocionadas: “Maxi y Darío son para nosotros y muchos jóvenes del país una bandera de lucha contra la represión estatal y contra los gobiernos que año a año gobiernan para el FMI”.

Escribe Anisa Favoretti • Candidata a diputada nacional

La joven Silvia Maldonado, de Santiago del Estero, fue asesinada de un balazo en la cabeza por la policía de la provincia. Silvia se negó a que se llevara a cabo un allanamiento en su vivienda, sin ninguna orden judicial, protegiendo a sus hijos. 

Se trató de un nuevo hecho de la maldita policía del gatillo fácil. Nos solidarizamos con toda su familia y vecinos y repudiamos esta brutalidad policial que se viene acrecentando desde que la ministra de “inseguridad”, Patricia Bullrich, dio públicamente licencia para matar bajo los lineamientos de la doctrina Chocobar. Este hecho aberrante es una muestra más. Tienen que ir a la cárcel todos los policías involucrados y responder los funcionarios del Ministerio de Seguridad, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero y la propia ministra Bullrich.

El día 19 realizamos una masiva marcha en Santiago reclamando justicia, y en simultáneo en la ciudad de Buenos Aires un acto de repudio del que participó nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer.

Escribe Guido Poletti

Las anécdotas se repiten. Miles se despertaron el Día del Padre y descubrieron que no había luz. Después de las dudas de siempre (¿será mi casa?, ¿se le cortó también al vecino?) rápidamente se sospechó que se trataba de un enorme apagón. Pero la sorpresa pasó al estupor cuando se empezó a correr la noticia (no era fácil comunicarse ya que también se había caído internet) de que el apagón era ¡en todo el país! E incluso repercutía en algunas zonas de Uruguay y el sur de Brasil.

Digámoslo con todas las letras: esto nunca sucedió en la historia argentina. Nos encontramos frente a otro “récord” del gobierno Macri. Pero el origen del problema no nació con este gobierno. En realidad se trata de la gota que rebasó el vaso. Desde el año 1992, en que se privatizó y repartió “por pedacitos” el sistema eléctrico, todo se transformó en un gran negociado con todos los gobiernos que se fueron sucediendo. Las inversiones que estaban prometidas en los contratos de concesión nunca se llevaron a cabo. El ENRE, ente que en el propio marco regulatorio figuraba como “el que debía controlar” y defender a los usuarios, fue inmediatamente colonizado por las propias empresas privatizadas y justificó todo.

Así empezaron a suceder los apagones. En la historia quedará como el primer gran escándalo el gigantesco corte que sufrió en febrero de 1999 la ciudad de Buenos Aires, donde hubo zonas que llegaron a estar hasta quince días sin luz. Luego muchos otros se sucedieron. Se empezó a transformar en un “clásico del verano”. Si hacía calor (cosa esperable entre diciembre y marzo) automáticamente se cortaba la luz. Supuestamente por “exceso de consumo”. En la última década con el gobierno kirchnerista, cuando se compraron masivamente los equipos split frío-calor, esto también empezó a suceder en invierno. Ahora se cortaba la luz porque hacía frío. En todos los casos, lo que se escondía era el deterioro de la red, la falta de mantenimiento y la absoluta ausencia de inversiones.
Ahora llegamos a la máxima expresión del desastre. Un corte en la red de transmisión que, como dicen los propios expertos en el tema, es una eventualidad que tiene que ser tenida en cuenta, generó una reacción en cadena, ya que no funcionaron los planes de contingencia debido a que las políticas de ajuste les habían imposibilitado hacerlo. Rápidamente se produjo un apagón que afectó al sistema interconectado nacional íntegro.

¿Quién es el responsable?

La responsabilidad del apagón, sin duda, es de las privatizadas. Por supuesto que hay un culpable primario, directo: Transener, la mayor transportadora del país y una de las empresas privadas más importantes del sistema, hoy en manos mayoritarias de Pampa Energía (ver recuadro). Ahí se produjo la falla.

