Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Mecon

Detrás del fenómeno de la masiva abstención y del derrumbe del PRO, las elecciones del pasado domingo arrojan otra conclusión: pese a la dispersión reinante en el resto de las fuerzas políticas patronales el peronismo encabezado por Leandro Santoro no logró ganar las elecciones legislativas ni crecer electoralmente. Esto provocó una profunda crisis en su espacio. La imagen de la noche en el búnker montado en el club Ferrocarril Oeste fue un deslucido discurso a la prensa del candidato que encabezaba la lista con las caras largas de los dirigentes del fondo.

Una nueva decepción del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires pese a que todas las encuestas lo daban por ganador. Los resultados demostraron algo que dijimos durante toda la campaña: el peronismo no es una verdadera alternativa para derrotar al ultraderechista Javier Milei.

En primer lugar, porque el último gobierno peronista de Alberto Fernández (del que Santoro fue un férreo defensor), no resolvió ninguno de los problemas que había prometido. No sólo no llenó ninguna heladera, sino que luego de cuatro años la inflación superó el 250% interanual y la pobreza se ubicó en el 42%. Todo esto en el marco de reconocer la deuda fraudulenta contraída por Mauricio Macri y Luis Caputo con el FMI.

La estrategia del peronismo porteño fue la de intentar ocultar el pasado  con un marketinero cambio de estética: abandonó el nombre de Unión por la Patria y adoptó Es Ahora Buenos Aires, e incluso cambió el color celeste por un verde fluor. Discursivamente, volvió a apelar a bellas frases como el “enfrentamiento al abandono y la crueldad”, pero no pudo proponer nada frente a los problemas concretos que tiene el pueblo trabajador en la Ciudad. Aquí reside la principal limitación que tiene el peronismo en todo el país: no es visto como salida porque no tiene ninguna propuesta distinta a las que ya aplicó y que terminaron en el desastre electoral de 2023, que devino en la victoria electoral de LLA.

Leandro Santoro remarcó la idea de que su espacio debía conformar una fuerza política que no sea antagónica al Gobierno nacional: “No me considero anti Milei ni anti liberal”. A pocos días de las elecciones dejó en claro que la estrategia era convertirse en una fuerza como el peronismo cordobés de Martín Llaryora y Juan Schiaretti. En otras palabras, Santoro y el peronismo de la Ciudad buscan consolidarse como una fuerza que acuerde con La Libertad Avanza al punto de darle los votos necesarios en el Congreso para votar todas las leyes antipopulares y garantizar el ajuste en su distrito.  
Acorde con este perfil, Es Ahora Buenos Aires no hizo ninguna referencia ni discursiva ni en sus candidaturas a las luchas que atravesaron este primer año y medio de gobierno de Milei ni a las que hace más de una década se vienen dando contra los sucesivos gobiernos del PRO.

Este balance de un nuevo fracaso electoral es muy importante para discutir fraternalmente con quienes, aun con dudas, creyeron que votar a Santoro ayudaba a la imprescindible pelea contra la ultraderecha. Una vez más volvió a quedar claro que las medias tintas, los discursos lavados y repetir las mismas recetas de siempre solo conducen a nuevas frustraciones.

Escribe Agustín Blanco

Con apenas el 53,4% del padrón concurriendo a las urnas, la Ciudad de Buenos Aires vivió en estas elecciones legislativas una de las jornadas con menor participación desde el regreso de la democracia en 1983. Lejos de ser una simple “apatía electoral”, el dato expresa una crisis política profunda: una creciente desconfianza a los partidos patronales, en una ciudad donde las desigualdades se profundizan y algunas promesas electorales ya no parecen convencer a nadie.

Aunque el promedio general fue bajo, la abstención golpeó con más fuerza en las comunas populares. En la Comuna 8 (que nuclea Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) la participación cayó al 47,4%. En la Comuna 9, que incluye Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda, el número fue del 54,4%. En la Comuna 4 (que abarca La Boca, Barracas y el sur de Puerto Madero) el dato fue aún más contundente: solo el 45% del padrón emitió su voto.

Paradójicamente, el récord de abstención se lo llevó la Comuna 1, que combina zonas céntricas de alto flujo comercial como Retiro y San Nicolás, con barrios históricamente relegados como Constitución: allí, el 58,9% de los votantes se ausentó.

