Escribe Claudio Funes

Millones de trabajadores están cobrando este mes con rebajas salariales. En la mayoría de los casos se trata de una reducción de 25%, acordada entre el gobierno, la burocracia de la CGT y la UIA. Incluso hay quienes tienen reducciones aún mayores, con la excusa de que no se paga “presentismo”, “premios” u otros adicionales.

Las patronales vienen chantajeando, desde el comienzo de la cuarentena, de que se trata de elegir entre “rebaja salarial” o despidos masivos. La cúpula de la CGT, y también en algunos casos la CTA, les hacen el juego machacando con el fantasma de los despidos.

Muchos compañeros, por eso, se preguntan si no queda otra y efectivamente tenemos que resignarnos a las rebajas de sueldos.

Vamos por parte. La pregunta es ¿es verdad que a los empresarios no les queda otra que recortar salarios?

Nosotros respondemos enfáticamente que no. Las grandes patronales no están perdiendo dinero, a lo sumo, algunas ganan menos. Algunas, y por estos meses después de amasar superganancias año tras año. Y encima están recibiendo millones en subsidios, entre otras cosas para pagar salarios.

La realidad es que las grandes empresas y multinacionales se aprovechan de la pandemia para hacer realidad sus viejos anhelos de rebaja salarial y flexibilización laboral. Una miserable extorsión que aceptan el gobierno y la CGT.

¿Por qué afirmamos esto? El 20 de abril el gobierno resolvió que el Estado se haría cargo del 50% de los salarios del sector privado. Es el denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), un fabuloso subsidio a las patronales. Sin embargo, posteriormente, junto con la UIA y la CGT, en un acuerdo tripartito, Alberto Fernández avaló la rebaja salarial de 25 por ciento. El gran capital y las multinacionales, entonces, son los grandes ganadores con el recorte salarial y el ATP.

Las grandes empresas no esperaron el acuerdo para rebajar salarios. Ya lo venían haciendo de hecho en los días previos. Un primer antecedente del abuso capitalista en la pandemia se dio con las multinacionales de comidas rápidas (que tuvieron que retroceder por la resistencia de los jóvenes precarizados), que en marzo bajaron los sueldos hasta 50 por ciento, ¡cuando la cuarentena se estableció el 19 de marzo! En solo doce días las patronales utilizaron la pandemia para rapiñar el salario a sus trabajadores. Estamos hablando de McDonald’s y Burger King, multimillonarias empresas que sin duda tienen la capacidad de pagar salarios completos por largo tiempo.

Mucho más pueden pagar el 100% de los salarios las grandes multinacionales automotrices, petroleras y metalúrgicas. Ford, General Motors, Fiat, Renault y otras que facturan fortunas en el mundo recortan salarios gracias a los acuerdos con el Smata de Ricardo Pignanelli. Peugeot le pagó a los trabajadores que no están bajo la categoría de suspendidos apenas el 65% del salario, y al resto menos. Las autopartistas, por su parte, pretenden lo mismo, pero con un recorte salarial aún mayor, de 50 por ciento.

Las petroleras, sinónimo de riqueza, como Exxon, Shell, Vista Oil & Gas, Chevron, Pluspetrol y Total, entre otras, firmaron un acuerdo con el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, que les permitió suspensiones masivas de trabajadores que pasaron a cobrar un promedio de 30% de sus ingresos habituales.

Antonio Caló salió corriendo de la reunión tripartita en la que se pactó la rebaja salarial  para avisarles a sus amigos de Techint, Aluar y Acindar que ya  podían proceder al 25% de recorte.

Entre tanto, los empresarios textiles negociaron con la Asociación Obrera Textil (AOT) el pago de una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos para los trabajadores suspendidos. Son sumas de indigencia.

Nunca debemos olvidar que a estas dramáticas podas hay que agregarle que los salarios ya vienen perdiendo poder adquisitivo, el 8,4% durante 2019, al que se suma la inflación acumulada de 2020 (7,8% para el primer trimestre).

