Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Cuando Ismael Carranza, junto con otros once vecinos del barrio Padre Mugica, subió al micro que lo llevaría al parador de aislamiento preparado por las autoridades, le dijeron que era para hacerles los análisis para Covid-19 y que en cinco horas volverían. En el destino había otros alojados, en espera de resultados. Un día después seguían esperando, juntos, sin que nadie los hubiera separado. En esas veinticuatro horas no hubo atención médica ni de enfermería, ni siquiera recibieron agua. En los baños se acabó rápidamente el jabón y el papel. Eso sí, les llevaron comida. “¿Por qué a nosotros no nos llevan a un hotel para estar cómodos y realmente aislados? Para esto nos hubieran dejado en casa”, dijo Ismael en un audio que recibió su familia.

Elsa, enfermera, madre de dos hijos, recordaba que dos meses antes decenas de pasajeros de Buquebus fueron aislados en ocho cómodos hoteles porteños, a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, por la presencia de un caso sospechoso a bordo. Sin embargo, ahora, ante una explosión de contagio, ese precario alojamiento era lo que se les ofrecía a los vecinos de la antigua Villa 31. Flagrante inequidad a que son sometidos los habitantes de barrios cuya pobreza y desamparo se disimula con la denominación de “barrios vulnerables”.

La pandemia no ataca a todos por igual

 Comenzó en los sectores sociales que podían viajar al exterior y que viven en los barrios más acomodados de Buenos Aires, pero ahora está encontrando su ubicación social: la clase trabajadora y sectores populares. Las estadísticas son contundentes, el Boletín Epidemiológico Semanal de la Ciudad del 9 de abril de este año mostraba a las comunas 2 (Recoleta), 3 (Balvanera y San Cristóbal), 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y 14 (Palermo), de clase alta y media, como las que registraban la mayor cantidad de casos. Apenas un mes después la fórmula se invirtió. El 15 de mayo la misma fuente informa que la mayor cantidad de casos confirmados reside ahora en las comunas 1 y 7. En la comuna 1 se encuentra el barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31 bis) y en la comuna 7, el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 11-14).

¿Cómo se vive en las villas? Radiografía del conurbano bonaerense

El Relevamiento Nacional de Barrios Populares realizado en 2017 revela que en todo el país existen 4.228 barrios populares, que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados. Esto es una superficie más grande que toda la ciudad de Buenos Aires, cuya extensión es de 203 kilómetros cuadrados. Alrededor de 1.600 asentamientos se encuentran en el conurbano bonaerense. El relevamiento refleja también que más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias, la mitad de las cuales se encuentra en el conurbano) habitan en villas o asentamientos informales, una población algo inferior a la de la provincia de Córdoba o Santa Fe. Si bien no hay cifras que representen la totalidad, un estudio reciente realizado en el sur del conurbano bonaerense brinda datos reveladores de la situación de deterioro social de estos barrios. En el segundo semestre de 2019 la incidencia de la pobreza alcanzaba al 40,5% de su población, 5 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. A su vez, para el cuarto trimestre de 2019, la desocupación era de 10,8%, contra 8,9% del promedio nacional (Indec, 2020). Las condiciones sociales de sus habitantes y la falta de servicios de agua, cloacas, electricidad y gas son similares en los barrios de todo el país.

Sin agua no hay prevención de contagio

La misma Elsa nos dice: “Había mil millones asignados para invertir en el agua. Pero pasó que el acueducto, que era para el barrio, fue aprovechado por la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, un local de McDonald’s y la empresa Flechabus, en cuyo playón se lavan los coches con mangueras de alta presión. Por eso en el barrio no hay presión de agua, hay cortes rotativos por sector y a veces días y días sin agua. Eso va en perjuicio nuestro, hay más proliferación de bacterias y más enfermedades. La Justicia hizo lugar a un reclamo y dijo que era insuficiente la provisión de agua y que el Gobierno de la Ciudad debía proveerla, pero mandan un camión de 7.000 litros por barrio, que alcanza solo para 140 personas”. Esta carencia de agua, vital para la prevención, junto con las otras carencias y malas condiciones de vida, explica en parte que un laboratorio de la UBA haya detectado que el número de personas a quienes transmite el virus un infectado se haya duplicado de 1,2 a 2,3.