Lejos de ser una anomalía momentánea, los altos niveles de abstención y voto en blanco o nulo se repiten en distintas elecciones en todo el país y marcan una crisis del régimen político. En una ciudad gobernada desde hace casi dos décadas por el PRO y sus variantes, donde el modelo de especulación inmobiliaria, precarización laboral y represión a la protesta se profundiza, la desconexión entre los partidos patronales y las necesidades populares es cada vez más evidente.

En los barrios más vulnerables, donde el acceso a derechos básicos como vivienda, salud, educación y trabajo digno es una pelea cotidiana, ir a votar no aparece como una prioridad. ¿Qué sentido tiene elegir entre candidatos que gestionan para las grandes constructoras, los bancos y la policía? La abstención en los barrios vulnerables no es “desinterés”, sino un síntoma de hartazgo y exclusión.

*Foto de portada: Las y los vecinos se organizaron por sus propios medios

El país volvió a conmocionarse por una nueva catástrofe climática que dejó a miles de familias trabajadoras sin nada. Una vez más, fue la solidaridad del pueblo la que permitió empezar a dar respuesta frente a la emergencia social. Transcribimos el relato de  Sergio “Bonu” Bonuccelli, dirigente de Izquierda Socialista y del FITU en Zárate y Campana, quien alertó y denunció desde hace tiempo los riesgos que podían derivar en una tragedia como esta.

El viernes al mediodía fui a buscar a mi nieta a la escuela y de pronto se largó a llover con todo. Enseguida, las principales calles ya estaban inundadas. Tuvimos que dar muchas vueltas por donde todavía se podía circular, lentamente, para poder llegar a casa. En el barrio, el agua entraba en las casas que no están elevadas. En la nuestra, y en la de algunos vecinos que las tenemos un poco más altas, por suerte no se arruinó nada. Igual, la lluvia fue tan fuerte que entraba agua por los techos.

La lluvia no paraba y no podíamos salir. Empezamos a ver por los medios de comunicación lo que había pasado en toda la provincia: Avellaneda, Quilmes, Berisso, La Plata, La Matanza, Moreno. Barrios enteros inundados. En Zárate y Campana, centenares de casas están completamente tapadas. Autos, heladeras, camas, todo arrastrado por el agua. Gente subida a los techos. Fue terrible.

Recién el sábado a la tarde pudimos empezar a salir. Nos organizamos entre vecinos para ver cómo estaban todos, qué necesitaban. En mi barrio y en los que no se habían inundado tanto, empezamos a juntar cosas para ayudar, cocinar, y ver cómo llegar a los barrios más afectados. Ahí vimos que en todos lados las y los trabajadores hacían lo mismo: iban a las sociedades de fomento, a organizaciones sociales, a iglesias o a casas de vecinos, y desde ahí se repartía ropa, comida, lo que hubiera. La gente pedía que la rescataran. Aparecieron botes improvisados que ayudaban a sacar a los vecinos y a las pocas cosas que se podían salvar.

También vimos que el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin (hombre de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich), y el de Campana, Sebastián Abella (del PRO y amigo de ex ministro de Economía, Sergio Massa), no aparecían por ningún lado, aunque sí los veíamos en los noticieros. Publicaban comunicados y habilitaron apenas dos o tres centros para recibir donaciones. Hoy debía llegar un tren solidario desde Retiro, con ayuda reunida por vecinos de Buenos Aires. Pero, por la inundación en parte de las vías, no pudo llegar. Lo indignante es que los vecinos ya se habían organizado para recibir las donaciones directamente, porque se enteraron de que primero iban a pasar por el municipio, y temían que no las repartieran. ¡La gente no confía en los intendentes!

Ahora el agua bajó, pero hay decenas de barrios que siguen inundados. Esto no se termina: es una verdadera catástrofe. Los intendentes y el gobernador Axel Kicillof dicen que con 400 milímetros en un día no se podía hacer nada. Javier Milei, que ya aprendió del repudio en Bahía Blanca, no apareció. Festejaba las elecciones en CABA como si nada. Ni una palabra para las miles de familias que perdieron todo. Las únicas que ese día nos mencionaron fueron las candidatas del FITU.

