El FMI volvió al país con la visita formal de su presidenta Christine Lagarde. Se reunió con Macri y el equipo económico y los cubrió de elogios: “Los dos primeros años del gobierno de Macri han sido asombrosos […] Han hecho tanto en lo que se ha llamado gradualismo, que no lo encuentro gradualista para nada, porque creo que el gobierno ha ido a fondo con las reformas”. Más claro, echarle agua.

El FMI, campeón de las políticas de ajuste en todo el mundo, está de acuerdo en “el ajuste ideal” del gobierno. Lo mismo afirmó el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Malpass, presente en el país para la reunión de ministros de Finanzas del G20: “Estoy muy conforme por ver que a la Argentina le está yendo mejor y vemos que hay una oportunidad para mejorar”.
Se han lanzado elogios también desde el Banco Mundial.“Estoy entusiasmado de visitar Argentina en este momento crucial de transformación económica”, dijo su titular, Jim Yong Kim. Y para coronar estos mensajes pro-ajuste están las declaraciones del jefe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) Ángel Gurría, otro de las organizaciones imperialistas presente en estos días en el país: “En Argentina se están haciendo reformas muy importantes y valerosas […] Felicidades por el esfuerzo de Argentina” (Página12, 20/03), mientras a renglón seguido reclamó que el gobierno ponga en marcha un proceso de flexibilización laboral. No le alcanzan los despidos, el robo salarial y los convenios a la baja que Macri acordó con la burocracia sindical, sino que pide ¡más esclavitud laboral!
Está claro: como reafirman todos los voceros del establishment imperialista, “la vuelta al mundo” que pregona Macri está al servicio de redoblar el ajuste, bajar los salarios y quitar conquistas laborales para las ganancias directas de multinacionales y grandes empresarios.

Algún simpatizante del kirchnerismo podría decir, ante la vuelta del FMI, que “esto no pasaba con Cristina”. Falso. El peronismo K le pagó de contado toda la deuda externa al FMI en 2006, una deuda ilegítima y fraudulenta que venía de la dictadura. Néstor y Cristina Kirchner -lo mismo que hizo Lula en Brasil- le pagaron de contado a ese organismo usurero diciendo que de esa manera nos íbamos a olvidar de él por varias generaciones. Intentaron hacer creer que nos estábamos “liberando” y que de esa manera las multinacionales, los banqueros y el imperialismo no iban a seguir teniendo injerencia en las decisiones económicas del país. La realidad demostró lo contrario porque Argentina no rompió con el FMI y los organismos internacionales saqueadores. Posteriormente, el kirchnerismo también le pagó de contado al Club de París y terminó abonando 200.000 millones de dólares de deuda externa en sus doce años de gobierno. Mientras tanto, el país siguió siendo una semicolonia del imperialismo. Nunca nos “liberamos”. Precisamente porque esa plata debería haber ido a trabajo, salud, educación, a un plan de obras públicas y a financiar la recuperación del patrimonio nacional vía la reestatización de las privatizadas. Es decir, al servicio de enfrentar la dependencia estructural de Argentina que lleva décadas. Ahora con Macri y antes con el kirchnerismo, la Argentina sigue siendo un país dependiente, terreno para el saqueo de la Barrick y Chevron. El país donde se fugan capitales y se sigue contrayendo una deuda que después harán pagar al pueblo trabajador con más planes de ajuste. Eso es lo que pasa en Argentina hoy, pasó en todos estos años y pasa en los países del mundo donde lo que se ve son despidos, desigualdad social suba de la edad jubilatoria, y más flexibilización y precarización laboral, mientras una minoría se hace cada vez más rica.
Cuando el FMI, Macri y los CEOs de Cambiemos hablan de “crecimiento”, “competitividad” o “modernizar las relaciones laborales”, hay que agarrarse los bolsillos. Están queriendo decir que van por más despidos, robo salarial y entrega del país. Estos organismos internacionales califican de decisiones “valientes” el robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados. También piden más “valentía” a Macri para que de la mano de los gobernadores y la traidora CGT avance con “la reforma laboral” que fue postergada por la lucha popular de diciembre pasado.
Llamamos a los trabajadores y demás sectores populares a repudiar los mensajes antiobreros del FMI, el Banco Mundial y la OCDE, que están al servicio de más ajuste y saqueo laboral. Mientras ellos se la pasan alabando las bondades de Macri, la inflación acumula 4,2% en el primer bimestre; la burocracia firma paritarias por el 15% y en cuotas cuando la inflación superará el 20%; hubo 5.600 despidos y suspensiones en febrero, y sigue la lista. También continúa el saqueo vía el brutal endeudamiento récord comandado por Macri, que ya suma más de 135.000 millones de dólares.
A 42 años del golpe genocida de 1976 volvemos a enfrentar a los mismos enemigos de la clase trabajadora que entonces. Al imperialismo y sus planes de saqueo y endeudamiento, y a los gobiernos patronales que, sean del color que fueran y más allá de su doble discurso, gobiernan para los de arriba. La izquierda levanta otra salida.
Decimos: ¡Fuera el FMI! ¡Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores! Llamamos a la más amplia unidad para enfrentar los despidos y el robo salarial que deja correr la CGT. A los que se dicen opositores, como el moyanismo y las CTA le exigimos paro y plan de lucha, como lo hicimos en la marcha del 21F, sin que desde el palco se propusiera medida alguna. Y luchamos por otro plan económico alternativo, opuesto al que pactan Macri y el FMI. Para que se deje de pagar la deuda externa. Decimos ¡plata para salario y trabajo, no para los usureros internacionales! Por un frente latinoamericano de países deudores para dejar de pagar. Es decir, medidas de fondo para combatir los graves problemas sociales como proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda en el camino de la construcción de una nueva dirección combativa para el movimiento obrero y una nueva alternativa política al servicio del pueblo trabajador.