La explosión de casos en el barrio Padre Mugica se llevó la vida de dos referentes de los vecinos: Ramona Medina, dirigente de La Poderosa, y Víctor Giracoy, de raigambre radical, que desde hace veinticinco años comandaba el comedor Estrella de Belén.

También los pueblos originarios

Chaco, una de las provincias más castigadas, registra 556 casos positivos de coronavirus, de los cuales el 80% corresponde a la ciudad de Resistencia. Además, de ese total, 98 son pacientes de los pueblos originarios. En las últimas semanas se observa un incremento de la cantidad de confirmados, principalmente a partir de la transmisión comunitaria en los barrios Toba y Chillili de la ciudad de Resistencia.

Responsabilidad por las muertes evitables

Hay una disputa mediática entre el Gobierno de la Ciudad de Cambiemos con el nacional y el de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. La existencia de las villas con sus carencias de servicios elementales, el deterioro del sistema de salud y la falta de previsión es común a todos los gobiernos de turno. La responsabilidad ante este crimen social es compartida. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que el gobierno de Larreta, el de Kicillof y el de Fernández se niegan a tomar: un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de  30.000 pesos a cada trabajador, combatir el hambre y también fortalecer el sistema de salud.

Escribe Daniela Vergara, secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

El responsable del secuestro, desaparición y asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, Gonzalo “Chispa” Sánchez, de 69 años, fue detenido en Brasil en la ciudad Paraty, de Río de Janeiro, y extraditado a nuestro país. Estaba prófugo de la Justicia por la causa ESMA, acusado de participar en los vuelos de la muerte junto con Alfredo Astiz. 

Recordemos que Rodolfo Walsh fue asesinado por la dictadura el 25 de marzo de 1977 después de publicar su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, en la que denunciaba la política económica impuesta por el terrorismo de Estado para aniquilar a la clase obrera y sus luchas. En ella mencionaba la terrible inflación, las políticas de sumisión al Fondo Monetario y a los grandes monopolios, la desnacionalización de los bancos y la generación de una deuda externa usuraria, ilegítima e ilegal que, recordemos, todavía estamos pagando (y que hoy está siendo “renegociada” por el gobierno). Deuda externa que, denunciaba Walsh, era parte del proyecto económico de ese gobierno genocida, al servicio de los grandes grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura. Justamente, el día que Rodolfo enviaba su carta de denuncia, fue interceptado por la patota de Chispa Sánchez y, tras ser asesinado en plena calle, su cuerpo fue llevado a la ESMA y luego desaparecido.

Condenas a perpetua en la causa Feced III/IV de la ciudad de Rosario

En la misma semana que se produjo la extradición de Chispa Sánchez, se dio otro tremendo avance en la lucha contra la impunidad, en este caso directamente vinculado a nuestra ciudad de Rosario.

Las causas llevan el nombre de Agustín Feced, el represor que murió en 1986. Junto con él actuaba “su patota”, que operaba en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, que funcionó durante la última dictadura militar, cívica y eclesiástica en pleno centro de la ciudad de Rosario. Esta causa tiene 188 víctimas.

El pasado 14 de mayo el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario dio un fallo inédito: seis condenas a prisión perpetua, pero además incorporó por primera vez en los tribunales de Rosario a la violación como delito de lesa humanidad. Para que ello fuera posible, tenemos que reivindicar el valor de las compañeras que lo han denunciado, ya que los torturadores en infinidades de procesos cometieron violaciones a las secuestradas, mujeres y jóvenes embarazadas.