Hace dos meses, con mucha menos lluvia, ya se habían inundado varios barrios de Zárate. Ahora fueron muchos más. Desde que asumieron, los intendentes no hicieron ni una sola obra. Tampoco la provincia. Ni hablar del presidente Milei, que frenó lo poco que había en marcha.

En cambio, sí se construyen barrios privados, levantados sobre antiguas cuencas hídricas que desembocaban en el Paraná. Así, el agua de lluvia, en vez de drenar hacia los brazos del río, queda estancada. Y la que cae sobre los countries también se desborda, agravando las inundaciones en las barriadas populares. Basta con mirar la televisión: al lado de casas bajo el agua, hay countries completamente secos. ¡Y muchos ni siquiera tienen habilitación municipal!

Lo más vergonzoso es que un brazo del Paraná, el arroyo de La Cruz (principal desagüe de la cuenca hídrica) fue directamente taponado por Paolo Rocca, el dueño de Siderca (Grupo Techint). Construyó un lecho de 1.200 metros de largo, 14 de profundidad y 80 de ancho, y rellenó todo el terreno para extender su planta. ¡Por eso ahora, con 400 milímetros de lluvia, se inundó todo!

Tenemos que continuar con la solidaridad, como lo están haciendo tantas organizaciones y compañeras y compañeros de Izquierda Socialista, que colaboran desinteresadamente. Porque esta catástrofe no desaparecerá sola con la bajada del agua. Los intendentes, Kicillof y Milei seguirán mirando para otro lado.

Es fundamental organizar a los vecinos para exigir a los gobiernos que entreguen toda la ayuda necesaria, que se reconstruyan las casas y se recupere lo que el agua se llevó. ¡Hay mucha gente que literalmente perdió todo! Además, deben realizarse las obras necesarias: eliminar los muros de los barrios privados que bloquean el desagüe natural y levantar el terreno que Rocca instaló sobre el río.

Hay que reconocer que el cambio climático existe y que este tipo de eventos serán cada vez más frecuentes. Si no se llevan a cabo las obras correspondientes, tendremos más muertos, víctimas y damnificados. La plata que se le entrega al FMI debe usarse para obras públicas, para atender las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

*foto de portada: Las y los migrantes son un sector perseguido por la nueva ultraderecha mundial

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció un decreto para modificar el régimen migratorio siguiendo los pasos del ultraderechista Donald Trump. Una reforma que busca utilizar de chivo expiatorio a las y los migrantes frente a la crisis, además de alentar el odio y el racismo.

El nuevo decreto del facho de Javier Milei busca endurecer el régimen migratorio e instaurar un mecanismo represivo que facilite la expulsión de migrantes y restrinja las residencias, en particular de quienes provienen de países limítrofes. Al igual que Donald Trump, que desde que asumió en enero impulsa un paquete de leyes para expulsar migrantes y alimentar el odio racial, el gobierno intenta seguir el libreto de la extrema derecha mundial, para señalar a los migrantes como responsables de los problemas sociales. Milei quiere instalar la idea de que las y los migrantes son una amenaza y los presenta como “criminales” extranjeros, vinculándolos con el narcotráfico, la inseguridad y el “aprovechamiento” de recursos públicos como la educación y la salud. No debemos olvidar que, como consecuencia de ese odio racial, el año pasado la Gendarmería de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich asesinó en Salta a Fernando Gómez, trabajador bagayero, acusado injustamente de “narco”.

Los falsos mitos de un relato racista

La medida del gobierno es un claro ataque xenófobo, basado en falsos mitos sobre los migrantes de países limítrofes. Manuel Adorni afirmó, sin aportar fuentes, que en los últimos veinte años ingresaron a Argentina 1.7 millones de migrantes ilegales. Sin embargo, según el Censo de 2022, la población migrante en el país representa el 4,2% (es decir, 2 millones de personas), cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años debido a la crisis económica.

Milei y Adorni impulsan una campaña de odio que criminaliza a todo migrante. Sin embargo, la supuesta “alta criminalidad” de los migrantes es un mito que no se sostiene con los datos oficiales. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2022, los migrantes representan apenas el 6% de la población carcelaria. La mayoría no tiene condena firme y están detenidos por delitos vinculados a las drogas, ya que, debido a su vulnerabilidad, muchas veces son usados como mulas o eslabones débiles, mientras que los verdaderos narcotraficantes permanecen impunes.