Pero esto no exime de responsabilidad al ENRE, que debía controlar y no lo hizo, y a las distribuidoras, que ni siquiera pueden garantizar que, una vez pasado el papelón, no vuelva a haber apagones en los días subsiguientes, como en el caso de La Plata (ver nota en esta página). Y, por supuesto, al gobierno de Macri, como se vio en la patética conferencia de prensa ofrecida por el secretario de Energía Gustavo Lopetegui, tratando de explicar lo inexplicable y “pasándole la pelota” a los otros actores del sistema. El gobierno kirchnerista favoreció con los subsidios a las empresas. Luego Macri y las privatizadas justificaron los tremendos tarifazos de hasta 5.000 por ciento diciendo que iban a mejorar el servicio. Quedó al desnudo que no sirvieron para nada. Solo se utilizaron para llenar los bolsillos de los empresarios y no se puso un peso para mejorar la calidad del servicio.

La única salida es la reestatización

El servicio eléctrico no puede estar sometido a la lógica de la ganancia privada. Se trata de un servicio social. Por eso decimos que hay que reconstruir un sistema nacional único que articule planificadamente la generación (centrales térmicas, hidroeléctricas y nucleares, junto a las incipientes fuentes alternativas -eólica, solar, biomasa, etcétera-), la transmisión y la distribución a partir de reestatizar todas las empresas en que ha sido desguazado: transportadoras, distribuidoras y centrales térmicas que pasaron a manos privadas. Y ponerlo a funcionar bajo gestión de los propios trabajadores y usuarios con tarifas populares y accesibles. Terminando, de esta manera, con el desastre que comenzó con la privatización de 1992 y que ninguno de los gobiernos posteriores modificó. Desde el Frente de Izquierda-Unidad planteamos en nuestro programa revertir los tarifazos y reestatizar el sistema, única salida para que no se repitan los desastres que vimos en estos días y que la energía eléctrica, cuyo acceso es un derecho humano esencial en el siglo XXI, deje de ser un bien de lujo para la clase trabajadora.

Yacylec y el Grupo Macri

Se trata de una de las empresa encargadas de conectar Yacyretá con el Sistema Argentino de Interconexión. Salió a la luz en estos días porque fue mencionada como uno de los posibles responsables del origen de la falla que produjo el apagón.
Pero más allá de que se verifique o no que esto fue así, su aparición en los medios dejó al descubierto otro escándalo: la empresa, propiedad del grupo económico de la familia presidencial, le debe a la AFIP una suma de 6,9 millones de pesos en concepto de impuesto a las ganancias.

Los dueños de la electricidad

Los empresarios Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Rogelio Pagano concentran el 51% de los usuarios del servicio público de electricidad a nivel nacional, así como el 49% de la demanda total.

Marcelo Mindlin es el dueño de Edenor y Transener (la empresa de transmisión responsable del apagón del siglo) con el grupo Pampa Energía. Este grupo obtuvo ganancias en los primeros nueve meses de 2018 por 3.256 millones de pesos, 226% más que el año anterior en ese período*.

Los dueños de Edesur son Nicolás Caputo, el “amigo de la infancia” de Macri, y ENEL (empresa italiana con mayoría accionaria) quienes ganaron en los primeros nueve meses de 2018 1.939 millones de pesos que representan 435% más que en ese período de 2017*. A su vez Nicolás Caputo con la generadora Central Puerto obtuvo ganancias por 16.318 millones de pesos entre enero y septiembre de 2018*. Por su parte, Rogelio Pagano, quien siendo parte del grupo de Mindlin y de Edenor antes que este la comprara, es el propietario de Edelap.

Además de su amistad Mindlin, Nicolás Caputo junto a la familia Macri aparecen entre los 50 argentinos más ricos de acuerdo a la revista Forbes.
El servicio eléctrico argentino, desguazado por la privatización, terminó en manos de estos tres buitres que se llenan los bolsillos con los subsidios que obtuvieron ayer del kirchnerismo y hoy siguen recibiendo del macrismo, más los astronómicos tarifazos que se suceden desde 2016. Se impone rescindirles todas las concesiones y reestatizar el servicio conformando un sistema integrado nacional.

*. Fuente: Instituto Argentino del Mercado de Capitales