El alza de precios en el rubro alimentos tiene como promotores, entre otras, a Arcor, Molinos, Mondelez y Unilever, que continúan, con total impunidad, amasando fortunas durante la pandemia. ¿Dónde está la crisis para estas empresas? Sin embargo, la cámara de la industria alimenticia, Copal, presidida por Daniel Funes de Rioja, fue una de las que más insistió para que se rebajen los salarios.

El dilema rebaja salarial o despido es falso. Eso es lo que quieren los empresarios y los burócratas sindicales que le hacen el juego. De hecho, aún esta rebaja no impidió que siguiera habiendo despidos. Por eso no tenemos que caer en la trampa. Hay que discutir con los compañeros de trabajo que lo que están haciendo las patronales es aprovecharse de la pandemia para meter la baja de salarios como excusa, de la misma forma que tratan de ir por la flexibilización laboral. Ese es el debate que hay que meter en fábricas, oficinas y talleres, en los cuerpos de delegados, las comisiones internas o, incluso, en las discusiones de todos los días. Allí donde sea posible hay que proponer asambleas para discutirlo.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo planteamos que hay que pelear contra los despidos y suspensiones y al mismo tiempo exigir que se pague el 100% de los salarios, rechazando cualquier tipo de rebaja salarial o pago fuera de término.

El acuerdo gobierno-CGT-UIA nos muestra también la necesidad de llevar adelante otra tarea: pelear por echar a la vieja burocracia traidora, apoyando y fortaleciendo a las nuevas conducciones y apostando por una nueva dirección para la clase trabajadora. Esa es la tarea que nos planteamos desde el sindicalismo combativo.  

Escribe Diego Martínez

La semana pasada, en declaraciones radiales Alberto Fernández dijo, a modo de justificación del descuento de 25% de los salarios de los trabajadores privados que no desarrollen sus tareas durante la cuarentena, que: “El que no va a trabajar hay un montón de gastos que no tiene, porque no viaja y no come afuera” (Radio con Vos, 6/5/2020). ¿Es cierto que quienes estamos en cuarentena gastamos menos?

Rotundamente no. Al presidente se le olvidó tener en cuenta que en cuarentena las familias pasan la mayor parte del tiempo en sus casas, por lo que los padres deben garantizar las cuatro comidas para todo el grupo familiar, lo que implica un gasto superior al que se realiza en una situación normal. La pandemia exige mantener nuestros hogares higienizados de forma permanente, lo que implica, también, un mayor gasto en limpieza. Los gastos son mayores aún si tenemos en cuenta los siderales aumentos de precios que estamos sufriendo. Aprovechándose del aumento en el consumo, los grandes formadores de precios del sector aumentaron el valor de los cortes de carne entre 70 y 90 por ciento (Página/12, 18/4/2020). Algo similar ocurrió con la verdura y los productos de limpieza, que aumentaron en promedio 40 por ciento. A todo esto tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores venimos con salarios atrasados desde hace meses dado que no se realizaron todas las paritarias de este año y que la inflación de 2019 fue, según el Indec, de 53,9 por ciento.

Como si esto fuera poco, se viene el frío y, al pasar la mayor parte del tiempo en nuestras casas, se va a disparar el consumo de gas de los calefactores. Se calcula que el gasto promedio de una familia en este rubro será entre mayo y septiembre de 4.800 pesos, con un pico de 7.100 pesos en julio (Clarín, 9/5/2020).

En lugar de intentar justificar a como dé lugar el brutal ajuste al salario que realizó su gobierno en acuerdo con los empresarios, la burocracia sindical y la oposición patronal, el gobierno debería preocuparse por garantizar las condiciones para que los trabajadores podamos hacer la cuarentena sin pasar penurias. Esto implica el cobro de 100% de los salarios, ponerle freno a los grandes formadores de precios y al que no cumpla aplicarle sanciones con la Ley de Abastecimiento, anular los tarifazos de los servicios públicos aplicados por el macrismo y constituir un fondo de emergencia ya sobre la base del no pago de la deuda y la aplicación de un impuesto a las grandes riquezas.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

Los últimos días volvió a arreciar en los medios de comunicación masiva una campaña nada novedosa. Indica que existen demasiados empleados del Estado y que el gasto que se desprende del pago de sus salarios debe ser reducido. Todo esto justificado, obviamente, por la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. La Fundación Mediterránea, Carlos Melconian y varios exponentes del pensamiento económico más “ortodoxo" hicieron un tour por los medios con ideas que iban desde la reducción de puestos de trabajo (o sea despidos) hasta las rebajas salariales o el pago en cuasi moneda. Las y los estatales tenemos sobrada experiencia con estas campañas que son la antesala de ataques contra nuestros derechos laborales. Y esta ocasión no parece ser la excepción.  

