Escribe Martín Fú

Izquierda Socialista participó activamente, junto con otras organizaciones, en las movilizaciones de repudio al beneficio de la prisión domiciliaria que la Justicia quiere darle a Bianco y a otros genocidas. Hicimos pintadas frente al domicilio donde se espera que se aloje, recordando a los 30.000 compañeros desaparecidos y reclamando que “la única casa posible para los genocidas es la cárcel común”. En un acto acompañamos a Nora Cortiñas con nuestro referente de la Costa, Miguel Arenas, y el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Junto con otras organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos y vecinos, mantenemos una vigilia sobre la vivienda que el genocida ha denunciado a la Justicia.

Editorial

El gobierno de Macri sigue en pendiente descendente, cada vez a mayor velocidad. Hace apenas diez días había lanzado como gran iniciativa sus “10 puntos”, que invitaba a firmar al resto de los partidos patronales. Se trataba de un listado de medidas escritas a medida de las exigencias del propio FMI. Ahí estaba todo: el compromiso para quien lo suscribiera de que iba a continuar con el ajuste, la reforma laboral, la previsional y, por supuesto, la afirmación explícita de que se continuaría cumpliendo con los acreedores externos.

También había tenido una llamada del propio Trump, que era todo un aval para garantizar la transición hasta las elecciones y el propio plan reeleccionista de Macri. Es más, la propuesta de los 10 puntos contaba con el aval de las principales entidades empresarias (UIA, Sociedad Rural, etcétera), de la burocracia de la CGT y de la Iglesia. Sin embargo, el tiro le salió por la culata. No porque el resto de los candidatos patronales no acordaran con los planteos de los 10 puntos. De hecho el acuerdo presentado tuvo el aval explícito de los peronistas Scioli y Pichetto. Massa lo catalogó de “torpe” pero no lo rechazó, solo señaló que no era “oportuno” el momento y que había que agregarle uno o dos puntos más. Lavagna también coincidió, señalando también que faltaban algunos otros ítems, pero acordó nada menos que con la reforma laboral. Incluso en el caso del peronismo kirchnerista, mientras los voceros de Cristina Kirchner lo criticaban, ella también habló de un “contrato social” y no rechazó el pacto con el FMI y los pagos de la deuda. Pero la bronca popular y el repudio al gobierno son tan grandes que ,finalmente, los 10 puntos terminaron perdiendo brillo y van ya camino a quedar como una anécdota menor en el camino. Es que no hay maniobra que le permita al gobierno zafar del marco más general: su debilidad política y desgaste producto de la crisis económica y la bronca popular creciente.

Por eso el macrismo acaba de sufrir el domingo pasado una nueva derrota electoral, ahora en Córdoba. Esta vez fue por paliza, con el agravante de que se produjo en la misma provincia que le había dado los votos para asegurar su triunfo en las presidenciales de 2015. Es la octava elección consecutiva en que el gobierno sale derrotado. Esto volvió a abrir los rumores acerca de si el radicalismo permanecerá o no en Cambiemos o si un sector se va con Lavagna.

El que apareció como el gran ganador fue Juan Schiaretti con su triunfo por cifras récord. Quedó como el gran elector para intentar disciplinar a un peronismo federal que todavía no termina de definir su candidato presidencial entre Massa, Lavagna, Urtubey y Pichetto. Todos ellos dan señales amigables hacia el FMI, el establishment económico internacional y se pasean por los foros empresarios. Pero, hasta ahora, ninguno logra despertar el fervor popular y despuntar en las encuestas. Es que, como dice el dicho, “aunque la mona se vista de seda, mona queda”. Demasiada fresca está en la memoria popular que fueron ellos quienes más de una vez les brindaron los votos que precisó el macrismo para sacar leyes claves del ajuste. El propio Schiaretti, al que ahora se lo quiere mostrar como “progresista” tras la votación cordobesa, fue el gobernador “más macrista” que hubo en todo el período anterior.

Del lado del kirchnerismo, la novedad fue la “reaparición” de Cristina una semana después de salir con su libro. Primero en la Rural, donde puso énfasis en el pacto social, alagó a los empresarios “acuerdistas” y hasta elogió a Trump. Y después, con una foto que probablemente prenuncia la definición de que se presentará como candidata, estuvo en la sede del PJ. Se trató de un hecho inédito: hacía diez años que Cristina no pisaba la sede del Partido Justicialista. De hecho, recordemos que hace dos años se presentó con otra identidad (Unidad Ciudadana), cediendo el sello del PJ. Ahora claramente no será así, Cristina se muestra como “justicialista de toda la vida” y aboga por un peronismo unido. Apareciendo junto con el presidente del PJ José Luis Gioja y con el candidato a gobernador y ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza, Cristina aspira a ser la candidata del Partido Justicialista. Veremos en los días que quedan hasta la presentación de listas cómo cierran todos estos interrogantes aún abiertos por la propia crisis del peronismo. Lo que sí está claro es que absolutamente todos los sectores se desviven por aclarar que no romperán con el FMI y seguirán cumpliendo con los pagos de la deuda.

La novedad final la dio la cúpula burocrática de la CGT, que finalmente no tuvo otro remedio que llamar a un nuevo paro general para el 29 de mayo. Más allá de que sabemos que lo han convocado “a desgano”, presionados por la bronca generalizada de las bases, se nos plantea una posibilidad de darle un golpe al gobierno. Tenemos que parar, reclamando aumento salarial de emergencia y la prohibición de suspensiones y despidos. Y exigir su continuidad con un plan de lucha de la CGT y las CTA que se plantee derrotar el ajuste de Macri. Al mismo tiempo, tenemos que postular la salida de fondo, que planteamos desde Izquierda Socialista y el FIT: no hay salida para los problemas del pueblo trabajador sin romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa para así, junto con otra medidas de fondo, como nacionalizar la banca y el comercio exterior o reestatizar las privatizadas, lanzar un auténtico plan económico alternativo que priorice las auténticas necesidades populares de salario, trabajo, educación, salud y vivienda.

Primero fue Mario Ishi, luego el ministro de Seguridad de Scioli, Alejandro Granados. Ambos propusieron volver a instalar el Servicio Militar Obligatorio como respuesta al flagelo de la inseguridad y a la existencia de una masa creciente de jóvenes “ni-ni”, que no trabajan ni estudian.

Estos personajes quieren volver a un servicio militar repudiable que, por otra parte, está probado que cuando existió, no bajó la inseguridad ni la pobreza. Otra apuesta por la mano dura que ya quedó claro no es ninguna solución frente al flagelo de la inseguridad.