La prisión perpetua fue para seis represores: José R. Lofiego (que, estando actualmente preso, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria por el coronavirus, que le fue denegado); Mario A. Marcote, violador sistemático del Servicio de Informaciones, José C. Scortechini, Ramón R. Vergara, Ernesto Vallejos y  Ramón A. Ibarra, este último involucrado directamente en la detención, encarcelamiento y tortura de padres, madres y docentes, muchos de ellos miembros de la dirección y cooperadora de la Biblioteca “Constancio .C Vigil” (todo un aniquilamiento de un proyecto educativo, con el irreparable robo de sus bienes). 

Aclaremos también que en la causa Feced III estaba contenido el juicio al cura Eugenio Zitelli (ya fallecido). Cómplice de la dictadura, ex capellán de la Policía de Santa Fe hasta 1983, estaba acusado de participar de sesiones de torturas de al menos catorce víctimas. Una razón más para avanzar en la necesidad de juzgar también a los cómplices civiles de la dictadura, tanto miembros de la iglesia, como empresarios o burócratas sindicales.

La extradición del responsable del secuestro, asesinato y desaparición de Rodolfo Walsh y las condenas de la causa Feced III/IV nos refuerzan en el compromiso de seguir la lucha. Reafirmamos que no hay ningún motivo para “dar vuelta la página” (expresión de reconciliación usada por Alberto Fernández antes del 24 de marzo luego de haberse entrevistado con el papa Francisco).  Por el contrario, nosotros no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos, sino que seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia.

Escribe Nicolás Núñez, legislador electo CABA

Ramona Medina, la referente de La Poderosa en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), falleció después de haber sido internada tras contagiarse de Coronavirus. Su caso fue uno de los cientos que fueron anunciándose a lo largo de estas semanas en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el momento que el virus llegó al país se sabía que podía hacer estragos ahí donde se acumulan décadas de abandono consciente por parte de los gobiernos de turno. Ramona estuvo a la cabeza de señalar cuando la advertencia pasó a ser un hecho de la realidad. “Nos mataron a Ramona” dicen sus compañeros y compañeras, y tienen razón. Su muerte es un crimen social con responsables políticos.

Desde que comenzó la crisis del Coronavirus mucho se ha dicho sobre que “el virus no distingue clases sociales”, algo que puede ser relativamente cierto en términos biológicos. Ahora bien, las políticas de los gobiernos sí distinguen clases sociales, y por eso, a fin de cuentas, en Argentina y en todo el mundo, la mayor parte de infectados y muertos corresponden a los sectores populares.

En la Ciudad de Buenos Aires la realidad es clara. Los primeros centenares de casos se acumularon en los barrios más ricos de la Ciudad, los casos importados de las vacaciones en el extranjero. Al transformarse en miles, esos barrios han reducido drásticamente la velocidad de contagio, y el virus ahora se “importa” en la salida a buscar un sustento para hacer frente al hambre. Y se multiplicó allí donde ni siquiera se cuenta con agua para lavarse las manos. Ese desplazamiento no es azar, es una decisión política.

Las políticas de los gobiernos distinguen clases sociales, por eso Larreta tuvo protocolos para el “take away” del café importado, pero ningún protocolo para el resguardo allí donde miles viven hacinados. Distinguen clases sociales y por eso el agua que provee AySA no se cortó en Belgrano, se cortó en la 31 y la 1-11-14. Distinguen clases sociales, y por eso hubo rápido aislamiento en el lujoso Hotel Panamericano (cuatro estrellas) para quienes venían de un Buquebús en el que se detectó un caso, pero a los familiares de Toribia Balbuena, la primera fallecida en la 31, los “aislaron” (once personas) en su misma casa en unos mínimos metros cuadrados.

¿A esta altura, acaso alguien duda que la eterna postergación de la urbanización del Barrio Padre Mugica no responde a otra cosa que a la voluntad todopoderosa del negociado inmobiliario porteño? Hay que decir la realidad: los “desarrolladores inmobiliarios”, los especuladores del metro cuadrado que quieren desalojar a los habitantes de la 31 para extender Puerto Madero hacia el norte, CE-LE-BRAN los contagios en el barrio. Un virus les ahorra el trabajo a sus topadoras.