Los intentos de ajuste ya están aquí y ahora. El pasado 7 de mayo la Legislatura porteña aprobó una ley de emergencia económica en el distrito con mayores recursos del país que habilita al gobierno de Rodríguez Larreta a reasignar arbitrariamente partidas presupuestarias, a congelar salarios, a una mayor flexibilización laboral y un largo etcétera. Ya varias provincias y municipios han dicho que tendrán que reducir los salarios de sus empleados porque han menguado sus ingresos.  

Debemos rechazar la posibilidad de que desde cualquier gobierno –nacional, provincial o municipal– se descargue el peso de la crisis sobre las espaldas de sus trabajadores. 

¿Qué dice a todo esto el gobierno de Alberto Fernández? Absolutamente nada. De hecho, y como todo un símbolo, Rodríguez Larreta estuvo sentado a la derecha del presidente en la conferencia de prensa donde se anunció la extensión de la cuarentena solo veinticuatro horas después de aprobada la emergencia ajustadora porteña. Pero no solo eso. Con la excusa de la pandemia se suspendió sin fecha la aplicación de la cláusula de revisión que correspondía al mes de marzo de la paritaria 2019 de los estatales nacionales, que tuvimos un “aumento” de 28% frente a una inflación que superó el 53% en el mismo período. Una forma burdamente solapada de consagrar la pérdida salarial que legó el ajuste macrista.  

Es imprescindible que desde cada sector de trabajo, con las dificultades que acarrea el aislamiento social, nos organicemos para enfrentar estas situaciones que golpean fuertemente nuestros derechos. Tenemos que seguir el ejemplo de Ademys y las juntas internas combativas de ATE que, con todos los cuidados y prevenciones, estuvimos en las calles contra la ley de Larreta exigiendo a las conducciones nacionales y seccionales de ATE que rompan la inacción en la que se encuentran y que se organice en forma democrática la pelea en defensa del salario y todos nuestros derechos.  

Entrevistamos a José Guzmán, referente del barrio Picaluga, de González Catán, y a Alfredo Méndez, de Rafael Castillo, ambos de La Matanza, para que nos comenten la situación que se está viviendo en sus barrios.

Entrevista a José Guzmán

ES– José, ¿cómo es la situación que se está viviendo en Picaluga?

JG– Por mi barrio realmente falta comida. No aparecen las autoridades para dar respuesta a la necesidad de la gente. También hace falta trabajo. Esto no es un problema que empezó con el coronavirus, sino que viene desde hace mucho tiempo. Es una primera necesidad, y el municipio de Espinoza tiene que resolverlo.

ES– ¿Se organizaron de alguna forma para conseguir alimentos?

JG– Sí. Varios vecinos vinieron a verme a mi casa preguntando cómo podíamos hacer para conseguir comida. Nos hemos movilizado con unos cuantos de ellos a la delegación municipal de González Catán, pero fue en vano. Nos dijeron que nos anotemos por WhatsApp para recibir un bolsón. Nosotros ya nos habíamos anotado pero no nos llamaron nunca. Al menos en mi barrio, y creo que así será en otros, los vecinos no creen en el municipio. Ellos se burlan de la situación, de cómo está la gente. Es una vergüenza.
Nos terminamos organizando entre los vecinos y con la ayuda de los compañeros.

Entrevista a Alfredo Méndez

ES– ¿Cuál es la visión de la situación que tenés de lo que pasa en tu barrio?

