La justicia de Esquel terminó absolviendo a Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala que, como integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, habían sido denunciados por Benetton y la propia provincia del Chubut. Con base en esta causa, la ministra Patricia Bullrich había acusado de “terroristas” a los mapuches. En el mismo sentido, se la aprovechó para justificar la represión por parte de la gendarmería que terminó con la vida de Santiago Maldonado.

Sin pruebas, la jueza termina absolviendo a todos. Demostrando que todo fue un “armado” al servicio de la represión al pueblo mapuche para garantizarle los negocios a Benetton y el resto de las multinacionales que se apropiaron de las tierras que pertenecen a las comunidades originarias.

Al escuchar el fallo, se escuchó un grito: ¡Santiago Maldonado, presente! ¡Rafael Nahuel, presente! Es que esto es sólo un primer paso en el camino de seguir reclamando el fin de la impunidad por el asesinato de los dos compañeros.

Escribe José Castillo

Increíblemente, el presidente Macri había dicho apenas un par de días previos que “la inflación estaba bajando”: lo desmintieron los propios datos oficiales. Al 2,9% de enero, le siguió el 3,8% de febrero. La suba de precios del corriente mes de marzo también será altísima, por lo que terminaremos el primer trimestre con valores cercanos a 10%. Estos se sumarán al 47,6% que acumuló la inflación de 2018. Con lo dicho, a nadie le asombra que la plata cada día le alcance menos al trabajador o al jubilado.

¿Porqué suben los precios? El gobierno, increíblemente, sigue con la misma respuesta: “es por la emisión monetaria”. Mentira: hace casi seis meses que han hecho desaparecer el dinero de las calles, ya que, con el objetivo de “que no se les dispare el dólar”, se dedicaron a “secar la plaza”. Traducido para el trabajador corriente: no hay un centavo por ningún lado. Esto se debe a que se incentiva a los bancos a tomar todos los pesos posibles y “encanutarlos” poniéndolos en leliqs (letras del Banco Central), que les garantizan superganancias por arriba del 60% anual.

Pero la inflación no baja. ¡Obviamente: porque los precios suben por otro motivo!

La inflación sube porque el propio gobierno autorizó aumentos siderales de las tarifas de luz, agua, gas, transportes y peajes. Porque, como liberalizó el mercado de combustibles, la suba de las naftas y el gasoil son descomunales. Esta es la mitad de la explicación: para garantizarle sus ganancias a las empresas privatizadas, saquean nuestros bolsillos.

Pero vamos a la otra mitad: también están subiendo los alimentos y todos los productos de primera necesidad (tocador, limpieza, la canasta escolar). Acá tampoco se trata de nada misterioso. Las grandes empresas monopólicas de cada sector envían quincenalmente listas de precios con remarcaciones increíbles y luego las cadenas de hipermercados le agregan “lo suyo”. Se trata, como el lector podrá imaginarse, de un brutal abuso por parte de estos formadores de precios que, a su vez, el gobierno los deja correr. ¿Porqué? El lector lo podrá adivinar por sí mismo: el encargado de controlar todo esto es Miguel Braun, actual secretario de Política Económica (de hecho, el “número dos” del ministerio detrás de Dujovne). Su familia es dueña de La Anónima, una de las mayores cadenas de hipermercados del país, con presencia dominante en toda la Patagonia. ¡El lobo cuidando las ovejas!

Sumémosle a todo esto que la recesión está teniendo otro efecto terrible: la ola de despidos y suspensiones. Prácticamente todas las automotrices están con suspensiones de turnos o en algunos casos de todo su personal. Diariamente nos enteramos de empresas que cierran o despiden. Incluso, para ahorrarse costos, lo hacen grandes firmas que “aprovechan la bolada” para sacarse gente de encima, tal es el caso de Fate, que formando parte del grupo Madanes, con las superganancias que obtiene vía el aluminio de Aluar no tiene excusas para aducir pérdidas.

El gobierno se justifica diciendo que el único plan posible, es el acordado con el Fondo Monetario. Los trabajadores tenemos que oponerle otra política para la emergencia. Primero y principal: necesitamos un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para recuperar todo lo que ya nos comió la inflación. ¡Nadie debe ganar menos que el costo de la canasta familiar, hoy en 30.000 pesos! Y de ahí en adelante, debe haber reajustes salariales mensuales acordes al alza inflacionaria.

Tenemos, efectivamente, que parar la carestía. Hay que fijar inmediatamente precios máximos a los productos de la canasta familiar. Y obligar a las empresas y a los supermercados a respetarlos, bajo severas sanciones: que todo aquel que viole esta disposición acaparando o escondiendo los productos sea fuertemente sancionado, con multas, clausuras o expropiaciones.