Alfredo Astiz, que purga dos penas de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, fue incluido en un listado que elabora el gobierno nacional de los presos que están en situación de salir en libertad condicional o cumplir prisión domiciliaria. Aduciendo cuestiones de salud, el “angel de la muerte”, quien en el último juicio declara que estaba dispuesto a volver a matar, se encuentra entre los beneficiarios.

El listado total de genocidas que podrían salir de la cárcel es de 96 condenados por delitos de lesa humanidad. Además de Astiz figuran Christian Von Wernich, Jorge “Tigre” Acosta, Raúl Guglielminetti y el Turco Julián.
Se trata de una nueva provocación del gobierno de Macri, en vísperas del próximo 24 de marzo. Denunciamos los esfuerzos del gobierno de garantizar impunidad para los genocidas y redoblamos nuestro repudio y rechazo a la liberación o moderación de penas a los genocidas. El único lugar para ellos es la cárcel común.

Escribe Claudio Funes

Las movilizaciones de diciembre hicieron saltar por el aire al triunvirato de la CGT. Ahora los Gordos, los Independientes, junto a otros sectores de lo peor de la burocracia sindical intentan rearmar una conducción a la medida de Macri. Mientras tanto, firman convenios flexibilizadores, paritarias a la baja y dejan pasar los despidos.

Después de casi dos años de tregua con el gobierno y de haber intentado incluso sacar una solicitada a favor de la ley de flexibilización laboral, las movilizaciones de diciembre pasado provocaron una crisis en la conducción de la CGT de tal magnitud que llevaron al estallido del triunvirato que la dirigía.

Tras la salida de Pablo Moyano, los sectores que más fogonearon por mantener la tregua con el gobierno, arrastrando a otros que hasta hace poco aparecían dentro del moyanismo, (como Schmidt) o que habían amagado con participar de acciones opositoras al gobierno (como Barrionuevo y su representante en el triunvirato Acuña), se lanzan a “reorganizar” la conducción cegetista alineándola más aún con las políticas de ajuste del gobierno y los gobernadores.

Sectores como el de los Gordos, con Héctor Daer, su hermano Rodolfo y Armando Cavalieri; los “Independientes” con Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri, así como también Antonio Caló (UOM), Roberto Fernández (UTA), Roberto Pignanelli (Smata), Sergio Sasia y Hugo Barrionuevo, ahora van por más: rearmar una CGT al servicio de Macri. Se reacomodan ante la nueva situación y pasan de la tregua a la capitulación. Son los mismos burócratas que viajan al exterior con el corrupto Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. Los mismos que firman aumentos salariales a la baja y dejan pasar los convenios flexibilizadores y despidos. Como Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, que dejó pasar 1.500 cesantías en Ferrobaires, Andrés Rodríguez (UPCN) que boicotea la lucha contra los despidos en el INTI, o Víctor Santa María (encargados de edificios), investigado por corrupción, acaba de firmar la paritaria por 12 % en cuotas.