AM– Lo primero es que la comida no alcanza. Lo que debería garantizar el municipio a través de Desarrollo Social y de Espinoza es totalmente insuficiente. El problema se ha agravado con las semanas. Es terrible lo que tienen que hacer los vecinos para recibir comida. En un principio solo daban bolsones a los que ya recibían previamente algún tipo de plan. Acá en Castillo esa gente hacía colas de cinco, seis y siete horas. Después, para los que no reciben planes, se habilitó un número de WhatsApp al que tenías que llamar para que te den un turno y retirar en algún club o sociedad de fomento del barrio la comida. Lo que pasó es que a la gran mayoría de esa gente no le contestaban el mensaje, el sistema colapsó totalmente. Así te encontrabas con un montón de vecinos.

ES– ¿Qué solución buscaron los vecinos?

AM– Muchos empezaron a buscar comida deambulando por comedores de distintas organizaciones, pero en todas había una lista de espera enorme. Otros fueron a golpear las puertas de las escuelas. En algunas les dieron comida, pero en muchas ni siquiera les alcanzaba para darle a sus alumnos. Así, muchos vecinos quedaron a la deriva. Empezaron organizando ollas populares en las casas arriesgándose al contagio, dando de comer a decenas de personas.

ES– ¿Cómo analizás las respuestas que dieron Espinoza y el PJ a la situación?

AM– Desastrosa. Mientras los vecinos hacían colas larguísimas para recibir alimento y algunos no sabían si lo iban a recibir se vio, y está registrado en filmaciones, cómo punteros del peronismo en Laferrere salían con varias bolsas de comida por otra puerta. Totalmente indignante.

Es muy preocupante que en el marco de una pandemia, en la que se aconseja que te quedes en tu casa, la gente tenga que salir a buscar comida por todos lados porque el municipio no lo garantiza. A eso le tenés que sumar los despidos, las suspensiones, las rebajas de sueldos y la situación de la salud. Acá los hospitales y las salitas no dan abasto y hay muchos médicos infectados. La situación es desastrosa.

Escribe Ariel Napoli

Al momento de escribir esta nota son 519 los casos de Covid-19 confirmados en las villas de la ciudad de Buenos Aires y en más de 400 del conurbano. En todo el área metropolitana de Capital y Gran Buenos Aires ya tuvimos que lamentar treinta muertes en las zonas más vulnerables.

La villa más afectada es la 31, de CABA, donde se calcula que viven 60.000 personas. Allí en pocos días se pasó de tres casos a casi cuatrocientos. Los vecinos estuvieron una semana sin agua, lo que dificultó enormemente la higienización. Una verdadera barbaridad a la que AYSA y su titular, Malena Galmarini, (esposa de Sergio Massa) dieron una respuesta absolutamente tardía.

La necesidad hace que los vecinos salgan a vender objetos personales en los pasillos de los barrios, a intercambiarlos mediante trueques o, simplemente, a deambular en búsqueda de comida. Los que tienen la suerte de conservar su trabajo lo hacen en lugares donde las patronales no aseguran las condiciones de seguridad adecuadas y por eso trasladan el virus a los barrios, diseminándose rápidamente debido al estado de hacinamiento en el que viven. 

La situación de pobreza, a la que el gobierno nacional sigue sin dar respuesta (el IFE de 10.000 pesos es totalmente insuficiente, muchos no lo cobraron y otros tantos fueron rechazados) y las condiciones de hacinamiento generan una combinación explosiva que  provoca que el virus se propague en los barrios más vulnerables con una velocidad alarmante. Es hora de que el gobierno nacional, Larreta en CABA, y Kicillof en Buenos Aires tomen cartas en el asunto. En el caso de CABA, se deben usar los hoteles donde estuvieron internados los repatriados para aislar de forma real a los infectados de los barrios populares. Hay que garantizar los elementos de limpieza necesarios y el suministro de agua en todos los barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Para combatir en serio la pobreza el gobierno nacional debe asegurar un ingreso de emergencia de 30.000 pesos que se cobre por persona y no por grupo familiar y que se pague mensualmente. Para llevar adelante estas medidas se debe tomar una decisión política, tocar los intereses de las grandes empresas que operan en el país en lugar de seguir beneficiándolas. Se necesita un fondo de emergencia de inmediato, en base a impuestos especiales a las grandes empresas, multinacionales y el no pago de la deuda externa para combatir la crisis del coronavirus. Para que la crisis no la paguemos los trabajadores y sectores populares.