Hay que parar los tarifazos, y retrotraerlos. Tenemos que terminar con este juego donde las privatizadas, mientras por un lado saquean nuestros recursos como el gas o el petróleo, por el otro, brindan pésimos servicios y a cambio reciben cuantiosos subsidios y cada día hacen más caja con tarifas impagables. La salida es reestatizar todas las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores de usuarios.

Es fundamental parar ya mismo la ola de suspensiones y despidos, prohibiéndolos por ley y expropiando a toda empresa que viole esta disposición o cierre su establecimiento, procediendo a expropiarlo y entregándoselo para su gestión a sus trabajadores.

Por supuesto, todas estas medidas sólo serán posibles si empezamos por lo más básico: romper el acuerdo con el FMI, dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior, para terminar con la fuga de capitales, y poner todos esos recursos al servicio de las más básicas necesidades populares de trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe José Castillo

En estos días llegará una nueva cuota del crédito acordado con el FMI que tiene como contrapartida el feroz plan de ajuste que todos estamos sufriendo. Después de la auditoría a que fuimos sometidos las semanas pasadas, el organismo avaló la entrega de una nueva cuota de 10.870 millones de dólares, no sin antes advertir que “vamos bien”, pero hay que “ajustar más el gasto”.

Así, cuota tras cuota, la Argentina va recibiendo los 50.000 millones de dólares del préstamo que habrá que devolver en los próximos tres años junto con el resto de los vencimientos de deuda externa, conformando una montaña impagable de 150.000 millones de dólares.

¿Para que viene la plata del Fondo? ¿Acaso son fondos frescos que pueden ser aplicados a resolver alguna necesidad popular, como salud, educación o planes de obras públicas para generar trabajo? Nada de eso. El acuerdo con el FMI es clarísimo: todo ese dinero no puede tocarse. Está destinado exclusivamente a pagarle a los acreedores privados de deuda externa.

Sin embargo, el ministro Dujovne en estos días logró una excepción. Después de ir y mendigarle mucho a la jefa del Fondo, Christine Lagarde -lo que muestra de paso quién manda en la política económica argentina- consiguió que el FMI autorizara a usar 9.600 millones de dólares para otros fines.
¿Es que ahora sí, aunque sea, habrá algo de esa plata del Fondo para aplicar a alguna política social? Nada de eso. La autorización es para usar esos fondos para intentar evitar alguna corrida cambiaria. O sea, se los podrá vender a los especuladores (a cuentagotas diarias) para tratar de “tener el dólar”, si no llega a alcanzar como única medida las super-tasas de las leliqs que les estamos regalando a los bancos.

En síntesis: la hipoteca que tenemos con el FMI tenía un único destino, los pulpos acreedores. Ahora tiene dos: se sumaron otros pulpos, los banqueros y fondos extranjeros que especulan con el dólar. En muchos casos, son las mismas personas. Nada, absolutamente nada positivo queda de todo esto para los trabajadores y los sectores populares.

Escribe César Baudino.

La Coordinadora de Organizaciones Ambientalistas por una Vida sin Agrotóxicos en la provincia de Entre Ríos se denomina “Basta es Basta”. En ella participamos integrantes del Colectivo de Trabajadores Por la Ventana desde sus inicios junto a un centenar de grupos ambientalistas de toda la geografía provincial. Entre Ríos es uno de los territorios más expuesto a las fumigaciones de cultivos transgénicos con consecuencias ambientales irreversibles.

En 2018 el Foro Ecologista de Paraná, junto a otras organizaciones presentó en la justicia una demanda respecto a las fumigaciones cercanas a las escuelas. Se logró un fallo que, aunque no sea de fondo, significó un gran paso adelante, prohibiendo fumigaciones cercanas a las escuelas, las terrestres a 1.000 metros y las aéreas a 3.000.

Esto provocó la reacción inmediata de las corporaciones del agro amenazando con cortes de ruta, con perder miles de hectáreas para la producción. Con su poder de lobby lograron del gobierno de Bordet, cómplice de la muerte, un decreto reduciendo las distancias. Así, hoy hay un conflicto de poderes entre el fallo judicial firme más protector y el decreto del poder ejecutivo reduciendo y exponiendo a la población a los agrotóxicos pasando por encima el falo precautorio.

Desde la coordinadora “Basta es Basta” hicimos una presentación pidiendo la nulidad del decreto. Tal es la potencia de la coordinadora que el gobierno tuvo que convocarnos en conjunto con los sectores del agronegocio a trabajar una propuesta de transición hacia la agroecología. Sabemos que es para dilatar e insistir con las “buenas prácticas agrícolas”. Por lo pronto al secretario de Agricultura de la provincia lo hicieron renunciar porque se había mostrado más permeable a las demandas de las organizaciones ambientales. Por eso seguimos movilizándonos todos los martes frente a la casa de gobierno. Ya llevamos realizada 62 rondas, y no pararemos hasta que Entre Ríos esté libre de agrotóxicos.