Con la camiseta del ajuste puesta, la burocracia ha firmado paritarias entre 12% y 15% de aumento sin cláusula gatillo, en dos y tres cuotas. Todo a pedir del gobierno. Por la cantidad de trabajadores involucrados -más de un millón- la más importante es la de empleados de comercio, cuyo máximo dirigente es el inoxidable burócrata Armando Cavalieri. Obras Sanitarias (José Luis Lingeri) y UTA (Roberto Fernández), entre otros, firmaron por el mismo incremento. El gobierno espera que, en sintonía con su propuesta del 15% en los próximos días, firmen la Uocra (Gerardo Martínez), UPCN (Andrés Rodríguez) y petroleros. Sin ponerse colorados en el Ministerio de Trabajo afirman que “las paritarias han sido libres, negociadas entre las partes, en base a lo que puede pagar la actividad y a lo que se espera de inflación futura”. Una enorme mentira, ya que todos la calculan por encima de 20 por ciento. El objetivo que logra el gobierno es que el salario pierda con la inflación. Los datos oficiales de Trabajo (índice Ripte) indican que los salarios formales están varios puntos por debajo respecto de los niveles de 2015.

La burocracia sindical peronista suma así un nuevo capítulo a su historia de traiciones y profundiza su crisis histórica al aumentar su descrédito ante los trabajadores. Es en este contexto que los Moyano lanzan un nuevo reagrupamiento sindical con un fuerte discurso antimacrista. Pero en la marcha del 21F Hugo Moyano nunca mencionó las palabras “continuidad”, “plan de lucha” ni “paro”. Debemos exigirles que pasen de las frases combativas a la acción, hay que reclamarles que llamen al paro y a un plan de lucha.

Como no podemos confiar en ellos, los trabajadores debemos organizarnos desde abajo, unirnos para pelear contra los despidos y la baja salarial. Coordinando los distintos conflictos para que no queden aislados. Resolviendo todo en asambleas, haciendo que cada medida sea votada por la base, tal como lo hacen las direcciones combativas, por ejemplo el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento encabezado por el Pollo Sobrero. El sindicalismo combativo, amplio y democrático es el modelo a seguir. Emerge como la contraposición clara al podrido modelo sindical burocrático que acompaña al ajuste de Macri.

Escribe José Castillo

Ya lo sabíamos por la sensación del bolsillo. Basta ir al supermercado y ver que cada vez compramos menos con el mismo dinero. O cargar la Sube y descubrir sorprendidos qué rápido que se nos acaba el saldo. Pero la semana pasada tuvimos la comprobación estadística. La inflación de febrero, medida por el Índice de Precios al Consumidor del Indec, alcanzó el 2,4%. Lo explican la suba de las tarifas de electricidad, el transporte en Capital y Gran Buenos Aires, los celulares, la medicina prepaga y los alimentos y bebidas.

Los aumentos de febrero no fueron un simple rayo en cielo sereno. Ya en enero la inflación había sido del 1,8%. Así, sumados los meses, tenemos la inflación del bimestre: 4,2%. Pero eso no es lo peor. Los precios van a seguir subiendo fuertemente en los próximos meses. Así lo refleja el incremento de casi 10% en los precios mayoristas, que las empresas luego trasladan a los minoristas.

Por eso para este mes de marzo vamos a terminar con una suba de precios promedio de entre 1,7 a 2%, producto de estas subas, pero además de la de las tarifas de los taxis, los peajes y todo el rubro educación (canasta escolar, cuotas de escuelas privadas). En abril va a ser peor: ahí viene un nuevo tarifazo del gas y la “segunda vuelta” del aumento del transporte, por lo que se calcula que difícilmente la inflación baje de 2%. Y podemos seguir: en mayo vendrá el tarifazo del agua y en junio la “tercera vuelta” de los aumentos de transporte. Y no es cierto, como dice el gobierno, que los tarifazos se acaban con la primera mitad del año, ya que volverán a subir el gas y la electricidad en octubre y noviembre.

En síntesis, ya nadie cree que la inflación de 2018 va a ser de 15%. Para que esto sucediera la inflación tendría que bajar a 0,8% mensual, algo absolutamente imposible. El mismísimo Banco Central de Sturzenegger publica lo que llama “estimaciones de mercado” (que en realidad no son otra cosa que el promedio de lo que calculan las consultoras privadas) donde señala, que la inflación será de 19,9%. Otros analistas ya la calculan en un 24% o aun más arriba.

¿Para qué sirve entonces la “meta de inflación” de 15% fijada por el gobierno? Para una sola cosa: establecer un techo salarial en las paritarias en ese número, sin ningún tipo de cláusula gatillo. Siendo claros: el gobierno y los empresarios (y también los dirigentes sindicales traidores que conociendo todo esto firman por el 15%) obligan a aceptar acuerdos salariales donde indefectiblemente los trabajadores van a perder. Y esto sucederá sobre ingresos que ya vienen golpeados por haber perdido contra la inflación en 2016 y 2017.