Las políticas nacionales también distinguen clases sociales, por eso los laburantes sufren centenares de miles de despidos y se avala una reducción del 25% del salario, mientras el impuesto a las grandes fortunas para hacer frente al Coronavirus no aparece por ningún lado. A los sectores más vulnerables se les ofrecen apenas $10mil, mientras al FMI se le pagan 320 millones de dólares. ¿Acaso esta plata metida en los barrios populares no podría en estos dos meses haber servido para combatir el contagio que todos pronosticaban y sucedió?

Ambos gobiernos guardan una responsabilidad ante este crimen social. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que ni el gobierno de la Ciudad y ni el de la Nación han tomado: un fondo de emergencia en base a un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de $30mil, combatir el hambre, y también fortalecer el sistema de salud.

Exigimos justicia para Ramona y medidas urgentes para combatir al coronavirus en los barrios humildes. Enviamos nuestro apoyo a sus familiares que también han sufrido el contagio, y a sus compañeros y compañeras de La Poderosa que hace tiempo vienen militando la visibilización de estas realidades que la cobertura mediática de Larreta (incluso en los medios kirchnerista) oculta.

Nuestra solidaridad va de la mano de exigir, y comprometernos a pelear por, terminar ya con esta ciudad al servicio del lucro y no de sus habitantes. Si no es ahora frente a la crisis monumental del coronavirus, ¿cuándo? Si ésto no empieza ya por los barrios humildes, ¿por dónde? Si no es ante la necesidad de salvar miles de vidas, ¿para qué?

¡Justicia para Ramona, los gobiernos son responsables!

Editorial

A la salida de esta edición se está en el día 54 de la cuarentena. El gobierno de Alberto Fernández la acaba de prorrogar hasta el 25 de mayo, pero ya la flexibilización es enorme, aunque se la quiera encubrir simulando una polémica con los empresarios. El gobierno apela a su consabido doble discurso diciendo que “si seguía sus recomendaciones habría miles de muertos”. Mientras por otro lado, junto a Larreta, Kicillof, los gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, permite la reapertura de cientos de fábricas haciéndose eco de esos mismos grandes empresarios a los que solo les interesan sus propias ganancias. Volvemos a alertar sobre esto ya que no hay ningún fundamento sanitario para esta reapertura, atento a que los contagios se hacen sentir en los geriátricos, las villas de emergencia y ya está planteada la posible expansión cuando llegue el pico. El Hospital Italiano de Córdoba, por ejemplo, tuvo que ser evacuado ante masivos contagios, lo mismo sucedió con hogares de ancianos.

Denunciamos que los empresarios, lejos de actuar de una manera “responsable y solidaria” como simulan, están aprovechando la pandemia para descargar la mayor crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador de la mano de los dirigentes traidores de la CGT y con el aval explícito del gobierno. El pacto de todos estos actores tiene una clara consecuencia: un ajuste salarial de 25% a pesar del beneficio del que gozan grandes empresas y multinacionales con el pago por parte del Estado del 50% de los salarios. Sin embargo, siguen los despidos, las suspensiones y hay nuevos ataques a los derechos laborales. Es decir, se está usando la pandemia para atacar al pueblo trabajador y salvar las ganancias empresariales. A tal punto que el propio Alberto Fernández justificó el recorte salarial diciendo que no es un problema “porque en cuarentena se gasta menos” (entrevista con Alejandro Bercovich en Radio con Vos, miércoles 6 de mayo).

Otro tema relevante en estos días es que el gobierno pagó 320 millones de dólares de intereses de la fraudulenta deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Denunciamos que se le pague a los buitres usureros. Porque precisamente, como venimos sosteniendo desde la izquierda, esos fondos deben ir a combatir el coronavirus, a los hospitales, a los trabajadores de la salud y a los más vulnerables, no a los usureros internacionales. Otra vez vemos el doble discurso oficial. Mientras el gobierno dice “no nos van a doblegar” en medio de la renegociación de la deuda, dispone un pago millonario al FMI. Ese dinero es el equivalente a tres millones de asignaciones de 10.000 pesos para todos aquellos que no las recibieron porque decían que “no calificaban”. El gobierno dispuso este pago justo cuando el propio presidente reconoció que no se le habían abonado los 5.000 pesos de plus salarial que se les prometió a los trabajadores de la salud desde hace más de un mes.