Escribe Guido Poletti

Gerry Rice, vocero del Fondo, fue clarísimo: “La misión del FMI es apoyar a los países miembros, en este caso Argentina, y vamos a continuar apoyando al país más allá de los cambios políticos. Es algo normal para el FMI. Los gobiernos pueden cambiar, pero el FMI continúa apoyando al país” (declaraciones levantadas por Perfil, Clarín y La Nación, 7 de marzo).

No es casual que estas expresiones surjan al finalizar la auditoría llevada adelante por el organismo, que incluyó reuniones con todo el arco peronista opositor, incluyendo a Axel Kicillof, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna, además de “los infaltables de siempre en estos casos”: la cúpula de la traidora CGT. 

Es que el FMI se llevó una idea clarísima de esas reuniones. Todos, sin excepción, se comprometieron, en caso de llegar al gobierno, en no romper el acuerdo con el Fondo. Urtubey recibió a los funcionarios del organismo rodeado de economistas del establishment que decían que había que avanzar con la reforma laboral y jubilatoria, además de profundizar el ajuste. Fueron tan enfáticos defendiendo el ajuste, que los propios funcionarios del FMI quedaron sorprendidos: “parecían ustedes los del Fondo”, les dijeron.
Posteriormente tuvieron la reunión con Kicillof. Más allá de la puesta en escena (el diputado y principal economista kirchnerista los recibió con mate y bizcochitos de grasa), lo concreto es que también les garantizó que bajo ningún punto de vista piensan romper con el organismo.

Finalmente, el FMI tuvo su reunión con Lavagna, que ya se estaba poniendo celoso porque no lo llamaban (“supongo que me van a llamar. Estoy esperando”, llegó a decir ansioso en los días previos”). De la reunión surgió lo mismo: tranquilidad para el Fondo, no hay ninguna posibilidad de ruptura.
El FMI entonces deduce, con razón, que luego de entregar a Macri los más de 50.000 millones de dólares del préstamo destinado a garantizar los pagos de deuda externa a los acreedores, el “próximo gobierno”, sea de Macri o de cualquier sector del peronismo, se compromete a continuar con el acuerdo, léase a seguir con el ajuste pactado, que significa continuar achicando el gasto en 2020 y 2021 (más aún que en este año) y, por sobre todo, devolver los 50.000 millones, que se suman a los otros 100.000 millones de dólares de deuda externa a pagar en los próximos tres años.

La oposición peronista miente alevosamente cuando dice que, de llegar al gobierno, van a “renegociar” el acuerdo con el FMI y que este les va a permitir desarrollar otra política, “nacional y popular” o de “redistribución de la riqueza”. ¡Mentira! Ahí tenemos una larguísima historia de ejemplos de qué significan los planes de ajuste del FMI. Siempre fue igual: achicar el gasto social, privatizar, reformar las leyes laborales en contra de los trabajadores y reventar a los sistemas de jubilaciones. Para, desde ahí, “exprimir” el dinero que se destina a los pagos de deuda. Es absolutamente falso que el FMI “cambió”, que ahora hay un “FMI bueno”, o planteos similares. Si alguien tiene alguna duda no tiene más que mirar a Grecia, sometido a un ajuste infernal de 10 años por parte del Fondo.
El mensaje del FMI, en síntesis, es ilustrativo de lo que va a pasar. Le pusieron efectivamente 50.000 millones de dólares al gobierno de Macri. Pero tomaron nota de que los gobernadores firmaron también el acuerdo. Y de que la oposición peronista se comprometió y cumplió con aprobar el presupuesto de ajuste para el 2019. E incluso de que la burocracia sindical se encargó de desarmar cualquier reclamo fuerte contra este en las calles, vaciando las manifestaciones el día que se aprobó el presupuesto y luego canjeando cualquier atisbo de paro general por un “bono trucho” de fin de año, que incluso muchos trabajadores ni siquiera cobraron. Por eso están tranquilos: todo “está bien” con la oposición peronista, van a seguir cumpliendo.

De todo esto surge una lección: el peronismo no sirve para “sacarse de encima a Macri”. Porque lo que bajo ningún punto de vista sucederá es que nos “saquemos de encima al FMI”. Sólo la izquierda sostiene lo básico para poder empezar a plantear un programa alternativo: romper con el Fondo, dejar de pagar la deuda y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.