En conclusión: que haya dirigentes como Cavalieri, Lingeri y otros que corrieron a firmar por un 15%, para peor en cuotas y sin cláusula gatillo es la mayor demostración de cómo están entregando a los trabajadores en aras de su acuerdo con el gobierno de Macri. Romper ese techo, peleando por salarios que como mínimo alcancen el valor real de la canasta familiar (hoy cerca de los 30.000 pesos) ajustables automáticamente por la inflación, exige apoyar las luchas en curso y reclamar un paro nacional y un plan de lucha para lograrlo.

Escribe Malena Zetnik

Empezó el debate en la Cámara de Diputados con diferentes proyectos. El de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es el único que expresa el reclamo de la mayoría de las mujeres. Hay que seguir en las calles para que se apruebe.

En una histórica jornada, este 20 de marzo sesionó por primera vez un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para dar inicio al debate sobre la legalización del aborto. Durante dos meses se realizarán audiencias públicas en donde se expresarán las diferentes posiciones en torno del tema que se trataría en junio en la Cámara baja.

El principal proyecto presentado es el elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con 71 firmas de diputados de diferentes bloques, desde el Frente de Izquierda (el único que lo apoya unánimemente) pasando por PRO, el kirchnerismo y los distintos sectores del PJ. Propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y que se garantice su realización de manera gratuita en todo el sistema de salud, desde los hospitales públicos hasta las empresas de medicina prepaga.

Sin embargo, a pesar de ser éste el proyecto con más firmas y con el contundente apoyo de centenares de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país el pasado 8 de marzo, existen otros proyectos presentados para “embarrar la cancha” y tratar de cercenar nuestro reclamo.

Los diputados Wisky y Lipovetzky, junto con otros siete diputados de PRO y la UCR proponen una modificación del artículo 86 del Código Penal para incluir entre las causales de aborto no punible a la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación y a las malformaciones fetales graves. De esta manera, solo se despenalizaría el aborto, pero no se legalizaría, es decir, el Estado no regularía la práctica y las mujeres deberían pagar, manteniéndose las mismas desigualdades para las mujeres pobres. A su vez, los mismos diputados presentaron otro proyecto complementario sobre el procedimiento para la interrupción legal del embarazo. Allí proponen una serie de pasos por los que debería pasar una mujer que decide abortar, como la creación de un equipo interdisciplinario que debería intervenir de manera obligatoria y le ofrecería a la mujer propuestas como la adopción u otras modalidades de apoyo económico para que continúe el embarazo, lo que sin dudas constituye una forma de violencia cuando la mujer ya ha tomado la decisión. En este mismo sentido se redactó el proyecto de Marcelo Wechsler, de PRO, presentado junto con otros dos legisladores. Además, se plantea la existencia de la objeción de consciencia individual, dando lugar al reclamo de la Iglesia para que los médicos puedan exceptuarse de intervenir en un aborto.

A la vez se presentaron dos proyectos que abogan directamente por la prohibición del aborto: uno cuenta con veintiuna firmas de PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el PJ y Córdoba Federal y el segundo solo con dos firmas de diputadas de Unidad Justicialista de San Luis.

Ambos plantean la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la embarazada y de los niños por nacer, lo que incluiría una asignación universal por hijo por nacer (cuestión que ya se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández) y otras medidas de protección a las mujeres embarazadas como el transporte público gratuito y apoyo telefónico 24 horas. Ante los casos de violaciones, el planteo de ambos proyectos es la adopción o el acompañamiento de comités de bioética para convencer a las mujeres de que crien al posible bebé. Es decir, incluso se plantea un retroceso respecto de los derechos actuales de las mujeres que, desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal plantea como abortos no punibles al caso de violación o peligro de vida o la salud de la mujer.

Frente a todos estos proyectos, es importante tener claro que el único que garantiza terminar con la muerte de mujeres jóvenes y pobres y que les permite decidir sobre sus propias vidas es el proyecto de la campaña nacional. Proponer solo la despenalización del aborto no alcanza. Y utilizar la protección de los derechos de las personas que quieren ser madres o dar en adopción a sus hijos para contraponerlo al derecho al aborto es una burda maniobra de los mismos sectores religiosos que son financiados por el gobierno y que defienden a los curas abusadores.
No tenemos que depositar ninguna confianza en las maniobras parlamentarias que buscarán “consensuar” los distintos proyectos. Ni en Macri, que junto con la mayoría de sus ministros sigue diciendo que está en contra; ni en Cristina, que durante todo su mandato no habilitó el debate y sigue sin pronunciarse. El único camino es la movilización. Por eso, hoy más que nunca tenemos que seguir en las calles hasta lograr la legalización del aborto. Ni una muerta, ni una presa más por abortar. Vivas y libres nos queremos.