El vocero, entonces, anunció el pago de los servicios de salud para migrantes, afirmando que “durante 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos”, cifra que resulta completamente exagerada. Datos de la provincia de Buenos Aires indican que la población migrante representa apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones. En Córdoba, menos del 1,2% de los pacientes son extranjeros.

El año pasado, el gobierno ya había anunciado su intento de arancelar las universidades para residentes migrantes. Las históricas marchas en defensa de la educación pública repudiaron esta medida. Si falta presupuesto para la educación, no es por la presencia de migrantes (que representan apenas el 4,5% del total de estudiantes), sino porque este gobierno quiere terminar con todos nuestros derechos conquistados, junto con la salud y la educación pública.

Migrar no es delito

El gobierno pretende usar esta medida para alimentar la xenofobia, desviando la bronca del pueblo trabajador frente al ajuste y la crisis hacia las y los migrantes, y así dividir a la clase trabajadora por nacionalidades.

Como ocurre en muchos países, muchas personas se ven obligadas a emigrar por causas económicas y terminan siendo mano de obra barata. En Argentina, la mayoría de la población migrante proviene de países hermanos como Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela y Brasil.
En muchos casos, son quienes ocupan los puestos más precarizados: la construcción, los talleres textiles clandestinos o el empleo doméstico. Es decir, el sistema capitalista se aprovecha de su condición de migrantes para someterlos a la informalidad y la superexplotación.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos cualquier cambio reaccionario en el régimen migrante, cuando este gobierno, con su motosierra y el acuerdo con el FMI, profundiza el saqueo y la dependencia, llevando a millones a la pobreza, decimos bien claro: migrar no es delito, es un derecho.

Escribe Adolfo Santos

El gobierno ultraderechista de Javier Milei propone el fin del régimen indemnizatorio por despidos laborales. Si se implementa, la medida representará un grave retroceso sobre un derecho conquistado tras largas luchas. Sin ningún debate previo ni acuerdos legales con ningún sindicato, el gobierno acelera sus pasos rumbo a una reforma laboral. Como parte de ese avance, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la resolución 1.066/25, mediante la cual dispone los mecanismos para avanzar en la conformación de “instrumentos financieros” destinados a la creación de “fondos de cese laboral” para casos de despidos.

Esta decisión pretende encuadrarse en el artículo 96 de la Ley Bases, aprobada en 2024, y reemplazar el modelo de indemnizaciones establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, que, entre otras cosas, exige el pago de un salario mensual por cada año trabajado al empleado despedido sin causa. La propuesta del gobierno es que la indemnización sea conformada por un depósito mensual en un “fondo de cese laboral”, cuyo valor final dependerá de los altibajos del mercado. El fondo, controlado por la CNV pero sin respaldo estatal ni garantía de que alcance para cubrir un despido, será un instrumento más de la timba financiera.

En nuestro país existe un régimen similar al que propone el gobierno: el de la construcción, donde rige un esquema diferenciado debido a que se trata de trabajos transitorios, vinculados a la duración de una obra. No se puede generalizar un régimen excepcional y discutible como si fuese la norma, en general, las relaciones laborales tienden a tener un carácter permanente. Varios gobiernos intentaron modificar este sistema con el argumento de generar más puestos de trabajo. Ya lo vivimos en la década del ‘90, con una fuerte flexibilización laboral que, lejos de aumentar el empleo (como prometía el gobierno peronista de Carlos Menem), llevó la desocupación por encima del 20%. Más adelante, el macrismo buscó implementar una reforma similar, pero las luchas lo impidieron.

Rechazamos de plano esta medida, embutida en una Ley Bases cuyo capítulo laboral se encuentra legalmente cuestionado. Sin ningún debate, quieren legitimar una decisión para profundizar la precarización laboral. El “fondo de cese laboral” elimina la negociación y el conflicto: los despidos pasarán a ser apenas un trámite de transferencia del “capital acumulado” cuando la patronal decida despedir. Es imprescindible llevar este debate a cada lugar de trabajo y organizar, desde cada sindicato, la resistencia a esta medida perversa. Exigimos a las conducciones sindicales (fundamentalmente a la CGT y las CTA) un pronunciamiento claro de rechazo a esta ofensiva contra las y los trabajadores, al servicio del sistema financiero.