Pagar vencimientos de una deuda usurera y de avanzar en una renegociación de una deuda de la que el pueblo nunca vio un peso, para seguir pagando durante los años venideros, no es ni más ni menos que reconocer las barbaridades que se hicieron en el gobierno de Macri, de endeudar al pueblo trabajador por décadas. Por eso la política de cumplir con los bonistas (usureros profesionales) cuenta con el aval de los grandes empresarios, la Sociedad Rural, Cambiemos, el FMI, el Papa y los gobiernos capitalistas del Primer Mundo.

Con respecto al debate de si gravar a la riqueza o no, siguen los devaneos (ver nota ¿Y el impuesto a la riqueza? en esta edición digital). Todavía el gobierno no presentó ningún proyecto a tal fin, a pesar de que lo anunció hace más de un mes. Seguimos exigiendo que deje de darle vueltas y lo imponga de una vez. Porque la única realidad es que al día de hoy solo existe el proyecto del Frente de Izquierda, que permitiría recaudar 20.000 millones de dólares y volcar esos fondos a la emergencia. Esta medida, sumada al no pago de la deuda externa, posibilitaría financiar inmediatamente un fondo de emergencia para asistir a los más necesitados. No puede ser que los grandes capitalistas hagan ostentación de sus fortunas o los bancos sigan ganando millonadas y no se les graven sus riquezas, fortunas y ganancias.

Al no tomarse medidas de fondo, la necesidad obliga a que miles de trabajadores sean empujados a romper la cuarentena para reclamar. La lista de luchas crece. Acaba de ocuparse por sus trabajadores la textil Sedamil en Trelew, Chubut. Los mineros de Andacollo de Neuquén siguen exigiendo el pago de sus salarios y muchos docentes de esa provincia reclaman lo mismo. Los trabajadores de FATE (Sutna) se movilizaron al Ministerio de Trabajo e hicieron una asamblea con la debida distancia sanitaria contra el recorte salarial. Los municipales de Córdoba son atacados por el intendente peronista Llaryora (Schiaretti). Ademys, residentes de salud y estatales repudiaron en las calles a la ley de ajuste de Larreta-Macri. Hubo paro de repartidores, marcha de los obreros de Penta, textiles de La Matanza, movilización de despedidos y precarizados de distintos lugares de trabajo en La Plata, corte contra las suspensiones y reducción de salarios en la multinacional yanqui Mondelez, paro de UTA en Córdoba y otros lugares, entre otros reclamos. Luchas de las cuales somos parte y apoyamos desde el sindicalismo combativo e Izquierda Socialista, a la vez que denunciamos los actos represivos como ocurrió contra los municipales de Jesús María y organizaciones combativas de desocupados.

Llamamos a los trabajadores y demás sectores populares a seguir enfrentando las rebajas salariales, las suspensiones y los ataques patronales avalados por la repudiable burocracia sindical y el gobierno y a luchar por una salida de fondo. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad vamos a seguir impulsando el fondo de emergencia sobre la base de un impuesto especial a las grandes fortunas, ganancias de los grupos económicos, bancos y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa para que esa plata vaya a combatir el coronavirus y a la emergencia, para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado electo Izquierda Socialista / FIT Unidad

A más de un mes de anunciado, el famoso proyecto del impuesto a la riqueza de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, del Frente de Todos, todavía no vio la luz. El único proyecto que existe para gravar a los ricos, grandes empresarios, bancos, multinacionales y terratenientes para recaudar 20.000 millones de dólares y combatir la mayor crisis del coronavirus es el del Frente de Izquierda Unidad.

