En todo el país, el trabajo asalariado no registrado aumentó de 33,7% a 34,4% entre el segundo y el tercer trimestre del año 2017. Esta información, que surge de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, expresa el fuerte deterioro del mercado laboral, sobre todo si se conjuga con la cifra de desocupación que marcó 8,3% en el tercer trimestre de 2017. La situación más compleja de todas se da en el conurbano bonaerense: allí la cifra de trabajo en negro alcanza el 37,1%. En Santa Fe el trabajo en negro creció notoriamente. En el tercer trimestre de 2016 marcó 30,6% y en 2017 subió a 31,2%. En Rosario la situación es peor, allí alcanza el 34%. En el Noroeste es donde más se negrea: el récord se lo lleva Salta, donde el 45,7% de los asalariados está en negro, luego siguen el Gran Tucumán con 43,7% y Santiago del Estero con 42%. El gobierno de Macri solo garantiza a los trabajadores salarios miserables, trabajo en negro, desocupación y despidos.
C.F.

En la Oficina Anticorrupción (OA) hay 27 expedientes abiertos contra altos funcionarios del gobierno de Cambiemos. Sin embargo en el organismo que dirige Laura Alonso manifiestan que las causas no prosperarán porque responden a denunciadores seriales. La realidad es que Alonso es una funcionaria macrista de Propuesta Republicana (PRO) que les garantiza impunidad.  
Macri tiene seis carpetas abiertas con su nombre en el organismo, dos de ellas son por los Panama Papers y la venta del parque eólico familiar; el ministro de Energía, Juan José Aranguren, también aparece en el listado por los Paradise Papers; el ex ministro de Educación y actual senador Esteban Bullrich, por el uso de Tecnópolis para fines privados; Sergio Bergman, “el hombre planta” ministro de Ambiente, por irregularidades en la licitación para la compra de buses eléctricos y por la adquisición de helicópteros. También se investiga a Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, y a Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico.
La OA analizó 210 casos de “posibles” conflictos de intereses. Allí aparecen los nombres de la vicepresidenta Gabriela Michetti, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, ambos vicejefes del Gabinete de Ministros. También los del ex ministro de Agroindustria Ricardo Bruyaile y su sucesor, Luis Miguel Etchevehere, con sus pares de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Defensa, Oscar Ahuad; e Interior, Rogelio Frigerio. Otros funcionarios investigados son Luis Caputo, ministro de Finanzas; Andrés Ibarra, ministro de Modernización ,y el último en sumarse Jorge Triaca, ministro de Trabajo. La “transparencia” para este gobierno es solo un discurso.

C.F.

Justo cuando el gobierno de Maci quiere poner un techo de 15% en las paritarias, y sin cláusula de indexación, el FMI dice que la inflación bajará en 2018 si se “moderan los salarios”. Aun cuando el salario mínimo apenas llega a 10.000 pesos y el costo de vida sigue creciendo, ahora también gracias a los aumentos de tarifas de transporte, combustibles, energía y gas, entre otros.
El mismo gobierno que bate récords de endeudamiento y que destina la mayor parte del presupuesto en pagar “servicios de deuda” (es decir, intereses), comienza el año justificando el techo a las negociaciones de salarios con supuestas “metas de inflación”. Pero ahora no sólo el macrismo y sus aliados comparten esa perspectiva: también lo dice el FMI. Fue publicado en el blog oficial de Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental de ese organismo, al dar a conocer la actualización de las perspectivas económicas del FMI para América Latina y el Caribe. Parece que, al final, el problema no es el endeudamiento, sino que los trabajadores “ganamos mucho”. Y, para las ganancias de los empresarios, moderación cero.

Eli Rodríguez

El jefe del bloque de diputados de PRO retomó la ofensiva del gobierno y los sectores reaccionarios para pedir la “reconciliación” con los genocidas. Otro intento repudiable que, con la movilización, caerá nuevamente en saco roto. Porque no perdonamos ni nos reconciliamos con los genocidas.

Escribe Martín Fú

El 23 de noviembre de 2015 La Nación publica una editorial titulada “No más venganza”. En ella buscaba marcarle el rumbo al gobierno al afirmar que “la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años ’70  […] el vergonzoso padecimiento de condenados […] que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad […] y esto constituye una verdadera vergüenza nacional”.
El mismísimo secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ni se sonrojó al decir que “por respeto al derecho y la justicia, los mayores de 70 años deben ir a su casa”. El acceso al beneficio de la prisión domiciliaria del múltiple condenado a perpetua Miguel Etchecolatz es el punto más alto de esta cruzada digitada desde la Casa Rosada. Ahora fue el turno del jefe de bloque de PRO, Nicolás Massot, quien en el diario Clarín del pasado 21 de enero aseguró que “el desafío es superar ese capítulo con mayúscula, que implica no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón […] creo que con los años ’70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación”.

Un bien de familia
El apellido Massot está estrechamente relacionado con el genocidio y quienes lo perpetraron. Nicolás es hijo de Alejandro Massot, accionista del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, y sobrino de Vicente Massot, ex director del citado periódico, acusado de encubrimiento, complicidad y coautor de los homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes habían encabezado una huelga en 1975. Su tío tenía un especial afecto con genocidas de la talla de Emilio Massera, a quien homenajeó dedicándole una tapa de La Nueva Provincia el día de su muerte. Massot continuó destilando ríos de tinta a favor de los militares desde la revista Cabildo, otrora un emblema ultraderechista de los sectores del nacionalismo católico, quien tuvo al genocida Ramón Camps como uno de sus colaboradores estrella.

No perdonamos,
no nos reconciliamos
Durante la dictadura genocida, luchadores obreros y populares fueron perseguidos, secuestrados, torturados y muchos de ellos fueron asesinados o desaparecidos. Sobre esta realidad el gobierno y sus amigos pretenden hacer una especie de “borrón y cuenta nueva”. Por eso insistimos: no sólo no perdonamos ni nos reconciliamos, sino que repudiamos cualquier intento de aliviar las condiciones de detención de los genocidas y continuaremos, de manera incansable, buscando a cada uno de los responsables militares, policiales, civiles y eclesiásticos del genocidio.
¡Juicio y castigo con cárcel común y efectiva para todos los responsables de crímenes de lesa humanidad! ¡No perdonamos ni nos reconciliamos! ¡Que los milicos genocidas y sus amigos cómplices se pudran en la cárcel!

El represor Miguel Etchecolatz salió de su casa en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, sin esposas y sin custodia policial, supuestamente por “motivos de salud y para ser atendido en una clínica”. Sobre el genocida, de 88 años, pesan seis condenas –dos a cadena perpetua– por delitos de lesa humanidad, lo que constituye un real peligro para los vecinos y veraneantes de la ciudad, dada su cercanía con el asesino, luego de que fuera recientemente beneficiado con la prisión domiciliaria. Estas salidas han aumentado el repudio popular contra el genocida, generando nuevas movilizaciones y denunciando la impunidad con la que se viola el arresto domiciliario.
Exigimos que Etchecolatz y todos los genocidas condenados con el beneficio de prisión domiciliaria vuelvan a las cárceles: como cantamos en las marchas, la única casa posible para un genocida es la prisión.
M.F.