El impuesto es una necesidad imperiosa. ¿Cómo puede ser que en medio de la pandemia las ganancias y acciones de los grandes capitalistas sigan creciendo y no se las toque? El Grupo Mercado Libre, de Marcos Galperín, tuvo un crecimiento de sus acciones en las últimas horas de 6.000 millones de dólares. Y el valor de mercado de la firma asciende a 37.290 millones de dólares, casi el 10% del producto bruto interno (PBI)  argentino, es decir, de toda la riqueza anual que generan millones de trabajadores. “Seguimos comprometidos en empoderar a nuestros comerciantes para que continúen operando y asegurando las entregas de bienes que necesitan los hogares. Mercado Libre tiene la oportunidad de salir de esta situación más fuerte”, dice el grupo en un comunicado.

Galperín es uno de los cincuenta millonarios de la Argentina, dato que todos los años publica la revista internacional Forbes. El dueño de Mercado Libre es a su vez integrante de la crema de grandes magnates nucleados en AEA (Asociación Empresaria Argentina) junto a Arcor, Perez Companc, Irsa, Fiat, Techint, Globant, entre otros. 

Otro tanto se podría decir del dueño de FATE, Madanes Quintanilla (también dueño del Grupo Aluar y otras empresas), quien acaba de rebajar 50% la quincena de sus 1.600 obreros y amenaza con la rebaja de 25% en caso de volver a producir. El dueño de FATE también está entre los cincuenta millonarios del país, a quien se le debería aplicar el impuesto, igual que a los bancos, las multinacionales y las ganancias empresariales, pero hasta ahora el gobierno no los ha tocado.

Hablando siempre de impuestos, hay que agregar que el 60% de Ganancias lo pagan los trabajadores, y que el IVA (el impuesto que más recauda) es el más impopular e injusto, ya que el 21% lo paga igual un Paolo Rocca, de Techint, que un desocupado. Conclusión: la mayor recaudación impositiva la aporta el pueblo y los de arriba quedan en una completa impunidad. 

Dicen que el proyecto oficial “estaría listo”, pero volvemos a repetir, ni siquiera fue presentado. Según versiones, lo harían en estos días. Sería para recaudar entre 3.500 y 4.000 millones de dólares y estaría destinado para salud. Si fuera así, sería insuficiente (representa solo un 30% de lo que el gobierno dispuso desde la pandemia), pero igual decimos que lo apliquen ya. Sin embargo, se demora peligrosamente. Incluso hay una versión de que Heller lo retoca permanentemente y que hay un reclamo de los empresarios para que sea a cuenta del futuro pago del impuesto a las ganancias, o sea que lo que se les cobraría por un lado se les devolvería por otro. Si así fuera sería una auténtica burla. 

Los devaneos “parlamentarios” son impresionantes. Cristina pidió previamente un fallo de la Corte, después si se iba a reunir el Congreso de manera virtual o presencial, y ahora se sabe que, si sesiona por primera vez, el proyecto no se trataría porque, en caso de ser presentado, pasaría a comisiones varias semanas. Otros sectores hablan de que sería “confiscatorio”, o que viola la “propiedad privada”, y que si sale se va a  empantanar en los enredos judiciales, porque sería apelado. O sea, se sigue dilatando una medida ultra urgente. 

Dicen que debe pasar por el Congreso, pero le acaban de robar un 25% del salario a millones de trabajadores en una mesa en Olivos entre la UIA, la CGT y el gobierno. ¿O no se violó en este caso la “propiedad privada” de la retribución salarial con que cuenta un trabajador para su sustento?

Lo mismo podríamos decir del pacto mafioso de Macri con el FMI. Fue firmado a espaldas del pueblo y se va a reconocer, renegociar y pagar sin grandes dilaciones. Ahora, cuando se trata de imponerles un impuesto a los de arriba le dan mil vueltas, sabiendo además que no hay que tener ninguna expectativa en un Congreso que siempre vota leyes contra los trabajadores y los jubilados.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a los sectores obreros y populares a seguir reclamando por lo suyo y a la vez a unirnos para reclamar un fuerte impuesto progresivo a los de arriba,para que la crisis la paguen ellos, no los trabajadores.